Algunas sugerencias para argumentar en casos de un juzgado de distrito

El derecho válido se aplica a los casos concretos por medio de argumentos. Por tal motivo es necesario señalar que el término argumentación se usa para referirse “a la actividad de plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticando esas razones, refutando esas críticas, etc.” (Atienza, 2003: 83). La argumentación jurídica es una controversia en la que se articulan razones que justifican la toma de decisiones, no sólo con apego a las disposiciones legales, sino en forma justa. Deben distinguirse casos fáciles y difíciles; los primeros se ubican en la justificación interna; los segundos, en la externa (Mendoca, 2000: 275).⁶

En los casos fáciles es útil el empleo de la lógica formal, a través de una operación de subsunción.

La subsunción tiene lugar a partir del procedimiento lógico modus ponens:

A → B

A

____________

B

Premisa normativa. El artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo señala que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos para ejecutar una sentencia, siempre que el acto reclamado sea la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución.

Premisa fáctica. El quejoso reclama el acuerdo emitido por la autoridad en que tuvo cumplida la sentencia, al haberse verificado el lanzamiento del inmueble arrendado. Este acto es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.

Conclusión. El juicio de amparo indirecto planteado se considera procedente, porque el quejoso reclamó la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.

También puede plantearse el caso inverso mediante la operación modus tollens:

A → B

- B

____________

- A

En el mismo ejemplo, si la premisa fáctica se modifica y el quejoso reclama un acto emitido dentro del procedimiento de ejecución, pero que no constituye la última resolución; luego, la conclusión será que el juicio de amparo es improcedente por no haberse planteado contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución.

La lógica formal tiene un alcance limitado, en el contexto de la argumentación jurídica, pues a las normas jurídicas, por ser de naturaleza prescriptiva, no se les puede dar un valor de falsas o verdaderas (Atienza, 2003: 83).

Se refiere al ámbito de la justificación deductiva y tiene lugar en casos difíciles donde no puede aplicarse una subsunción, sino que las premisas se tienen que construir a partir de la ponderación e interpretación normativa y fáctica.

En este aspecto, MacCormick distingue una división cuatripartita de casos difíciles, según existan problemas de interpretación, relevancia, prueba y calificación.

2.1) Los problemas de interpretación surgen cuando una norma admite más de una lectura y es necesario interpretar su alcance. Fix Zamudio (Carmona Tinoco, 1996: 109), señala que el juez debe elegir de entre los diversos sentidos que ofrece la interpretación de la ley o acto, aquel que mejor se acople a los preceptos, principios y valores contemplados por la ley suprema. Un precedente, que revela una opinión similar, aparece en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa:

INTERPRETACIÓN DE NORMAS CONSTITUCIONALES Y DE NORMAS LEGALES. SUS DIFERENCIAS. El exacto cumplimiento de la Constitución sólo puede lograrse si su intérprete, liberándose de las ataduras de quienes se encargan simplemente de aplicar los textos legales (expresión positivizada del Derecho), entiende que su función no se agota en la mera subsunción automática del supuesto de hecho al texto normativo, ni tampoco queda encerrada en un positivismo formalizado superado muchas décadas atrás, sino que comprende básicamente una labor de creación del Derecho en la búsqueda de la efectiva realización de los valores supremos de justicia. Es precisamente en el campo de las normas constitucionales, las que difieren esencialmente de las restantes que conforman un sistema jurídico determinado, en razón no únicamente de su jerarquía suprema, sino de sus contenidos, los que se inspiran rigurosamente en fenómenos sociales y políticos preexistentes de gran entidad para la conformación de la realidad jurídica en que se halla un pueblo determinado, que la jurisprudencia —pasada la época del legalismo—, se ha convertido en una fuente del Derecho que, aunque subordinada a la ley que le otorga eficacia normativa, se remonta más allá de ella cuando el lenguaje utilizado por el constituyente (al fin y al cabo una obra inacabada por naturaleza) exige una recreación por la vía de la interpretación, para el efecto de ajustarla a las exigencias impuestas por su conveniente aplicación. Así, el intérprete de la Constitución en el trance de aplicarla tiene por misión esencial magnificar los valores y principios inmanentes en la naturaleza de las instituciones, convirtiendo a la norma escrita en una expresión del Derecho vivo, el Derecho eficaz que resulta no sólo de la reconstrucción del pensamiento y voluntad que yace en el fondo de la ley escrita (a través de los métodos clásicos de orden gramatical, lógico, histórico o sistemático), sino también de la búsqueda del fin que debe perseguir la norma para la consecución de los postulados fundamentales del Derecho [Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, segunda parte-1, enero a junio de 1989, página 419, tesis aislada, materia administrativa].

Existen distintos métodos para interpretar las normas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación editó un disco compacto que contiene precedentes relacionados con métodos de argumentación jurídica en materia constitucional; entre los métodos ahí referidos se encuentran los siguientes:

“1. TELEOLÓGICO. Este argumento apela a la finalidad que pretende alcanzar el precepto, sobre la base de que la norma es un medio para lograr un fin.

2. GRAMATICAL. En este argumento, la literalidad de las palabras utilizadas en la norma es el punto de partida y el límite de la interpretación.

3. SISTEMÁTICO. Este argumento pretende dar al enunciado que interpreta, un significado sugerido o no impedido por el sistema jurídico del que forma parte.

4. PSICOLÓGICO. Es aquél por el que se atribuye a una norma el significado que corresponda a la voluntad de su autor o emisor.

5. PRAGMÁTICO. Es un argumento que pretende establecer la verdad o valor de la tesis, a partir de las consecuencias favorables o desfavorables que de ella se derivan.

