Ejecutoria num. 47/2021 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-08-2022 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 47/2021. FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 10 DE MAYO DE 2022. PONENTE: N.L.P.H.. SECRETARIO: S.M.O..

Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al diez de mayo de dos mil veintidós, emite la siguiente.

SENTENCIA

Mediante la que se resuelve la acción de inconstitucionalidad 47/2021 promovida por la Fiscalía General de la República en contra del artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante Decreto Número 173, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el doce de febrero de dos mil veintiuno.

TRÁMITE

1. Presentación de la acción. Mediante escrito presentado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.G.M., fiscal general de la República, promovió acción de inconstitucionalidad en la que demandó la invalidez del artículo 208, fracción I, en la porción normativa "Se impondrá de dos a siete años", del Código Penal para el Estado de Baja California.

2. Autoridades emisora y promulgadora. La norma general impugnada se emitió por el Congreso y se promulgó por el gobernador, ambos del Estado de Baja California.

3. Artículos señalados como violados. La fiscalía señaló como preceptos constitucionales violados los artículos 14, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

4. Conceptos de invalidez. El fiscal general de la República adujo lo siguiente:

• El artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Baja California, al establecer el tipo penal de robo calificado sin definir la medida punitiva aplicable a las calificativas del delito, vulnera los principios de seguridad jurídica y de legalidad, en su vertiente de taxatividad.

• Argumenta que, con la expedición del Decreto Número 173 impugnado, se adicionaron los incisos m) y n) relativos a la fracción I del referido numeral; sin embargo, el legislador dejó intocada la pena por la comisión del delito de robo calificado contemplada en la referida fracción I, en la que no se especifica si la temporalidad de la sanción es de prisión o de otra clase, ya que únicamente señala de dos a siete años.

• Por lo tanto, si la medida punitiva no fue definida, solicita que se declare inconstitucional la fracción I, en virtud de que la conducta y la sanción penal deben detallarse de manera clara en la ley para que el operador jurídico pueda sancionar la comisión de hechos ilícitos y los justiciables conozcan la conducta prohibida y la sanción que corresponde imponer.

• Aunque la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, no sufrió modificación alguna con el Decreto Número 173, su impugnación la hace derivar de la adición de los incisos m) y n) a dicha fracción, ya que no se especificó si el rango de pena entre dos a siete años se refería a prisión o alguna otra clase de sanción, generando un acto legislativo nuevo impugnable en esta vía.

5. Registro y turno. Mediante proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente acción de inconstitucionalidad con el número 47/2021; y, por razón de turno, fungió como instructora la Ministra Norma Lucía P.H..

6. Admisión. Por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la Ministra instructora admitió la acción de inconstitucionalidad y ordenó dar vista a los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Baja California, para que rindieran sus respectivos informes.

7. Informe de la autoridad emisora. El Poder Legislativo del Estado de Baja California al rendir su informe sostuvo medularmente lo siguiente:

• La circunstancia de que la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California no establezca la palabra "prisión" en la porción normativa que señala: "se impondrá de dos a siete años", no contraviene el principio de taxatividad, porque el robo calificado es un delito que lleva aparejada una sanción privativa de libertad, tanto en su tipificación simple como en la agravada; de tal manera que la fracción I no genera incertidumbre en su aplicación.

• La referida fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, señala la sanción para quien comete el delito de robo calificado, con una pena privativa de libertad, con independencia de que dicha fracción no contemple la palabra "prisión", ya que se reconoce de manera tácita que se refiere a años de prisión, sin que de forma arbitraria se permita su interpretación o que la penalidad pueda ser aplicada de forma diversa, por lo que el sujeto que comete el ilícito debe ser sancionado con pena privativa de libertad.

• Máxime que del análisis sistemático de los numerales 201, 203 y 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, se puede concluir que no existe falta de claridad, pues no se trata de un tipo penal aislado que permita dudar respecto de la penalidad, en virtud de que el delito de robo en sus distintas modalidades por mínima que sea la pena, en todos los casos se contempla la prisión como sanción.

