Ejecutoria num. 144/2020 Y SU ACUMULADA 185/2020 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 14-10-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 144/2020 Y SU ACUMULADA 185/2020. COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE VERACRUZ Y COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 30 DE MAYO DE 2022. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: I.L.V..

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Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día treinta de mayo de dos mil veintidós.

VISTOS, para resolver el expediente relativo a las acciones de inconstitucionalidad identificadas al rubro; y,

RESULTANDO:

I. Presentación de demandas

1. Por escrito presentado el nueve de julio de dos mil veinte, mediante el Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, por conducto de su presidenta N.M.B., promovió acción de inconstitucionalidad contra los artículos 47, 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 TER, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, 687 y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave –específicamente en las porciones normativas que regulan los conceptos de "matrimonio", "concubinato", "sociedad conyugal", "cónyuges" o "cónyuge", "excónyuge" o "excónyuges" y "divorcio"–, en su texto derivado del Decreto 569 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el diez de junio de dos mil veinte; señalando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las mencionadas normas al Congreso y al gobernador constitucional de ese Estado.

2. Por su parte, mediante escrito presentado el tres de agosto de dos mil veinte mediante el Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidenta M.d.R.P.I., promovió diversa acción de inconstitucionalidad contra los artículos 77, 98 y 100 del mismo Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, en su texto derivado del Decreto 569 publicado en la Gaceta Oficial del Estado el diez de junio de dos mil veinte; designando como órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron las citadas disposiciones al Congreso y al gobernador constitucional de ese Estado.

II. Preceptos constitucionales e internacionales que se estiman violados y conceptos de invalidez

3. Las accionantes estimaron violados los artículos 1o., 4o., 16 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, 17, 19 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 3, 17, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1, 2, 3, 4, 8 y 9 de la Convención Interamericana contra Toda Forma de Discriminación e Intolerancia.

4. Asimismo, expusieron como argumentos de invalidez los que, en lo toral, se sintetizan a continuación:

A. De la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz

5. Primero. Los artículos impugnados del Código Civil para el Estado de Veracruz transgreden los derechos de igualdad y de no discriminación, en los términos que se explican a continuación:

a) El artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz define el matrimonio como la unión de un solo hombre y una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil; lo que genera que las normas impugnadas otorguen un trato discriminatorio con base en el estado civil y en las preferencias sexuales de las personas, en la medida en que quedan excluidos del régimen del matrimonio y el divorcio las parejas del mismo sexo.

b) Esta exclusión de la institución del matrimonio en contra de las parejas del mismo sexo atenta contra su dignidad y condición de personas al tenor de las jurisprudencias de la propia Primera Sala 1a./J. 86/2015 (10a.), de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE IMPIDEN ESTA POSIBILIDAD, PROVOCAN UNA DOBLE DISCRIMINACIÓN, AL PRIVAR A LAS PAREJAS HOMOSEXUALES DE LOS BENEFICIOS MATERIALES Y EXPRESIVOS QUE SE OBTIENEN CON DICHA INSTITUCIÓN.", 1a./J. 84/2015 (10a.), de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. LAS NORMAS CIVILES QUE DEFINEN LA INSTITUCIÓN DEL MATRIMONIO COMO LA QUE SE CELEBRA ENTRE UN SOLO HOMBRE Y UNA SOLA MUJER, CONTIENEN UNA DISTINCIÓN CON BASE EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA."; 1a./J. 46/2015 (10a.), de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO." y 1a./J. 47/2015 (10a.), de rubro: "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR."

c) El artículo 47 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer que los hijos de matrimonio llevarán el apellido de su madre y de su padre en el orden que ellos decidan, refuerza la definición de matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, reiterando la exclusión del supuesto normativo a las parejas homosexuales.

d) Como consecuencia, el resto de las normas impugnadas que regulan la figura del matrimonio –el trámite para solicitar su celebración, la forma de nombrar a los hijos nacidos fuera de él, sus finalidades, los deberes de los cónyuges de índole personal, de asistencia, de sostenimiento económico, patrimonial y en relación con los hijos, la posibilidad de divorciarse, el acceso al juicio o al procedimiento administrativo respectivo, las obligaciones y prerrogativas que de ese divorcio deriven, y las previsiones concretas cuando se configure violencia entre cónyuges–, excluyen a las parejas del mismo sexo y, por ende, comparten el vicio de inconstitucionalidad.

e) Los artículos 139 y 139 TER del Código Civil para el Estado de Veracruz, al dar existencia a la figura del concubinato con base en las mismas condiciones y los mismos derechos y obligaciones del matrimonio, dejan fuera de su configuración a las parejas del mismo sexo, lo que también resulta discriminatorio.

f) Los conceptos "matrimonio", "cónyuges", "excónyuges", "concubinato", "concubina", "concubinario", "sociedad conyugal" y "divorcio", aunque sean esencialmente neutros, lo cierto es que están asociados al reconocimiento que hace el Código Civil para el Estado de Veracruz sólo de las parejas de diferente sexo, y no de las del mismo sexo.

6. Segundo. Si bien los Congresos Estatales poseen libertad de configuración para regular el estado civil de las personas, lo cierto es que esa facultad está limitada por el reconocimiento de los derechos humanos y, en ese tenor, no pueden emitir normas discriminatorias. De ahí que los artículos 142, 144, 242 TER, 252 BIS y 254 SEPTIES del Código Civil para el Estado de Veracruz, al establecer derechos sólo en favor de los cónyuges –entendidos como las personas de diferente sexo unidos en matrimonio– excluye de esos derechos a las personas del mismo sexo unidas a través del concubinato.

7. Tercero. La inconstitucionalidad de las normas impugnadas conlleva la declaración de invalidez por extensión del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, conforme al artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que, aun cuando no fue reformada en virtud del decreto que dio lugar a la presente acción de inconstitucionalidad, participa del vicio de desigualdad y discriminación por establecer que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer.

8. Cuarto. El artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz viola derechos fundamentales de la infancia, conforme a lo siguiente:

a) El artículo 4o. de la Constitución General establece el principio del interés superior de la niñez, mientras que los diversos artículos 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño reconocen la obligación del Estado de proteger a los menores y de constituir sus derechos como eje rector de las decisiones que sobre ellos se emitan.

b) Los artículos 2 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y 2 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Veracruz, reiteran el interés superior del menor y el deber de pugnar por la efectiva vigencia de sus derechos.

c) El artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz impide que se asiente en el acta de nacimiento al progenitor, hombre o mujer, que haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción, lo que implica una privación de reconocimiento de la filiación con el pretexto de la moralidad de los actos de sus progenitores.

B. De la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

9. Con base en una exposición del contenido de los derechos de igualdad, no discriminación, al libre desarrollo de la personalidad, a la identidad, a la libertad para formar una familia, los artículos 77, 98 y 100 del Código Civil para el Estado de Veracruz, al permitir el matrimonio sólo a parejas heterosexuales, resultan discriminatorios en perjuicio de las parejas del mismo sexo, habida cuenta de que:

a) Esas normas impugnadas fijan las reglas esenciales que rigen la institución del matrimonio (sus fines, condiciones mínimas, obligaciones y derechos de los cónyuges), pero dentro del contexto del sistema normativo al que pertenecen, esto es, al resto de las disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz; lo que permite inferir que cuando hacen mención a la figura "cónyuges", invariablemente se refieren a aquellos que conforman parejas de diferente sexo, en términos del artículo 75 del mismo ordenamiento que dispone que "el matrimonio es la unión de un solo hombre y una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil."

b) Las normas impugnadas forman parte de un andamiaje en el cual se excluyen del matrimonio a las personas del mismo sexo, por lo que los fines, derechos y obligaciones que prevén no pueden ser disfrutados o practicados por las parejas homosexuales, a quienes está prohibido integrar esa forma de convivencia familiar; lo que constituye una medida legislativa discriminatoria, porque implica una distinción con base en la preferencia sexual de las personas.

c) Aun cuando las normas impugnadas no contienen una prohibición para contraer matrimonio –pues conceden esa posibilidad a cualquier persona–, lo cierto es que, al ceñir esa institución a parejas de sexo opuesto, implícitamente excluyen a las parejas del mismo sexo (diferencia tácita).

d) Esa exclusión afecta de manera desproporcionadamente negativa a un grupo específico, es decir, a aquel que integran personas con preferencia homosexual, pues les veda la posibilidad de acceder al matrimonio y a formar, a partir de esa institución, una familia; lo que soslaya su dignidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la protección a la familia; además de que también contribuye a la estigmatización por discriminación, porque implican un perjuicio social, directo y personal que excluye a un grupo de antemano con base en una valoración negativa, a saber, las parejas homosexuales.

e) Por extensión, debe declararse la invalidez del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, pues es la norma que da contenido a las impugnadas y cuya vinculación provoca el trato discriminatorio; máxime que ese vicio no puede subsanarse a través de una interpretación conforme al tenor de las tesis 1a./J. 47/2015 (10a.), de rubro: "NORMAS DISCRIMINATORIAS, NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR." y 2a. X/2017 (10a.), de rubro: "NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME."

III. Admisión de las acciones de inconstitucionalidad

10. Mediante proveído de dieciséis de julio de dos mil veinte, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, a la que correspondió el expediente 144/2020, y designó al M.A.P.D. para que actuara como instructor en el procedimiento.

11. Por auto de diecisiete de julio del mismo año, el Ministro instructor admitió la acción referida, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

12. Asimismo, a través del auto de siete de agosto de dos mil veinte, el presidente de este Alto Tribunal ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que correspondió el expediente 185/2020 y, dada la identidad de las normas controvertidas, decretó su acumulación a la acción de inconstitucionalidad referida en el párrafo precedente, y dispuso su turno al M.A.P.D. designado como instructor.

13. Mediante acuerdo de diez de agosto del mismo año, el Ministro instructor admitió la acción en comento, ordenó dar vista al órgano legislativo que emitió la norma y al Ejecutivo que la promulgó para que rindieran sus respectivos informes.

IV. Informe de las autoridades

14. Fue rendido en los términos siguientes:

15. A. El Congreso del Estado de Veracruz de I. de la Llave (por conducto de su subdirectora de Servicios Jurídicos), rindió conjuntamente su informe en relación con ambas acciones de inconstitucionalidad, en el que, en síntesis, expuso lo siguiente:

a) El artículo 24 de la Constitución General no delega al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre "matrimonio", lo que revela que esa atribución pertenece a las entidades federativas, con base en lo cual se expidió el decreto de reforma impugnado.

b) El decreto de reforma impugnado se expidió atendiendo a las recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la M., que fueron adecuadas a la institución del matrimonio, al utilizar los términos "hombre" y "mujer" en igualdad de circunstancias, al eliminar los aspectos discriminatorios en perjuicio de la mujer, al reconocer el trabajo doméstico, al otorgar medidas de protección contra la violencia familiar; todo ello en términos del artículo 4o. de la Carta Magna (igualdad de género).

c) Las normas impugnadas no son excluyentes porque no prohíben a nadie contraer matrimonio; siendo que la definición de esa institución es intrascendente para este asunto.

d) No existe mandato específico de la Constitución General que obligue a los Estados a legislar atendiendo a las preferencias sexuales; siendo que no se encontraron las circunstancias políticas y sociales adecuadas para realizar una modificación profunda a la conceptualización tradicional del matrimonio.

16. B. El gobernador del Estado de Veracruz de I. de la Llave (por conducto de su secretario de Gobierno) rindió su informe en relación con ambas acciones de inconstitucionalidad en dos documentos por separado, en los que, en síntesis, expuso lo siguiente:

a) Los conceptos de invalidez son ineficaces, toda vez que las normas tildadas de inconstitucionales derivan del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz que no fue comprendido en el decreto de reforma, por lo que no nos encontramos frente a un nuevo acto legislativo que permita su escrutinio, al tenor de la jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.), de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LINEAMIENTOS MÍNIMOS REQUERIDOS PARA CONSIDERAR QUE LA NUEVA NORMA GENERAL IMPUGNADA CONSTITUYE UN NUEVO ACTO LEGISLATIVO."

b) Es falso que las normas impugnadas resulten discriminatorias en función de la preferencia sexual de las personas, dado que dichas disposiciones manejan un lenguaje incluyente; además de que el matrimonio igualitario puede llevarse a cabo en cumplimiento a una sentencia de amparo que ordene celebrarlo a un oficial del Registro Civil o, incluso, en otra entidad federativa en la que el matrimonio entre personas del mismo sexo esté reconocido al tenor de la jurisprudencia P./J. 12/2011, de rubro: "MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO EN EL DISTRITO FEDERAL. TIENE VALIDEZ EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS CONFORME AL ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (ARTÍCULO 146 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 29 DE DICIEMBRE DE 2009)."

c) El Congreso Local es quien cuenta con competencia e independencia para legislar en materia de matrimonio, por lo que sólo a él corresponde, cuando lo estime conveniente, reformar la ley.

V.C. de instrucción

17. Una vez que se pusieron los autos a la vista de las partes para la formulación de sus alegatos, por acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veinte, se tuvieron por recibidos los de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (accionante) y del Congreso del Estado de Veracruz de I. de la Llave (demandado).

18. Finalmente, por auto de dos de febrero de dos mil veintiuno, se declaró cerrada la instrucción.

CONSIDERANDO:

I. Competencia

19. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 47, 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 ter, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, 687 y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave –en determinadas porciones normativas–.

II. Oportunidad

20. En principio, debe tenerse en cuenta que el artículo 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá "de las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución", las cuales "podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma" impugnada; mientras que el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que "el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente". Lo que permite establecer que, tratándose de acciones de inconstitucionalidad, el plazo para la presentación de la demanda es de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a aquel en que se publique la norma impugnada en el correspondiente medio oficial, sin que deban excluirse los días inhábiles, en la inteligencia de que, si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda se podrá presentar al primer día hábil siguiente.

22. De ahí que el plazo de treinta días naturales para ejercer la acción de inconstitucionalidad corrió del lunes tres de agosto al martes uno de septiembre siguientes.

23. Por tanto, si los escritos de demanda relativos a las presentes acciones de inconstitucionalidad fueron presentados, por lo que hace a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, el jueves nueve de julio de dos mil veinte, mediante el Sistema Electrónico de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por lo que hace a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el tres de agosto de la anualidad en comento en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación; es claro que la promoción de ambas acciones resulta oportuna.

24. No es obstáculo a la anterior conclusión lo sostenido por el Congreso del Estado de Veracruz de I. de la Llave –al rendir su informe–, en cuanto que la acción de inconstitucionalidad es extemporánea (en términos del artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que no procede el medio de impugnación cuando se promueva fuera de los plazos legales), toda vez que, a su decir, el texto actual del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, derivó del decreto de seis de diciembre de mil novecientos treinta y dos, siendo que no fue tocado por el decreto de reforma que dio lugar al presente medio de impugnación.

25. En efecto, debe precisarse que las causales de improcedencia deben tener relación directa e inmediata con la litis constitucional, por lo que, al invocarlas, deben referirse a la norma o normas designadas como impugnadas; de ahí que, para que pueda estimarse la actualización del motivo de improcedencia expuesto, es necesario que la demanda hubiere sido presentada fuera del plazo legal contado a partir del día siguiente a aquel en que hubieran sido publicado la disposición o disposiciones impugnadas, y no alguna otra, pues la extemporaneidad debe recaer precisamente sobre la disposición o disposiciones que se estimen violatorias del Texto Constitucional.

26. Por tanto, no se actualiza el motivo de improcedencia en comento ya que, contrariamente a lo sostenido por la autoridad legislativa, la norma impugnada no está constituida por el artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, por lo que es irrelevante la fecha en que éste se publicó, pues lo que determina el inicio del cómputo para promover las presentes acciones de inconstitucionalidad es la publicación de los efectivos preceptos señalados como impugnados, a saber, los artículos 47, 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 TER, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, 687 y 725 del mismo ordenamiento legal; lo que revela que se presentaron de manera oportuna en los términos ya precisados.

27. Sobre todo porque, a través de los preceptos impugnados, la figura del matrimonio en el Estado de Veracruz sufrió un cambio normativo, ya que modificó las condiciones, los derechos y las obligaciones propias de esa institución e, incluso, las prerrogativas y cargas derivadas del divorcio.

28. Sin que sea óbice el hecho de que, a través de sus planteamientos, las comisiones accionantes pretendan la invalidez por extensión del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, dado que ello se refiere, más bien, a los efectos de una eventual sentencia protectora, pero de ninguna manera se vincula con la oportunidad para promover la acción de inconstitucionalidad que, se insiste, debe apreciarse a partir de la expedición de las normas designadas como impugnadas y no de alguna otra.

