Rol y aporte del analista criminal en la configuración de las políticas públicas de prevención del delito y procuración de justicia
| Autor | Patricio Hernán Tudela Poblete |
| Páginas | 1-24 |
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Patricio Hernán Tudela Poblete1
EL ANÁLISIS criminal puede ser considerado una actividad con un fin en sí mismo (transformar datos en información para tomar decisiones) y, a la vez, una función imprescindible en los desafíos que enfrentan las instituciones que intentan —por diferentes vías— reducir o esclarecer crímenes y contener sus consecuencias en la sociedad, generando conocimiento fundado sobre qué sirve y qué no (y por qué) en las estrategias de prevención y persecución penal en ejecución. El valor del análisis radica en su utilidad para actuar con efectividad en un binomio indisoluble: seguridad y justicia.
El análisis criminal cobra aún mayor relevancia cuando se pone en un contexto de agregación de valor, es decir, cuando gestores e implementadores de políticas en la esfera de la justicia y la persecución penal —usuarios de información criminológica— descubren y asumen que los analistas del delito contribuyen a la prevención y el control del delito y las violencias. Entonces surge la oportunidad de construir un círculo virtuoso.
Uno de los denominadores comunes de esa interdependencia en materia de gestión de información y análisis criminal es que, ya sea desde la esfera de la seguridad o bien desde la justicia, impacta sobre los resultados y la eficacia percibida de las organizaciones (legitimidad social). En efecto, las trayectorias de los últimos años en diversos países de la región (por ejemplo, algunas provincias de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú) permiten arribar a la convicción de que se debe alimentar
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la convergencia de acciones al amparo de políticas públicas de seguridad con las actividades del sistema de justicia y sus actores.
Esto obedece a la creciente convicción de que en la base de los procesos de gestión de cambio para alcanzar mayor efectividad, de las mejoras en los ejes de gestión y servicios de calidad en las instituciones de prevención, seguridad y justicia, subyace la necesidad de crear, alimentar y consolidar lujos de datos e informaciones intra / extra organizacionales sobre delitos, víctimas, infractores y —oportunidades— o circunstancias propias para delinquir.
De esta forma, en un contexto institucional óptimo los analistas son o pueden ser “puentes de plata” que unen y reducen brechas de información, que usualmente generan o reflejan —dadas las consecuencias— brechas de impunidad operativa. Esto es lo que sucede cuando detrás de incidentes o delitos denunciados o reportados con escasos datos indiciarios no hay análisis criminal para desencadenar la acción de la policía y de la justicia y entonces, por un criterio de eficiencia policial y procesal, son archivados provisionalmente o bien desestimados.
Esto ocurre con mucha frecuencia, especialmente cuando en una entidad el modelo de tratamiento de información no considera mecanismos ni cuenta con las capacidades necesarias para explorar y “explotar” registros en otras fuentes abiertas o cerradas, dentro o fuera de la institución, de naturaleza distinta pero complementaria, y se agrega a ello casos que no son entendidos como síntoma de un problema de inseguridad objetiva y probablemente subjetiva, que demanda una estrategia policial de control y persecutora ad hoc, que sugiere o exige la agrupación de casos —ya que la hipótesis fáctica presume que detrás de muchos delitos hay pocos infractores, pero prolíficos en su actividad criminal (regla de Pareto 20:80)—, concentrados en un foco delictual que tiene patrones específicos y que posiblemente —luego del examen de varios casos— serán vinculables a través de la identificación o reconstrucción del modus operandi o firma delictual.
Así, la gestión de información criminológica, que está en manos de un analista delictual, es una oportunidad para cubrir vacíos y superar nudos críticos en la toma de decisiones, ayudando a materializar la seguridad y la justicia como derechos fundamentales en una sociedad.
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Si bien hay quienes no concuerdan2, en la actualidad análisis criminal (crime analysis), análisis del delito o análisis delictual se emplean como sinónimos. La revisión de diversas definiciones y contextos de uso llevan a afirmar que las distintas terminologías tienen que ver con autores, contextos jurídicos, sociohistóricos y tradiciones con énfasis diferentes, ya sea si la gestión de análisis persigue propósitos preventivorepresivos, persecutoriojudiciales o bien simplemente una intención criminológica para generar conocimiento aplicado.