• Añade que, al tratarse de una conducta grave, debe ser sancionada por una pena mayor a una multa o algún trabajo social, como es el caso de la pena privativa de la libertad.

• Por lo tanto, no existe una violación a los principios de seguridad jurídica y legalidad en su vertiente de taxatividad, porque la comisión del robo calificado amerita prisión.

8. Informe de la autoridad promulgadora. El Poder Ejecutivo del Estado de Baja California informó, en síntesis, lo siguiente:

• La norma impugnada cumplió con todas las etapas del proceso legislativo, por lo que fue creada por un órgano del Estado conforme a las facultades que la Constitución otorga a los integrantes del Congreso para legislar en materia de seguridad pública y respecto de los delitos del orden estatal, las que a su vez fueron ejercidas conforme a su libertad configurativa.

• Refiere que la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, describe con suficiente precisión la pena aplicable, con independencia de que no especifique si la sanción es privativa de la libertad u otra diversa, toda vez que se trata del ilícito de robo, el que lleva aparejada pena de prisión tanto en su tipificación simple como en la agravada.

• Entonces, la circunstancia de que la penalidad carezca de la palabra "prisión", no torna inconstitucional el tipo penal, ya que de forma tácita se puede advertir que la sanción corresponde a una sanción privativa de la libertad; por tanto, la aplicación del tipo penal no genera incertidumbre, derivado de que la comisión del delito de robo calificado amerita la pena de prisión, porque se considera como conducta grave, sin que pueda advertirse otro tipo de sanción penal como la multa o el trabajo social.

• Indica que de la lectura a los preceptos 201 y 203 del Código Penal para el Estado de Baja California, puede advertirse que el delito de robo en sus distintas modalidades, por mínima que sea la pena, debe sancionarse con prisión. De ahí que, con independencia de que la fracción I del numeral 208 no disponga expresamente la pena privativa de la libertad, no se trata de un tipo penal aislado que permita dudar respecto de la pena de prisión.

9. Alegatos. Mediante escrito recibido el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, la Fiscalía General de la República, por conducto de su delegado, hizo valer los alegatos que estimó pertinentes.

10. Cierre de instrucción. Recibidos los informes de las autoridades, formulados los alegatos y encontrándose instruido el procedimiento, mediante proveído de dos de junio de dos mil veintiuno, quedó cerrada la instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

11. PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se plantea la posible contradicción entre la porción normativa de un dispositivo de carácter local y la Constitución Federal.

12. SEGUNDO.—Oportunidad. Es oportuna la presentación de la acción de inconstitucionalidad, pues se hizo en el plazo legal previsto en el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, dentro de los treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la fecha de publicación de la norma impugnada.

13. Efectivamente, el Decreto impugnado se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el viernes doce de febrero de dos mil veintiuno, por lo que el plazo de treinta días naturales para promover la presente acción transcurrió del sábado trece de febrero al domingo catorce de marzo de dos mil veintiuno.

14. La demanda se presentó el miércoles diez de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que fue oportuna su interposición.

15. TERCERO.—Legitimación. La demanda fue suscrita por A.G.M., en su carácter de fiscal general de la República, lo que acreditó con copia certificada de su nombramiento emitido el dieciocho de enero de dos mil diecinueve.

17. En el caso, se plantea la inconstitucionalidad del artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Baja California, en la porción normativa "Se impondrá de dos a siete años", con motivo de la expedición del Decreto Número 173, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el doce de febrero de dos mil veintiuno, pues a consideración de la accionante vulnera el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

18. Razón por la cual el fiscal general de la República tiene legitimación para instar la acción de inconstitucionalidad, de conformidad con el referido numeral 105, fracción II, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

19. CUARTO.—Causas de improcedencia y sobreseimiento. El Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, ambos del Estado de Baja California, plantearon los siguientes motivos de improcedencia:

A. Se actualiza la improcedencia del artículo 19, fracción VIII y 20, fracción II, en relación con la fracción V del numeral 61 todos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, ya que la parte actora no formuló conceptos de invalidez en contra de la reforma contenida en el decreto impugnado, en virtud de que controvierte una porción normativa que no sufrió modificación legislativa alguna.