6. ANALÓGICO. Este argumento justifica el traslado de la solución prevista por la norma para un caso, a otro distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico, pero que es semejante al primero.

7. APAGÓGICO (POR EL ABSURDO). Este argumento autoriza el rechazo de una interpretación de las normas por las consecuencias absurdas a las que conduce.

8. A PARTIR DE LOS PRINCIPIOS. Este argumento apela a la fiel interpretación de los principios de derecho positivo para desentrañar el significado de la norma.

9. EVOLUTIVO O NATURALÍSTICO. Este argumento refiere las variaciones en las circunstancias temporales o de hecho que han ocurrido, para desacreditar el significado literal de un documento normativo.

10. AUTORIDAD. Este argumento recurre al significado que ya anteriormente alguien le había atribuido al enunciado normativo que se interpreta y al prestigio de esa persona.

11. HISTÓRICO. Este argumento atribuye a un enunciado el mismo significado que tradicionalmente se le ha dado.

12. ARGUMENTOS DEDUCTIVOS E INDUCTIVOS. En este argumento se recurre a las operaciones lógicas del pensamiento, ya sea a partir de premisas generales o particulares con el fin de garantizar la verdad en la interpretación de la norma.

13. A CONTRARIO. Este argumento rechaza cualquier otra hipótesis distinta a la expresamente mencionada en la norma y no admite interpretación extensiva a especies no mencionadas en el texto.

14. A FORTIORI. Este argumento encuentra su fundamento en la mayoría de razón y en la presunta voluntad del legislador en extender las hipótesis de la norma a casos semejantes”.

Con referencia a algunos de los métodos de interpretación enunciados, resultan ilustradoras las tesis que a continuación se invocan:

INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO. De acuerdo con el cuarto párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el órgano jurisdiccional, al resolver la cuestión jurídica que se le plantee, deberá hacerlo conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley y, a falta de ésta, se fundará en los principios generales del derecho. En este sentido, los juzgadores no están obligados a aplicar un método de interpretación específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que acorde con su criterio sea el más adecuado para resolver el caso concreto. Sin embargo, en principio deberá utilizarse el literal, pues como lo establece el propio precepto constitucional, los fallos judiciales deberán dictarse “conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley”, con lo que se constriñe al juzgador a buscar la solución del problema que se le presente, considerando en primer lugar lo dispuesto expresamente en el ordenamiento jurídico correspondiente [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, junio de 2004, página 234, tesis 1a. LXXII/2004, tesis aislada, materia común].

MAGISTRADOS DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. EN LA INTERPRETACIÓN DE SUS CONSTITUCIONES, EN LA PARTE RELATIVA A SU DESIGNACIÓN, DEBE OPTARSE POR LA QUE RESPETE LOS PRINCIPIOS CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 116, fracción III, de la Carta Magna establece un marco jurídico para los Poderes Judiciales Locales al que deben sujetarse las Constituciones y las leyes de los Estados y los órganos de poder, a fin de garantizar la independencia de Magistrados y Jueces y, con ello, los principios que consagra como formas para lograr tal independencia. Asimismo, en su párrafo inicial el propio precepto impone a los Estados miembros de la Federación el principio de la división de poderes conforme al cual, entre los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial debe existir equilibrio e independencia recíproca. Lo anterior implica que ante posibles interpretaciones diversas de los preceptos relativos de las Constituciones Locales, debe optarse por aquella que permita que la labor jurisdiccional se desarrolle con libertad y sin injerencias externas, bajo el criterio de fortalecimiento del Poder Judicial, y de la realización plena de su autonomía e independencia, lo que exige la efectividad de las garantías jurisdiccionales. Por tanto, ante situaciones que no se encuentren reguladas o que no lo sean con toda claridad, la interpretación de las normas locales debe hacerse en forma tal que se integren bajo los principios que con toda nitidez se contienen en la Constitución Federal. Aceptar que se interpreten las normas de las Constituciones Locales en forma tal que pugnen con la Constitución Federal, en especial cuando de los antecedentes de la reforma introducida a aquéllos se advierta que su propósito específico fue ajustarse a la segunda, equivaldría a atribuir al Congreso Estatal y, lógicamente, a sus integrantes, dolo y mala fe, lo que resulta jurídicamente inaceptable, debiéndose en consecuencia entender que si por la redacción del precepto podría seguirse esa oposición, ello sólo puede explicar deficiencias de expresión o de técnica legislativa [Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, octubre de 2000, tesis P./J. 108/2000, página 13].

INTERPRETACIÓN HISTÓRICA TRADICIONAL E HISTÓRICA PROGRESIVA DE LA CONSTITUCIÓN. Para fijar el justo alcance de una disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la insuficiencia de elementos que derivan de su análisis literal, sistemático, causal y teleológico, es factible acudir tanto a su interpretación histórica tradicional como histórica progresiva. En la primera de ellas, con el fin de averiguar los propósitos que tuvo el Constituyente para establecer una determinada norma constitucional, resulta necesario analizar los antecedentes legislativos que reflejan con mayor claridad en qué términos se reguló anteriormente una situación análoga y cuál fue el objeto de tales disposiciones, dado que por lo regular existe una conexión entre la ley vigente y la anterior; máxime, si a través de los diversos métodos de interpretación del precepto constitucional en estudio se advierte que fue intención de su creador plasmar en él un principio regulado en una disposición antes vigente, pues en tales circunstancias, la verdadera intención del Constituyente se puede ubicar en el mantenimiento del criterio que se sostenía en el ayer, ya que todo aquello que la nueva regulación no varía o suprime de lo que entonces era dado, conlleva la voluntad de mantener su vigencia. Ahora bien, de resultar insuficientes los elementos que derivan de esta interpretación, será posible acudir a la diversa histórica progresiva, para lo cual deben tomarse en cuenta tanto las condiciones y necesidades existentes al momento de la sanción del precepto constitucional, como las que se advierten al llevar a cabo su interpretación y aplicación, ya que toda Norma Fundamental constituye un instrumento permanente de gobierno, cuyos preceptos aseguran la estabilidad y certeza necesarias para la existencia del Estado y del orden jurídico; por tanto, ante un precepto constitucional que por su redacción permite la adecuación de su sentido a determinadas circunstancias, ya sea jurídicas, o de otra índole, para fijar su alcance, sin imprimirle un cambio sustancial, debe atenderse precisamente a la estabilidad o modificación que han sufrido esas circunstancias, sin que con ello sea válido desconocer o desnaturalizar los propósitos que llevaron al Constituyente a establecer la disposición en estudio [Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, junio de 2000, tesis P./J. 61/2000, página 13].