III. Legitimación

29. El artículo 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Federal, establece:

"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por: ...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

30. Disposición que ha sido interpretada en la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA.",(3) conforme a la cual las acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales pueden promoverse, entre otros, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal, y por los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas.

33. Por tanto, si en el caso se plantea la inconstitucionalidad de los artículos 47, 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 TER, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, 687 y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave –por considerarlos violatorios de derechos humanos de igualdad y no discriminación, y al libre desarrollo de la personalidad previstos en los artículos 1o. y 4o. de la Constitución General–, ambas comisiones tienen la legitimación para promover la acción de inconstitucionalidad.

IV. Causas de improcedencia

34. El Congreso del Estado de Veracruz de I. de la Llave, al rendir su informe, planteó que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en el artículo 19, fracción VII, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque las acciones de inconstitucionalidad fueron promovidas fuera del plazo legal contado a partir de la publicación del texto actual del artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz –seis de diciembre de mil novecientos treinta y dos–

35. Es de desestimarse esta razón de improcedencia al tenor de los argumentos que, en relación con este planteamiento, se expusieron en el considerando de oportunidad de este fallo.

36. Por otra parte, el propio Congreso del Estado de Veracruz de I. de la Llave, también al rendir su informe, expresó que es improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, habida cuenta de que:

a) Dicho organismo anuncia una supuesta contradicción entre el Código Civil para el Estado de Veracruz y la Constitución General, pero omite hacer un comparativo entre los derechos constitucionales o convencionales y el texto legal.

b) El propio organismo reconoce que el artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz quedó intocado a través del decreto de reforma, origen de la impugnación, lo que revela que ese decreto no materializa una violación de derechos fundamentales.

c) Conforme al artículo 24 de la Constitución General, la facultad para legislar sobre el tema del "matrimonio" recae en los Congresos de las entidades federativas.

37. Estas afirmaciones de la autoridad demandada en cuanto a la insuficiencia de los conceptos de invalidez, la inexistencia de una violación a derechos fundamentales y la competencia para legislar en materia de "matrimonio", se vinculan con cuestiones de fondo, por lo que no constituyen aspectos que miren a la procedencia y, en ese tenor, deben desestimarse al tenor de la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE."(4)

38. Al no existir otra causa de improcedencia planteada por las partes y toda vez que no se advierte, de oficio, que se actualice una distinta, procede emprender el análisis de los conceptos de invalidez.

V. Estudio de fondo

39. De los conceptos de invalidez hechos valer por las comisiones actoras, se desprende que la litis en la presente vía se circunscribe a analizar diversos artículos del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, específicamente en cuanto a dos temas destacados, a saber:

A. Los artículos 47, 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 TER, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, violan los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de igualdad y no discriminación, y al desarrollo de la familia, en tanto que descartan del régimen del matrimonio y del concubinato a las parejas del mismo sexo, porque refuerzan la definición de matrimonio como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, excluyendo del supuesto normativo a las parejas homosexuales.

B. El artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz viola derechos fundamentales de la infancia, porque impide que se asiente en el acta de nacimiento al progenitor, hombre o mujer, que haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción, lo que implica una privación de reconocimiento de la filiación con el pretexto de la moralidad de los actos de sus progenitores.

40. A continuación, se procede al estudio separado de ambos temas:

41. Tema A. Exclusión del régimen del matrimonio, del divorcio y del concubinato a las parejas del mismo sexo. Apreciadas en su conjunto, la pretensión tanto de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz como de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se ciñe a que los artículos 47, 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 ter, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, al regular las instituciones del "matrimonio" y "concubinato" –y las figuras vinculadas de "cónyuges" o "cónyuge", "excónyuge" o "excónyuges" y "divorcio"–, refuerzan su definición como la unión entre un solo hombre y una sola mujer, excluyendo de los supuestos normativos a las parejas homosexuales; de ahí que violan los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, porque atentan contra la dignidad humana en su vertiente de libre desarrollo de la personalidad, los principios de igualdad y no discriminación, así como la organización y desarrollo de la familia.

42. Para resolver lo planteado, se retomarán las consideraciones adoptadas por el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 28/2015(5) –en la que se impugnó el artículo 260 del Código Civil del Estado de Jalisco–, la acción de inconstitucionalidad 29/2016(6) –en la que se impugnó el artículo 300 del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Puebla–, y la acción de inconstitucionalidad 29/2018(7) –en la que se impugnaron los artículos 140 y 148 del Código Civil para el Estado de Nuevo León–; en cuyas ejecutorias se desarrolló el marco jurídico relativo a los derechos derivados de los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Federal, en los términos siguientes:

43. El artículo 1o. de la Constitución Federal, en lo que al caso interesa, establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en aquélla y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, sino en los casos y condiciones que la misma establece, así como que: "Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

45. Asimismo, este Tribunal Pleno reconoció que es un hecho indiscutible que la naturaleza humana es sumamente compleja, lo cual, en la especie, se representa con uno de los aspectos que la conforman, que es la preferencia sexual de cada individuo; ésta, indudablemente orienta también su proyección de vida, sobre todo, en este caso, la que desee o no tener en común con otra persona, ya sea de diferente o de su mismo sexo. Es, por tanto, la orientación sexual de una persona, como parte de su identidad personal, un elemento relevante en el proyecto de vida que tenga y que como cualquier persona incluye el deseo de tener una vida en común con otra de igual o distinto sexo o no y que, en modo alguno, deberá limitarlo en la búsqueda y logro de su felicidad.

48. Al respecto, este Tribunal Pleno advirtió que en diversos países vía legislación o jurisprudencia, se ha evolucionado paulatinamente en el reconocimiento de los derechos de las personas homosexuales y la protección jurídica de sus uniones, justificándose dichos referentes en la eliminación de la discriminación que históricamente han sufrido. Una de las formas que ha sido utilizada para lograr ese fin es a través de la aprobación de leyes que regulan las llamadas "sociedades de convivencia" o "pactos de solidaridad", para reconocer las uniones de hecho de personas homosexuales, aunque también en algunas de esas legislaciones –incluso en la del entonces Distrito Federal–, no se limitaron a ese tipo de relaciones, comprendiendo ahora, además, las uniones de hecho entre personas heterosexuales, que no sean un matrimonio o un concubinato; sin embargo, esas legislaciones se equiparan, en lo general, al concubinato y no al matrimonio, por lo que no alcanzan a tener el mismo reconocimiento y protección jurídica de los derechos y obligaciones que surgen de las mismas.

50. Por tanto, aun cuando es cierto que existen diferencias entre unas y otras parejas, sobre todo, en cuanto a la limitante de procrear hijos biológicamente comunes en las del mismo sexo, esto no se traduce en una diferencia o desigualdad entre ambas relaciones que en forma relevante incida en la decisión del legislador de extender la institución del matrimonio civil de forma tal que comprenda a ambas; lo anterior, toda vez que la "potencialidad" de la reproducción no es una finalidad de aquél, tratándose de las parejas heterosexuales que, dentro de su derecho de autodeterminación, deciden tener hijos o no, o bien, se encuentran, en ocasiones, ante la imposibilidad de tenerlos, lo que en modo alguno les impide contraerlo, ni es una causa para anularlo si no se ha cumplido con una función reproductiva.

51. Asimismo, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 2/2010(9) –en el que se impugnaron los artículos 146 y 391 del entonces Código Civil para el Distrito Federal que introdujeron el matrimonio entre personas del mismo sexo–, precisó que el artículo 4o. de la Constitución Federal contiene una serie de principios y derechos que no tienen una relación directa entre sí, pues consagra el derecho a la protección de la salud, a un medio ambiente sano, el derecho de la familia a tener una vivienda digna y decorosa, la protección a los niños y sus derechos, y el derecho a la cultura y a la creación cultural, la protección a la diversidad cultural y el respeto a la libertad creativa. Y, en lo que interesa al caso, contiene otras prerrogativas, a saber: i) la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; ii) la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y, iii) el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada. i. La igualdad ante la ley del hombre y la mujer

52. A propósito de este aspecto, este Máximo Tribunal señaló que tanto del texto del artículo 4o. constitucional como del procedimiento legislativo que le dio origen(10) se infiere que la reforma obedeció a la discriminación histórica advertida hacia las mujeres (justificada en la pretendida protección a ese grupo vulnerable), de manera que se buscó eliminarla, a fin de lograr la igualdad de hombres y mujeres frente a la ley, con lo que se constituyó un límite material a la actividad legislativa; esto, en el entendido que conforme a los criterios de esta Corte en materia de igualdad, no se trata de dar un trato idéntico o de prohibir el establecimiento de diferenciaciones, sino de lograr una igualdad real entre hombres y mujeres.

ii. La protección a la familia

54. Por consiguiente, lo que debe entenderse protegido constitucionalmente es la familia como realidad social; y, en ese tenor, dicha protección debe cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto a realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan a través del matrimonio o mediante uniones de hecho, con un padre o una madre e hijos (familia monoparental), o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar.

iii. El derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada

56. Sobre este derecho a decidir libremente respecto del número y espaciamiento de los hijos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa acción de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007(11) –en la que se impugnaron los artículos 144, 145, 146 y 147 del entonces Código Penal para el Distrito Federal, y 16 Bis 6, tercer párrafo, y 16 Bis 8, último párrafo, de la entonces Ley de Salud para el Distrito Federal, en relación con el tema de interrupción legal del embarazo–, sostuvo que el derecho a ser padre o madre no es conceptualmente referible a un derecho de exclusivo ejercicio colectivo, dado que, por ejemplo, una vía para ejercer este derecho es la adopción que, en el caso del Código Civil para el entonces Distrito Federal, se permite tanto por un matrimonio como por una sola persona (hombre o mujer solteros).

57. Luego de explicar las notas distintivas en la evolución de las relaciones familiares, el Tribunal Pleno concluyó que conforme al artículo 4o. de la Carta Magna, el legislador ordinario está obligado a proteger la organización y el desarrollo de la familia –en sus múltiples organizaciones y/o manifestaciones–; esto es, entendida la familia como un diseño o realidad social que, por ende, se presenta de forma distinta en cada cultura y que, si bien históricamente el matrimonio como institución civil ha sido tradicionalmente reconocido como el celebrado entre un hombre y una mujer, así como la base primaria de la familia y, como tal, ha sido objeto de una especial protección jurídica, interviniendo el Estado en su celebración y registro a través de la fe pública del funcionario competente para ello, de todo lo cual deriva el reconocimiento y protección de los diversos efectos de dicho vínculo (derechos y obligaciones para los contrayentes y, en su caso, hacia sus hijos, así como frente a terceros).

58. También se señaló que es cierto que el referido estatus jurídico especial del matrimonio no ha impedido que dada la dinámica de la sociedad el legislador ordinario haya reconocido otro tipo de uniones, como ha ocurrido. Como ejemplo de lo anterior, está la regulación del concubinato en diversas legislaciones civiles, concebido como la unión de dos personas de la que, con el transcurso de determinado tiempo de vida en común, surgen recíprocamente entre ellos derechos y obligaciones y, en su caso, hacia sus descendientes; o bien, la entonces vigente Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, mediante la cual se reconocen también los derechos y obligaciones que surgen de determinado tipo de uniones de hecho.

59. Así, el Tribunal Pleno consideró, en el tema de la procreación para la perpetuación de la especie como una de las finalidades que originalmente se vinculaba al matrimonio, que una característica particular de la evolución de esa institución y su relación con la procreación era el hecho de que, si bien se preveía como impedimento para celebrarlo, entre otros, la impotencia incurable para la cópula (artículo 156, fracción VIII, del Código Civil para el entonces Distrito Federal), se establecía, a la par, una dispensa cuando dicha impotencia sea conocida y aceptada por el otro contrayente; o bien, aun cuando una causa de nulidad del matrimonio sea que el matrimonio se hubiere celebrado concurriendo alguno de los impedimentos enumerados en el artículo 156, entre ellos, el citado con antelación, se establece como salvedad que no hubiesen sido dispensados en los casos en que así proceda (artículo 235).

60. Además, advirtió que un dato más acerca de dicha separación matrimonio–procreación fue la reforma realizada al Código Civil para el Distrito Federal en dos mil ocho en materia de reasignación sexual (personas transexuales), que, entre otros, reformó el artículo 97, fracción VII, para señalar que las personas que desearan contraer matrimonio deberían presentar un escrito ante el Juez del Registro Civil que, entre otros elementos, contuviera "la manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, en el caso de que alguno de los contrayentes haya concluido el proceso para la concordancia sexo-genérica". De lo que se advierte que, si bien en ese supuesto podría existir diferencia de sexo entre quienes contraen matrimonio, derivado de una reasignación sexual, una vez practicada la operación quirúrgica, teniendo como consecuencia la imposibilidad física para la procreación, ello no les impide contraer matrimonio.

62. De todo lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que, aun cuando históricamente el matrimonio ha sido considerado como la unión entre un hombre y una mujer, teniendo la procreación, en determinado momento, un papel importante para su definición, y sin desconocer por ello que procrear siga siendo parte importante de las uniones humanas, no es sostenible afirmar sin más que el matrimonio en su definición tradicional fuera un concepto completo y, por tanto, inmodificable por el legislador, máxime derivado del proceso de secularización de la sociedad y del propio matrimonio; de manera que la decisión de un individuo de unirse a otro y proyectar una vida en común, como la relativa a tener hijos o no tenerlos, deriva de la autodeterminación de cada persona, del derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo, que ya ha sido reconocido por este Tribunal Pleno [en el amparo directo civil 6/2008(13) –en el que se analizaron el Código Civil y del Código de Procedimientos para el Distrito Federal, en lo relativo a la rectificación de las actas del estado civil tratándose de personas que se han sometido a un procedimiento de reasignación de concordancia sexo-genérica–], sin que la decisión de unirse a otra persona traiga consigo necesariamente lo segundo, es decir, tener hijos en común, máxime que en ese aspecto confluyen aspectos también inherentes a la naturaleza humana que podrían impedir el tenerlos, lo que en modo alguno puede estimarse como obstáculo para el libre desarrollo de la personalidad, en cuanto a esas decisiones.

64. Ahora, una vez señalados estos precedentes en los que ya se ha establecido el criterio de este Alto Tribunal sobre el tema, se procede a analizar las normas impugnadas agrupándolas en tres subapartados, a saber:

65. S.I.A. 47 del Código Civil para el Estado de Veracruz. Conviene atender al contenido de esta norma en su texto anterior al decreto de reforma que dio lugar a las presentes acciones de inconstitucionalidad, a saber:

"Artículo 47. Los hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan sus padres, seguidos del primer apellido del padre y del primer apellido de la madre."

66. Esta disposición, que regula la forma en que se nombran a los hijos nacidos de una relación matrimonial, establecía que llevarían los nombres propios impuestos por sus padres seguidos del primer apellido del padre y, a continuación, del primer apellido de la madre; lo que pone de manifiesto que, en los términos de ese precepto, el matrimonio estaba conformado necesariamente por un hombre y una mujer, pues sólo de esa manera se entiende que la norma en comento exigía que el hijo o hijos nacidos de una pareja vinculada mediante matrimonio, llevaran necesariamente el primer apellido del padre y, a continuación el de la madre.

67. Al respecto, es de destacarse que el decreto de reformas impugnado derivó de diversas iniciativas todas vinculadas con el Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, a saber: i) la presentada el siete de marzo de dos mil diecinueve por el Grupo Legislativo de M.; ii) la presentada el siete de marzo de dos mil diecinueve por la diputada M.O.R.; iii) la presentada el nueve de mayo de dos mil diecinueve por la diputada J.P.A.; y, iv) y la presentada el doce de mayo de dos mil diecinueve por la diputada M.R.B.. Respecto de las cuales adquiere relevancia esta última –por ser la que tuvo como finalidad introducir un primer avance a la concepción del matrimonio–, que, en lo que interesa, se reproduce a continuación:

"... Es de destacar, por lo que hace al nombre de las personas, el pronunciamiento de la Cámara de Diputados del honorable Congreso de la Unión, en los que se advierte actualmente una forma de discriminación contra las mujeres, al disponer que al nombre o nombres propios que impongan los padres a sus hijos, deberá seguirlo el primer apellido del padre y luego el primer apellido de la madre, lo que refleja un tratamiento inequitativo en la norma, contrario a lo señalados en los instrumentos internacionales que prevén la igualdad jurídica del hombre y la mujer.

"Por lo que hace al matrimonio, como institución del derecho civil que parte de la base de la autonomía de la voluntad de las personas, si bien es indispensable reconocer, como también lo ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica también el de decidir casarse o no, de manera que no debieran existir restricciones para el establecimiento formal libre y voluntario de relaciones afectivas entre personas. En esta iniciativa se da un primer avance en cuanto a su definición, tratando de actualizar sus fines, en el sentido de que hombre y mujer deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y construir una familia como forma de relación social y personal. ...

"Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Soberanía y ponemos a su consideración la aprobación en sus términos de la siguiente iniciativa con proyecto: ...

"‘Artículo 75. El matrimonio es la unión de un hombre y una mujer que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y constituir una familia como forma de relación social y personal, con base en las formalidades que señala el presente código.’..."

68. Mientras que el dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de veinticinco de mayo de dos mil veinte, sobre el tema en análisis, determinó lo que a continuación se reproduce:

"... IX. Que a pesar de la existencia de la iniciativa relatada en el apartado 1 del capítulo de antecedentes con las características antes descritas, la diputada M.R.B. consideró la necesidad de presentar una nueva y diversa iniciativa con modificaciones al contenido del Código Civil, la cual obra narrada en el apartado 4 del citado capítulo de antecedentes, misma que ahora aquí se dictamina, toda vez que acorde al periodo de socialización de tal iniciativa no se encontraron a lo largo del territorio del Estado las condiciones políticas y sociales para realizar una modificación profunda a la conceptualización tradicional del matrimonio. En razón de ello, la diputada M.R.B. en la iniciativa de su autoría que ahora de dictamina, propone, como un primer avance, la redefinición de los fines que persigue esta figura jurídica. Lo anterior, a decir de la legisladora, con la finalidad de salvaguardar las propuestas que contiene la iniciativa inicial referida en el punto 1 del capítulo de antecedentes del presente documento, y que significan un avance legal profundo, urgente y necesario del derecho familiar en Veracruz, al incluir la eliminación de todos aquellos aspectos que pueden ser considerados discriminatorios para las mujeres, el reconocimiento y la valoración del trabajo doméstico, la incorporación de la pensión compensatoria, asegurar medidas de protección frente a la violencia familiar, entre otros aspectos de los que se da cuenta en estos considerandos y que tienen como única finalidad asegurar la armonía de las familias.

"X. Que en razón de las circunstancias anteriores, esta comisión dictaminadora considera pertinente, para zanjar esta discusión y no abonar en mayores confrontaciones, que el artículo 75 de la iniciativa presentada por la diputada M.R.B. que aquí se dictamina, no sea considerado en el presente estudio, si no es redactado en los términos estrictos que la Suprema Corte ha recomendado; esto es, que cuando la disposición prevea que el matrimonio es el contrato celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, debe entenderse que ese acuerdo de voluntades se celebre ‘entre dos personas’ conforme al criterio jurisprudencial sostenido en la tesis de rubro: ‘MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO.’

"Por tal motivo, se excluye de la propuesta a presentar al Pleno de esta Soberanía por esta comisión la referencia a dicho artículo del Código Civil para el Estado. ..."

69. Como puede apreciarse, la iniciativa de reforma de trato pretendió una reforma como un primer avance a la concepción de "matrimonio", pues proponía un ajuste en los fines de su celebración entre los contrayentes –un hombre y una mujer–. Empero, la comisión dictaminadora consideró que no se actualizaban en el territorio del Estado "las condiciones políticas y sociales para realizar una modificación profunda a la conceptualización tradicional del matrimonio", por lo que optó por desechar esta propuesta y dejar intacta la definición de esta institución en términos artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz.(16)

70. Y, en esos términos, el decreto de reforma ciñó su objetivo a lograr la eliminación de cualquier figura o regulación prevista en el Código Civil para el Estado de Veracruz que implicara un trato desigual y discriminatorio contra la mujer; por lo que, en específico sobre el artículo 47, lo modificó a efecto de que el hijo o hijos nacidos del matrimonio llevaran el nombre impuesto tanto por su padre como por su madre, eliminando el orden de prelación necesario que existía respecto de los apellidos, para permitir que el padre y la madre decidan libremente el orden en que serán asignados al menor o menores, según se aprecia de la reproducción siguiente:

"Artículo 47. Las hijas e hijos de matrimonio llevarán el nombre o nombres propios que les impongan su madre o su padre, seguidos de sus apellidos en el orden en que éstos decidan."

71. En efecto, si bien esta norma no define a la institución del matrimonio –pues esta definición se encuentra en el diverso artículo 75 del mismo ordenamiento legal, que no fue reformado, pero respecto del cual las accionantes solicitan su declaración de invalidez de manera indirecta y por extensión–, lo cierto es que sí hace referencia a esa institución, en la medida en que indica la forma de nombrar a los hijos nacidos de una pareja unida mediante el vínculo matrimonial, obligando a que lleven el nombre "que les impongan su madre o su padre, seguidos de sus apellidos en el orden en que éstos decidan"; lo que implica una reiteración de que el matrimonio necesariamente debe actualizarse entre una mujer (madre) y un hombre (padre).

72. Y, en ese tenor, dado que la intención del legislador sólo fue la de dar un nuevo orden a los apellidos de los hijos nacidos dentro de la institución del matrimonio –y no la de eliminar el vínculo hombre-mujer como presupuesto necesario para concebir dicha institución–, es claro que el alcance del artículo 47 del Código Civil del Estado de Veracruz, reafirma la exigencia de que los hijos de matrimonio deben entenderse como los nacidos de una unión entre un solo hombre y una sola mujer.

73. Además, si este precepto se interpreta de manera sistemática con el señalado artículo 75 del propio Código Civil para el Estado de Veracruz, el cual sí define la institución del matrimonio como "la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil" –y que, como se ha apuntado, no fue materia de modificación alguna–, sin lugar a dudas se advierte que la concepción de esta institución en el Estado de Veracruz está orientada a que se celebre únicamente entre un hombre y una mujer y, por ende, vincula las preferencias sexuales de quienes pueden acceder al matrimonio.

75. No pasa inadvertido el hecho de que, como se ha apuntado, el Congreso del Estado ciñó el objetivo de la reforma legal únicamente a logar la eliminación de cualquier figura o regulación prevista en el Código Civil para el Estado de Veracruz que implicara un trato desigual y discriminatorio contra la mujer; sin embargo, ello no es impedimento para el estudio de constitucionalidad que aquí se realiza, dado que las características de las modificaciones legislativas implementadas a través de todo el decreto de reformas –a los capítulos y normas relacionados con el nombre de las personas físicas, la familia, el matrimonio, el divorcio, la violencia familiar, el reconocimiento de paternidad, la filiación y las pensiones alimenticias– sí involucran, al menos de manera indirecta, el reclamo sustancial planteado por las comisiones accionantes, referido a la eliminación de la idea "de un solo hombre y de una sola mujer" para configurar el concepto de matrimonio; sobre todo porque hubo un ejercicio legislativo que llevó a afectar la regulación de esa institución.

76. Máxime que, al respecto, este Tribunal Pleno ha implementado una metodología dirigida a dar preeminencia a los derechos humanos, en las ya citadas acciones de inconstitucionalidad 28/2015, 29/2016 y 29/2018, en las que se sostuvo que la reforma a las disposiciones que regulaban los esponsales y/o la edad mínima para contraer matrimonio en las legislaciones de Jalisco, Puebla y Nuevo León, respectivamente, reiteraban el concepto de matrimonio como una unión únicamente entre parejas de diferente sexo contenido en preceptos diversos; por lo que las declaró contrarias al Texto Constitucional.

77. Luego, siguiendo esa metodología, se determina que el artículo 47 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en la porción en la que hace referencia a "su madre o su padre" –vinculando al género de quienes pueden contraer matrimonio, a saber, mujer y hombre– es inconstitucional, ya que atenta contra la autodeterminación de las personas y contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad de cada individuo y, de manera implícita, genera una violación al principio de igualdad porque a partir de ese propósito se da un trato diferenciado a parejas homoparentales respecto de las parejas heterosexuales, al excluir de la posibilidad de contraer matrimonio a personas del mismo sexo; de ahí que se declare su invalidez.

79. S.I.. Los artículos 48, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 141, 142, 144, 145, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, que también forman parte de la regulación de la institución del "matrimonio" y de las figuras vinculadas de "cónyuges" o "cónyuge", "excónyuge" o "excónyuges" y "divorcio", tanto en su texto anterior a la reforma como en el derivado de la reforma, son del contenido que se reproduce a continuación:

Ver artículos

80. Como puede apreciarse, las disposiciones reproducidas forman parte de la regulación local del matrimonio, estableciendo como nuevas bases las siguientes:

I. Trámite para solicitar la celebración del matrimonio.

II. La forma de nombrar a los hijos nacidos no de un matrimonio.

III. Los fines esenciales del matrimonio (apoyo, respecto, convivencia, igualdad y asistencia mutua entre los cónyuges).

IV. Impedimentos para celebrar el matrimonio (violencia de género o familiar contra la pareja).

V.O. iguales entre los cónyuges de respeto, asistencia mutua, disfrute de bienes patrimoniales y no patrimoniales.

VI. Obligaciones iguales de contribuir económicamente para el sostenimiento del hogar, la alimentación, los hijos y su educación.

VII. Posibilidad de demandar la nulidad de cualquiera de los cónyuges.

VIII. El acceso al juicio o al procedimiento administrativo de divorcio.

IX. Las obligaciones y prerrogativas que de ese divorcio deriven.

X. Las previsiones concretas cuando se configure violencia entre cónyuges.

82. En efecto, la primera disposición establece que los hijos nacidos fuera de matrimonio llevarán los nombres impuestos por quien o quienes hagan el reconocimiento seguidos del primer apellido de la madre y el del padre en el orden que éstos acuerden; mientras que la segunda norma en mención se refiere a la obligación del órgano jurisdiccional que decida sobre el divorcio, de fijar en la sentencia respectiva la situación definitiva de las hijas e hijos, cuidando, entre otras cosas, de respetar el derecho de convivencia con la madre y el padre, salvo que exista peligro para el menor.

83. Así, si bien estas normas tampoco definen la institución del matrimonio, lo cierto es que sí hacen referencia a esa institución, en la medida en que indican: 1) la forma de nombrar a los hijos nacidos fuera de matrimonio, obligando a que lleven el primer apellido "de la madre y el del padre"; y, 2) la obligación del órgano jurisdiccional que resuelva sobre las condiciones de los hijos e hijas frente al divorcio cuidando de "respetar el derecho de convivencia con la madre y el padre"; lo que implica una reiteración de que el matrimonio necesariamente debe actualizarse entre una mujer (madre) y un hombre (padre).

84. Luego, atendiendo a las consideraciones y metodología aplicada en el subapartado anterior, se determina que los artículos 48, párrafo primero, en la porción en la que hace referencia a "de la madre y el del padre", y 145, párrafo tercero, en la porción en la que hace referencia a "con la madre y el padre", todos del Código Civil para el Estado de Veracruz –vinculando al género de quienes pueden contraer matrimonio, a saber, mujer y hombre– son inconstitucionales; de ahí que se declara su invalidez.

85. Por lo que hace al resto de las normas a que se refiere este apartado, es de destacarse que en su texto actual, derivado del decreto de reformas que dio lugar a las presentes acciones de inconstitucionalidad, se refieren a los términos de "cónyuges" o "cónyuge", "excónyuge" o "excónyuges" y "divorcio", por lo que, en un primer momento, aludían a la idea del matrimonio exclusivamente como una unión entre un hombre y una sola mujer como posibles contrayentes, derivado de su correlación con el sentido normativo que sostiene el Código Civil para el Estado de Veracruz (a partir de los artículos 47, 48, primer párrafo, 75 y 145, párrafo tercero –cuya nulidad se ha definido–).

87. Así, las disposiciones en comento deben leerse en armonía con el nuevo sentido normativo que a la institución del matrimonio debe darse –en los términos estudiados en el tema A, subapartado I, de este considerando– y que extienden dicha institución a las parejas homosexuales –al conducir al matrimonio simplemente como la unión libre de dos personas–. Máxime que, derivado de ese cambio en la orientación normativa, los alcances jurídicos de los preceptos legales referidos en el párrafo que antecede se ven modificados y deben entenderse actualmente abarcando no sólo la posibilidad de que el matrimonio se conforme por un hombre y una mujer, sino también dos hombres o dos mujeres.

88. Sobre todo si se atiende a que la conclusión a la que se llegó en el subapartado mencionado en el párrafo precedente conllevó efectos extensivos en la declaración de invalidez al artículo 75 del propio Código Civil para el Estado de Veracruz –que es el que definía la institución del matrimonio–, lo que refuerza una lectura acorde con el Texto Constitucional de las disposiciones legales analizadas en el presente subapartado.

89. Por tanto, al resultar modificados materialmente (ampliados en su sentido y alcance) los artículos 48 –salvo en la porción normativa ya invalidada–, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 141, 142, 144, 145 –salvo en la porción normativa ya invalidada y a la que se hará referencia a continuación en este subapartado–, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz, es claro que los derechos y obligaciones que regulan en relación con la institución del matrimonio, y, en consecuencia, del divorcio, resultan aplicables tanto a parejas de diferente sexo como del mismo sexo, lo que revela que no son excluyentes ni, por ende, atentan contra la autodeterminación de las personas, contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad ni contra los principios de igualdad y no discriminación en razón de la preferencia sexual de las personas; de ahí que se impone reconocer su validez.

91. Al respecto, este Tribunal Pleno, al resolver la acción de inconstitucionalidad 33/2015,(18) determinó que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales, objeto de la propuesta, incidan en los intereses y/o derechos de esos grupos.

92. En dicho asunto, se sostuvo que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, involucra a la sociedad civil, y más concretamente, a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, en las acciones estatales que incidan en esos grupos, ya que éstas tienen un impacto directo en la realidad, al reunir información concreta sobre presuntas violaciones de los derechos humanos de personas con discapacidad, y colaboran para que la discapacidad sea vista como un tema fundamental de derechos humanos.

94. Además, en el señalado precedente se puntualizó que esta obligación no es oponible únicamente ante los órganos formalmente legislativos, sino a todo órgano del Estado Mexicano que intervenga en la creación, reforma, o derogación de normas generales que incidan directamente en las personas con discapacidad.

95. De manera más reciente, al resolver la acción de inconstitucionalidad 109/2016,(20) este Tribunal Pleno declaró la invalidez de los artículos 367, fracción III, párrafo segundo, y 368 Bis del Código Civil del Estado de Chihuahua publicados el dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, ante la falta de consulta a personas con discapacidad.

96. En suma, se puede considerar que la consulta previa en materia de derechos de personas con discapacidad es una formalidad esencial del procedimiento legislativo cuando se actualizan los estándares precisados.

97. Ahora, conviene volver a atender al contenido del precepto legal materia de estudio, que es del tenor literal siguiente:

"Artículo 145. Una vez decretado el divorcio, el órgano jurisdiccional fijará en definitiva la situación de las hijas e hijos, para lo cual se deberá resolver en ésta todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso y en especial a la custodia y al cuidado de las hijas e hijos.

"En caso de violencia familiar, la protección para menores incluirá en la sentencia las medidas de seguridad, seguimiento y reeducativas necesarias para evitarla y corregirla, previstas en este código y en su caso, las consideradas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz, las cuales podrán ser suspendidas o modificadas en términos del artículo 58 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz.

"De oficio, durante el procedimiento, el órgano jurisdiccional se allegará de los elementos necesarios para determinar las medidas de seguridad, debiendo escuchar a ambas partes y a los menores de edad, para evitar conductas de violencia familiar o de cualquiera otra circunstancia que amerite la necesidad de la medida, considerando siempre el interés superior de la infancia. En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con la madre y el padre, salvo que exista peligro para el menor. "Para garantizar el interés superior del menor, se llevará a cabo la celebración de la audiencia de menores, misma que se fijará de oficio o a petición de alguna de las partes; se tomarán en cuenta los preceptos legales estipulados en los artículos 133, 245 y 246 de este mismo código.

"En caso de que el ascendiente, tutor, custodio, depositario, quien tenga o detente la guarda y custodia de hecho o por derecho de una niña, niño o adolescente, no se presente con el mismo a la audiencia, sin causa justificada legalmente, se dará vista a la fiscalía por la misma autoridad, o en su caso bajo querella o denuncia de las partes, en términos del artículo 329 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de I. de la Llave.

"En la resolución judicial se fijarán también las bases para actualizar las pensiones compensatoria y alimenticia, así como las garantías para su efectividad. El derecho a esta compensación del cónyuge o la cónyuge deberá durar hasta que el desequilibrio económico se haya resarcido.

"Para el caso de mayores con discapacidad, bajo tutela de excónyuges, en la sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su protección; asimismo, la sentencia de divorcio establecerá la reparación del daño en caso de violencia familiar contra cualquiera de las personas integrantes de la familia.