Aducen que el decreto impugnado únicamente adicionó los incisos m) y n) de la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, sin que la parte actora combata dichos incisos, sino que centra su argumentación en evidenciar la inconstitucionalidad de la fracción I.

B. En virtud de que la demanda fue presentada fuera del plazo previsto por el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, se configura la improcedencia de la fracción VII del artículo 19, en relación con el numeral 20, fracción II, de la ley de la materia.

La hipótesis normativa que controvierte la accionante consiste en el texto de la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California; sin embargo, constituye un acto consentido, porque no formó parte del Decreto Número 173.

De ahí que deba sobreseerse en la presente acción de inconstitucionalidad respecto de la fracción I en comento, ya que resulta evidente la extemporaneidad de la presentación de la demanda.

20. Este Tribunal Pleno considera que son infundadas las causas de improcedencia.

21. Por ser de estudio preferente, en principio se analizará el motivo de improcedencia relativo a la extemporaneidad en la presentación de la demanda.

22. Como se indicó, las autoridades emisora y promulgadora de la ley impugnada consideran que la accionante controvierte una disposición que no sufrió modificación alguna con la emisión del Decreto Número 173, toda vez que únicamente se adicionaron los incisos m) y n), por lo que el texto normativo de la fracción I del artículo 208, quedó intocado.

23. Razón por la cual –exponen– al no existir una modificación legislativa, no era dable tal reclamo, en todo caso debió controvertirse cuando se emitió el Código Penal para el Estado de Baja California.

24. Asiste razón a las autoridades cuando afirman que la fracción I del artículo 208 del ordenamiento sustantivo no sufrió modificación alguna con la emisión del decreto impugnado.

25. Sin embargo, la parte actora no controvierte tal disposición de manera aislada, sino con motivo de la adición de los incisos m) y n), mediante el Decreto Número 173.

26. En efecto, la parte actora no formula conceptos de impugnación para controvertir las modalidades del robo calificado previstas en los incisos m) y n), relativas a las agravantes por la calidad del sujeto activo y el lugar en que se comete el ilícito –establecimiento, negociación o comercio con servicio público–, toda vez que centra su argumentación en combatir la sanción que deberá imponerse cuando concurran las calificativas de mérito, prevista en la fracción I del numeral 208, relativa a la imposición de la pena de dos a siete años.

27. En ese orden de ideas, con independencia de que la referida fracción I, no haya sufrido algún cambio normativo formal o sustancial en relación con el texto "Se impondrá de dos a siete años", es oportuno su reclamo conforme a la adición de los incisos m) y n), pues se trata del rango de punibilidad para el tipo penal de robo calificado, directamente vinculado con las agravantes que se contemplan en los referidos incisos.

28. De ahí que, al adicionarse los incisos m) y n) a la fracción I del numeral 208 del ordenamiento sustantivo, la parte actora está en aptitud de controvertir los elementos esenciales de la tipificación del delito de robo calificado, tal como acontece con la pena prevista por su comisión, con independencia de que ésta no haya sufrido modificación alguna con la emisión del decreto impugnado, ya que en términos del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el delito y la penal (sic) deben estar previstos en ley conforme al principio de legalidad en materia penal.

29. Por lo tanto, si el rango de punibilidad de la fracción I en comento tiene una implicación directa con los incisos m) y n) –condiciones agravantes del robo calificado– la accionante está en aptitud de controvertirla, al margen de que no haya sido reformada de forma expresa.