Un problema de interpretación de las reglas se presentó cuando Javier Hernández fue consignado por el Ministerio Público, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de tala, de más de dos metros cúbicos de árboles, motivo por el que solicitó gozar de su libertad provisional bajo caución.

El Ministerio Público consideró que ese delito de tala de árboles, previsto en el artículo 418 fracción II del Código Penal Federal, es grave por encontrarse incluido en el artículo 194, fracción I, inciso 32 Bis, del Código Federal de Procedimientos Penales.

Sin embargo, Javier Hernández, en el momento en que rindió su declaración preparatoria, solicitó que se le concediera el derecho a la libertad provisional bajo caución; derecho que exige como condición necesaria para su procedencia, según el artículo 20 Constitucional, que el delito no sea considerado como grave en la ley. Al efecto, los argumentos que resolvieron sobre ese derecho son los siguientes:

Artículo 418. Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen en zonas urbanas, al que ilícitamente: […]; II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, […] La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del primer párrafo del presente artículo afecten un área protegida.

En el catálogo de delitos graves, el código procesal penal señala:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes: Del Código Penal Federal, los delitos siguientes:

32. BIS. Contra el ambiente, en su comisión dolosa, previsto en los artículos 414, párrafos primero y tercero, 415 párrafo último, 416, párrafo último y 418 fracción II, cuando el volumen del derribo, de la extracción de la tala, exceda de dos metros cúbicos de madera o se trate de la conducta precisada en el párrafo último del artículo 419 y 420, párrafo último.

No obstante que el artículo 418, fracción II, del Código Penal está considerado como grave en el artículo 194 de la norma procesal y que, para que sea procedente conceder la libertad provisional, el delito correspondiente debe ser de los no graves.

Para obtener el beneficio de la libertad provisional bajo caución es una condición necesaria que el delito no esté considerado como grave, tal como lo señala el artículo 20 de la Constitución Federal.

Un delito puede considerarse también como grave cuando se complementa con alguna circunstancia agravante descrita en la norma sustantiva, tal como lo propone la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, DEBE TOMARSE EN CUENTA QUE EL DELITO O DELITOS, INCLUYENDO SUS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS, POR LOS CUALES SE DICTÓ EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN RESPECTIVO, NO ESTÉN CONSIDERADOS COMO GRAVES POR LA LEY. Si se toma en consideración, por un lado, que conforme a la interpretación histórica, sistemática e integral del artículo 20, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (actualmente 20, apartado A, fracción I), para resolver sobre la procedencia o improcedencia del beneficio de la libertad provisional bajo caución, el delito atribuido al inculpado, incluyendo sus modificativas o calificativas, no debe ser considerado como grave por la ley y, por otro, que el numeral 19 de la propia Carta Magna establece que en el auto de formal prisión deben expresarse tanto el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, como los datos que arroje la averiguación previa, y que todo proceso debe seguirse forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, así como que esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, febrero de 1997, página 197, de rubro: “AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.’, QUEDÓ SUPERADA POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES”, sostuvo que el dictado del auto de formal prisión surte el efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse proceso al inculpado, por lo que deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos incluyendo, en su caso, las modificativas o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan por el juzgador, resulta inconcuso que para resolver sobre la procedencia o improcedencia del citado beneficio, no es dable atender sólo a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, constitucional señalado, sino que debe adminicularse o relacionarse con las demás garantías constitucionales consagradas en la propia Carta Magna, específicamente con la tutelada por el diverso numeral 19; por ello es necesario tomar en cuenta que el delito o delitos, incluyendo sus modificativas o calificativas, por los cuales se dictó el auto de formal prisión, no estén considerados como graves por la ley, ya que de lo contrario se estarían tomando en cuenta hechos o datos ajenos a los que son materia del proceso [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, abril de 2002, página 289, tesis 1a./J. 2/2002, jurisprudencia, materia penal].

El código penal es la ley de carácter sustantivo, que contiene el catálogo de conductas consideradas como delitos y sus agravantes. En este ordenamiento, el aludido delito de tala de árboles se encuentra comprendido en el título vigésimo quinto, relativo a los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental y no incluye como elemento, en su descripción, alguna referencia al volumen de la madera, ni se considera como circunstancia agravante que la tala de los árboles haya excedido de dos metros cúbicos de madera. El artículo 419 hace referencia al volumen, pero éste corresponde a un límite menor de cuatro metros cúbicos y a conductas distintas de la tala, a saber el precepto dispone:

A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa. La misma pena se aplicará aún cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida.