"El órgano jurisdiccional resolverá sobre la compensación de bienes a que haya lugar que prevé el artículo 142 fracción VI, atendiendo a las circunstancias especiales de cada caso."

99. Así, esta última porción normativa regula un aspecto dirigido a garantizar un derecho en favor de las personas con discapacidad; por lo que este Tribunal Pleno considera que el legislador del Estado de Veracruz, durante el procedimiento legislativo que dio lugar al decreto impugnado, estaba obligado a realizar la consulta identificada, toda vez que en su contenido se incluye una medida que incide en los derechos de las personas con discapacidad.

101. En efecto, durante ese proceso legislativo en el seno del Congreso, en las comisiones o en los debates, no se advierte la participación de personas con discapacidad y/o de las organizaciones que los representan y, más aún, no existe constancia alguna que revele que se practicó con ellos una consulta, pues no se aportó la convocatoria específicamente dirigida a estas personas y a las organizaciones que pueden apoyarlas, en la que se les hubiera informado de manera amplia, accesible y por distintos medios la manera en que podrían participar tanto en el proyecto de iniciativa como en el proceso legislativo, dentro del cual se debió garantizar su participación de manera previa al dictamen y durante la discusión del Pleno del órgano deliberativo.

102. Por tanto, es claro que no se practicó una consulta con las exigencias preciadas en párrafos precedentes, es decir, estrecha y con participación preferentemente directa de las personas con discapacidad, de manera accesible a sus capacidades, a partir del conocimiento oportuno de la información relevante, de manera significativa, transparente y garantizando su participación efectiva.

103. Luego, este Tribunal Pleno estima que el decreto impugnado, específicamente respecto del artículo 145, penúltimo párrafo, del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, fue emitido en franca violación al artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que, conforme al criterio que este Tribunal Pleno adoptó al fallar la acción de inconstitucionalidad 212/2020, el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, se declara su invalidez.

104. Subapartado III. Artículos 139 y 139 TER del Código Civil para el Estado de Veracruz; que forman parte de la regulación del concubinato –contenida en el nuevo capítulo IV A intitulado "Del concubinato"–, conforme se aprecia de su contenido, reproducido a continuación:

"Artículo 139. El concubinato es la unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio, que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente."

"Artículo 139 Ter. R. al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio, en lo que le fueren aplicables."

106. Ciertamente, conviene atender al proceso legislativo que dio lugar a las normas en análisis, específicamente a la exposición de motivos de la iniciativa de decreto de reforma al Código Civil para el Estado de Veracruz, presentada el doce de mayo de dos mil veinte por la diputada M.R.B., integrante del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional; iniciativa que, en lo que interesa, se reproduce a continuación:

"... Por otra parte, la presente iniciativa reconoce también al concubinato como una figura similar al matrimonio, sobre todo en cuanto a los derechos que se derivan de la unión de las personas. Ya la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en relación con dicha similitud al resolver la contradicción de tesis de epígrafe: ‘ALIMENTOS. LOS EX CONCUBINOS TIENEN DERECHO A ALIMENTOS DESPUÉS DE TERMINADA LA RELACIÓN DE CONCUBINATO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LO TIENEN LOS EX CÓNYUGES (LEGISLACIONES DE TAMAULIPAS, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL, APLICADAS EN LOS CASOS CONTENDIENTES).’, en la cual consideró que ‘se puede afirmar que tanto los cónyuges como los concubinos son parte de un grupo familiar esencialmente igual, en el que se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y solidaridad. Entonces cualquier distinción jurídica entre cónyuges y concubinos, deberá ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada, ya que de lo contrario se estaría violando el derecho fundamental a la igualdad reconocido en nuestro artículo 1o. constitucional’. ...

"Por lo antes expuesto y fundado, presentamos a esta Soberanía y ponemos a su consideración la aprobación en sus términos de la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma, deroga, adiciona y modifica diversas disposiciones del Código Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave: ...

"‘Artículo 139. El concubinato es la unión de hecho entre una mujer y un hombre que, sin que exista un contrato entre ellos, deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y, en su caso, formar una familia.’

"‘Artículo 139 TER. R. al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio, en lo que le fueren aplicables.’ ..."

107. Por su parte, el dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de veinticinco de mayo de dos mil veinte, en lo que interesa, estableció lo siguiente:

"... XII. Que por concubinato actualmente, desde la expedición de las reformas a la Carta Magna en 2011, se entiende la unión de hecho entre dos personas que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente, el cual para que se actualice requiere de ciertas características, como se desprende de los siguientes criterios jurisprudenciales:

"‘CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO.’ (se transcribe)

"‘CONCUBINATO. PARA DEMOSTRARLO BASTA CON QUE SE ACREDITE QUE LOS CONCUBINOS HAYAN VIVIDO EN COMÚN DE FORMA CONSTANTE Y PERMANENTE POR UN PERIODO MÍNIMO DE DOS AÑOS, O BIEN, QUE TENGAN UN HIJO EN COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES).’ (se transcribe)

"Los cuales, entre otros más, inspiran la determinación de este cuerpo dictaminador de incluir dicha figura jurídica en esos términos, lo cual se estima necesario adoptar en nuestra legislación por tratarse de un fenómeno que en la realidad acontece al margen de la norma local.

"En ese orden de ideas, con la finalidad de que el capítulo referente al concubinato inicie con el artículo que corresponde normando esa figura jurídica, se reforma el artículo 139 y se adiciona como párrafo al artículo 138, lo que brinda congruencia y permite mantener el principio de integralidad en la interpretación de la ley; en este capítulo del concubinato se adicionan cuatro artículos al 139, siendo éstos BIS, TER, QUATER y QUINQUIES. ..."

108. Finalmente, el acta de la tercera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones ordinarias de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, levantada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, en lo conducente, es del tenor literal siguiente:

"... Habiéndose agotado la lista de oradores, se procedió a realizar la votación nominal en lo general del dictamen, a través del sistema electrónico para los diputados que ocupan su curul y, debido a la contingencia sanitaria, de manera expresa para los diputados que ocupan los asientos que normalmente utiliza el público en la sala de sesiones del Pleno, resultando con 35 (treinta y cinco) votos a favor, 14 (catorce) en contra y 0 en abstención. Con base en el resultado de la votación emitida, el diputado presidente declaró aprobado en lo general el dictamen. Acto seguido y, de conformidad por lo dispuesto en el artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el diputado secretario consultó a la Asamblea qué diputados tenían interés de reservarse artículo para su discusión en lo particular, informando a la asamblea que la diputada M.C.F.D. (PES), se reservó el artículo 139 y el diputado G.G.V.(., se reservó el mismo artículo. Como resultado de lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 127 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el diputado presidente declaró que los artículos no reservados del referido dictamen se tienen por aprobados. A continuación, la diputada M.C.F.D.(., quien se reservó el artículo 139, hizo uso de la voz y, al efecto expuso: ‘Con fundamento en los artículos 110 y 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, procedí a reservarme el artículo 139 del dictamen que nos ocupa, ya que el Código Civil que estamos reformando dice, en su artículo 75, que el matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer, que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil. En el dictamen, la redacción del artículo 139 propone, que: ‘El concubinato es la unión de hecho entre dos personas, sin que exista contrato entre ellos, ambos se encuentren libres de matrimonio y que decidan compartir la vida para apoyarse mutuamente.’. En lo particular sostengo que si razonamos que el concubinato es equiparable al matrimonio, su definición deberá de ser en el mismo sentido. Por lo tanto, mi propuesta es que se quede el texto que lleva el artículo en la iniciativa presentada por la diputada M.R.B. que dice, artículo 139: ‘El concubinato es la unión de hecho entre una mujer y un hombre, sin que exista un contrato entre ellos, deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente y, en su caso, formar una familia.’. Acto seguido, el diputado presidente consultó al Pleno si era de admitirse para su discusión la propuesta referida, siendo rechazada en votación económica por los diputados presentes. Con base en el resultado de la votación emitida, el diputado presidente declaró que no se admite para su discusión la propuesta presentada por la legisladora; por lo que, con base en lo dispuesto por el párrafo V del artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el artículo reservado queda aprobado en los términos contenidos en el dictamen.

"Después, el diputado G.G.V.(., quien se reservó el mismo artículo hizo uso de la voz y, al efecto expuso: ‘La propuesta es la misma prácticamente, diputado presidente, amigas diputadas y diputados, porque sentimos que el concubinato es equiparable al matrimonio; aunque no estamos discutiendo matrimonio, de hecho, lo estamos haciendo desde el punto de vista legal y de derecho. Creo que esto, la verdad, no sé si sea una obsesión, no sé si sea una fijación. Desde 1990 hay una tendencia, amigas diputadas y diputados, de introducir conceptos que, si no ponemos un freno, van a destruir a la humanidad, van a destruir a la humanidad. No es un cuento personal, es un acto, es un acto de ciencia. Además, permitir porque es lo que estamos haciendo eh ... permitir el matrimonio entre hombres con hombre y mujer con mujer, que es lo que estamos haciendo orita (sic), aunque no se nos diga, es un crimen social, vamos en contra de un concepto antropológico. ¿Saben que significa votar por esto? Que a partir de 1990, un poquito antes, alguien dijo el género no existe, el género te lo determina la convivencia social, el sexo es puro cuento. Eso es lo que estamos diciendo ahorita aquí en esta reforma, el sexo hombre y mujer tenemos mil novecientos y tantos años estando engañados. No existe el sexo, existe lo que yo voy a determinar una vez que tenga la posibilidad contra natura de decidir, es decir, es un acto de creencia, es un acto de fe. ¿Qué dice la ciencia al respecto? ¿Qué dice la ciencia al respecto? La verdad, compañeros, estamos votando un matrimonio igualitario. Aunque no me lo crean estamos votando, es una trampa legislativa lo que estamos permitiendo nosotros. Aquellos que están en contra de eso estamos aprobando ese contenido tras bambalinas. Entonces, retomo el debate, es decir, a ver, el sexo yo no nací hombre, yo nací mujer, eso es mentira, «xx»; la mujer no es «xx» no es cromosoma «xx», no es «xy» el hombre. Eso es cuento de la ciencia. Yo soy lo que digo que soy, es un acto de fe. Nos acusan a nosotros, fíjense bien, nos acusan de ser un discurso subjetivo. No. La ciencia dice que el hombre es «xy» en cromosomas y la mujer es «xx». Por eso, la mujer de manera natural puede atender dos cosas o más que el hombre mismo porque tiene la carga «xx». Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de antropología, estamos hablando de conceptos modernos de psico ... de psicología moderna. Sino tenemos cuidado de lo que estamos votando en este momento, estamos permitiendo una aberración social, un crimen social para las generaciones. No son inventos nuestros, compañeros. Yo tomo el debate de matrimonio igualitario porque es lo mismo, o sea, no es, no estamos cayendo en la trampa legislativa que nos pretenden imponer. Aquí estamos nosotros aprobando contra la ciencia un acto de fe y perjudicando aquella generación que viene, de elegir. Es más, un dato, les voy a dar un dato crudo. Miren, actualmente estas tendencias de ideología de género en este concepto, actualmente hay documentos oficiales. Por eso digo que el debate debe ser serio y previo. Es lamentable estar discutiendo estas cosas sin el documento y con la prisa de quienes tienen interés popular de aprobar estas cosas en Veracruz. Miren, hay documentos oficiales que con este concepto disfrazado de organismos internacionales subsidiados por grandes capitalistas que viven de esto, le permiten al ... a la madre o al padre, le autorizan masturbar a sus hijos a partir de 4 años de edad para distinguir qué placer le va a ocasionar y qué sexo van a tomar. Hay documentos oficiales, amigas y amigos, esto no es un cuanto mío, hay organizaciones internacionales que subsidian estos movimientos con el fan... con el afán de estar sacando recursos. ¿Y quieren nombres? La fundación B.G. subsidia a la OMC. Por eso, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional impone en la agenda política a los estados-nación que se sometan a créditos ... meter a la agenda política de sus parlamentos estos temas. A partir de 1990, ahí está Canadá, es un ejemplo concreto Canadá. Canadá se ha metido de lleno a estos conceptos, lo han permitido los Congresos. El 50 % de familias en Canadá, el 50 % son divorcios, el 25 % de los niños menores de 10 años conocen a familias divorciadas por tercera o cuarta ocasión. Derivado de esta confusión social, todo esto viene y lo queremos implementar aquí en Veracruz. P. de que tome estos datos, pero son crudos y estamos tomando un debate, la verdad, sin previo aviso, con madruguete y no se vale entre nosotros porque hemos sido muy respetuosos, muy cordiales. Yo respeto todos los pensamientos, pero que nos den el tiempo y que nos den oportunidad sin trampas, sin trampas. No discrimino a nadie por pensar diferente a mí. Que me den la oportunidad defender en lo que yo creo científicamente, antropológicamente y psicológicamente hablando.’.

"A continuación, el diputado presidente consultó al Pleno si era de admitirse para su discusión la propuesta referida, siendo rechazada en votación económica por los diputados presentes. Con base en el resultado de la votación emitida, el diputado presidente declaró que no se admite para su discusión la propuesta presentada por el legislador; por lo que, con base en lo dispuesto por el párrafo V del artículo 122 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, el artículo reservado queda aprobado en los términos contenidos en el dictamen. Habiéndose aprobado en lo general y en lo particular el dictamen, el diputado presidente ordenó emitir el decreto correspondiente y su remisión al titular del Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial del Estado."

109. Del proceso legislativo reproducido se aprecia que, aunque en la iniciativa del decreto de reforma, la intención fue delimitar al concubinato bajo la concepción de una "unión de hecho entre una mujer y un hombre", lo cierto es que la comisión dictaminadora optó por atender a la doctrina jurisprudencial que ha emitido esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en esos términos, proponer la modificación del artículo 139 del Código Civil para el Estado de Veracruz para definir al concubinato como "la unión de hecho entre dos personas, sin que exista un contrato entre ellos, ambos se encuentran libres de matrimonio, que deciden compartir la vida para apoyarse mutuamente". Esto es, en lugar de dar efectos limitados a la institución del concubinato como una unión de un hombre y una mujer –implicando la diferencia en el género–, la indicada comisión puso a discusión de la Legislatura Local una concepción abierta en cuanto a que basta que se trate de dos personas –independientemente de su sexo–. 110. Siendo que, como se ha visto, fue precisamente en estos términos que fue aprobada y expedida la disposición en mención, lo que indefectiblemente lleva a concluir que la figura del concubinato puede configurarse por cualquier pareja, ya sea de diferente sexo o del mismo sexo; de ahí que los artículos 139 y 139 TER del Código Civil del Estado de Veracruz de I. de la Llave, no resultan excluyentes ni, por ende, atentan contra la autodeterminación de las personas, contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad ni contra los principios de igualdad y no discriminación en razón de la preferencia sexual de las personas, sino que, al contrario, son consistentes con la tesis de la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO.",(21) así como con el criterio sustancial contenido en la diversa tesis también de la Primera Sala de este Alto Tribunal, rubro: "CONCUBINATO. CUANDO SU DEFINICIÓN CONDICIONA SU EXISTENCIA A LA UNIÓN DE UN HOMBRE Y UNA MUJER, OPERAN LAS RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EMITIDAS RESPECTO A LA DEL MATRIMONIO CON LA MISMA CONDICIONANTE."(22)

111. No es óbice el hecho de que el artículo 139 TER del Código Civil para el Estado de Veracruz establezca que: "regirán al concubinato todos los derechos y obligaciones inherentes al matrimonio, en lo que le fueren aplicables", dado que esta referencia a la institución del matrimonio debe entenderse en sus estrictos términos, es decir, sólo tiene como finalidad indicar que las normas que regulan esos derechos y obligaciones son aplicables al concubinato, pero de ninguna manera puede entenderse que esta última figura se configure a partir de la definición que la misma legislación otorga al matrimonio, habida cuenta de que, se insiste, conforme a la interpretación gramatical del artículo 139 del cuerpo legal en comento, no existe duda de que el concubinato que regula comprende a parejas tanto heterosexuales como homosexuales.

112. Por tanto, dado que los artículos 139 y 139 TER del Código Civil para el Estado de Veracruz no resultan excluyentes, procede reconocer su validez.

113. Tema B. Impedimento para que se asiente en el acta de nacimiento al progenitor, hombre o mujer, que haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, aduce como pretensión esencial que el indicado impedimento, previsto en el artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz, implica una privación de reconocimiento de la filiación con el pretexto de la moralidad de los actos de sus progenitores.

