Espacio público y derecho a la ciudad

AutorJordi Borja
Páginas539-570
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Espacio público y derecho a la ciudad
Jordi Borja*
La urbanización contra la ciudad:
la crisis del espacio público
La ciudad es ante todo el espacio público, el espacio público es la ciudad. Es
a la vez condición y expresión de la ciudadanía, de los derechos ciudadanos.
La crisis del espacio público se manifiesta en su ausencia o abandono o en
su degradación, en su privatización o en su tendencia a la exclusión. Sin es-
pacio público potente, integrador socialmente, articulador física y simbó-
licamente, la ciudad se disuelve, la democracia que se pervierte, el proceso
histórico que hace avanzar las libertades individuales y colectivas se in-
terrumpe o retrocede, la reducción de las desigualdades y la supremacía
de la solidaridad y la tolerancia como valores ciudadanos se ven superados
por la segregación y por la codicia, por el egoísmo y la exclusión.
La consideración histórico-cultural
del espacio público como una dimensión
fundamental de la democracia política y social
El espacio público expresa la democracia en su dimensión territorial. Es el
espacio de uso colectivo. Es el ámbito en el que los ciudadanos pueden
(o debieran) sentirse como tales, libres e iguales. Donde la sociedad se
escenifica, se representa a sí misma, se muestra como una colectividad
* Director del Área de Gestión de la Ciudad y de Urbanismo de la Univesitat Oberta de Catalunya.
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que convive, que muestra su diversidad y sus contradicciones y expresa
sus demandas y sus conflictos. Es donde se construye la memoria colec-
tiva y se manifiestan las identidades múltiples y las fusiones en proceso.
El espacio público democrático es un espacio expresivo, significante, poli-
valente, accesible, evolutivo. Es un espacio que relaciona a las personas
y que ordena las construcciones, un espacio que marca a la vez el perfil
propio de los barrios o zonas urbanas y la continuidad de las distintas partes
de la ciudad. Este espacio es el que hoy está en crisis, y su decadencia
pone en cuestión la posibilidad de ejercer el “derecho a la ciudad”.
Derecho a la ciudad y espacio público democrático
son dos caras de la misma moneda
La cultura política y urbanística actual ha revalorizado ambos conceptos
en nuestra época, pero las prácticas institucionales y mediáticas lo cues-
tionan. Las dinámicas dominantes en las ciudades del mundo desarrolla-
do tienden a debilitar y privatizar los espacios públicos. De nada sirve el
análisis crítico y menos aún el lamento nostálgico del pasado si no enfren-
tamos las dinámicas económicas, políticas y culturales que producen esta
urbanización sin ciudad y la desnaturalización del espacio público.
La crisis del espacio público es resultado
de las actuales pautas urbanizadoras,
extensivas, difusas, excluyentes y privatizadoras
La fuerza de las actuales pautas urbanizadoras producen espacios fragmen-
tados, lugares (o no-lugares) mudos o lacónicos (Ingersoll, 1996), tierras
de nadie, guetos clasistas, zonas marcadas por el miedo o la marginación.
El espacio público en estas extensas zonas de urbanización discontinua y
de baja densidad prácticamente desaparece, los ciudadanos quedan redu-
cidos a habitantes atomizados y a clientes dependientes de múltiples
servicios con tendencia a privatizarse.
La disolución de la ciudad en las periferias se complementa con la es-
pecialización (social y funcional) de los centros urbanos y de gran parte de
la ciudad compacta. Dos fenómenos que fueron anunciados hace ya algunas
décadas (véase Jane Jacobs y Françoise Choay citadas más adelante). Los
espacios públicos pierden sus cualidades ciudadanas para convertirse en es-
pacios viarios, o en áreas turísticas y de ocio o museificadas, o centros
administrativos vacíos y temidos al anochecer, o en calles o barrios cerra-
dos (que no sólo existen en las periferias de baja densidad), o en plazas
vigiladas (videovigiladas) en las que se suprimen los elementos que favo-
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recen el estar (los bancos) o se crean obstáculos físicos para evitar la con-
centración de personas.
Las calles comerciales animadas y abiertas se substituyen progresiva-
mente por centros comerciales en los que se aplica “el derecho de admi-
sión”. Y los centros y barrios que no se transforman siguiendo estas
pautas devienen espacios de exclusión olvidados y a veces criminalizados.
O, en sentido contrario, se gentrifican y excluyen a los sectores popu-
lares, primero como residentes y luego como usuarios.
Este modelo de urbanización es un producto de la convergencia de
intereses característicos del actual capitalismo globalizado: capital finan-
ciero volante y perseguidor de un lucro cortoplacista articulado con el
sistema financiero local, legislación favorable a la urbanización difusa y
al boom inmobiliario y propiedad privada del suelo con apropiación por
parte de los agentes privados de las plusvalías resultantes del proceso espe-
culativo. Los gobiernos locales y regionales a su vez facilitan estas diná-
micas pues compensan la insuficiencia de recursos en relación con las
demandas mediante la venta de suelo público, la permisividad urbanística
y el cobro de las licencias de construcción.
Cierra el círculo el bloque “cementero” (il blocco edilizio, concepto que
se puso moda en el pensamiento urbanístico italiano de los setenta) de pro-
motores y constructores que reciben créditos fáciles del capital financiero
y que a su vez estimulan el afán inversor de los sectores medios y bajos
que obtienen a su vez créditos mediante hipotecas basura. Un círculo vi-
cioso que cuando encuentra obstáculos legales o sociales practica impune-
mente la corrupción de los gobiernos locales (Neil et al., 2009; López y
Rodríguez, 2010; Naredo y Montiel, 2010).1
Estas pautas de urbanización vienen reforzadas por el afán de distin-
ción de clases altas y medias que buscan marcar su imagen diferenciada
y privilegiada y a la vez la protección de áreas exclusivas. Por su parte, los
sectores bajos o medio bajos se afanan en conseguir una seguridad (iluso-
ria) que creen encontrar en la propiedad del suelo o de la vivienda como
ahorro para el futuro pero a altos costos en el presente, el mito de que
el suelo y la vivienda siempre aumentará y siempre podrán ir pagando el
crédito. Los gobiernos locales, a su vez, cómplices por acción o por omi-
sión, encuentran en la urbanización una fuente de ingresos y un cierto
apoyo social. La cultura urbanística heredada del movimiento moderno
1 Véase las obras citadas más adelante de Neil Smith et al., en las que presentan un sintético
panorama en distintos países y para el caso español las obras de Isidro López y Emmanuel Rodríguez,
así como de José Manuel Naredo y Antonio Montiel.

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