Recuperar la confianza en el Estado: acciones contundentes contra la impunidad y una nueva narrativa del combate a la corrupción
| Autor | Jesús Miguel Islas Santiago |
| Páginas | 89-117 |
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Jesús Miguel Islas Santiago*
LA CRISIS de confianza y credibilidad que atraviesan las instituciones estatales mexicanas, provocada por múltiples casos de corrupción y agravadas por el desempeño de las autoridades, son un punto de inlexión que debe llamarnos a la reflexión sobre el tipo de sociedad que somos y el tipo de Estado que hemos (de)construido en lo que va de este siglo XXI.
Las recientes reformas constitucionales promovidas y aprobadas en materia de autonomía del Ministerio Público, transparencia y combate a la corrupción nos indican —por lo menos en el discurso— que existe un consenso entre diversos actores sociales y políticos, acerca de la importancia de atacar de manera frontal el problema de la corrupción y la impunidad en México.
Con la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) a la Fiscalía General de la República (FGR) en el 2018, y la creación de los Sistemas Nacional Anticorrupción (SNA), y Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), se han sentado las bases sobre las cuales se pretende recomponer la dinámica perniciosa de deterioro institucional que se vive, por lo que el éxito y aianzamiento de los procesos que tales acciones conllevan deben contribuir a la reconstrucción del Estado en México, en el marco de la democracia, la consolidación y fortalecimiento del Estado de derecho, la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas.
No obstante, pese a las grandes expectativas que han generado este conjunto de cambios, es importante no crear ni caer en falsas expectativas sobre sus resultados en el corto plazo, pues el éxito o fracaso de estas transformaciones depende no sólo de un adecuado diseño legal, institucional, operativo y presupuestal, sino que, en
* Primer lugar del 1er. Concurso de Ensayo sobre Prevención del Delito.
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buena medida, la voluntad política de los actores encargados de implementar, adoptar y mantener estas reformas será fundamental para la creación de capacidades institucionales que permitan, en el largo plazo, generar funcionarios comprometidos y especializados en las tareas propias del combate a la corrupción, la transparencia y la impartición de justicia.
Sin duda, uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos como sociedad es el de recuperar la confianza perdida en nuestras instituciones, tarea que por supuesto no será breve ni fácil, pero para su consecución, en lo inmediato, se requieren de medidas simbólicas y acciones contundentes que recuperen paulatinamente la credibilidad perdida en la política. En ese sentido, la construcción de una nueva narrativa del combate a la corrupción mediante la cual se deinan con precisión, metas y objetivos claros de esta lucha, al tiempo que se reconozcan en su justa dimensión, las debilidades y lagelos que nos ocasiona dicho problema, es también parte toral en este largo proceso de reinvención del Estado y la política en nuestro país.
El presente ensayo trata justamente sobre estas cuestiones, esto es, sobre el tema de la confianza, su importancia para el funcionamiento social, y de cómo recuperarla a través de acciones contundentes y una nueva narrativa del combate a la corrupción. Todo ello, en el contexto de los nuevos cambios legales e institucionales que vive nuestro régimen político.
Para desarrollar dicha temática, el trabajo se encuentra organizado en algunos apartados independientes a esta introducción. En el primero de ellos le ofrezco al lector una reflexión sobre la problemática de la corrupción y su relación con el deterioro institucional y la desconfianza en el marco de la democratización mexicana. Por su parte, en el segundo subtema analizo el panorama general de la corrupción, la opacidad y la impunidad que se cierne sobre nuestra realidad, así como la serie de respuestas que se han tenido para atender dichos males. Por lo que refiere al tercer apartado, en él desarrollo algunas propuestas que, desde mi punto de vista, representarían acciones contundentes y significativas para la consolidación de los proyectos encaminados a la recuperación de la confianza en el Estado, al tiempo que, a través de la aplicación de tales medidas, también se estaría apuntalando hacia la construcción de una nueva narrativa sobre el combate a la corrupción en México. Finalmente, cierro este trabajo con mis conclusiones.
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Nuestro país vive momentos complicados en el plano de la política, las instituciones, la democracia y la justicia. Aunque pueden señalarse avances tangibles y positivos, sobre todo en lo concerniente al desmantelamiento de las condiciones del autoritarismo que caracterizó a nuestro país durante el siglo XX, y en lo referente a la construcción de un diseño institucional que concentró sus esfuerzos en la competencia política, buscando la pluralidad y la pulcritud de los comicios; lo cierto es que diversas circunstancias históricas, conjugadas con la falta de pericia política, conluyeron para que nuestra novel democracia no trascendiera al plano de la transformación del Estado y sus instituciones.