114. A efecto de analizar la pretensión expuesta, es de destacarse que de los artículos 4o., párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(23) 3 y 6 a 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño(24) –adoptada el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve y ratificada por México el diecinueve de junio de mil novecientos noventa– y 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos(25) –adoptada el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve y ratificada por México el tres de febrero de mil novecientos ochenta y uno– deriva el deber del Estado de adoptar las medidas adecuadas para asegurar los derechos humanos de los menores y preservar su desarrollo; obligación que constituye el principio del interés superior del menor, que ha sido ampliamente desarrollado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

118. Ahora, dada la litis a resolver, también debe abordarse el derecho a la identidad reconocido en el artículo 4o., párrafo séptimo, de la Constitución Federal, que dispone que "toda persona tiene derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La autoridad competente expedirá gratuitamente la primera copia certificada del acta de registro de nacimiento."

119. Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no consagra textualmente el derecho a la identidad, pero sí tutela de forma expresa diversos elementos que la integran, como el derecho al nombre (artículo 18), el derecho a la nacionalidad (artículo 20), el derecho a la personalidad jurídica (artículo 3) y, en materia de menores, un cúmulo de derechos derivados de su reconocimiento identitario (artículo 19). Mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño establece que las autoridades administrativas, los tribunales o los órganos legislativos en todas las medidas que tomen concernientes a los niños atenderán primordialmente el interés superior del niño (artículo 3); que éste debe ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento y que tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres (artículo 7); que los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley, sin injerencias ilícitas; y, finalmente, que cuando un niño sea privado ilegalmente de alguno de los elementos de su identidad o de todos ellos, las instituciones deberán prestar la asistencia y protección debidas con miras a reestablecer rápidamente su identidad (artículo 8).

121. Como puede apreciarse, el Constituyente Permanente enunció de manera expresa el derecho a la identidad que debe protegerse desde el momento del nacimiento, desde luego, a través del registro inmediato y de la generación del acta correspondiente. Además, si bien la Constitución General sólo lo sugiere, los instrumentos internacionales son expresos al indicar que ese derecho a la identidad comprende el derecho humano a tener un nombre y, en la medida de lo posible, a conocer a los padres, a efecto de preservar las relaciones familiares.

123. Pero, además, la importancia de ese derecho fundamental a la identidad no sólo radica en la posibilidad de conocer el nombre y el origen biológico (ascendencia), sino que, a partir de ese conocimiento, puede derivarse, en primer lugar, el derecho del menor a tener nacionalidad, además de que incide directamente en su dignidad humana, pues le permite constituir su individualidad en un escenario de relaciones familiares y sociales y, más aún, también se deriva el derecho del menor de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento, para su desarrollo integral.

124. Todo lo anterior permite concluir que, no únicamente con base en nuestra Ley Fundamental, sino en diversas normas internacionales basadas, desde luego, en el principio del interés superior de la niñez, debe garantizarse el derecho del menor a conocer su filiación, esto es, la identidad de sus ascendientes, toda vez que de esta circunstancia se deriva el derecho del infante a percibir de sus ascendientes la satisfacción de sus necesidades y a obtener así una vida digna que permita su desarrollo.

125. Y, en estos términos, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes dispone que, por virtud del derecho a la identidad, las niñas, niños y adolescentes tienen derecho, en lo que interesa, a: 1) contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita; 2) contar con nacionalidad; 3) conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible; y, 4) a preservar su identidad y sus relaciones familiares. Prerrogativas que, desde luego, deben ser garantizadas, protegidas y materializadas por todas las autoridades federales, de las entidades federativas, municipales y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias.

126. Cabe precisar que la Primera Sala, en la ejecutoria relativa al ya citado amparo en revisión 852/2017, desarrolló el derecho a la identidad en comento conforme a las consideraciones siguientes:

• El derecho a la identidad es inherente al ser humano y tiene como sustento la dignidad humana; es un derecho indispensable para que la persona configure su individualidad (el autoconocimiento y la construcción de la imagen propia), de manera que la identidad personal es un derecho íntimamente ligado a la persona en su individualidad específica y vida privada, pero también es un derecho necesario para el ejercicio de las relaciones del individuo con la familia, la sociedad y el Estado, de manera que tiene injerencia directa en el desarrollo de vínculos en los distintos ámbitos de la vida de la persona.

• Este derecho entraña una importancia especial durante la niñez, conforme a lo cual se desarrollan otros derechos específicos, destacándose el relativo a tener un nombre, a tener un registro de nacimiento, a conocer la propia historia filial en sus orígenes genéticos cuando ello es posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos, al reconocimiento de la personalidad jurídica y a la nacionalidad, a la filiación y a los derechos emanados de ella, como son los alimentarios y los sucesorios.

• El derecho a la identidad se dota de contenido, entre otras hipótesis, en el momento en que se determina la filiación de una persona; entendida ésta como un derecho humano que implica el vínculo jurídico que existe entre dos personas en la que una se identifica como descendiente de la otra, y puede darse como una consecuencia de hechos biológicos, pero también de actos o hechos jurídicos.

• La doctrina tradicional ha clasificado a la filiación de la siguiente manera: i) la matrimonial –vínculo que supone que el hijo fue concebido entre el padre y la madre durante su matrimonio, es decir, el momento de la concepción es determinante para la existencia de la filiación, pues existiendo matrimonio entre los padres, la filiación del hijo respecto del padre, goza de una presunción legal–; ii) la natural –que presupone que no hay un vínculo matrimonial entre el padre y la madre, por lo que el hijo nace fuera de matrimonio y la filiación con la madre se genera por el hecho del nacimiento, mientras que, respecto del padre, la filiación tendrá que establecerse mediante un reconocimiento que haga éste (entre otras vías, ante el oficial del Registro Civil en la partida de nacimiento), o por sentencia judicial que declare la paternidad–; y, iii) la civil –que se constituye a través de la adopción–.

127. Este precedente, a su vez, revela la importancia de otros dos pronunciamientos de este Alto Tribunal sobre dos aspectos atinentes a la litis que nos ocupa, a saber:

I.A. tenor del derecho de identidad, el menor de edad tiene derecho a saber quién es, cuál es su nombre, cuáles son sus orígenes y quiénes son sus padres como parte de la identidad biológica, lo que ha sido reconocido por la Primera Sala en la contradicción de tesis 430/2013,(44) en la que concluyó que la tendencia debe ser que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica –aunque no siempre es posible por la realidad fáctica, como sucede en la adopción o la procreación asistida por donación de gametos, o porque el ordenamiento jurídico hace prevalecer otros intereses que considera jurídicamente relevantes, como cuando se privilegia un estado de familia consolidado en el tiempo–. Fallo que dio lugar a las tesis cuyos rubros son del tenor literal siguiente: "FILIACIÓN. FORMA EN QUE OPERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA APLICADOS A CASOS CONCRETOS."(45) y "FILIACIÓN. ALCANCES Y LÍMITES DEL PRINCIPIO DE VERDAD BIOLÓGICA."(46) II. El tipo de filiación que se produce fuera del matrimonio; sobre la cual la propia Primera Sala se ha pronunciado sobre la igualdad entre la filiación matrimonial y extramatrimonial, desde luego, en relación con los niños y las niñas, toda vez que, al fallar el amparo directo en revisión 1446/2016,(47) estableció que, aunque no tiene consagración constitucional expresa, deriva de una interpretación sistemática de los derechos humanos a la igualdad, no discriminación y protección de la familia; sobre todo porque ese derecho se encuentra expresamente tutelado en el artículo 17.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que dispone que "La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo", así como en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece la equiparación de la filiación matrimonial y extramatrimonial.(48)

129. Pues bien, debe atenderse a la regulación que sobre el reconocimiento de los hijos y las actas de nacimiento prevé el Código Civil para el Estado de Veracruz, en la que se encuentra el artículo 319, que expresamente dispone que el hijo reconocido tiene derecho: i) a llevar el apellido del que lo reconoce; ii) a ser alimentado por éste; y, iii) a percibir la porción hereditaria y los alimentos que fije la ley. Siendo que, desde luego, el reconocimiento se materializa, en principio y entre otras formas, a través del acta derivada del registro inmediato al nacimiento ante el oficial del Registro Civil.

130. En efecto, adquieren relevancia los términos en que se expide la partida de nacimiento –dado que la norma impugnada cobra aplicación precisamente en esa etapa–, por lo que debe atenderse al contenido de los artículos 48, 685 y 686 del propio Código Civil para el Estado de Veracruz, que dicen:

"Artículo 48. Las hijas e hijos nacidos fuera de matrimonio llevarán el nombre o nombres que les impongan quien o quienes hagan el reconocimiento, seguidos del primer apellido de la madre y el del padre en el orden que éstos acuerden.

"Si solamente hace el reconocimiento la madre o el padre, llevarán los dos apellidos de quien haga el reconocimiento."

"Artículo 685. Cuando el nacido fuere presentado como hijo de matrimonio, se asentarán los nombres, domicilio, nacionalidad y edad de los padres; los nombres, domicilio y nacionalidad de los abuelos y los de quienes hubieren hecho la presentación.

"Los testigos de que habla el artículo 690 declararán también acerca de la nacionalidad de los padres y de los abuelos del presentado al registro."

"Artículo 686. El padre y la madre están obligados a reconocer a sus hijas e hijos.

"Cuando no estén casados, el reconocimiento se hará concurriendo los dos personalmente o a través de sus representantes ante el Registro Civil. En el caso de la concurrencia de sólo uno de los padres, se estará a lo previsto en el artículo 48.

"La investigación tanto de la maternidad como de la paternidad, podrá hacerse ante los tribunales de acuerdo con las disposiciones relativas de este código.

"Además de los nombres de los padres, se hará constar en el acta de nacimiento su nacionalidad, edad, ocupación y domicilio."

131. Conforme a estos preceptos, el legislador impone como obligación expresa que tanto los padres como las madres reconozcan a sus hijos e hijas; sobre lo cual se actualizan los supuestos siguientes:

• Cuando el nacido se presente como hijo de matrimonio, se asentarán en el acta de nacimiento los nombres, domicilio, nacionalidad y edad de los padres, entre otros datos.

• Cuando el nacido se presenta como hijo nacido fuera de matrimonio también se asentarán los nombres, domicilio, nacionalidad, edad y ocupación de los padres.

• Tratándose de hijas e hijos presentados fuera de matrimonio, llevarán el primer apellido de los padres que lo reconozcan o, en el caso de que sólo uno de ellos lo haga, llevarán los dos apellidos de éste.

132. Más aún, en este último caso de hijas e hijos nacidos fuera del matrimonio, existen normas específicas sobre el reconocimiento, entre ellas, los artículos 299 y 302 del Código Civil para el Estado de Veracruz, que dicen:

"Artículo 299. El reconocimiento de un hijo nacido fuera de matrimonio, deberá hacerse de alguno de los modos siguientes:

"I. En la partida de nacimiento, ante el encargado del Registro Civil;

"II. Por acta especial ante el encargado;

"III. Por escritura pública;

"IV. Por testamento;

"V. Por confesión judicial directa y expresa."(50)

"Artículo 302. El hijo de hombre o mujer casados, habido durante el matrimonio con persona distinta del cónyuge, podrá ser reconocido por los progenitores, sin perjuicio de lo que al respecto prevean los Códigos Civil y Penal del Estado."

133. Estas disposiciones permiten el reconocimiento de un hijo nacido fuera del matrimonio, que también se materializa en la partida de nacimiento ante el encargado del Registro Civil (o, en su defecto, por acta especial ante el encargado, por escritura pública, por testamento o por confesión judicial directa y expresa). Y, más aún, establece, al menos como posibilidad, que la hija o hijo nacido de un hombre o una mujer casados, y de otra persona distinta del cónyuge, sea reconocido por los progenitores; pero indica como salvedad lo que establezcan otros preceptos de la legislación local.

134. Y así se configura la hipótesis específica a que se refiere el artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz,(51) que constituye la norma impugnada y que es del contenido literal que se reproduce a continuación:

"Artículo 687. En atención al interés superior de la infancia, en ninguna circunstancia se permitirá que se consigne en el acta como progenitor, a quien, hombre o mujer, haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción, teniendo, además, en consideración las circunstancias de excepción a que se refiere el artículo 315."

135. Al respecto, es de destacarse que, en el proceso legislativo respectivo, específicamente en la exposición de motivos de la iniciativa de decreto de reforma presentada el doce de mayo de dos mil veinte por la diputada M.R.B., integrante del grupo legislativo del Movimiento Regeneración Nacional, no se expuso razón alguna de la propuesta, sino que únicamente se puso a consideración el texto ya reproducido.

136. Mientras que el dictamen de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales de veinticinco de mayo de dos mil veinte, en lo que interesa, estableció lo siguiente:

"... XXVIII. Que, en cuanto al artículo 687 del documento que se estudia, se actualiza su contenido, toda vez que establece referencias a sus correlativos 311 y 312 que actualmente se encuentran derogados, y se reforma su contenido atendiendo de igual forma, al interés superior del menor. ..."

137. Finalmente, el acta de la tercera sesión ordinaria del segundo periodo de sesiones ordinarias de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, levantada el veintiocho de mayo de dos mil veinte, no contiene discusión alguna sobre la norma en comento, pues el decreto se aprobó en lo general en términos del artículo 127 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo del Estado,(52) sin que se hiciera reserva alguna.

138. Así, se aprecia que, a través de la disposición impugnada, el legislador expresamente prohíbe que se asiente en el acta el nombre del progenitor –ya sea hombre o mujer– que, en la época de la concepción o en el momento del nacimiento, haya estado casado con otra persona, salvo que se configure el supuesto a que se refiere el artículo 315 del propio Código Civil para el Estado de Veracruz, es decir, que exista una previa investigación por parte del hijo o sus descendientes en la que quede acreditado, por cualquier medio de prueba, la maternidad o paternidad; siendo conveniente reproducir ciertas disposiciones del propio ordenamiento legal que guardan relación con esta hipótesis de excepción, a saber:

"Artículo 315. Está permitido al hijo nacido fuera del matrimonio y a sus descendientes, investigar la maternidad o la paternidad, las cuales pueden acreditarse por cualquiera de los medios de prueba."

"Artículo 318. Las acciones de investigación de paternidad o maternidad, sólo pueden intentarse durante la vida de los padres; y sólo competen al hijo, y a falta de éstos a sus descendientes.

"Si los padres hubieran fallecido durante la menor edad del hijo, la acción puede intentarse antes de que se cumplan cuatro años de la mayor edad de éste, y se ejercitará contra el representante de la sucesión del presunto padre o de la presunta madre.

"El Ministerio Público podrá ejercitar la acción de investigación de paternidad o maternidad, en los casos de la fracción I del artículo 314; pero sólo dentro de los términos y contra las personas que se indican en los párrafos anteriores."

139. En esa virtud, aunque la legislación local en análisis impone como deber de todos los progenitores reconocer a sus hijos –ya sea dentro o fuera del matrimonio– y, todavía más, prevé la posibilidad de que los padres o madres que, estando casados, tengan un hijo o una hija con persona distinta de su cónyuge, reconozcan a ese hijo o hija, lo cierto es que en este último caso impide que se asiente en el acta el nombre del progenitor que, en la época de la concepción o en el momento del nacimiento, haya estado casado con otra persona, hasta en tanto no se desarrolle la acción de investigación de paternidad o maternidad.

141. En efecto, es de reiterarse que el artículo 4, párrafo séptimo, de la Constitución General establece que, por virtud del derecho a la identidad, toda persona tiene derecho "a ser registrada de manera inmediata", mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 7, dispone que "El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres" y, en su artículo 8o., indica que "los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares". Y, en esos términos, las mismas normas imponen al Estado la obligación de garantizar estos derechos a través del contenido de la legislación nacional, así como del restablecimiento de los elementos de su identidad cuando un niño sea privado ilegalmente de ellos.

142. En ese tenor, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reitera ese derecho a la identidad conforme al cual las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser inscritos en el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita a su nacimiento, desde luego, con nombre y los apellidos que les correspondan, pues la intención es que quede constancia de su filiación y de su origen, en la medida de lo posible, preservando su identidad y sus relaciones familiares.

143. Así, es claro que aunque la Constitución Federal sólo ordene el registro inmediato del nacimiento de los niños y niñas, lo cierto es que éste debe entenderse como un registro completo que satisfaga el principio del interés superior del menor y, en esos términos, deberá cumplir con los estándares del derecho a la identidad que ya han sido analizados y desarrollados en la primera parte de este apartado, a saber, el derecho humano a tener un nombre y, en la medida de lo posible, a conocer a los padres, a efecto de preservar las relaciones familiares.