Por otro lado, los códigos procesales contienen las reglas que deben aplicarse para substanciar los procedimientos, son por ello de naturaleza adjetiva y aún cuando en este ordenamiento se incluye un catálogo de los delitos previstos en diversos ordenamientos sustantivos que son considerados graves, este catálogo sólo tiene utilidad para los efectos del proceso. Es decir, la función del artículo 194 del Código de Procedimientos Penales, es exclusivamente de carácter enunciativa en cuanto que su objeto es clasificar cuáles, de las conductas consignadas en las normas sustantivas, son las que deben ser consideradas como graves para los efectos del proceso. Esta consideración encuentra respaldo en las razones del precedente que se invoca:

NORMAS JURÍDICAS. SU UBICACIÓN LEGISLATIVA NO DETERMINA SU NATURALEZA SUSTANTIVA O PROCESAL. De acuerdo a la función que desempeñan las normas jurídicas pueden clasificarse en sustantivas o adjetivas, y si bien lo ordinario es que se encuentren establecidas en ordenamientos que correspondan a su función, esto es, que las que regulen el fondo de las situaciones jurídicas se comprendan en códigos sustantivos y las que determinen los medios y procedimientos para deducir los derechos se alberguen en ordenamientos procesales; por razones de técnica, imprecisiones y necesidades legislativas, es frecuente encontrar dentro de los códigos procesales normas sustanciales o materiales y en los códigos sustantivos normas procesales, adjetivas o de actuación. Por consiguiente, para determinar el carácter sustantivo o adjetivo de una norma debe atenderse a la función que desempeñe, prescindiendo de su inclusión en determinada codificación, dado que la naturaleza de la norma no depende del ordenamiento en que esté prevista, sino de la función que cumpla, es decir, la ubicación legislativa de la norma no es la que determina su naturaleza sustantiva o adjetiva, ni un criterio científico para identificar la norma procesal frente a la norma sustantiva. De manera que si la norma tiene una función instrumental continuará siendo procesal aunque se le incluya en un código de fondo y, consecuentemente, si regula el fondo de una situación jurídica conservará su naturaleza sustantiva a pesar de estar inmersa en una legislación adjetiva [Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVIII, julio de 2003, página 1159, tesis: I.3o.C.63K, tesis aislada, materia común].

Por lo anterior, se arriba a la conclusión de que Javier Hernández sí tiene derecho a gozar de la libertad provisional bajo caución, no obstante que el Código Federal de Procedimientos Penales señale como delito grave derribar más de dos metros cúbicos de madera, pues este volumen no integra un elemento de ese tipo penal, ni es una circunstancia agravante, y si bien, el código procesal es una norma adjetiva que contiene un catálogo de delitos, de los que se consideran graves de distintos ordenamientos sustantivos, este catálogo no puede ser más que un listado, de suerte que no puede tenerse por delito grave que la tala haya excedido de dos metros cúbicos, cuando esta circunstancia no aparece prevista en la norma sustantiva.

2.2) Los problemas de relevancia. Tienen lugar cuando es necesario determinar si existe una norma aplicable al caso. Hay ocasiones en que los jueces se enfrentan a situaciones en las que no hay una norma aplicable y es preciso realizar una interpretación para encontrar la que resuelva el caso. Para ello, el artículo 14 constitucional establece que en los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho.

Cabe señalar que en la actividad de colmar una laguna a través de la interpretación, el juez no está creando nuevos derechos, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la norma que deba regir para el caso se sustrae del sistema jurídico, de lo contrario, se vulneraría el artículo 14 constitucional que obliga a que los juicios se ventilen mediante la aplicación de leyes expedidas con anterioridad al hecho y se afectaría la garantía de no aplicación retroactiva de la ley.

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta “conformación o integración judicial” no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional [Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, tesis P./J. 145/2000, página 16].

2.3) El tema relativo a la prueba. Se centra en la premisa fáctica del argumento judicial y opera mediante las disposiciones que rigen para cada proceso en lo relativo a su ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración.

Es importante destacar que la historia fáctica de un procedimiento se construye a partir de estas reglas y en esta medida el juez queda vinculado a su resultado; que se rige por la actividad que hayan realizado las partes en el juicio y, en algunos casos, por las pruebas que el juez haya considerado pertinente desahogar oficiosamente; hecho, en cualquier supuesto, limita las posibilidades de decisión, en cuanto que sólo serán materia de ésta los hechos debidamente probados en el contexto legal del juicio.

2.4) Los problemas de calificación. Se desarrollan en el ámbito de los hechos; surgen cuando no está completamente claro si los hechos se encuentran en el supuesto previsto por la norma.

Por ejemplo, en el delito de portar armas de fuego, no queda completamente claro si se puede considerar demostrado cuando el inculpado trae el arma en la cabina de su automóvil, pues un requisito necesario para que se acredite ese ilícito es que el arma quede bajo el ámbito de disponibilidad del sujeto activo y en el supuesto, serían necesarios varios movimientos para acceder al arma.

Este problema de calificación, ha sido resuelto por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

PORTACIÓN DE ARMA DE FUEGO. SE CONFIGURA ESE DELITO CON LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ARMA SE ENCUENTRE DENTRO DE LA CABINA DEL VEHÍCULO, AL ALCANCE INMEDIATO DE LA PERSONA, CON INDEPENDENCIA DEL NÚMERO DE MOVIMIENTOS QUE SE REALICEN PARA ACCEDER A ELLA. En atención a que el bien jurídico tutelado en el delito de portación de arma de fuego tipificado en los artículos 81 y 83 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, además de la vida e integridad de las personas, es la paz y la seguridad pública, debe concluirse que éstas se ven afectadas con la sola circunstancia de que el arma en cuestión se encuentre al alcance inmediato de la persona, lo que sucede cuando se encuentra dentro de la cabina del automóvil, con independencia del número de movimientos corporales que se tengan que realizar para acceder a ella. Esto es, el hecho de llevar consigo un arma dentro de la cabina del automóvil daña la tranquilidad y seguridad pública, al alterarse éstas instantáneamente con la sola presencia de la persona armada [Novena Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, mayo de 2004, página: 340, tesis: 1a./J. 25/2004, jurisprudencia, materia: penal].