30. De tal manera que en el presente caso se cumplen los requisitos previstos por el numeral 21 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al tratarse de un nuevo acto legislativo para efectos de su impugnación a través de este medio de control constitucional.

32. El aspecto formal conlleva el desahogo y agotamiento de las diversas fases o etapas del procedimiento legislativo: iniciativa, dictamen, discusión, aprobación, promulgación y publicación; mientras que el aspecto material consiste en que la modificación se traduzca en verdaderos cambios normativos que modifiquen la trascendencia, el contenido o el alcance del precepto. 33. En el caso, por cuanto hace al aspecto formal, los supuestos normativos impugnados fueron objeto de una reforma que derivó de un proceso legislativo con motivo de la iniciativa formulada por la diputada L.Q.Q., integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Vigésima Tercera Legislatura Constitucional, la que se turnó a la Comisión de Trabajo y Previsión Social, a fin de que se adicionaran diversos supuestos al catálogo de conductas por las que se actualiza el ilícito de robo calificado.

34. Una vez que la citada Comisión elaboró el dictamen correspondiente, el veinticuatro de noviembre de dos mil veinte, junto con otras minutas, se sometió a discusión ante el Pleno de la Legislatura en lo general y en lo particular, la que fue aprobada con dieciséis votos a favor, cero abstenciones y cero votos en contra. Finalmente, el decreto que contiene la norma impugnada fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el doce de febrero de dos mil veintiuno.

35. Por lo que respecta al segundo aspecto, esto es, que la modificación se haya traducido en un cambio al sentido normativo de las disposiciones reformadas, se satisface en el presente caso, pues si bien –como se anticipó– no se modificó el rango de punibilidad previsto en la fracción I del numeral 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, fueron adicionadas diversas agravantes del robo calificado contenidas en los incisos m) y n), lo que generó la oportunidad de combatir ese elemento sustancial de la conducta típica, concerniente a la consecuencia jurídica del injusto.

36. Por ende, la adición de los incisos m) y n), tiene una implicación material en la fracción I del artículo 208 impugnado, pues al margen de que se emplee la misma redacción de la pena, entraña un nuevo alcance de la norma respecto del catálogo de agravantes del robo calificado y su sanción penal, generando con ello un cambio de contenido en dicho precepto.

37. El siguiente cuadro comparativo muestra el texto normativo antes y después de la reforma impugnada:

Ver cuadro comparativo

38. Entonces, si los artículos impugnados fueron resultado de un proceso legislativo en sus aspectos formal y material del que derivó el referido Decreto Número 173, el plazo de treinta días naturales para promover la demanda debe contarse a partir de la publicación de dicho decreto en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, lo cual, como se señaló en el apartado correspondiente, fue satisfecho por la actora, puesto que la presentación de la demanda se hizo de forma oportuna. En consecuencia, la causa de improcedencia alegada resulta infundada.

39. Idéntica consideración amerita el motivo de improcedencia relativo a que la accionante no formuló argumentos de invalidez para controvertir los incisos m) y n), ya que únicamente combate la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, la que no formó parte del decreto impugnado.

40. Como se indicó, la parte actora controvierte la sanción que deberá imponerse por las agravantes previstas en la fracción I del numeral 208 a partir de la adición de los incisos m) y n), con motivo de que causa incertidumbre jurídica el rango de penalidad del robo agravado, en atención a que el legislador no previó si la pena de dos a siete años comprendía la prisión o alguna otra.

41. Así, este Tribunal Pleno considera que no era indispensable que el accionante formulara conceptos de invalidez en contra de los incisos m) y n), ya que la línea argumentativa que plantea está encaminada a controvertir la penalidad de las condiciones agravantes del robo calificado.

42. Por lo tanto, no asiste razón a los Poderes Legislativo y Ejecutivo cuando aducen que la actora no señaló conceptos de invalidez en contra de la reforma contenida en el decreto impugnado.