144. De ahí que, para que queden satisfechos estos derechos al nombre y a la identidad biológica, se insiste, de manera inmediata al nacimiento, es necesario que en las actas quede registrado, hasta donde sea posible, el nombre de los progenitores –siempre que no sea imposible por la realidad fáctica o porque se hagan prevalecer otros intereses–, a efecto de que se materialice el reconocimiento del menor y se integre el nombre con los apellidos que le correspondan, sin que sea válido imponer algún tipo de restricción o interferencia en la decisión del reconocimiento.

145. Sin embargo, el legislador estatal, mediante la norma en estudio, condiciona la posibilidad de que se consigne en el acta el nombre del progenitor que hubiere estado casado con otra persona en el tiempo de la concepción o del nacimiento, a que previamente se ejerza la acción de reconocimiento de paternidad o maternidad, lo que, desde luego, limita el derecho a la identidad del menor tanto en la vertiente del nombre como de la identidad biológica, porque impide que tenga un reconocimiento jurídico expedito de su filiación –al menos con uno de sus progenitores, pero, incluso, en algún caso, podría configurarse la consecuencia respecto de ambos–, lo que le priva de su identificación familiar y social, pues le prohíbe adquirir un registro de su verdadero origen biológico, aunque sea de manera temporal.

146. Esto es, el precepto en análisis, al señalar que "en ninguna circunstancia se permitirá que se consigne en el acta como progenitor, a quien, hombre o mujer, haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción", proscribe el reconocimiento de la filiación de un menor que se encuentra en esta situación y, por ende, le priva del nombre que conforme a su origen biológico le corresponde. Proscripción que, además, repercute en el desconocimiento de otras prerrogativas específicas como lo son conocer la propia historia filial en sus orígenes genéticos, el reconocimiento de la personalidad jurídica, la nacionalidad e, incluso, los alimentarios y los sucesorios.

148. Ciertamente, a partir del contenido normativo se aprecia una diferencia de trato entre dos situaciones, porque, al establecer una limitante para que se asiente en el acta de nacimiento el nombre del progenitor que, estando casado, tenga un hijo o una hija con persona distinta de su cónyuge –hasta en tanto no se desarrolle la acción de investigación de paternidad o maternidad–, distingue entre hijos nacidos de un matrimonio y aquellos que nacidos de una relación mantenida estando vigente un vínculo matrimonial con otra persona. Siendo que, además, se trata de sujetos comparables, pues tanto unos como otros son menores (niños y niñas) con un origen biológico y con derecho al reconocimiento de sus progenitores desde el momento de su nacimiento –en la medida de lo posible–, específicamente, a través del acta derivada del registro inmediato.

149. En este contexto, a efecto de determinar bajo qué escrutinio se analizará la disposición en estudio, es de destacarse que el estricto se realiza cuando la norma emplea como indicador del trato distintivo uno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1 de la Constitución General o cualquier otro que atente contra la dignidad humana,(53) mientras que el test ordinario de razonabilidad se desarrolla en aquellos casos en los que la diferencia de trato no tiene como base alguno de esos criterios.

152. En primer lugar, por lo que hace a la exigencia de que la distinción persiga una finalidad u objetivo constitucionalmente importante y claro, este Tribunal Pleno considera que, aun cuando la norma impugnada expresamente señala que el mandato que contiene se expide "en atención al interés superior de la infancia", lo cierto es que no se aprecia que, efectivamente, la prohibición de que se asiente en el acta de nacimiento el nombre del progenitor que, estando casado, tenga un hijo o una hija con persona distinta de su cónyuge, constituya una medida consistente con los derechos o debido desarrollo del menor.

153. Ciertamente, como ha quedado expuesto, el conocimiento de la identidad, tratándose de los menores, se constituye como un derecho humano de especial relevancia en virtud del cual un niño o niña adquiere su nombre derivado de su filiación y, al mismo tiempo, conoce su ascendencia, tiene incidencia en su nacionalidad, en su dignidad humana (individualidad), y en su desarrollo personal en un escenario de relaciones familiares y sociales; además de que repercute en el derecho del menor de que sus ascendientes satisfagan sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento.

154. Así, es claro que, contrariamente a lo que estableció el legislador, la norma impugnada no encuentra una justificación, menos aún, de orden relevante, en el principio del interés superior de la niñez, pues conforme a éste debe garantizarse el derecho del menor a que se reconozca su filiación a través de la identificación de sus ascendientes biológicos –en la medida de lo posible–, siendo que dicha norma, al contrario, impone una limitación a ese reconocimiento, pues exige que previamente se sustancie el juicio de investigación de paternidad o maternidad. 155. Más aún, tampoco puede considerarse que el precepto en estudio encuentra su justificación en el principio de protección a la familia que establece el artículo 4o., párrafo primero, de la Constitución General,(56) toda vez que este principio supera la concepción tradicional de familia –integrada por los cónyuges o concubinos y los hijos haciendo una vida en convivencia en el mismo hogar–, dado que ésta ha mutado, como lo reconoció el Tribunal Pleno en la tesis de rubro: "MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER."(57)

156. Y, en este tenor, la complejidad de las relaciones humanas ha llevado a situaciones no tradicionales que, en el escenario que se analiza, provoca que la protección a la familia abarque no sólo a la que se integra con el matrimonio, sino también filiaciones derivadas de relaciones extramatrimoniales.

157. Sobre todo porque, a diferencia de otros tiempos en los que se daba preeminencia a la institución del matrimonio y a la dignidad de los cónyuges –protegiéndolos de escándalos y pugnando siempre por su conservación–, la realidad actual exige la tutela de la infancia ante todo, lo que, incluso, está reflejado en el texto de la Carta Magna, dadas las reformas constitucionales que han primado al principio del interés superior del menor y a la protección de su identidad, por lo que no existe razón alguna que provoque o justifique una consecuencia en contra del menor de tal magnitud que le impida obtener el registro de su nacimiento de manera inmediata y bajo la identidad que efectivamente le corresponde –hasta donde sea posible–; máxime que así lo ordenan los artículos 4o., párrafo séptimo, de la Constitución General, 7 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y 19 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

158. Así, este Tribunal Pleno no encuentra alguna finalidad objetiva y constitucionalmente relevante que permita al legislador establecer un trato desigual entre las filiaciones matrimoniales y las extramatrimoniales, en lo relativo al derecho de identidad de los menores y, por ende, de ser reconocido desde su nacimiento por sus progenitores biológicos, se insiste, hasta donde sea posible.

159. En ese tenor, ni siquiera es el caso de analizar el segundo y el tercero de los pasos del escrutinio apuntado.

160. Cabe precisar que la conclusión alcanzada no descansa en el hecho de que siempre y necesariamente deba darse preeminencia al reconocimiento del vínculo biológico, pues no se soslaya que este Alto Tribunal, en particular la Primera Sala, ha determinado supuestos en los que reconoce la filiación jurídica al margen de la existencia de un vínculo biológico, ya sea porque así lo exige la realidad fáctica –en el caso de la adopción o de la reproducción asistida– o porque el ordenamiento jurídico hace prevalecer otros intereses que considera jurídicamente relevantes –como la estabilidad de las relaciones familiares–.

161. Empero, en lo que sí encuentra cimiento el vicio de inconstitucionalidad es en el hecho de que la norma prohíbe de manera absoluta que en un inicio se haga el reconocimiento de hijos procreados por hombres o mujeres casados con personas distintas de su cónyuge, lo que conlleva que, aun en los casos en que sea fáctica y volitivamente posible y sin que exista algún otro interés relevante en relación con la situación del menor, no pueda darse ese reconocimiento hasta que no se sustancie el juicio de investigación de paternidad o maternidad.

162. Por tanto, el artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz es inconstitucional, ya que, al proscribir la posibilidad de asentar en el acta de nacimiento como progenitor al padre o madre que haya estado casado con otra persona en la época de la concepción o del nacimiento, atenta contra el derecho de identidad apreciado a partir del principio del interés superior del menor, así como contra el derecho a la igualdad y no discriminación; de ahí que se declara su invalidez.

163. En resumen, en atención a todo lo expuesto a lo largo de este considerando, se concluye que los artículos 48 –con la salvedad a la que se hará referencia a continuación–, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 Ter, 141, 142, 144, 145 –con las salvedades a las que se hará referencia a continuación– 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES, y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, son acordes al Texto Constitucional –por lo que se reconoce su validez–; mientras que los artículos 47, específicamente en el enunciado normativo que indica "su madre o su padre", 48, párrafo primero, específicamente en el enunciado normativo que indica "de la madre y el del padre", 75, específicamente en el enunciado normativo que indica "un solo hombre y de una sola mujer", 145, párrafo tercero, específicamente en el enunciado normativo que indica "con la madre y el padre", y penúltimo, primera parte, y 687 del mismo ordenamiento legal resultan violatorios de derechos fundamentales –por lo que procede declarar su invalidez–.

VI. Efectos

164. Conforme a los artículos 41, fracción IV, y 42, párrafos primero y tercero, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(58) aplicables al presente medio de control en términos del artículo 73 del propio ordenamiento,(59) se impone declarar la invalidez del artículo 145, penúltimo párrafo, del Código Civil del Estado de Veracruz, ante la ausencia de consulta a las personas con discapacidad; sobre lo cual, a efecto de que se genere una consecuencia acorde a la eficacia de ese derecho humano, esa declaración de invalidez no se limita a su expulsión del orden jurídico, sino que conlleva la obligación constitucional de que el referido órgano legislativo desarrolle la consulta correspondiente cumpliendo con los parámetros establecidos en esta determinación y, con base en sus resultados, emita la disposición que corresponda.

165. También procede declarar la invalidez de los artículos 47, específicamente en el enunciado normativo que indica "su madre o su padre", 48, párrafo primero, específicamente en el enunciado normativo que indica "de la madre y el del padre", y 145, párrafo tercero, específicamente en el enunciado normativo que indica "con la madre y el padre", del Código Civil para el Estado de Veracruz, derivado de que reiteran la exclusión de la figura del matrimonio de las parejas del mismo sexo.

166. Y, con apoyo en la jurisprudencia de este Tribunal Pleno de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS.",(60) procede extender la declaratoria de invalidez al artículo 75 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en la porción normativa que indica "un solo hombre y de una sola mujer", por tratarse de una cuestión de concepto estrechamente relacionada con las porciones normativas impugnadas y declaradas inválidas conforme al párrafo que antecede.

168. Finalmente, también se impone declarar la invalidez del artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz, dado el trato discriminatorio y la violación al derecho de identidad que implica la prohibición de asentar los nombres de los progenitores en las actas de nacimiento de las hijas e hijos nacidos de relaciones extramatrimoniales.

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE:

PRIMERO.—Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad y su acumulada.

SEGUNDO.—Se reconoce la validez de los artículos 48 –con la salvedad precisada en el punto resolutivo tercero–, 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 139, 139 ter, 141, 142, 144, 145 –con las salvedades precisadas en el punto resolutivo tercero–, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte; en la inteligencia de que, en la interpretación y aplicación de las porciones normativas "un solo hombre y una sola mujer" y "como marido y mujer" o similares y equivalentes, contenidas en diversos preceptos del código impugnado y en otros ordenamientos de la propia entidad federativa, vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato (comprendido en el libro primero, título IV, capítulo IV-A de ese código), deberán entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o diferente sexo, de conformidad con los considerandos quinto y sexto de esta decisión.

TERCERO.—Se declara la invalidez de los artículos 47, en su porción normativa "su madre o su padre", 48, párrafo primero, en su porción normativa "de la madre y el del padre", 145, párrafos tercero, en su porción normativa "con la madre y el padre", y penúltimo, y 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformados mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte y, por extensión, la de su diverso artículo 75, en su porción normativa "un solo hombre y de una sola mujer", las cuales surtirán sus efectos a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Veracruz de I. de la Llave, en términos de los considerandos quinto y sexto de esta determinación.

CUARTO.—P. esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de I. de la Llave, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los considerandos primero, segundo y tercero relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad y a la legitimación.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M. salvo por la procedencia respecto del artículo 132, O.A., A.M. salvo por la procedencia respecto del artículo 132, P.H. salvo por la procedencia respecto del artículo 132, R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando cuarto, relativo a las causas de improcedencia.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M. salvo el artículo 151, párrafo segundo, en su porción normativa "de la y el cónyuge", P.H. salvo el artículo 151, párrafos primero, en su porción normativa "la cónyuge no esté embarazada", y segundo, en su porción normativa "de la y el cónyuge", R.F. salvo el artículo 151, párrafo segundo, en su porción normativa "de la y el cónyuge", L.P., P.D. y presidente Z.L. de L. salvo el artículo 151, párrafos primero, en su porción normativa "la cónyuge no esté embarazada", y segundo, en su porción normativa "de la y el cónyuge", respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema A, subapartado II, consistente en reconocer la validez de los artículos 48, salvo su párrafo primero, en su porción normativa "de la madre y el del padre", 77, 92, fracción XI, 98, 100, 132, 141, 142, 144, 145 salvo sus párrafos tercero, en su porción normativa "con la madre y el padre", y penúltimo, 148, 151, 241, 242 TER, 252 BIS, 254 SEPTIES y 725 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformados y adicionados, respectivamente, mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los considerandos quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema A, subapartado III, y sexto, relativo a los efectos, consistentes, respectivamente, en reconocer la validez de los artículos 139 y 139 TER del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformado y adicionado, respectivamente, mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte y en determinar que, en la interpretación y aplicación de las porciones normativas "un solo hombre y una sola mujer" y "como marido y mujer" o similares y equivalentes, contenidas en diversos preceptos del código impugnado y en otros ordenamientos de la propia entidad federativa, vinculados tanto con el matrimonio como con el concubinato (comprendido en el libro primero, título IV, capítulo IV-A de ese código), deberán entenderse que estas instituciones involucran a dos personas del mismo o diferente sexo.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M. con precisiones, P.H. apartándose de las consideraciones, R.F. apartándose de algunas consideraciones, L.P. en contra de las consideraciones, P.D. y presidente Z.L. de L. en contra de las consideraciones, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema A, subapartado I, consistente en declarar la invalidez del artículo 47, en su porción normativa "su madre o su padre", del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformado mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte. Las señoras Ministras y los señores Ministros G.O.M., E.M., O.A., A.M., P.H., L.P. y presidente Z.L. de L. anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., O.A., A.M., P.H., R.F., L.P. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema A, subapartado II, consistente en declarar la invalidez del artículo 48, párrafo primero, en su porción normativa "de la madre y el del padre", del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformado mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte. La señora M.E.M., por la interpretación conforme, y el señor M.P.D. votaron en contra.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., O.A., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema A, subapartado II, consistente en declarar la invalidez del artículo 145, párrafo tercero, en su porción normativa "con la madre y el padre", del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformado mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte. La señora M.E.M. votó en contra, por la interpretación conforme de la referida porción normativa.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., O.A., A.M., P.H., R.F. por razones adicionales, L.P. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema A, subapartado II, consistente en declarar la invalidez del artículo 145, párrafo penúltimo, del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformado mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte. La señora M.E.M. y el señor M.P.D. votaron en contra.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores Ministros G.O.M. apartándose de las consideraciones, G.A.C. separándose de las consideraciones del examen de igualdad, E.M., O.A., A.M., P.H. apartándose de ciertas consideraciones y por razones distintas y adicionales, R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L. apartándose de ciertas consideraciones y por razones distintas y adicionales, respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su tema B, consistente en declarar la invalidez del artículo 687 del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, reformado mediante el Decreto Número 569, publicado en la Gaceta Oficial de dicha entidad federativa el diez de junio de dos mil veinte. Las señoras Ministras y los señores M.G.A.C., O.A., P.H. y presidente Z.L. de L. anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en declarar la invalidez, por extensión, del artículo 75, en su porción normativa "un solo hombre y de una sola mujer", del Código Civil para el Estado de Veracruz de I. de la Llave, y determinar que las declaratorias de invalidez decretadas surtan efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso de Veracruz de I. de la Llave.

En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L.. El señor M.J.M.P.R. no asistió a la sesión de treinta de mayo de dos mil veintidós previo aviso a la presidencia.

El señor Ministro presidente Z.L. de L. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 12/2011 citada en esta sentencia, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 875, con número de registro digital: 161270.

La tesis de jurisprudencia de rubro: "ALIMENTOS. LOS EX CONCUBINOS TIENEN DERECHO A ALIMENTOS DESPUÉS DE TERMINADA LA RELACIÓN DE CONCUBINATO, EN LOS MISMOS TÉRMINOS QUE LO TIENEN LOS EX CÓNYUGES (LEGISLACIONES DE TAMAULIPAS, GUERRERO Y DISTRITO FEDERAL, APLICADAS EN LOS CASOS CONTENDIENTES)." citada en esta sentencia, aparece publicada con la clave 1a./J. 83/2012 (10a.) en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIX, Tomo 1, abril de 2013, página 653, con número de registro digital: 2003218.