a) Los derechos fundamentales de legalidad y audiencia, tutelados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, que Juan Jiménez y Rosa Contreras reclaman al Ministerio Público, por haberles privado de la patria potestad y la custodia —de conformidad con el artículo 346 del Código Civil del Estado de Veracruz—, que ejercían como padres del menor Juan Jiménez Contreras, sin una orden escrita fundada ni motivada, ni a través de un procedimiento previo, seguido por una autoridad competente y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

b) El derecho de Nicholle como madre de Christopher y, consecuentemente, el reconocimiento de la validez del acta de nacimiento norteamericana, conforme a las reglas de valoración de documentos extranjeros, según el principio de derecho internacional privado locus regit actum.

c) El interés superior del menor, tutelado por el artículo 4 de la Constitución Federal y 3 incisos A, D, E y G de la Ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, para que se respete su dignidad y pueda satisfacer sus necesidades de alimentación, salud, educación, sano esparcimiento y desarrollo integral.

d) El interés de los gobiernos mexicano y estadounidense de que se respeten las convenciones internacionales y los derechos de sus ciudadanos en otros países.

a) Constitución Federal: artículos 4°, 14, 16, 17, 130 y 133.

b) Ley para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes: el artículo 3, incisos A, D, F y G.

c) Convención interamericana sobre restitución de menores, adoptada en Montevideo, Uruguay, el quince de julio de 1989: artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 6°.

d) Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, adoptada en la Haya, Países Bajos, el 25 de octubre de 1980: artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°.

e) Ley de amparo: artículos 78, 79 y 211.

f) Código Civil del Estado de Veracruz: artículos 271, 343, 346, 354 y 356.

g) Código Penal Federal: el artículo 15, fracción V.

Para estar en posibilidad de resolver sobre estos derechos, es necesario determinar quiénes deben considerarse quejosos: Juan Jiménez y Rosa Contreras, como padres del menor, o sólo el menor en razón de que es ciudadano norteamericano, su madre es una estadounidense y el acta de nacimiento que se exhibió en el juicio de amparo se obtuvo por medios ilícitos.

Está claro que Juan Jiménez y Rosa Contreras comparecieron ostentándose como padres del menor Juan Jiménez Contreras; que el acta de nacimiento que ofrecieron para demostrar la filiación es un documento que, mientras no haya sido declarado nulo, hace prueba plena, de conformidad con lo establecido en los artículos 130 constitucional y 271 del Código Civil del Estado de Veracruz.

Sin embargo, también está demostrado que esa acta fue obtenida ilícitamente, y aunque no exista una resolución que haya declarado la nulidad de esa acta de nacimiento, lo cierto es que a los supuestos padres se les sigue un proceso penal por emplear un documento falso en el juicio de amparo motivo de este asunto.

Por otro lado, la Convención interamericana sobre restitución de menores y el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores obligan a los países miembros, entre los que se encuentran Estados Unidos de Norteamérica y México a decretar una serie de medidas encaminadas a restituir a aquellos menores que hubiesen sido internados por medios ilícitos a un país distinto al de su origen.

Empero, el artículo 78 de la Ley de amparo restringe al juez a que analice el acto tal como aparece probado ante la autoridad responsable, lo que limita sus facultades para valorar o analizar pruebas ajenas a las que revelan exclusivamente, la existencia de los actos.

Por consiguiente, la solución del caso implica un problema de relevancia, o de una laguna de la ley, relacionado con la interpretación del artículo 78 de la Ley de amparo que tendrá dos posibles soluciones:

1) Se considera que el juez puede desestimar el valor probatorio del acta de nacimiento en cuestión, lo que implica que Juan Jiménez y Rosa Contreras no tienen ningún derecho sobre el menor y, por ello, no podrían considerarse quejosos. El único quejoso sería el menor representado por un tutor especial. Esta solución daría lugar a reconocer la validez del acta de nacimiento del menor que lo acredita como ciudadano norteamericano y tendría que aplicarse la Convención interamericana sobre restitución de menores y el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, por lo que, en cumplimiento con las normas internacionales, se tendría que ordenar a las autoridades que restituyan al menor a su país de origen.

2) En cambio, si se llegara a estimar que un juez federal carece de facultades para cuestionar la validez de un acta de nacimiento, en tanto no exista un juicio ante un tribunal ordinario en que se declare su nulidad, ello llevaría a reconocer a Juan Jiménez y Rosa Contreras el carácter de padres del menor Juan Jiménez Contreras, lo que implica el desconocimiento del acta de nacimiento del mismo menor, expedida en Estados Unidos de Norteamérica que lo acredita como ciudadano de ese país y se dejarían de aplicar la Convención interamericana sobre restitución de menores y el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, pues el menor sería considerado mexicano.

Un Juez Constitucional debe vincular los derechos en juego dentro del sistema jurídico a fin de encontrar una solución completa, como lo ordena el artículo 17 constitucional, en cuyo proceso, incluso, puede permitírsele, de forma contingente, examinar alguna institución para ponderarla frente a otra, sin un juicio previo, con tal de que se pueda dirimir el conflicto.

Es cierto, que el artículo 78 de la Ley de amparo representa un problema de relevancia, pues señala que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparece probado, que no se pueden tomar en consideración pruebas ajenas a las que sólo demuestren su existencia. Sin embargo, esa restricción debe interpretarse como una regla general, que admite excepciones.