43. QUINTO.—Análisis de fondo. En el único concepto de invalidez que formula la Fiscalía General de la República argumenta que el artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Baja California, al establecer el tipo penal de robo calificado sin definir la medida punitiva aplicable a las agravantes del delito, vulnera los principios de seguridad jurídica y de legalidad en su vertiente de taxatividad, en contravención al tercer párrafo de los artículos 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

44. Para la Fiscalía, la norma impugnada no especifica si la pena de dos a siete años que prevé para el robo calificado se refiere a prisión u otra clase de sanción, por lo que el tipo penal carece de un elemento fundamental para la imposición de la sanción.

45. Ahora bien, el principio de legalidad constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier sistema penal correspondiente a un Estado democrático de derecho, siendo uno de sus principales apotegmas aquel que indica que no puede haber delito ni pena sin que exista una ley específica y concreta para el hecho de que se trate.

46. De tal manera que corresponde al legislador, por virtud de su representación democrática, diseñar y definir el rumbo de la política criminal mediante la elección de los bienes que serán objeto de tutela jurídica y, con ello, la definición de las conductas típicas antijurídicas por la vulneración o puesta en peligro de dichos bienes, así como las sanciones penales que correspondan a tales conductas tomando en cuenta las necesidades sociales del momento histórico respectivo.

47. En ese tenor, si bien el legislador cuenta con una amplia libertad de configuración, ésta se encuentra constreñida por otros principios constitucionales tales como el de proporcionalidad y razonabilidad de las penas los cuales obligan a que las sanciones que se fijen para las conductas típicas no resulten crueles, excesivas, inusitadas, trascendentales o contrarias a la dignidad del ser humano, pues ello sería violatorio de los artículos 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

50. Conforme a dichos parámetros, el J. constitucional puede determinar tanto la constitucionalidad de la ley sustantiva penal como de los actos concretos de su aplicación. En ese sentido, al examinar la validez de la ley penal en la acción de inconstitucionalidad 31/2006,(5) se estableció que debe verificarse la proporcionalidad y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad del delito cometido, para lo cual se debe considerar el daño al bien jurídico protegido, la posibilidad para que sea individualizada entre un mínimo y un máximo, el grado de reprochabilidad atribuible al sujeto activo, la idoneidad del tipo y de la cuantía de la pena para alcanzar la prevención del delito, así como la viabilidad de lograr, mediante su aplicación, la resocialización del sentenciado.

51. Además, se debe determinar que la descripción de la conducta y la sanción que le corresponda sea formulada en términos claros, precisos y exactos de forma que permita conocer a las personas lo que es objeto de prohibición y la consecuencia del injusto, evitando con ello cualquier arbitrariedad en su aplicación.

52. En la acción de inconstitucionalidad 61/2018, se concluyó que el principio de taxatividad o tipicidad no sólo se limita a la correcta definición de las conductas socialmente lesivas, pues se extiende a las penas, lo que resulta importante para asegurar el correcto actuar de la autoridad judicial en su individualización, de manera que se abone a la certeza con la que deben contar las personas que, en su caso, se vean afectadas en sus derechos al aplicarse dichas normas punitivas.(6)

54. Así, conforme a la disposición constitucional, se advierte que únicamente puede considerarse delito la conducta expresamente señalada por la ley y, para todo delito, la ley debe señalar con precisión la pena correspondiente, ya que dicho principio prohíbe aplicar una sanción si carece de disposición legal que expresamente la imponga por la comisión de un hecho considerado por la ley como delito.

56. Ahora bien, a fin de atender los planteamientos que formula la accionante, resulta indispensable traer a colación el artículo impugnado 208, fracción I, incisos m) y n), del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante el Decreto Número 173, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el doce de febrero de dos mil veintiuno, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 208. Robo calificado. Se aplicará al delincuente la misma pena del robo con violencia, adicionando a su vez las penas previstas en este artículo, en los casos siguientes:

"I. Se impondrá de dos a siete años:

"...