Las tesis aisladas de rubros: "CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO." y "CONCUBINATO. PARA DEMOSTRARLO BASTA CON QUE SE ACREDITE QUE LOS CONCUBINOS HAYAN VIVIDO EN COMÚN DE FORMA CONSTANTE Y PERMANENTE POR UN PERIODO MÍNIMO DE DOS AÑOS, O BIEN, QUE TENGAN UN HIJO EN COMÚN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES)." citadas en esta sentencia, aparecen publicadas con los números de identificación 1a. CCCXVI/2015 (10a.) y XXX.3o.6 C (10a.) en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas y 25 de enero de 2019 a las 10:26 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 23, Tomo II, octubre de 2015, página 1646; y 62, T.I., enero de 2019, página 2376, con números de registro digital: 2010270 y 2019067, respectivamente.

Las tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2015 (10a.), 1a./J. 84/2015 (10a.), 1a./J. 86/2015 (10a.), P./J. 25/2016 (10a.) y aislada 2a. X/2017 (10a.) citadas en esta sentencia, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 14 de agosto de 2015 a las 10:05 horas, 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas, 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas y 3 de marzo de 2017 a las 10:06 horas, así como en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libros 21, Tomo I, agosto de 2015, página 394; 25, Tomo I, diciembre de 2015, páginas 186 y 187; 35, Tomo I, octubre de 2016, página 65; y 40, T.I., marzo de 2017, página 1394, con números de registro digital: 2009726, 2010676, 2010677, 2012802 y 2013789, respectivamente.

________________

1. "PRIMERO. Se suspende toda actividad jurisdiccional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte por lo que, con la salvedad indicada en el punto segundo de este acuerdo general, esos días se declaran como inhábiles, en la inteligencia de que no correrán términos."

2. "SEGUNDO. A partir del tres de agosto de dos mil veinte, se levanta la suspensión de plazos en los asuntos de la competencia de este Alto Tribunal, sin menoscabo de aquellos que hayan iniciado o reanudado en términos de lo previsto en los puntos tercero de los Acuerdos Generales 10/2020 y 12/2020, así como Cuarto del diverso 13/2020. Lo anterior implica la reanudación de los plazos en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio."

3. Jurisprudencia P./J. 7/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, página mil quinientos trece, registro digital: 172641, que dice:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. QUIÉNES SE ENCUENTRAN LEGITIMADOS PARA PROMOVERLA ATENDIENDO AL ÁMBITO DE LA NORMA IMPUGNADA. La fracción II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece de manera limitativa y expresa quiénes son los sujetos legitimados para promover una acción de inconstitucionalidad; sin embargo, no todos ellos pueden plantear ese medio de control constitucional contra cualquier ley, sino que su legitimación varía en función del ámbito de la norma que pretende impugnarse, es decir, si se trata de leyes federales, locales, del Distrito Federal o de tratados internacionales. Así, tratándose de la impugnación de leyes federales, están legitimados: 1. El 33% de los diputados del Congreso de la Unión; 2. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 3. El procurador general de la República; 4. Los partidos políticos con registro federal, si se trata de leyes de naturaleza electoral; y 5. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Por su parte, contra leyes locales están legitimados: 1. El 33% de los diputados de la Legislatura Local que corresponda; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro en el Estado de que se trate, siempre y cuando se impugne una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los órganos estatales protectores de derechos humanos, si se trata de leyes que vulneren los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal. Cuando la impugnación verse contra leyes del Distrito Federal, tendrán legitimación: 1. El 33% de los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; 2. El procurador general de la República; 3. Los partidos políticos con registro federal o aquellos que sólo tengan registro ante el Instituto Electoral del Distrito Federal, siempre que se trate de la impugnación de una ley electoral; y 4. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, cuando se trate de leyes que vulneren los consagrados en la Constitución Federal. Finalmente, tratándose de tratados internacionales, pueden impugnarlos: 1. El 33% de los Senadores del Congreso de la Unión; 2. El procurador general de la República; y 3. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, si se trata de un tratado internacional que vulnere los derechos humanos consagrados en la Constitución Federal."

4. Jurisprudencia P./J. 36/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., junio de dos mil cuatro, página ochocientos sesenta y cinco, registro digital: 181395, que dice:

"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una acción de inconstitucionalidad se hace valer una causal que involucra una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse y, de no operar otro motivo de improcedencia estudiar los conceptos de invalidez."

5. Fallada el veintiséis de enero de dos mil dieciséis por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M. –apartándose de ciertas consideraciones–, C.D., L.R. –apartándose de algunas consideraciones–, F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I. –apartándose de algunas consideraciones–, L.P., P.D. y A.M.. Los Ministros G.O.M., Z.L. de L., P.H., M.M.I. y A.M. formularon sendos votos concurrentes.

6. Fallado el uno de agosto de dos mil diecisiete por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., C.D., L.R., F.G.S., Z.L. de L., P.R., P.H., M.M.I., L.P., P.D. y A.M.. Los Ministros P.R. y Z.L. de L. formularon sendos votos concurrentes.

7. Fallada el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve por unanimidad de diez votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., F.G.S., A.M. –en contra de algunas consideraciones–, P.R., P.H., M.M.I., L.P., P.D., Z.L. de L.. Los Ministros P.R., A.M. y Z.L. de L., formularon sendos votos concurrentes.

8. Amparo directo 6/2008 resuelto el seis de enero de dos mil nueve del que derivaron, entre otros, los criterios siguientes: 1) tesis P. LXVI/2009 y 2) tesis P. LXVII/2009, consultables en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página siete, registros digitales: 165822 y 165821, de rubros: "DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. ASPECTOS QUE COMPRENDE." y "DERECHOS A LA INTIMIDAD, PROPIA IMAGEN, IDENTIDAD PERSONAL Y SEXUAL. CONSTITUYEN DERECHOS DE DEFENSA Y GARANTÍA ESENCIAL PARA LA CONDICIÓN HUMANA."; y, 3) tesis P. LXV/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, página ocho, registro digital: 165813, de rubro: "DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES."

9. Fallada el dieciséis de agosto de dos mil diez.

10. Esto, mediante la reforma publicada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y cuatro en el Diario Oficial de la Federación, en cuya exposición de motivos constan, entre otras consideraciones, las siguientes: "... Reconocida la aptitud política de la mujer, la Constitución Federal conservó no obstante, diversas normas proteccionistas, ciertamente justificadas en una época en que resultaba excepcional, casi insólito, que las mujeres asumieran tareas de responsabilidad social pública. Hoy día, la situación general se ha modificado profundamente y por ello resulta indispensable proceder a una completa revisión de los ordenamientos que, en uno u otro ámbito, contemplan la participación de la mujer en los procesos educativos, cultural, económico y social. De ahí que en mi último informe a la nación hubiese expresado ante el H. Congreso de la Unión que la mujer debe disfrutar de absoluta igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus responsabilidades, propósito para el cual anuncié ante la más alta representación nacional una completa revisión de las leyes federales correspondientes. ... Para superar estos contrastes, es necesario que en el elevado plano constitucional quede asentada claramente, al lado de otros grandes principios rectores de la vida social, la igualdad entre hombres y mujeres. Tal es el objetivo de esta iniciativa de reformas, inscritas en el contexto de propósitos y programas en los que el Gobierno de la República trabaja con entusiasmo y convicción recogiendo planteamientos populares. De esta manera se ratifica la capacidad del sistema constitucional mexicano para acelerar el ritmo del progreso y promover grandes transformaciones sociales. ..."

11. Fallada el veintiocho de agosto de dos mil ocho.

12. C. of C.G.V.. The United Kingdom (Application No. 28957/95), J.(., 11 July 2002), paragraph 98.

13. Fallado el seis de enero de dos mil nueve

14. Jurisprudencia 1a./J. 43/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, junio de dos mil quince, Tomo I, página quinientos treinta y seis, registro digital: 2009407, que dice:

"MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como ‘entre un solo hombre y una sola mujer’. Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente."

15. Jurisprudencia 1a./J. 46/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de dos mil quince, Tomo I, página doscientos cincuenta y tres, registro digital: 2009922, que dice:

"MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO. NO EXISTE RAZÓN DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL PARA NO RECONOCERLO. Las relaciones que entablan las parejas del mismo sexo pueden adecuarse perfectamente a los fundamentos actuales de la institución matrimonial y más ampliamente a los de la familia. Para todos los efectos relevantes, las parejas homosexuales se encuentran en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que es totalmente injustificada su exclusión del matrimonio. La razón por la cual las parejas del mismo sexo no han gozado de la misma protección que las parejas heterosexuales no es por descuido del órgano legislativo, sino por el legado de severos prejuicios que han existido tradicionalmente en su contra y por la discriminación histórica. El derecho a casarse no sólo comporta el derecho a tener acceso a los beneficios expresivos asociados al matrimonio, sino también el derecho a los beneficios materiales que las leyes adscriben a la institución. En el orden jurídico mexicano existen una gran cantidad de beneficios económicos y no económicos asociados al matrimonio. Entre éstos destacan los siguientes: (1) beneficios fiscales; (2) beneficios de solidaridad; (3) beneficios por causa de muerte de uno de los cónyuges; (4) beneficios de propiedad; (5) beneficios en la toma subrogada de decisiones médicas; y (6) beneficios migratorios para los cónyuges extranjeros. En este sentido, negar a las parejas homosexuales los beneficios tangibles e intangibles que son accesibles a las personas heterosexuales a través del matrimonio implica tratar a los homosexuales como si fueran ‘ciudadanos de segunda clase’, lo cual esta Primera Sala no comparte. No existe ninguna justificación racional para reconocer a los homosexuales todos los derechos fundamentales que les corresponden como individuos y, al mismo tiempo, reconocerles un conjunto incompleto de derechos cuando se conducen siguiendo su orientación sexual y se vinculan en relaciones estables de pareja. Los modelos para el reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sin importar que su única diferencia con el matrimonio sea la denominación que se da a ambos tipos de instituciones, son inherentemente discriminatorios porque constituyen un régimen de ‘separados pero iguales’. La exclusión de las parejas del mismo sexo de la institución matrimonial perpetúa la noción de que las parejas del mismo sexo son menos merecedoras de reconocimiento que las heterosexuales, ofendiendo con ello su dignidad como personas y su integridad."

16. "Artículo 75. El matrimonio es la unión de un solo hombre y de una sola mujer que conviven para realizar los fines esenciales de la familia como institución social y civil."

17. Jurisprudencia P./J. 53/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página mil quinientos sesenta y cuatro, registro digital: 164820, que dice:

"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA INVALIDEZ INDIRECTA DE LAS NORMAS. Para declarar la invalidez de una norma jurídica puede acudirse al modelo de ‘invalidación directa’, en el cual el órgano constitucional decreta, mediante una resolución, que cierta norma o normas resultan inválidas por transgredir frontalmente el contenido de una norma constitucional o legal. Sin embargo, no es el único modelo, pues existe el de ‘invalidación indirecta’, en el cual la invalidez de una norma o de un grupo de ellas se origina a partir de la extensión de los efectos de la invalidez de otra. Este modelo está previsto en el artículo 41, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La condición necesaria para que se extiendan los efectos de invalidez de una norma declarada invalida es la relación de dependencia de validez entre esta norma y otra u otras del sistema, acorde con los siguientes criterios: a) jerárquico o vertical, según el cual la validez de una norma de rango inferior depende de la validez de otra de rango superior; b) material u horizontal, en el que una norma invalidada afecta a otra de su misma jerarquía debido a que ésta regula alguna cuestión prevista en aquélla, de suerte que la segunda ya no tiene razón de ser; c) sistemático en sentido estricto o de la ‘remisión expresa’, el cual consiste en que el texto de la norma invalidada remite a otras normas, ya sea del mismo ordenamiento o de otro distinto; cuando remite expresamente, su aplicador debe obtener su contenido a partir de la integración de los diversos enunciados normativos que resulten implicados en la relación sistemática; de este modo, la invalidez de la norma se expande sistemáticamente por vía de la integración del enunciado normativo; d) temporal, en el que una norma declarada inválida en su actual vigencia afecta la validez de otra norma creada con anterioridad, pero con efectos hacia el futuro; y, e) de generalidad, en el que una norma general declarada inválida afecta la validez de la norma o normas especiales que de ella se deriven."

18. Fallada en sesión de dieciocho de febrero de dos mil dieciséis, por mayoría de ocho votos de los Ministros G.O.M., C.D., F.G.S., Z.L. de L., P.R., M.M.I., L.P. y P.D..

19. Fallada en sesión celebrada el veintiuno de abril de dos mil veinte, por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y Z.L. de L..

20. Fallada en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veinte, por unanimidad de once votos.

21. Tesis 1a. CCCXVI/2015 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de dos mil quince, Tomo II, página mil seiscientos cuarenta y seis, registro digital: 2010270, que dice:

"CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL MATRIMONIO. El concubinato es la unión de hecho entre dos personas que voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica, una vez cumplidos ciertos requisitos como no estar casados entre ellos o con otras personas, acreditar haber cohabitado por cierto tiempo (dependiendo de cada legislación), y/o tener hijos en común, tiene ciertas consecuencias jurídicas, en aras de proteger a los concubinos –durante y terminado el concubinato– y a su familia. Ahora, si bien es cierto que el concubinato y el matrimonio son figuras con muchas similitudes y a las cuales nuestro sistema jurídico reconoce como fundadoras de una familia, el primero por una unión de hecho y el segundo por un acto jurídico que debe ser sancionado por el Estado, también lo es que, precisamente por las diferencias en su origen, existen distinciones en las consecuencias jurídicas de encontrarse en uno u otro supuesto, una de las cuales es la relativa a los regímenes patrimoniales imperantes en el matrimonio. Así, una de las razones para optar por el concubinato puede ser el hecho de que no se crea una relación de estado ni un entramado jurídico de obligaciones y deberes como en el matrimonio –o al menos, no todos–. Sin embargo, ello no implica obviar, por supuesto, que dicha unión de hecho, al tener la intención de formar una comunidad de vida con intención de permanencia, lleve a crear una unidad económica, no necesariamente jurídica, entre los concubinos." 22. Tesis 1a. CCXXIII/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, septiembre de dos mil dieciséis, Tomo I, página quinientos uno, registro digital: 2012506, que dice:

"CONCUBINATO. CUANDO SU DEFINICIÓN CONDICIONA SU EXISTENCIA A LA UNIÓN DE UN HOMBRE Y UNA MUJER, OPERAN LAS RAZONES DE INCONSTITUCIONALIDAD EMITIDAS RESPECTO A LA DEL MATRIMONIO CON LA MISMA CONDICIONANTE. Cuando la definición del concubinato, al igual que la del matrimonio, condiciona su existencia a la unión de un hombre y una mujer, cobran aplicación los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, vinculados a la inconstitucionalidad de esa definición, ya que esa condicionante sustentada en la preferencia sexual de las personas, no sólo atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad sino que, además, es doblemente discriminatoria, pues no sólo impide que las parejas del mismo sexo accedan al concubinato, sino que incluso, las priva de los beneficios materiales asociados con éste."

23. "Artículo 4. ... En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez."

24. "Artículo 3.

"1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño.

"2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.

"3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada."

"Artículo 6.

"1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida.

"2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño."

"Artículo 7.

"1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

"2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida."

"Artículo 8.

"1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

"2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad."

25. Artículo 19. Derechos del niño. "Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado."

26. Amparo directo en revisión 2293/2013, resuelto por la Primera Sala el veintidós de octubre de dos mil catorce, por mayoría de tres votos.

27. Jurisprudencia 1a./J. 18/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, marzo de dos mil cuatro, página cuatrocientos seis, registro digital 2006011, que dice:

"INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. FUNCIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. En el ámbito jurisdiccional, el interés superior del niño es un principio orientador de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que tenga que aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar los intereses de algún menor. Este principio ordena la realización de una interpretación sistemática que, para darle sentido a la norma en cuestión, tome en cuenta los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución, tratados internacionales y leyes de protección de la niñez. Cuando se trata de medidas legislativas o administrativas que afecten derechos de los menores, el interés superior del niño demanda de los órganos jurisdiccionales la realización de un escrutinio mucho más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida en cuestión."

28. Tesis 1a.LXXXIII/2015 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, T.I., febrero de dos mil quince, página mil trescientos noventa y siete, registro digital: 2008546, que dice:

"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad."

