Propuesta para una política legislativa para el gobierno y administración de zonas metropolitanas
| Autor | Joaquín Álvarez Vázquez |
| Páginas | 203-263 |
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INTRODUCCIÓN
Las ciudades son una de las vanguardias de las diferentes transforma-
ciones que vive nuestro país. El proceso de urbanización, es decir, la
concentración de población que se materializa en el crecimiento del
número y del tamaño de las ciudades, induce hoy la multiplicación de
áreas o zonas metropolitanas.
El patrón de expansión y crecimiento de las ciudades está dando
paso a procesos cada vez más complejos en los que algunas metrópolis
desempeñan un papel cada vez más importante en la dinámica econó-
mica, política, social y cultural del país.
Un número importante de nuestras más grandes o mayores ciuda-
des rebasan hoy los límites político-administrativos del municipio que
originalmente las contuvo y se han extendido sobre las circunscripcio-
nes vecinas.
Las áreas o zonas metropolitanas son así el envolvente de estas
modernas ciudades distendidas; las áreas o zonas metropolitanas son
la “extensión territorial que incluye a la unidad político-administrativa
que contiene a la ciudad central y a las unidades político administra-
tivas contiguas a ésta que tienen características urbanas”.
Por razones de conocimiento y reconocimiento del desarrollo ur-
bano del país, hay que delimitar o identificar sus zonas o áreas metro-
politanas, conocer su dinámica y definir y proponer una política que
aproveche las ventajas de su existencia y aliente su desarrollo.
Propuesta para una política legislativa
para el gobierno y administración de zonas metropolitanas
Joaquín Álvarez Vázquez
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El territorio es entendido de otra manera. Ahora es mucho más que
mero soporte físico o contenedor de actividades. Es el espacio donde
se producen relaciones sociales y económicas generadoras de pautas
específicas de equilibrio, desigualdad o marginación, dependiendo de
su grado de conexión a redes más o menos globales. El territorio es en-
tendido como recurso, como patrimonio, como paisaje cultural, como
expresión de la memoria colectiva, como bien público, como espacio
de solidaridad, como legado.
De hecho, en México y tampoco en América Latina no hay tradi-
ción de instituciones o gobiernos metropolitanos. Desde la lógica de
una política metropolitana basada en las necesidades, quizá lo más
oportuno es una administración metropolitana. Cuando lo que corres-
ponde hacer es desarrollar programas de alto contenido técnico y de
vocación igualadora, entonces una administración profesional y dis-
tante puede ser la mejor solución. En cambio, cuando hay que basarse
en la lógica de las políticas de promoción, parece que lo más adecuado
sería no referirse ni a la administración ni al gobierno metropolitano,
sino al mercado y al producto metropolitano. Los promotores de la
política se desmarcarían de un entorno institucional que, fuera cual
fuera su forma concreta, debería limitarse a facilitar las actuaciones de
los actores no institucionales.
Este gobierno metropolitano, sin embargo, no necesita construirse
a imagen y semejanza de los gobiernos tradicionales, sino que puede
constituirse como un gobierno que incorpora las nuevas ideas que han
surgido alrededor de nuevos conceptos y paradigmas a partir de la aso-
ciación municipal, de la colaboración de los tres órdenes de gobierno
y o sea de un federalismo que salga de su dualismo y arribe a formas
cooperativas, que pueden generar capacidad de gobierno sin reducir la
voz o participación de las distintas partes. El gobierno metropolitano
debería defender su contenido político y su vocación de gobierno, aun-
que para ello no necesitará de las formas tradicionales de gobierno. El
gobierno metropolitano podría ejercerse a través de otros mecanismos
y convertirse, de esta manera, en una institución fértil y práctica sobre
la nueva gobernabilidad.
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Las políticas públicas son el conjunto de concepciones, criterios,
principios, estrategias y líneas fundamentales de acción a partir de las
cuales la comunidad organizada como Estado, decide hacer frente a
desafíos y problemas que se consideran de naturaleza pública.
La capacidad de un gobierno para cumplir su misión está directa-
mente vinculada a la solidez de las políticas públicas. Sin duda, un
buen gobierno es aquel que opera a partir de políticas públicas sólidas
y esto implica la capacidad de renovar sus alcances, sentido y conte-
nido en razón de:
1. Los hallazgos y desarrollo en las ciencias y disciplinas que apor-
tan teoría y evidencia para el diseño de políticas.
2. La experiencia que arrojan las prácticas de las acciones guberna-
mentales.
3. Los cambios en las necesidades políticas, sociales, económicas
y culturales de la población y en las prioridades que requieren
para su atención y solución.
4. La evolución del entorno y de las circunstancias particulares que
rodean a los fenómenos o situaciones específicas objeto de las
políticas públicas.
5. Los ajustes decretados por las instancias de decisión legítima
establecidas en la Constitución y en las leyes.
6. Las fluctuaciones en la dotación de los recursos humanos, mate-
riales y económicos disponibles.
Las transiciones demográfica, social, económica y política, exigen
realizar una profunda revisión de las políticas públicas en México. En
este sentido, se requieren diseñar, elaborar, expedir y poner en ejecu-
ción las reformas en aquellos casos en los que las normas y los proce-
dimientos vigentes inhiben el desempeño de la sociedad.
De esta manera se facultará y habilitará a los actores sociales y
económicos para que actúen en beneficio de la sociedad y para que
puedan avanzar en la satisfacción de sus intereses legítimos, sin per-
juicio del interés general. Serán reformas que implicarán la descentra-
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