La extradición de Cavallo
| Autor | Ricardo Sodi Cuéllar |
| Páginas | 261-281 |
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Cuando el Juez español Baltazar Garzón Real inició el procedimiento para solicitar la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet y su extradición a España, con la finalidad de juzgarlo por delitos de tortura y genocidio, no solo inició un debate sobre la justicia universal, sino también cuestionó
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la soberanía y el ejercicio local y extraterritorial de las leyes. Esta polémica involucró a México, cuando Ricardo Miguel Cavallo fue detenido en Cancún, con ines de extradición internacional a España, precisamente a solicitud de Baltazar Garzón. Se le reclamó por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura militar en Argentina (1976-1983).
Nadie con ciertas ideas democráticas y de justicia social defendería a quien participó en un golpe de Estado o en labores de represión, tortura y genocidio durante una dictadura militar, para imponer un gobierno y silenciar a sus opositores. La tortura como forma de gobierno es repugnante, venga de donde venga. Pero una cosa es el delito mismo y otro el procedimiento legal que se debe seguir a un delincuente de esta magnitud y el lugar donde s ele debe juzgar.
La argumentación de quienes apoyaron su extradición a España para ser juzgado bajo las reglas y leyes de ese gobierno, radica en el derecho a una justicia universal frente a delitos de esa índole y en la suspicacia relativa a que el gobierno argentino no está dispuesto ni en condiciones de juzgarlo.
El argumento en contra radica en el derecho único e finalienable de un país para castigar a los hombres que han cometido crímenes en contra de la nación y de sus ciudadanos. Ese derecho radica, precisamente, en el respecto a la soberanía argentina para dirimir en su seno los conlictos de esta naturaleza que les atañen exclusivamente.
A Cavallo se le acusa de haber torturado y llevado a la muerte a decenas de argentinos .Sin duda deber ser juzgado, pero en su propio país y por sus compatriotas, que son, a fin de cuentas, quienes conocen el fondo del problema y conocieron en carne propia la tragedia el dolor de la tortura física y mental.
Por encima de este argumento está el que en Derecho internacional podría establecerse como la creación de juzgados locales de excepción para enjuiciar a criminales de otros países por razones "humanitarias". Así, de manera selectiva, los juzgados de cualquier nación podrían ejercer su ley, en su territorio, en contra de personajes que hubieran cometido delitos en otros países, sustrayéndolos de sus propios derechos, de sus obligaciones y de sus leyes nacionales.
Y aun si se aceptara la intervención de la Audiencia Nacional Española en este caso, hay otro riesgo en la extraterritorialidad de la ley. Esta modalidad legan se ha utilizado solo en condiciones selectivas por el juzgador externo, como es el caso del juez Baltazar Garzón y su temor a involucrar en el asunto Pinochet a los directivos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o a Henry Kissinger, quien ha aceptado públicamente que en 1973 Estados Unidos participó en el golpe de Estado chileno y en sus secuelas. El juez Garzón no quiere problemas con Estados Unidos pero no le importa tenerlos con un país como Chile o Argentina.
Mientras no existan estructuras regulares de orden internacional, imparciales y establecidos bajo acuerdos de todas las naciones, este tipo de juicios en contra de la tortura y el genocidio de cada Estado para dirimir sus propios problemas y estarán cargados de publicad y protagonismo histriónico.
En todo caso, habría que hacer la siguiente relexión: Ricardo Miguel Cavallo debe ser juzgado por los tribunales de su propio país, hoy demo-crático, o por un Tribunal Penal Internacional, con las garantías que los dictadores no dan a sus víctimas, pero en México no tenemos sustento
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para alzarnos como promotores de la justicia universal, cuando no hemos sido capaces de resolver nuestros propios casos de genocidio, torturas o terrorismo de Estado. Hicimos con Argentina lo que no osamos hacer con nosotros mismos.