29. El ocho de mayo de dos mil diecinueve por unanimidad de cinco votos de los Ministros Norma Lucía P.H., L.M.A.M., J.M.P.R., A.G.O.M. y J.L.G.A.C..

30. Véanse las tesis: 1) P. XLV/2008, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, página setecientos doce, registro digital: 169457, de rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA."; 2) 1a./J. 30/2013 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, L.X., marzo de dos mil trece, Tomo 1, página cuatrocientos uno, registro digital: 2003069, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS."; 3) 1a. XVI/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo XXXIII, febrero de dos mil once, página seiscientos dieciséis, registro digital: 162797, de rubro: "JUICIOS DE GUARDA Y CUSTODIA. DE ACUERDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO DEBE VALORARSE LA TOTALIDAD DEL MATERIAL PROBATORIO QUE OBRA EN AUTOS."; y, 4) 1a./J. 191/2005, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., mayo de dos mil seis, página ciento sesenta y siete, registro digital: 175053, de rubro: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE."

31. Véanse las tesis: 1) 1a./J. 25/2012 (9a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página trescientos treinta y cuatro, registro digital: 159897, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO."; y 2) P. XLV/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, página setecientos doce, registro digital: 169457, de rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA."

32. Véase la tesis 1a. CXXIII/2012 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, junio de dos mil doce, Tomo 1, página doscientos cincuenta y nueve, registro digital: 2000987, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PAUTA INTERPRETATIVA PARA SOLUCIONAR CONFLICTOS POR INCOMPATIBILIDAD EN EL EJERCICIO CONJUNTO DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS."

33. Véanse las tesis: 1) 1a. CXXII/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IX, junio de dos mil doce, Tomo 1, página doscientos sesenta, registro digital: 2000988, de rubro: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU FUNCIÓN NORMATIVA COMO PRINCIPIO JURÍDICO PROTECTOR."; y, 2) P. XLV/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, junio de dos mil ocho, página setecientos doce, registro digital: 169457, de rubro: "MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA."

34. Fallado el nueve de noviembre de dos mil dieciséis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros E.M.M.I., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y A.P.D..

35. Fallado el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete, por unanimidad de cinco votos de los Ministros A.P.D., J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y E.M.M.I.

36. Fallado el veintidós de mayo de dos mil diecinueve por mayoría de cuatro votos de los Ministros A.P.D., E.M.M.I., J.F.F.G.S. y J.L.P., con voto en contra de la Ministra Y.E.M..

37. Fallado el diez de octubre de dos mil dieciocho por unanimidad de cuatro votos de los Ministros J.L.P., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y E.M.M.I.

38. Fallado el cinco de diciembre de dos mil dieciocho por mayoría de cuatro votos de los Ministros A.P.D., J.L.P., M.B.L.R. y E.M.M.I., con voto en contra del M.J.F.F.G.S..

39. Jurisprudencia 2a./J. 113/2019 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 69, agosto de dos mil diecinueve, Tomo III, página dos mil trescientos veintiocho, registro digital: 2020401, que dice:

"DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. EL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR SE ERIGE COMO LA CONSIDERACIÓN PRIMORDIAL QUE DEBE DE ATENDERSE EN CUALQUIER DECISIÓN QUE LES AFECTE. El artículo 2, segundo párrafo, de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes prevé que el ‘interés superior de la niñez deberá ser considerado de manera primordial en la toma de decisiones sobre una cuestión debatida que involucre niñas, niños y adolescentes’; de ahí que cuando se tome una decisión que les afecte en lo individual o colectivo, 'se deberán evaluar y ponderar las posibles repercusiones a fin de salvaguardar su interés superior y sus garantías procesales'. Al respecto, debe destacarse que el interés superior del menor es un concepto triple, al ser: (I) un derecho sustantivo; (II) un principio jurídico interpretativo fundamental; y (III) una norma de procedimiento. El derecho del interés superior del menor prescribe que se observe ‘en todas las decisiones y medidas relacionadas con el niño’, lo que significa que, en ‘cualquier medida que tenga que ver con uno o varios niños, su interés superior deberá ser una consideración primordial a que se atenderá’, lo cual incluye no sólo las decisiones, sino también todos los actos, conductas, propuestas, servicios, procedimientos y demás iniciativas. Así, las decisiones particulares adoptadas por las autoridades administrativas –en esferas relativas a la educación, el cuidado, la salud, el medio ambiente, las condiciones de vida, la protección, el asilo, la inmigración y el acceso a la nacionalidad, entre otras– deben evaluarse en función del interés superior del niño y han de estar guiadas por él, al igual que todas las medidas de aplicación, ya que la consideración del interés superior del niño como algo primordial requiere tomar conciencia de la importancia de sus intereses en todas las medidas y tener la voluntad de dar prioridad a esos intereses en todas las circunstancias, pero sobre todo cuando las medidas tengan efectos indiscutibles en los niños de que se trate."

40. "Artículo 73. El Congreso tiene facultad: ...

"XXIX-P. Expedir leyes que establezcan la concurrencia de la Federación, las entidades federativas, los municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, velando en todo momento por el interés superior de los mismos y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia de los que México sea Parte."

41. Artículo 18. Derecho al nombre. "Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario."

42. "Artículo 8.

"1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.

"2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad."

43. Tesis 1a. XXV/2012 (10a.), consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro V, febrero de dos mil doce, Tomo 1, página seiscientos cincuenta y tres, registro digital: 2000213.

44. Fallada el veintiocho de mayo de dos mil catorce por mayoría de cuatro votos de los Ministros A.Z.L. de Larrea, J.R.C.D., A.G.O.M. y O.S.C. de G.V., con voto en contra del M.J.M.P.R..

45. Tesis 1a. CCCXX/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de dos mil catorce, Tomo I, página quinientos setenta y ocho, registro digital: 2007456, que dice:

"FILIACIÓN. FORMA EN QUE OPERAN LOS PRINCIPIOS RECTORES EN LA MATERIA APLICADOS A CASOS CONCRETOS. Esta Primera Sala ha reconocido la existencia de principios rectores en materia de filiación que necesariamente informan la regulación de acciones como la de investigación y reconocimiento de paternidad. Entre estos principios se encuentran, de manera ejemplificativa y no limitativa, la no discriminación entre hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, la verdad biológica, la incompatibilidad entre filiaciones contrapuestas y, de manera preeminente, la protección del interés del hijo. Al respecto, debe tenerse presente que es un derecho del hijo tener su filiación correspondiente, y no una mera facultad de los padres hacerlo posible. Ahora bien, la calificación de estos valores como principios no es gratuita, ya que su protección y reconocimiento presupone que sus exigencias normativas entrarán en conflicto con otras en casos concretos, supuesto en el que será necesario desarrollar un ejercicio de ponderación para articular el resultado de su aplicación conjunta. En este sentido, los alcances que se le otorguen al derecho a la identidad biológica de una persona en un caso específico, máxime cuando se trata de un menor, tendrán que estar siempre dirigidos a atender su interés; no podrán desvincularse de las circunstancias particulares y podrán variar en la medida en la que varíen los principios en conflicto."

46. Tesis 1a. CCCXXI/2014 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, septiembre de dos mil catorce, Tomo I, página quinientos setenta y siete, registro digital: 2007455, que dice:

"FILIACIÓN. ALCANCES Y LÍMITES DEL PRINCIPIO DE VERDAD BIOLÓGICA. El artículo 7, numeral 1, de la Convención sobre los Derechos del Niño, consagra el derecho a conocer a sus padres en la medida de lo posible; por su parte, el artículo 8, numeral 1, de la propia convención, dispone que los Estados Parte se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad, así como su nacionalidad, nombre y relaciones familiares, de conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas. Lo anterior implica que cuando la realidad de un vínculo biológico no se refleja en el plano jurídico, debe reconocerse el derecho de la persona (sea mayor o menor de edad) a lograr el estado de familia que corresponde con su relación de sangre y, para ello, deberá contar con las acciones pertinentes, tanto para destruir un emplazamiento que no coincida con dicho vínculo como para obtener el que logre la debida concordancia. En este sentido, la filiación constituye un derecho del hijo y no una facultad de los padres a hacerlo posible, por lo que la tendencia es que la filiación jurídica coincida con la filiación biológica; sin embargo, dicha coincidencia no siempre es posible, bien por la propia realidad del supuesto de hecho, o porque el ordenamiento hace prevalecer en el caso concreto otros intereses que considera jurídicamente más relevantes. Así, en el primer grupo de supuestos se encuentran, ejemplificativamente, la filiación adoptiva y las procreaciones asistidas por donación de gametos; en estos casos, la propia legislación establece la filiación sin que exista el vínculo genético. El segundo lo conforman, por ejemplo, algunas de las normas que se ocupan de la determinación extrajudicial de la filiación o que privilegian un estado de familia consolidado en el tiempo, dando preeminencia a la estabilidad de las relaciones familiares y a la seguridad jurídica en aras del propio interés superior del menor." 47. Por mayoría de cuatro votos de los Ministros A.Z.L. de Larrea, J.R.C.D., J.M.P.R. y A.G.O.M., con voto en contra de la Ministra Norma Lucía P.H..

48. "Artículo 25.

"1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

"2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social."

49. Tesis 1a. LXX/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 55, junio de dos mil dieciocho, Tomo II, página novecientos sesenta y tres, registro digital: 2017166.

50. Cabe precisar que por decreto de reforma publicado en la Gaceta Oficial del Estado el dieciocho de diciembre de dos mil veinte, fue derogada la fracción II de esta disposición legal.

51. Que en su texto anterior al decreto de reforma impugnado disponía:

"Artículo 687. En ninguna circunstancia se permitirá que se consigne en el acta, como progenitor, a quien, hombre o mujer, haya estado casado al sobrevenir el nacimiento o en la época de la concepción, a no ser que previamente se hayan realizado las circunstancias de excepción a que se refiere el artículo 315; observándose, además, en todo caso, lo dispuesto por los artículos 311 y 312."

52. "Artículo 127. La votación de los dictámenes en lo general será nominal. Aprobado un dictamen en lo general, los artículos no reservados se tendrán por aprobados.

"De no aprobarse un dictamen en lo general, la asamblea decidirá, en votación económica, si se devuelve el proyecto a la comisión dictaminadora para que lo modifique o si la iniciativa contenida en el dictamen se tiene por desechada."

53. Conforme a las jurisprudencias 1a./J. 66/2015 (10a.), de rubro: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO.", consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 23, octubre de dos mil quince, Tomo II, página mil cuatrocientos sesenta y dos, registro digital: 2010315; 1a./J. 37/2008, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, abril de dos mil ocho, página ciento setenta y cinco, registro digital: 169877; entre otras.

54. Jurisprudencia P./J. 7/2016 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Libro 34. septiembre de dos mil dieciséis. Tomo I, página diez, registro digital: 2012592, que dice:

"INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES DE EDAD. NECESIDAD DE UN ESCRUTINIO ESTRICTO CUANDO SE AFECTEN SUS INTERESES. El interés superior de los niños, niñas y adolescentes implica que el desarrollo de éstos y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a su vida. Así, todas las autoridades deben asegurar y garantizar que en todos los asuntos, decisiones y políticas públicas en las que se les involucre, todos los niños, niñas y adolescentes tengan el disfrute y goce de todos sus derechos humanos, especialmente de aquellos que permiten su óptimo desarrollo, esto es, los que aseguran la satisfacción de sus necesidades básicas como alimentación, vivienda, salud física y emocional, el vivir en familia con lazos afectivos, la educación y el sano esparcimiento, elementos –todos– esenciales para su desarrollo integral. En ese sentido, el principio del interés superior del menor de edad implica que la protección de sus derechos debe realizarse por parte de las autoridades a través de medidas reforzadas o agravadas en todos los ámbitos que estén relacionados directa o indirectamente con los niños, niñas y adolescentes, ya que sus intereses deben protegerse siempre con una mayor intensidad. En esa lógica, cuando los juzgadores tienen que analizar la constitucionalidad de normas, o bien, aplicarlas, y éstas inciden sobre los derechos de los niños, niñas y adolescentes, es necesario realizar un escrutinio más estricto en relación con la necesidad y proporcionalidad de la medida de modo que se permita vislumbrar los grados de afectación a los intereses de los menores y la forma en que deben armonizarse para que dicha medida sea una herramienta útil para garantizar el bienestar integral del menor en todo momento."

55. Jurisprudencia 1a./J. 87/2015 (10a.), consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 25, diciembre de dos mil quince, Tomo I, página ciento nueve, registro digital: 2010595, que dice:

"CONSTITUCIONALIDAD DE DISTINCIONES LEGISLATIVAS QUE SE APOYAN EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA. FORMA EN QUE DEBE APLICARSE EL TEST DE ESCRUTINIO ESTRICTO. La constitucionalidad de las distinciones legislativas que se apoyan en una categoría sospechosa debe analizarse a través de un escrutinio estricto, pues para estimarse constitucionales requieren de una justificación robusta que venza la presunción de inconstitucionalidad que las afecta. Para ello, en primer lugar, debe examinarse si la distinción basada en la categoría sospechosa cumple con una finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional, es decir, debe perseguir un objetivo constitucionalmente importante y no simplemente una finalidad constitucionalmente admisible. En segundo lugar, debe analizarse si la distinción legislativa está estrechamente vinculada con la finalidad constitucionalmente imperiosa, es decir, debe estar totalmente encaminada a la consecución de la finalidad, sin que pueda considerarse suficiente que esté potencialmente conectada con tales objetivos. Finalmente, la distinción legislativa debe ser la medida menos restrictiva para conseguir la finalidad imperiosa desde el punto de vista constitucional."

56. "Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia."

57. Tesis XXI/2011, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, agosto de dos mil once, página ochocientos setenta y ocho, registro digital: 161267, que dice:

"MATRIMONIO. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS NO ALUDE A DICHA INSTITUCIÓN CIVIL NI REFIERE UN TIPO ESPECÍFICO DE FAMILIA, CON BASE EN EL CUAL PUEDA AFIRMARSE QUE ÉSTA SE CONSTITUYE EXCLUSIVAMENTE POR EL MATRIMONIO ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contiene diversos aspectos, entre los que se encuentran la igualdad ante la ley del hombre y la mujer; la protección a la familia, correspondiendo a la ley establecer lo relativo a su organización y desarrollo; y el derecho de las personas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, en forma libre, responsable e informada; sin que tal protección constitucional aluda ni defina a la institución civil del matrimonio, por lo que deja esa atribución normativa al legislador ordinario. Esto es, la Constitución Federal no se refiere o limita a un tipo específico de familia como podría ser la nuclear –conformada por padre, madre e hijos– con base en la cual se pudiera afirmar que ésta se constituye exclusivamente por el matrimonio entre un hombre y una mujer y, mucho menos, que sólo se proteja a la familia que surge de dicha institución, toda vez que en un Estado democrático de derecho, en el que el respeto a la pluralidad es parte de su esencia, debe entenderse protegida constitucionalmente la familia como realidad social, a efecto de cubrir todas sus formas y manifestaciones en cuanto realidad existente, alcanzando a dar cobertura a aquellas familias que se constituyan con el matrimonio; con uniones de hecho; con un padre o una madre e hijos; o bien, por cualquier otra forma que denote un vínculo similar."

58. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener: ...

"IV. Los alcances y efectos de la sentencia, fijando con precisión, en su caso, los órganos obligados a cumplirla, las normas generales o actos respecto de los cuales opere y todos aquellos elementos necesarios para su plena eficacia en el ámbito que corresponda. Cuando la sentencia declare la invalidez de una norma general, sus efectos deberán extenderse a todas aquellas normas cuya validez dependa de la propia norma invalidada."

"Artículo 42. Siempre que las controversias versen sobre disposiciones generales de los Estados o de los Municipios impugnadas por la Federación, de los Municipios impugnadas por los Estados, o en los casos a que se refieren los incisos c), h) y k) de la fracción I del artículo 105 constitucional, y la resolución de la Suprema Corte de Justicia las declare inválidas, dicha resolución tendrá efectos generales cuando hubiera sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos.

"En aquellas controversias respecto de normas generales en que no se alcance la votación mencionada en el párrafo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declarará desestimadas dichas controversias. En estos casos no será aplicable lo dispuesto en el artículo siguiente."

59. "Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

60. Jurisprudencia P./J. 53/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página mil quinientos sesenta y cuatro, registro digital: 164820.

61. "Artículo 45. Las sentencias producirán sus efectos a partir de la fecha que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

"La declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales aplicables de esta materia."

Esta sentencia se publicó el viernes 14 de octubre de 2022 a las 10:24 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 17 de octubre de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.