(Reformado [N. de E. Adicionado], P.O. 12 de febrero de 2021)

"m) Cuando el que, siendo propietario, socio o empleado de una institución financiera o centro cambiario de divisas, o que desempeñe funciones dentro de las mismas independientemente de su naturaleza laboral, facilite información a terceros o de cualquier manera coopere o participe en la comisión de la conducta descrita en el inciso anterior.

(Reformado [N. de E. Reubicado], P.O. 12 de febrero de 2021)

"n) Cuando se cometa en un establecimiento, negociación o comercio con servicio al público. ..."

57. Del contenido de la norma impugnada se advierte que, tal como lo aduce la accionante, no define la medida punitiva aplicable a las calificativas del delito de robo agravado, por lo que es violatorio de los principios de seguridad jurídica y de legalidad, en su vertiente de taxatividad. De ahí lo fundado del concepto de invalidez.

58. Efectivamente, la omisión de especificar la clase de pena referida en número de años para la conducta tipificada en el artículo 208, fracción I, del Código Penal para el Estado de Baja California, genera incertidumbre jurídica, puesto que la pena de prisión no es la única sanción que contempla dicho ordenamiento que pueda ser impuesta por la comisión del robo calificado.

59. En términos del artículo 25 del Código Penal para el Estado de Baja California, existen otras sanciones distintas a la pena privativa de la libertad que pueden ser impuestas por el juzgador al dictar sentencia, como consecuencia de la comisión de delitos. Dicho precepto a la letra dice:

"Artículo 25. Catálogo de penas. Las penas que se pueden imponer con arreglo a este código, son:

"I. Prisión;

"II. Semilibertad;

(Reformada, P.O. 19 de julio de 2013)

"III. Tratamiento en libertad;

(Reformada, P.O. 19 de julio de 2013)

"IV. Sanción pecuniaria;

(Reformada, P.O. 19 de julio de 2013)

"V. Trabajo en favor de la comunidad;

(Reformada, P.O. 19 de julio de 2013)

"VI. Suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones o empleos; y

(Reformada [N. de E. Adicionada], P.O. 19 de julio de 2013)

"VII. Las demás que prevengan las leyes."

60. Bajo el contexto apuntado, la sola referencia a un mínimo y un máximo de tiempo de sanción no permite concluir sin ambigüedad que la pena señalada en número de años para el delito previsto en el artículo 208, fracción I, del ordenamiento sustantivo, corresponde a la de prisión, pues, considerando el catálogo de sanciones del citado artículo 25, varias de las allí enlistadas pueden ser aplicadas por temporalidad, por ejemplo, semilibertad, tratamiento en libertad, trabajo en favor de la comunidad o la suspensión, privación e inhabilitación de derechos, funciones o empleos.

62. Por las razones expuestas, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 208, fracción I, en la porción normativa "Se impondrá de dos a siete años", del Código Penal para el Estado de Baja California.

63. En similares términos se pronunció este Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 53/2019(8) en sesión de ocho de junio de dos mil veinte, en la que se declaró la invalidez –entre otros– de los artículos 225, párrafo segundo, y 229, fracción II, en la porción normativa "se impondrá de siete a doce años", ambos del Código Penal de Coahuila de Zaragoza.

66. Para el eficaz cumplimiento del fallo deberá notificarse al titular del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California, al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, a los Tribunales Colegiados y a los Tribunales Unitarios del DÉcimoquinto Circuito, al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, así como a la Fiscalía General del Estado de Baja California.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.—Se declara la invalidez de la porción normativa "Se impondrá de dos a siete años" de la fracción I del artículo 208 del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante el Decreto Número 173, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el doce de febrero de dos mil veintiuno, la cual surtirá sus efectos retroactivos a la fecha que se precisa en este fallo a partir de la notificación de estos puntos resolutivos al Congreso del Estado de Baja California, de conformidad con los considerandos quinto y sexto de esta decisión.

