Ejecutoria num. 45/2019 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 26-11-2021 (ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD)

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 45/2019. COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. 2 DE JUNIO DE 2020. PONENTE: Y.E.M.. SECRETARIA ADJUNTA: M.J.G..

Ciudad de México. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día dos de junio de dos mil veinte.

RESULTANDO:

PRIMERO.—Presentación. Por escrito presentado el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por conducto de su presidente, promovió acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 1o., párrafos primero y último, 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40 al 46, 57 y 63 al 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante Decreto Número 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Señaló como autoridades emisora y promulgadora de la norma impugnada al Congreso y gobernador, ambos del Estado de Jalisco.

SEGUNDO.—Normas constitucionales y convencionales que se aducen violadas:

• Artículos 1o., 14, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

• Artículos 1o., 2 y 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

• Artículos 2o. y 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

TERCERO.—Texto de las normas cuya invalidez se solicita:

"Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco

"Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Jalisco, tienen por objeto establecer las bases para proporcionar a las partes en el proceso penal acusatorio, información sobre los riesgos procesales que el imputado representa para la imposición y revisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva; así como la supervisión y seguimiento de las mismas y de la suspensión condicional del proceso en el procedimiento penal de adultos y de justicia para adolescentes.

"...

"En todo lo no previsto en esta ley, se aplicará supletoriamente según corresponda, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Civil del Estado de Jalisco, Código de Comercio y demás normatividad aplicable."

"Artículo 34. El área de supervisión deberá:

"I.S. y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas por el órgano jurisdiccional distintas a la prisión preventiva y las condiciones a cargo del imputado en caso de la suspensión condicional del proceso, vigilar el estricto cumplimiento por parte del imputado de las condiciones impuestas y hacer recomendaciones sobre cualquier cambio que amerite alguna modificación de las mismas;

"II. Entrevistar al imputado, una vez impuestas la medida cautelar o las condiciones de la suspensión condicional del proceso, para corroborar datos, recabar información adicional e informarle sobre las medidas o condiciones impuestas, los beneficios de cumplimiento y las consecuencias de incumplimiento.

"Durante la entrevista inicial de supervisión, se informará al imputado las actividades específicas del área de supervisión y sus efectos. La información que proporcione sólo podrá utilizarse para preparar el plan de supervisión;

"III. Entrevistar periódicamente a la víctima o testigo del delito, con el objeto de dar seguimiento al cumplimiento de la medida cautelar impuesta o las condiciones de la suspensión condicional del proceso y canalizarlos, en su caso, a la autoridad correspondiente;

"IV. Diseñar el plan de supervisión a mediano y largo plazo, donde se establezcan las acciones de supervisión; además, establecer las condiciones y periodicidad en que los imputados deben cumplir con la resolución judicial, sin modificar sus alcances y naturaleza;

"V. Canalizar a los imputados a servicios sociales de asistencia, públicos o privados, en materia de salud, empleo, educación, vivienda y apoyo jurídico cuando la modalidad de la medida cautelar o de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;

"VI. Realizar visitas no anunciadas en los domicilios o lugares de trabajo de los imputados;

"VII. Verificar la localización del imputado en su domicilio o en el lugar donde se encuentre, cuando la modalidad de la medida cautelar o la condición de la suspensión condicional del proceso impuesta por el órgano jurisdiccional así lo requiera;

"VIII. Requerir que los imputados proporcionen muestras sin previo aviso para detectar el posible consumo de alcohol, en su caso, o de drogas prohibidas o el resultado del examen de las mismas en su caso, cuando la modalidad de la suspensión condicional del proceso impuesta por la autoridad judicial así lo requiera;

"IX. Supervisar que las personas e instituciones públicas o privadas a las que el órgano jurisdiccional encargue el cuidado del imputado, cumplan las obligaciones contraídas;

"X.R. del imputado o de cualquier institución auxiliar de la supervisión de la medida cautelar, la información necesaria para la elaboración de los reportes sobre el cumplimiento de las medidas cautelares o de las condiciones de la suspensión condicional del proceso;

"XI. Proporcionar información al Ministerio Público y al Juez que dictó la medida sobre el cambio de las circunstancias que originaron la imposición de la medida cautelar a efecto de que, en su caso, solicite su modificación al órgano jurisdiccional;

"XII. Informar al Ministerio Público y al Juez que dictó la medida, de manera inmediata, los incumplimientos de las medidas cautelares y condiciones impuestas que estén debidamente verificadas y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o suspensión condicional del proceso y sugerir las modificaciones que estime pertinentes;

"XIII. Revisar las bases de datos y documentos para verificar el cumplimiento de las medidas cautelares o condiciones impuestas, cuando así lo amerite;

"XIV. Continuar con la supervisión de las medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso hasta que el órgano jurisdiccional informe sobre la conclusión de las mismas;

"XV. Mantener actualizada la base de datos sobre las medidas cautelares y condiciones impuestas, su seguimiento y conclusión;

"XVI. Apoyarse para la obtención de información de las oficinas con funciones similares de la Federación o de las entidades federativas y sus municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia;

"XVII.S. y ejecutar las solicitudes de apoyo para la obtención de información que le requieran las oficinas con funciones similares de la Federación o de entidades federativas dentro de sus respectivos ámbitos de competencia;

"XVIII. Diseñar, modificar y evaluar los formatos e instrumentos de trabajo cuando así lo amerite de acuerdo a los estándares objetivos;

"XIX. Dar aviso inmediatamente y por cualquier medio, al órgano jurisdiccional, si el imputado es sorprendido infringiendo una medida cautelar en términos de lo dispuesto por el Código Nacional;

"XX. Previo al vencimiento del plazo establecido por el órgano jurisdiccional para el cumplimiento de la suspensión condicional del proceso, deberá informar sobre el debido cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas; y,

"XXI. Las demás que establezcan los instrumentos normativos aplicables."