De esta manera, en apenas unos cuantos años fuimos testigos del paso de la euforia democrática alentada por la alternancia política en la Presidencia de la República del año 2000, a la decepción, el desencanto y la frustración con la democracia misma.1 Además, por si fuera poco, dicho malestar social e insatisfacción con la democracia tiene además un doble contexto.2 Por una parte, sin distinción de partido en el poder, hemos padecido durante un lapso ya bastante prolongado de administraciones la incapacidad gubernamental para generar crecimiento económico e instrumentos eficaces que reduzcan las brechas de desigualdad, marginación y pobreza en el país. Las cifra de 55.3 millones de mexicanas y mexicanos en esta condición, es decir, el 46.2% del total de la población nacional, de acuerdo a la última medición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), no pueden significar otra cosa más que el reflejo de esa falta de capacidad para
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atender y responder a problemas tan elementales como la garantía de los básicos de bienestar de una sociedad.
Por la otra, centrada en los términos y la calidad de la competencia, el proceso de democratización de la vida política nacional descuidó —por lo menos— dos aspectos indisolubles para el funcionamiento de cualquier régimen democrático: el fortalecimiento institucional del Estado de derecho, y la calidad de la justicia y su administración. Las consecuencias de estas omisiones —efectos indeseados de la democratización—, sin duda, ha sido una distorsión perniciosa de la ley y su aplicación, la pérdida del monopolio legítimo de la violencia del Estado —hoy en día disputado por organizaciones delincuenciales—, desviaciones del régimen representativo e insuficiencia de gobernabilidad, así como la prevalencia de la corrupción y la impunidad como prácticas corresponsables y características de la política en México en pos del debilitamiento institucional del Estado.3 En consecuencia, la crisis de confianza y credibilidad que atraviesan las instituciones estatales mexicanas, provocada por múltiples casos de corrupción y agravadas por el desempeño de las autoridades en asuntos recientes como los de Ayotzinapa, Tlatlaya o los conflictos de interés de altos funcionarios del Gobierno Federal —incluida la esposa del actual presidente de la República—, entre otros muchos temas más, son un punto de inlexión que debiera llamarnos a la reflexión sobre el tipo de sociedad que somos y el tipo de Estado que hemos (de)construido en este siglo XXI.
Y es que, ciertamente, nos encontramos en medio de una ola extendida de desconfianza, en la que…
[…] la expansión acelerada de la incredulidad, en relación no sólo con el gobierno sino con las instituciones estatales y los partidos, se encuentra entre nosotros. Una desconfianza que afecta a todo el sistema nervioso de comunicación política. Y […] sus nutrientes fundamentales tienen que ver hoy con dos áreas centrales de nuestra contrahecha convivencia social: a) la violación extendida a los derechos humanos, y b) la corrupción engarzada con la impunidad.4
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De tal suerte que la corrupción como mal social generalizado, y su falta de castigo, terminan por generar desconfianza y como señala Niklas Luhmann: “un sistema social que requiere, o no puede evitar, el comportamiento desconiado entre sus miembros para ciertas funciones, necesita al mismo tiempo mecanismos que impidan que la desconfianza se imponga y sea correspondida en un proceso de escalada, volviéndose así una fuerza destructiva”.5 Dicho de otra forma, “la confianza es una construcción social […] producto de un complejo proceso”,6 y cuando la ausencia de ella se presenta, es decir, cuando hay desconfianza, esta última termina por minar la legitimidad de cualquier Estado y sus instituciones, debilitándolas a ellas y carcomiendo a la unidad del poder nacional, ocasionando caos y desintegración social, tal y como ahora se padece en amplias regiones geográicas de México.
Al respecto, no olvidemos que la función de las instituciones de castigo, penales y de perdón de un Estado son muchas, pero entre las más importantes se encuentra “la fijación de plazos en los que un asunto dado queda cerrado y, por consiguiente, ya no ofrece ocasiones legítimas para la desconfianza. Incluso más, la centralización del monopolio de castigo en el sistema, tiene la función de romper el círculo de desconfianza creciente en casos...
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