En efecto, queda claro que existen dos actas de nacimiento de un menor: una demuestra que es ciudadano estadounidense por nacimiento; la otra, que es mexicano por nacimiento.

Ahora bien, una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo, el menor es mexicano por nacimiento o estadounidense por nacimiento, particularmente cuando los lugares del parto se encuentran distantes: Idaho, en Norteamérica; y Veracruz, en México.

Por ello, es indispensable decidir a cuál de las dos actas de nacimiento se le debe dar valor. En este sentido, si bien en el juicio de amparo el acto debe apreciarse tal y como aparece probado ante la autoridad responsable, esta obligación debe considerarse aplicable en condiciones en las que no hay necesidad de determinar sobre la validez de alguna institución en que se funda el propio acto, porque si está en entredicho o sujeta a controversia su existencia, no hay forma de emitir un fallo congruente mientras no se haya resuelto esta cuestión. En este caso, es necesario valorar una institución en que se funda el propio acto, pues el argumento que da el Ministerio Público para retener al menor se apoya en el hecho de que es un ciudadano norteamericano. Por otra parte, quienes se ostentan como padres del mismo menor alegan que es mexicano por nacimiento.

Por tanto, se debe vincular la obligación constitucional consignada en el artículo 17 que ordena que la justicia sea completa, frente a la restricción contenida en la regla del artículo 78 de la Ley de Amparo de valorar el acto como aparece probado ante la autoridad. De manera que la regla general será la de examinar el acto tal como aparezca demostrado ante la autoridad responsable; en tanto que, la excepción es la de valorar una institución en que se funde el propio acto, cuando ello lleve a dirimir el conflicto de manera completa.

En tal virtud, no podría considerarse completa ni congruente la determinación, si queda sin resolver un aspecto sustancial del acto reclamado del que depende su validez como sería la legalidad de un acta de nacimiento.

Además, sostener una opinión opuesta llevaría al absurdo de considerar que el menor es mexicano y estadounidense por nacimiento y que un acto ilícito pueda surtir efectos jurídicos.

Esta interpretación encuentra respaldo, a fortiori, en el precedente que se cita:

LITIS EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL, AL DELIMITARLA, EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTA FACULTADO PARA ANALIZAR LA NATURALEZA JURÍDICA DE UNA INSTITUCIÓN. Por una exigencia de orden técnico jurídico, que deviene de la función de control de la constitucionalidad y de la de definir, en la medida que el caso lo requiera, las cuestiones que han suscitado opiniones encontradas de las partes, el órgano de primera instancia y la ley, debe desentrañarse jurídicamente, la naturaleza esencial de una determinada institución, figura jurídica o clasificación que establezca la ley, con independencia de la denominación que adopten las partes o que enuncie el texto legal, atendiendo a los elementos o características esenciales que la conforman, individualizan y hacen diferente de otras. De modo que no basta el consenso o aceptación tácita de las partes contendientes en el juicio natural, de la autoridad responsable o de lo que haya analizado el órgano jurisdiccional de amparo, en primera instancia, sobre la naturaleza jurídica de una institución, para tener por verdadera la denominación o clasificación adoptada, sino que ha de atenderse, sin alterar la litis del juicio constitucional, a los elementos o características esenciales que reúna la figura jurídica de que se trate, en su caso, a los conceptos jurídicos que permitan distinguirla, individualizarla, así como de ser necesario, al origen y evolución de la institución jurídica en análisis [Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, marzo de 1996, página 457, tesis: P. XXXV/96, tesis aislada, materia común].

Con tales argumentos debe considerarse que el acta de nacimiento que presentaron Juan Jiménez y Rosa Contreras carece de valor probatorio toda vez que constan en las declaraciones, que ambos rindieron ante el Ministerio Público, en donde admitieron haber ocultado a la Oficial del Registro Civil que el menor no es su hijo y que se trata de un niño estadounidense. Incluso, son procesados ante un Juez Federal precisamente por haber planteado el presente juicio de amparo con un documento obtenido ilícitamente. La falsedad de ese documento se corrobora con la averiguación previa que se integró con motivo de la denuncia que presentó Nicholle, en Estados Unidos de Norteamérica, con motivo de la sustracción de su hijo Christopher y con el acta de nacimiento que consta en autos, debidamente traducida y legalizada, que se valora como documento público según el principio de locus regit actum y que acredita que el menor es ciudadano norteamericano por nacimiento, originario de Idaho.

Por consiguiente, Juan Jiménez y Rosa Contreras, carecen de cualquier derecho de filiación con respecto al menor Christopher, razón por la que no les asiste la patria potestad ni el derecho de custodia tutelados en los artículos 271, 343, 346, 354, y 356 del Código Civil del Estado de Veracruz y los intereses del menor deberán considerarse representados por el tutor especial designado en el trámite del juicio de amparo.

Asimismo, debe considerarse que el artículo 4 constitucional y 3 de la Ley para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes protege el derecho de los menores a obtener de sus padres alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral; obligación que corresponde atender a Nicholle y que no ha sido posible en razón de que el Ministerio Público ha mantenido al menor en una institución para el cuidado de menores.

Además, el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y la Convención interamericana sobre restitución de menores consideran ilegal el traslado o la retención de un menor cuando se produzca en violación a los derechos que ejercían, individual o conjuntamente, los padres, tutores o guardadores, o cualquier institución inmediatamente antes de ocurrir el hecho, de conformidad con la ley de la residencia habitual del menor y establecen que los menores que han sido ilegalmente trasladados deben ser restituidos a su país de origen.

Por lo que Juan Jiménez y Rosa Contreras carecen de derechos subjetivos que puedan ser materia de exigencia a la autoridad y debe considerarse que carecen de interés jurídico en el juicio de amparo.