TERCERO.—P. esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial del Estado de Baja California, así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M. en contra del criterio del cambio del sentido normativo, O.A., P.R. en contra del criterio del cambio del sentido normativo, P.H. en contra del criterio del cambio del sentido normativo, R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia y sobreseimiento.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se aprobó por mayoría de nueve votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., O.A., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L. separándose de algunas consideraciones, respecto del considerando quinto, relativo al análisis de fondo, consistente en declarar la invalidez del artículo 208, fracción I, en su porción normativa "Se impondrá de dos a siete años", del Código Penal para el Estado de Baja California, reformado mediante el Decreto Número 173, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el doce de febrero de dos mil veintiuno. La señora M.E.M. votó en contra y anunció voto particular. La señora M.P.H. anunció voto concurrente.

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando sexto, relativo a los efectos, consistente en: 1) determinar que la declaratoria de invalidez decretada surta efectos retroactivos al trece de febrero de dos mil veintiuno, fecha en que entró en vigor el decreto impugnado, 2) determinar que la declaratoria de invalidez con efectos retroactivos surta a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Baja California y 3) determinar que, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al titular del Poder Ejecutivo, al Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado de Baja California, así como a los Tribunales Colegiados y Unitarios del Décimo Quinto Circuito, a los Centros de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California con residencia en Tijuana, Mexicali y Ensenada.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por unanimidad de diez votos de las señoras Ministras y de los señores M.G.O.M., G.A.C., E.M., O.A., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L..

El señor M.L.M.A.M. no asistió a la sesión de diez de mayo de dos mil veintidós por gozar de vacaciones, al haber integrado la Comisión de receso correspondiente al primer período de sesiones de dos mil diez.

El señor Ministro presidente Z.L. de L. declaró que el asunto se resolvió en los términos propuestos.

Notas: Las tesis de jurisprudencia P./J. 25/2016 (10a.) y 1a./J. 54/2014 (10a.) citadas en esta sentencia, también aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de los viernes 14 de octubre de 2016 a las 10:24 horas y 4 de julio de 2014 a las 8:05 horas, con números de registro digital: 2012802 y 2006867, respectivamente.

La presente sentencia también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 13 de julio de 2022.

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1. Acción de inconstitucionalidad 11/2015. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 26 de enero de 2016. Unanimidad de once votos en relación con el sentido; mayoría de ocho votos en relación con las consideraciones de los Ministros A.G.O.M., J.R.C.D., J.F.F.G.S., A.Z.L. de L., E.M.M.I., J.L.P., A.P.D. y L.M.A.M.; votaron en contra: M.B.L.R., J.M.P.R. y N.L.P.H.. Ponente: J.R.C.D.. Secretarios: L.P.R.Z. y R.M.M.G..

2. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 35, octubre de 2016, Tomo I, página 65.

3. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, julio de 2014, Tomo I, página 131.

4. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, T.X., abril 2009, página 1124.

5. Acción de inconstitucionalidad 31/2006, resuelta en sesión del diecinueve de febrero de dos mil ocho. Ponente M.M.B.L.R..

6. Acción de inconstitucionalidad 61/2018, resuelta en sesión del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Ponente M.J.F.F.G.S..

7. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo I, mayo de 1995, página 82.

8. Se aprobó por mayoría de diez votos de los señores M.G.O.M., G.A.C., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando quinto, relativo al estudio de fondo, en su subapartado 5.2, consistente en declarar la invalidez, en suplencia de la queja, de los artículos 225, párrafo segundo, y 229, fracción II, del Código Penal de Coahuila de Zaragoza, reformado mediante Decreto 242, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el doce de abril de dos mil diecinueve. Los señores M.G.A.C., F.G.S., A.M., P.H. y presidente Z.L. de L. reservaron su derecho de formular sendos votos concurrentes. La señora M.E.M. votó en contra.

Esta sentencia se publicó el viernes 26 de agosto de 2022 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de agosto de 2022, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.