A comienzos de 1975 la economía argentina se encontraba sumida en una grave crisis causada por la suspensión en el Mercado Común Europeo de la compra de carnes argentinas, la devaluación del peso y el aumento de precios del combustible, de las tarifas eléctricas y de otros servicios públicos, lo que generó un proceso de hiperinlación.
Durante 1974 y 1975 hubo un recrudecimiento de las actividades guerrilleras del grupo "Motoneros". La clase política y empresarial se vio seriamente afectada por atentados, secuestros, asaltos y asesinatos. La sensación imperante en la República Argentina era de pérdida de auto-ridad del gobierno e incapacidad para enfrentar los acontecimientos políticos, sociales y delictivos que sucedían sin control alguno.
El clima político era propicio para un golpe de Estado, que se produjo la madrugada del 24 de marzo de 1976. Los comandantes en jefe del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, con la ayuda de las Fuerzas Policiales y los Servicios de Inteligencia se unieron para derrocar a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón, quien fue detenida junto con los principales dirigentes políticos y sindicales que le eran leales.
El plan establecía que cada sector de las fuerzas armadas (Ejército, Armada y Fuerza Aérea) integraría la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas. Este nuevo gobierno quedó integrado por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Massera y el brigadier general Orlando R. Agosti. De entre sus integrantes la Junta Militar designó sucesivamente como presidentes de Argentina a Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri, Roberto Viola y Reynaldo Bignone.
El periodo de la dictadura miliar abarca desde el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado, hasta el 10 de diciembre de 1983, en que Raíl Alfonsín tomó posesión del cargo de presidente constitucional de la República Argentina.
A esta etapa de casi ocho años de la historia argentina, la Junta Militar la denominó "Proceso de Reorganización Nacional", sin embargo la voz popular la bautizó como la "Guerra Sucia". Ello se debió a que, principalmente, en los cinco primeros años se produjo un exterminio masivo de ciudadanos y se impuso un régimen de terror generalizado, a través del asesinato, el secuestro, la desaparición forzada de personas y las torturadas inferidas con métodos "cientíicos", reducción a servidumbre, apropiación y sustitución de intensidad de niños, de los que son víctimas decenas de miles de personas a lo largo y ancho del territorio de la República Argentina y fuera del mismo, mediante la ayuda colaboración de otros gobiernos a ines, que aplicaron o habían aplicado similares métodos de represión, como en Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. No faltaron tampoco las acciones de los represores, dirigidas contra los bienes muebles e inmuebles de las víctimas, despojándolos en forma arbitraria y continuada.
El esquema represivo respondía a una estructura férrea y estrictamente militar, en la que
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incluso los miembros de las fuerzas militares y de seguridad fueron reprimidos cuando protestaban por sus familiares desaparecidos. Nada se dejaba al azar ya que el sistema funcionaba verticalmente según la estructura jerárquica de las fuerzas armadas, de seguridad e inteligencia y horizontalmente por armas o clases, pero con rígida coordinación impuesta en última instancia por los componentes de las sucesivas Juntas Militares, Estados Mayores del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y sus equivalentes en la policía y demás fuerzas de seguridad de inteligencia.
En el seno de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) funcionaba la Unidad o Grupo de Tareas 3.3.2, fundada en mayo de 1976 y también el Grupo de Tareas 3.3.3 constituido por miembros del Servicio de Inteligencia Naval (SIN). Dentro de ellos la "Sección de Inteligencia" se encargaba de la ubicación y señalamiento de los "blancos" (personas a secuestrar). Los oiciales de inteligencia planificaban los operativos de secuestro, tenían a su cargo a los prisioneros durante toda su permanencia en la ESMA, realizaban los interrogatorios e intervenían en la decisión de los "traslados", es decir, la desaparición definitiva de los secuestraos.
Según las constancias acompañadas a la petición de extradición, el teniente de Navío Ricardo Miguel Cavallo, conocido en la causa como "Marcelo" y...
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