Por tanto, se debe amparar al menor Christopher para que la autoridad administrativa informe de inmediato, a la autoridad central de la Secretaría de Relaciones Exteriores, sobre la sustracción ilegal del menor norteamericano para que se inicie el procedimiento de restitución.

Un juez constitucional debe examinar los actos tal y como aparezcan demostrados como lo señala el artículo 78 de la Ley de Amparo. Esta obligación está expresamente consignada y no puede interpretarse de modo distinto al literal. Por ello, no puede considerar inválida un acta de nacimiento que no ha sido declarada nula por una autoridad ordinaria pues, de hacerlo, se apreciaría el acto de manera distinta de aquella en que aparece demostrado y se tomarían en consideración pruebas que no están integradas en la litis constitucional, como se indica en el precedente de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

LITIS CONSTITUCIONAL, MATERIA DE LA. Si una cuestión no ha sido materia del debate ante las autoridades de instancia, no puede serlo de la litis constitucional, ya que ello sería contrario a la técnica del amparo, conforme a la cual la sentencia que en éste se pronuncie, sólo tomará en consideración las cuestiones planteadas en el debate ante la potestad común [Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXVI, cuarta parte, página 23, jurisprudencia, materia común].

Además, el artículo 130 constitucional señala que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas, en los términos que establezcan las leyes.

Por tanto, si un oficial del Registro Civil, en uso de sus facultades hizo constar que Juan Jiménez y Rosa Contreras son los padres del menor Juan Jiménez Contreras ello lleva necesariamente a considerar demostrada esa filiación en términos del artículo 271 del Código Civil del Estado de Veracruz y a estimar que estos padres tienen todas las prerrogativas y derechos emanados de la institución de patria potestad conforme a los artículos 340, 343, 346, 354 y 356 del mismo ordenamiento legal.

Los artículos 4° constitucional y 3° de la Ley para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes protegen los derechos de los niños y niñas, pues se considera como deber de los padres preservar el derecho de los menores a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental.

Si la autoridad responsable dictó una determinación en la que ordenó que el menor permaneciera en una institución especial con el argumento de que se trata de un menor estadounidense, esta actuación es violatoria de las garantías de legalidad y de audiencia contenida en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues el agente del Ministerio Público carece de facultades jurisdiccionales y no obstante ello privó a Juan Jiménez y Rosa Contreras de los derechos que les reconoce la ley civil de patria potestad y custodia de su menor Juan Jiménez y con esta determinación se contravienen los derechos que la Constitución otorga al aludido menor, por cuanto que se impide a los padres preservar la satisfacción de sus necesidades de salud física y mental. Por ello, debe restituírseles en el goce de su garantía violada dejando las cosas en el estado que tenían antes de la violación y se ordena a la autoridad que proceda a entregar al menor a Juan Jiménez y Rosa Contreras.

No pasa inadvertido el hecho de que Juan Jiménez y Rosa Contreras son procesados en un juicio seguido ante otro juez federal por ser probables responsables en la comisión del delito de uso de documento falso en el aludido juicio de amparo. Sin embargo, esta situación no impide que se les reconozca el carácter de padres del menor Juan Jiménez, en principio, porque sólo son parte de un proceso judicial que no ha concluido con una sentencia definitiva que los declare culpables de cometer ese delito; pero además, porque existe la posibilidad de que sean absueltos en la medida en que pueden sustentar su defensa con una excluyente de estado de necesidad, conforme al artículo 15, fracción V del Código Penal Federal, en el sentido de haber sacrificado un bien jurídico de menor valor para salvaguardar otro de mayor entidad, como lo es la salud física y psicológica a que tiene derecho un niño, así como su derecho a tener una familia que le brinde amor y educación, en detrimento del bien jurídico tutelado en el artículo 211 de la Ley de Amparo, que es la veracidad de los elementos aportados para el juicio de amparo que para una correcta administración de justicia (Osorio y Nieto, 1998: 357). Lo anterior, complementado con el hecho que la madre del menor era una persona adicta al consumo de la cocaína, que se desentendió por mucho tiempo de su propio hijo, y que en tal virtud era necesario salvaguardar los derechos del niño.

Con respecto a los derechos que pudiera plantear la madre del menor o el gobierno norteamericano, para exigir el cumplimiento de la Convención interamericana sobre restitución de menores y del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, a través de la figura de la responsabilidad internacional, tiene que decirse que es una controversia que debe suscitarse en el ámbito del derecho internacional privado entre la madre estadounidense y los padres mexicanos pues, al margen de que a uno o a otro estado les importe defender los derechos de sus ciudadanos, en este caso es preferente el interés superior del menor, tomando en cuenta el tiempo transcurrido y el hecho de que quienes han estado al tanto de su cuidado han sido los padres mexicanos los cuales, incluso, han creado vínculos de afecto por todo el tiempo que ha permanecido el menor en México y al cuidado de Juan Jiménez.

Además, los tratados internacionales están debajo del ordenamiento constitucional, pues así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por ello, si la Constitución señala en el artículo 130 que se debe reconocer la validez de las actas del registro civil. Esta disposición está por encima de la Convención interamericana sobre restitución de menores y del Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y, en esa medida, debe privilegiarse la aplicación del precepto constitucional con respecto a las convenciones.

