La instauración del nuevo sistema penal acusatorio en la Ciudad de México
| Autor | Miguel Ángel Mancera Espinosa |
| Páginas | 177-184 |
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Actualmente, una de las líneas de trabajo más importantes de la agenda nacional corresponde a la implementación del llamado Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio; sin duda, uno de los cambios más signiicativos y trascendentales en la historia del sistema de justicia mexicano.
La reforma constitucional-penal de junio de 2008 impactó en el contenido de diez artículos
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de nuestra Carta Magna y con ello planteó, a la Federación y a las entidades por igual, la encomienda de implementar un modelo acusatorio adversarial basado en los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad y mediación.
Desde la prevención del delito hasta la sentencia, la puesta en marcha de este nuevo sistema de enjuiciamiento penal busca la solución de conlictos penales sin la necesidad de llegar a un juicio, así como también garantizar los principios del debido proceso dando mayor transparencia y certeza en su conducción.
Este nuevo procedimiento plantea, en otro de sus ejes, el reforzamiento de la protección de los derechos de las víctimas, así como su participación procesal activa y el uso de medios alternos de solución de controversias con la garantía de la reparación del daño.
Consolidar la implementación del nuevo sistema penal se advierte como uno de los retos más signiicativos para fortalecer el Estado de Derecho en México, ya que busca alcanzar mejores estándares de protección de los derechos humanos y cumplir con un estricto principio de legalidad.
En suma, este nuevo procedimiento implica un cambio de paradigma, un verdadero cambio de mentalidad que buscará ofrecer a la ciudadanía formas más sencillas, justas y expeditas de acceder a la justicia.
En esta transición del sistema procesal penal mixto al acusatorio adversarial en una Ciudad como la nuestra, en la cual todo esfuerzo es magno dada la cantidad de población a la que se debe atender, la planeación es un factor fundamental para asegurar la correcta implementación del nuevo sistema.
En mayo de 2010 fue creada una instancia encargada de la coordinación de los trabajos. Esa fue la tarea del llamado Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal en el Distrito Federal (CCISJPDF). Este Consejo ha sido un espacio idóneo e indispensable para coordinar esfuerzos entre el Gobierno de la Ciudad de México y los órganos legislativo y judicial a in de lograr tanto las reformas y adecuaciones normativas, como los esquemas propios de capacitación de las áreas de Policía, Ministerio Público, Defensores y Juzgadores. Así como lo relativo a la infraestructura y comunicación social.
En este Consejo participan la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; todas ellas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México.
A estos trabajos se unen la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y una importante representación de la academia y la sociedad civil organizada.
Con todos estos integrantes se estableció el "Plan de Implementación de la Ciudad de México" que marcó una ruta crítica producto del consenso entre los actores involucrados, con el establecimiento de plazos y compromisos especíicos que contribuyeran a la meta.
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En el plano normativo y atendiendo a cabalidad estos compromisos, agosto de 2014 fue el momento en el que incorporamos el Sistema Procesal Penal Acusatorio y el Código Nacional de Procedimientos Penales al orden jurídico de la Ciudad de México. Se trata de los primeros trazos que, conjuntamente con los procedimientos en materia de justicia de adolescentes en conlicto con la ley, hablaban ya de la adopción de la oralidad en territorio capitalino.
Conforme a ello, en los primeros minutos del 16 de enero de 2015, presentes los tres poderes de la Ciudad de México y con el testimonio del Secretario de Gobernación, arrancamos la primera fase de operación del nuevo sistema con el procesamiento de delitos culposos y aquellos que se persiguen por querella; es decir, el 58 % de la incidencia delictiva en la Ciudad.
Para tener una idea más clara de la magnitud de esta tarea, podemos señalar que este tipo de delitos generan alrededor de 100 mil averiguaciones previas al año.
Meses después, en octubre de 2015, irmamos una declaratoria para ampliar el catálogo de delitos que se desahogan bajo el sistema acusatorio en su primera etapa de implementación.
Esto nos permitió sumar 35 delitos más, entre los que se encuentran: lesiones, tráico y corrupción de...
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