Más que una discusión conceptual o una definición taxativa, es más útil describir el campo semántico de esta actividad para comprender su potencial y su proyección en las esferas de la seguridad pública y la justicia. No hay duda de que se trata de la aplicación de técnicas analíticas particulares a datos recolectados para un gran propósito común (neutralizar el crimen y sus consecuencias), pero con objetivos y modalidades diferentes según cada usuario.
Una corriente vincula el análisis a la policía y señala que consiste en técnicas y procesos para estudiar las tendencias y los patrones delictuales en una jurisdicción específica y cómo la policía responde ante ellos. A modo de ejemplo, puede citarse a Bruce3 y los aportes de la International Association of Crime Analysts4.
Otra corriente extiende el campo y sitúa el análisis más allá de la esfera policial, como actividad orientada al estudio del delito y sus componentes, a partir de datos cuantitativos y cualitativos, en combinación con información sociodemográica y factores espaciales, con el objeto de prevenir el crimen, aprehender criminales y evaluar la actuación de la organización5, 6.
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Mientras otra corriente destaca que —con independencia de quién lo realice y el objetivo inmediato— el análisis es una herramienta importante en atención a que puede cubrir necesidades de tipo descriptivo, investigativo, estratégicotáctico, explicativo y evaluativo para generar intervenciones y actuar oportuna y eficazmente en la solución de problemas derivados de la ocurrencia de delitos, vinculándolo así a la gestión de políticas y estrategias7, 8. Es decir, se trataría de una función vinculada a la aplicación de la ley o la eficacia del Derecho, que implica un examen sistemático y el empleo del método científico y de técnicas en el examen individual o ponderado de la delincuencia y el desorden social (incivilidades). Esta aproximación ha ido adquiriendo fuerza o concitando adhesión en América Latina, vinculando el análisis criminal a organismos públicos (municipios, policías y fiscalías, ministerios públicos o procuradurías de justicia), e incluso privados (universidades, organizaciones no gubernamentales, observatorios del delito, entre otros), como se ilustra en los concursos de selección de buenas prácticas de análisis criminal en Iberoamérica que se realizan anualmente9, 10, 11, 12.
En términos tradicionales se enfoca en el comportamiento criminal, en hechos reportados, investigados o no, en incidentes relacionados, para identificar tendencias y determinar factores precipitantes (causas)
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y sus secuelas (efectos). Un analista debe aportar información sobre las características de los incidentes, infractores y circunstancias que intervienen y recomendar de qué forma se pueden abordar estas situaciones, ya sean ocasionales, frecuentes, comunes, de alta connotación o graves, derivadas de uno o varios infractores prolíficos o bien de la existencia de organizaciones criminales (bandas o grupos delictuales).
Se trata, específicamente, de una labor que implica el estudio de los incidentes a través de identificar relaciones, patrones, tendencias, causas y efectos y, por lo tanto, se enfoca en el perfilamiento de los elementos intervinientes y el hallazgo de vínculos desconocidos entre hechos ya conocidos y datos disponibles o información “útil” por generar y/o encontrar, estudiando la actividad criminal —delitos, infractores, víctimas y patrones de ocurrencia— para descubrir y producir información sensible y valiosa que permita prevenir, aprehender delincuentes prolíficos, investigar y aclarar delitos, distribuir eficientemente recursos y pronosticar la ocurrencia de hechos (recurrentes) similares, en un contexto de necesidad de apoyar acciones e intervenciones planificadas para hacer frente al crimen desde la perspectiva de la seguridad pública y la procuración de justicia.
Hoy los analistas también deben enfocarse en los factores que intervienen en el delito, qué es determinante en su aparición, su latencia y reducción, en establecer de qué forma se puede abordar la contención de los delitos y en cómo disuadir la comisión de ilícitos. Su resultado (evidencia científica y aprendizajes organizacionales) es utilizado preferentemente, aunque no en forma exclusiva, por la policía y las instituciones de persecución penal para diseñar estrategias específicas.
Hay elementos comunes. Uno es la convicción de que la información sobre los patrones puede ayudar a la policía a desplegar los recursos de manera más eficaz. Otra característica es que ayuda a la policía judicial y detectives en la identificación de delincuentes y organizaciones criminales. Donde tampoco hay dudas es que el análisis criminal también juega un papel en la elaboración de soluciones a los problemas de la delincuencia, y la formulación de estrategias de prevención del delito y de persecución penal. De esta forma, el análisis es una labor clave que ayuda a caracterizar o...
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