La lucha por el espacio en la transformación del entorno urbano en Santiago de Chile
| Autor | Marién Cifuentes Carbonetto |
| Páginas | 383-402 |
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La lucha por el espacio en la transformación
del entorno urbano en Santiago de Chile*
Marién Cifuentes Carbonetto**
El proceso de reurbanización de Santiago, que cruzó con notable éxito
financiero el cambio de milenio, sigue dejando su impronta conflictiva en
la capital chilena en este primer decenio del siglo XXI: demolición de
manzanas completas del Centro Histórico y de los barrios tradicionales;
construcción masiva de edificios en altura, autopistas y megacentros co-
merciales y financieros; acelerado cambio de uso de suelos agrícolas a
urbanos y desarrollo de nuevos núcleos periurbanos de alta rentabilidad.1
Pero este proceso no ha estado exento de conflicto.
El creciente malestar ciudadano por la pérdida de su calidad de vida,
la deslegitimación de las autoridades frente a las irregularidades que han
acompañado la gestión urbana, la evidente crisis de los servicios, entre
ellos el transporte público, y la ausencia total de instancias de participación
han conducido a duros enfrentamientos entre las organizaciones ciudada-
nas, las grandes empresas del sector inmobiliario y de la construcción y las
autoridades locales y nacionales encargadas de la planificación urbana.
La participación ciudadana, pese a estar inserta desde hace varios años
en la discusión académica y en el discurso oficial, no ha sido una prioridad en
la agenda política del país. Por el contrario, en materias urbanísticas, al
igual que en salud pública, educación, medio ambiente y otros grandes
* Este artículo forma parte de la investigación de tesis de doctorado en Estudios Latinoamericanos
(FCPyS-UNAM) conducida por la autora, titulada: “El redimensionamiento del espacio público en la
ciudad latinoamericana. La lucha por el espacio en las dinámicas de transformación del entorno
urbano en Santiago de Chile”.
** Doctora en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México.
1 Sólo la crisis financiera mundial y su fuerte efecto sobre el sector inmobiliario y de la cons-
trucción fueron capaces de frenar, de manera notoria, el acelerado ritmo de crecimiento de la inversión
en estos rubros.
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temas nacionales, el gobierno chileno ha hecho el gesto ocasional de con-
vocar a las organizaciones ciudadanas para oír sus puntos de vista en pu-
blicitados encuentros con las autoridades del ramo, pero no ha dado el
lógico paso siguiente de recoger e incorporar esos aportes en las políticas
públicas.
Es de conocimiento general que el interlocutor preferente del Estado
en la discusión y la toma de decisiones públicas sobre materias urbanas es
la gran empresa privada. A ello ha contribuido de manera importante
durante los últimos años el constante y públicamente reconocido circular
de las mismas personas a través de las puertas giratorias de gabinetes mi-
nisteriales, oficinas de lobby empresarial y mesas directivas de grandes
corporaciones.
En su calidad de propietario del suelo y/o del capital, el sector privado
promueve el crecimiento ilimitado de la ciudad a partir de la ocupación
de áreas periféricas o, en su defecto, participa activamente en el proceso de
reurbanización de Santiago, que se basa en destruir edificaciones de baja
densidad y ocupar áreas verdes en sectores residenciales, para construir de
acuerdo con criterios de alta densidad y rentabilidad. Sus beneficios se mul-
tiplican cuando el Estado genera condiciones para la valorización de sus
terrenos, y en defensa de estos beneficios se opone férreamente a cual-
quier tipo de control ejercido por instrumentos de planificación que de-
terminen restricciones de uso y densidad.
A falta de un gobierno metropolitano o de un alcalde mayor, es el go-
bierno central, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu),
el responsable del desarrollo urbano de la capital. Los planes del Minvu, sin
embargo, entran en contradicción frecuente con la política de generación
de infraestructura del Ministerio de Obras Públicas (MOP), cuyo mayor
peso político y más amplio presupuesto le permite imponer políticas fuer-
temente neoliberales que privilegian el crecimiento expansivo de Santia-
go por la vía del desarrollo de autopistas conectoras de los distintos cen-
tros urbanos desarrollados por el capital financiero al interior y en las
afueras de la ciudad.
El marco legal e institucional que amparó la ofensiva empresarial contra
la ciudad integrada se construyó durante la dictadura. Comenzó con la
aplicación del principio de que el suelo no es un recurso escaso y que
las restricciones de uso aumentan de manera artificial el precio del suelo
urbano. El paso siguiente fue eliminar los límites urbanos y ampliar por
decreto supremo el área urbana, facilitando el crecimiento periférico indis-
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