TRATADOS INTERNACIONALES. SE UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FEDERALES Y EN UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Persistentemente en la doctrina se ha formulado la interrogante respecto a la jerarquía de normas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la Constitución Federal es la norma fundamental y que aunque en principio la expresión “… serán la Ley Suprema de toda la Unión …” parece indicar que no sólo la Carta Magna es la suprema, la objeción es superada por el hecho de que las leyes deben emanar de la Constitución y ser aprobadas por un órgano constituido, como lo es el Congreso de la Unión y de que los tratados deben estar de acuerdo con la Ley Fundamental, lo que claramente indica que sólo la Constitución es la Ley Suprema. El problema respecto a la jerarquía de las demás normas del sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, entre las que destacan: supremacía del derecho federal frente al local y misma jerarquía de los dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de “leyes constitucionales”, y la de que será ley suprema la que sea calificada de constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los tratados internacionales se encuentran en un segundo plano inmediatamente debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta interpretación del artículo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad internacional; por ello se explica que el Constituyente haya facultado al presidente de la República a suscribir los tratados internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la misma manera, el Senado interviene como representante de la voluntad de las entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. Otro aspecto importante para considerar esta jerarquía de los tratados, es la relativa a que en esta materia no existe limitación competencial entre la Federación y las entidades federativas, esto es, no se toma en cuenta la competencia federal o local del contenido del tratado, sino que por mandato expreso del propio artículo 133 el presidente de la República y el Senado pueden obligar al Estado mexicano en cualquier materia, independientemente de que para otros efectos ésta sea competencia de las entidades federativas. Como consecuencia de lo anterior, la interpretación del artículo 133 lleva a considerar en un tercer lugar al derecho federal y al local en una misma jerarquía en virtud de lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que “Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.” No se pierde de vista que en su anterior conformación, este Máximo Tribunal había adoptado una posición diversa en la tesis P. C/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de rubro: “LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES. TIENEN LA MISMA JERARQUÍA NORMATIVA.”; sin embargo, este Tribunal Pleno considera oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarquía superior de los tratados incluso frente al derecho federal [Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 1999, página 46, tesis P. LXXVII/99, tesis aislada, materia constitucional].

La respuesta correcta considero que es la que se plantea en primer término, básicamente porque corresponde con la idea de dar a cada uno lo que le corresponde, es congruente con el sistema, consistente y coherente con las constancias.

Juan Jiménez y Rosa Contreras llevaron a cabo un ilícito y no es posible asumir que ese ilícito pueda producir efectos jurídicos, máxime cuando admitir la validez de un acta de nacimiento obtenida ilegalmente sería una decisión absurda por cuanto que llevaría a sostener que en el mundo fáctico es posible que una persona pueda nacer en dos lugares distantes al mismo tiempo.

Por otra parte, no decidir sobre la autenticidad o falsedad del acta de nacimiento presentada por los quejosos sería desentenderse de la obligación del artículo 17 constitucional de impartir justicia en forma completa, pues se dejaría de apreciar un aspecto sustancial del caso; máxime que el problema de relevancia del artículo 78 de la Ley de Amparo quedó resuelto al considerar que esa disposición contiene una regla general que admite la excepción de poder valorar aspectos ajenos al acto reclamado, cuando esa valoración sea necesaria para determinar la existencia de ese acto.

Además, esta interpretación no rige con el artículo 130 constitucional, que señala que los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competencia de las autoridades administrativas, pues el último párrafo de ese artículo deja a la legislación secundaria la delimitación sobre las facultades que tienen las autoridades federales, de los estados y municipios en esa misma materia; por lo que si la Ley de Amparo, en el artículo 78, permite hacer una interpretación de una institución jurídica, como en este caso, la validez de un acta de nacimiento, luego esta disposición es complementaria del artículo 130 constitucional.

En este sentido es una falacia sostener que debe prevalecer la norma constitucional sobre las convenciones internacionales, ya que el artículo 130 constitucional, no impide a los órganos constitucionales resolver sobre la validez de un acta de nacimiento en el juicio de amparo; no hay obstáculo para considerar a la Constitución y a los tratados internacionales, como norma suprema, según el artículo 133 de la constitución.

Por otro lado, no es factible asumir que Juan Jiménez y Rosa Contreras podrían sustentar una defensa basada en la causa de justificación de estado de necesidad del artículo 15, fracción V del Código Penal Federal pues, la condición necesaria para que se pueda demostrar ese supuesto, es que el peligro no sea evitable por otros medios y es claro que Juan Jiménez estuvo en todo momento en posibilidad de evitar que el descuido de la madre, por sus problemas de adicción, causara daño al menor por medios distintos a internarlo ilegalmente a México, como pudo haber sido dar parte a las autoridades estadounidenses.

Por añadidura, sería también una falacia considerar que si la madre descuidó a su hijo, por su adicción a las drogas, de restituir al menor, éste habría de padecer nuevamente por la misma causa; pues ello sería desconocer su rehabilitación y negarle una nueva oportunidad, independientemente de que es innegable que es la madre biológica del menor y que éste es un ciudadano norteamericano, sujeto a la protección de las leyes de su país.

Además, la madre estadounidense sí podría exigir responsabilidad por una violación al derecho internacional, imputable al Estado por no proveer sobre la restitución de un menor extranjero en los términos de la Convención interamericana sobre restitución de menores y el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, porque subsiste la internación ilegal del menor a México en el marco de lo dispuesto en la Convención interamericana sobre restitución de menores y el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores y, no obstante ello, de no acordar la restitución, se ocasionarían daños materiales y morales (Seara Vázquez, 1988: 351).

Finalmente, el hecho de que durante el tiempo en el que el menor ha permanecido en México haya creado vínculos de afecto con Juan Jiménez y Rosa Contreras no es decisivo para considerar conveniente que permanezca con Juan Jiménez y Rosa Contreras, pues la Convención interamericana sobre restitución de menores y el Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores consideran aplicable la restitución del menor siempre que no haya cumplido dieciséis años, por lo que, en tanto no cuente con esa edad, los vínculos afectivos no son determinantes y, en cambio, esta circunstancia hace obligado acatar las convenciones.