En la disputa por la ciudad, el sentido de la Carta de la Ciudad de México por el derecho a la ciudad

AutorCristina Sánchez Mejorada Fernández/Magdalena Ferniza
Páginas571-603
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Introducción
Diversos analistas han evidenciado que el proceso de urbanización en
América Latina se identif‌ica con un patrón histórico de desigualdades y
discriminación, fruto de la conf‌luencia de tres fenómenos: la urbanización
acelerada, la modernización limitada y la democracia restringida. Este
fenómeno aunado a los efectos causados por el neoliberalismo deriva en
una mayor segregación urbana, deterioro económico y social, dispersión
y fragmentación de la vida en las ciudades, sin descartar el aumento ex-
ponencial de la violencia e inseguridad.
En efecto, como bien se señala en el preámbulo de la Carta mundial por
el derecho a la ciudad, actualmente las urbes se caracterizan por establecer
niveles de concentración de renta y de poder que generan pobreza y
exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y aceleran los pro-
cesos migratorios y de urbanización, la segregación social y espacial, así
como la privatización de los bienes comunes y del espacio público. Estos
procesos favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condicio-
nes de pobreza, precariedad y vulnerabilidad ante los riesgos naturales.
* Doctora en Diseño con especialidad en Estudios Urbanos por la Universidad Autónoma Me-
tropolitana (UAM). Profesora-investigadora de la maestría en Planeación y Políticas Metropolitanas y
el Departamento de Sociología de la UAM-Azcapotzalco (
mcsf@correo.azc.uam.mx
).
** Socióloga de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de
México que ha trabajado en diversas organizaciones sociales y civiles de la Ciudad de México en
temas relacionados con la planeación territorial, planeación estratégica, participación ciudadana,
creación y fortalecimiento de organizaciones sociales y producción social del hábitat de la vivienda.
En la disputa por la ciudad, el sentido
de la
Carta de la Ciudad de México
por el derecho a la ciudad
Cristina Sánchez Mejorada Fernández*
Magdalena Ferniza**
Cristina Sánchez Mejorada Fernández, Magdalena Ferniza
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Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equita-
tivas a sus habitantes, su población, en su mayoría, está privada o limitada
—en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas,
de género y edad— para satisfacer sus más elementales necesidades y de-
rechos. Contribuyen a ello las políticas públicas, que al desconocer los
aportes de los procesos de poblamiento popular a la construcción de ciu-
dad y de ciudadanía, violentan la vida urbana (ONU-Hábitat, 2004).
El Distrito Federal expresa muy claramente estos procesos. Conforme
a los resultados del Censo de Población y Vivienda de 2010 (INEGI, 2011) en
su territorio residen 8’851,080 habitantes, con una densidad de 5,868
personas por kilómetro cuadrado. En total hay 2’744,441 de viviendas, de
las cuales 90 por ciento se encuentran habitadas. De éstas, 45 por ciento
tienen pisos de cemento o f‌irme (sin recubrimiento) y en 1 por ciento su
piso es de tierra, las cuales se encuentran predominantemente en Milpa y
Xochimilco (cuatro de 10 viviendas).
A pesar de que 97 por ciento de estas viviendas disponen de agua en
su interior, más de un millón de personas no tiene acceso a un servicio
continuo y suf‌iciente de agua potable. Las delegaciones Milpa Alta y
Tlalpan presentan un menor porcentaje de viviendas con agua entubada,
donde 89 de cada 100 viviendas disponen de este servicio.
Las delegaciones Milpa Alta y Xochimilco reportaron en promedio
que tres de cada 100 viviendas no disponen de drenaje. Con base en 100
viviendas, en 98 de ellas cuenta con televisor; el refrigerador y la radio
están disponibles en 91 y 92 respectivamente, en tanto que en 47 de cada
100 se posee automóvil. El índice de viviendas que tienen computadora e
internet es de 49.1 y 39.2 por ciento en cada uno. Cuentan con regadera
81.1 por ciento, con tinaco y disponen de calentador de agua poco más de
77 por ciento (INEGI, 2011).
Apenas un tercio de la población de entre 18 y 29 años, estudia. En el
Distrito Federal, la población económicamente activa (PEA) representa 57
por ciento de su población total. De ésta, 94 por ciento se encuentra
empleada,1 y de ésta poco más de 80 por ciento se ocupa en el sector ter-
ciario (comercio; restaurantes y servicios de alojamiento; transportes,
comunicaciones, correo y almacenamiento; servicios profesionales, f‌i-
nancieros y corporativos; servicios sociales, servicios diversos; gobierno y
organismos internacionales). En este sector destaca, por el número de
1 De acuerdo con el Censo, la población ocupada comprende a las personas de 12 años y más que
realizó alguna actividad económica al menos una hora en la semana de referencia, a cambio de un
sueldo, salario, jornal u otro tipo de pago en dinero o especie.
En la disputa por la ciudad
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personas empleadas, el rubro comercio, en especial el informal, con con-
diciones de trabajo cada vez más precarias.
De la población ocupada del Distrito Federal, 10 por ciento no per-
cibe ingresos o recibe menos de un salario mínimo; 43 por ciento declara
que recibe menos de 3 y 29 por ciento hasta cinco salarios mínimos. Sólo
18 por ciento de la población que trabaja gana más de cinco salarios mí-
nimos necesarios para adquirir lo que debe consumir una familia de cinco
personas (en promedio) para atender sus necesidades básicas y las del
hogar. Sólo 53.6 por ciento de la población capitalina es derechohabiente
de una institución de seguridad social (STPS, 2007).
Al comparar las cifras censales, se observa en el Distrito Federal una
reducción de 6.8 puntos porcentuales en la población asalariada que reci-
bió prestaciones con respecto a 2000. El comportamiento es diferente
por género, toda vez que 75.2 por ciento corresponde a mujeres y 68.7 por
ciento a los hombres. Las cifras de 2010 señalan que 72.8 por ciento de
la población ocupada obtiene sus ingresos por salarios, y en 2000 este
indicador fue de 69.9 por ciento. Además, se observa un incremento en
el porcentaje de trabajadores por cuenta propia de alrededor de dos pun-
tos porcentuales.
Por otra parte, 31.4 por ciento de los hogares censales están encabe-
zados por una mujer; en el año 2000 el indicador representaba apenas 25.8
por ciento. Cabe señalar que en las 16 delegaciones se incrementó la
proporción de estos hogares. Las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juá-
rez registraron los porcentajes más altos de hogares con jefatura feme-
nina, con 39 y 38.8 por ciento respectivamente; mientras que Milpa Alta
y Cuajimalpa de Morelos presentaron los menores porcentajes, 22.2 y
23.2 en este orden. La diferencia porcentual entre la demarcación con el
porcentaje mayor y la del menor es de 16.8 puntos porcentuales.
De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gas-
tos de los Hogares, en 2004 en el Distrito Federal, 20 por ciento de los
hogares más ricos acumulaban 55 por ciento de los ingresos monetarios;
mientras que 20 por ciento de los hogares más pobres no acumulaban si-
quiera 5 por ciento de los ingresos monetarios.
La desigualdad en el Distrito Federal es multidimensional. Incluye los
ingresos monetarios, la calidad del trabajo y del empleo, la garantía de
la seguridad social, el goce de los derechos a la salud, la educación, la vi-
vienda, la recreación, el deporte y la cultura, el acceso a bienes y servicios
urbanos, la calidad de vida en el territorio, la propiedad inmobiliaria y la

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