"Artículo 39. Cuando se constituya una garantía económica, ésta deberá cumplir con las formas que al efecto exijan las leyes aplicables y será beneficiaria la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado.

"Las garantías podrán constituirse de la siguiente manera:

"I.D. en efectivo;

"II. Fianza de institución autorizada;

"III. Hipoteca;

"IV. Prenda;

".F.; o,

"VI. Cualquier otra que a criterio del Juez de Control cumpla suficientemente con esta finalidad.

"Estas garantías se regirán por las reglas generales previstas por la legislación procesal en materia civil vigente y demás legislaciones aplicables."

"Artículo 40. Cuando, durante el proceso, el órgano jurisdiccional haya impuesto la medida cautelar de garantía económica consistente en depósito de dinero, se estará a lo dispuesto en el artículo 173 del Código Nacional."

"Artículo 41. Cuando la garantía económica fijada como medida cautelar consista en el depósito de valores distintos al dinero, dichos bienes serán recibidos e inventariados por el Juez de Control y puestos bajo custodia de la autoridad correspondiente."

"Artículo 42. Cuando se otorgue al imputado el beneficio de aportar fianza legal o judicial, ésta deberá cumplir con los requisitos que para ello establece el Código Civil del Estado de Jalisco."

"Artículo 43. Cuando la garantía económica fijada como medida cautelar consista en fideicomiso se constituirá sobre bienes o derechos del fideicomitente, con arreglo a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y la Ley de Instituciones de Crédito.

"En el fideicomiso que se constituya tendrá carácter de fideicomitente el imputado o tercera persona y de fideicomisario la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado. El valor del contrato será por el monto que al efecto fije el órgano jurisdiccional."

"Artículo 44. La garantía prendaria también podrá otorgarse ante el juzgado que impuso la medida cautelar y, en lo conducente, serán aplicables las reglas establecidas por el Código Civil del Estado de Jalisco, podrá ser mediante transmisión de posesión o sin ella, en el primer caso la autoridad competente del juzgado correspondiente, será responsable de la guarda y custodia de los bienes otorgados en prenda, siendo beneficiaria de ella la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado."

"Artículo 45. Cuando la medida cautelar de garantía económica consista en hipoteca, podrá ser otorgada por el imputado o por tercera persona, de conformidad con las disposiciones de la hipoteca voluntaria, previstas por el Código Civil del Estado de Jalisco, adquiriendo el carácter de acreedor la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado.

"El inmueble no deberá tener gravamen alguno y su valor comercial determinado por la Institución autorizada."

"Artículo 46. Al decretarse la medida cautelar de embargo de bienes, se remitirá la resolución a la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado, la cual deberá cumplir estrictamente lo ordenado por el órgano jurisdiccional.

"Para el caso de embargo de inmuebles se ordenará el registro del gravamen correspondiente en la oficina del Registro Público de la Propiedad que corresponda."

"Artículo 57. La aplicación de esta medida comprende tanto el impedimento para continuar desempeñando un cargo público por el que haya sido nombrado o electo, como para acceder a ellos."

"Artículo 63. La medida cautelar de prisión preventiva se cumplirá de manera tal que no adquiera las características de una pena, ni provoque otras limitaciones que las necesarias para evitar la fuga y para garantizar la seguridad de los demás internos y de las personas que cumplieren funciones o por cualquier motivo se encontraren en el reclusorio preventivo.

"En todo caso, el interno será tratado como inocente.

"Cualquier restricción que la autoridad encargada del Centro Penitenciario de Prisión Preventiva o de Reinserción Social del Estado impusiere al interno, deberá ser inmediatamente comunicada al órgano jurisdiccional."

"Artículo 64. El órgano jurisdiccional remitirá su resolución a la autoridad encargada del Centro Penitenciario de Prisión Preventiva o de Reinserción Social del Estado, donde se formará el expediente respectivo, para el debido y exacto cumplimiento de la medida.

"La autoridad judicial deberá instruir a la autoridad encargada del recinto en que el interno se encontrare, acerca del modo de llevar a cabo la medida, el que en ningún caso podrá consistir en el encierro en celdas de castigo."

"Artículo 65. La prisión preventiva se ejecutará en establecimientos especiales diferentes de los que se utilizan para los condenados por sentencia firme, y cuando esto no sea posible, se llevará a cabo en los centros de reinserción social del Estado, en lugares absolutamente separados de los destinados para la ejecución de las sentencias.

"Las mujeres deberán ser internadas en lugares diferentes al de los hombres.

"La medida cautelar de prisión preventiva será cumplida en el reclusorio preventivo que designe el órgano jurisdiccional."

CUARTO.—Conceptos de invalidez. La Comisión accionante adujo lo siguiente:

"IX. Introducción

"...

"A juicio de esta Comisión Nacional, la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, contiene dos vicios de constitucionalidad, a saber:

"El artículo 1o., último párrafo, establece la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de las codificaciones mercantil federal y civil local, respecto de todo aquello que no se encuentre previsto en la ley mencionada, sin embargo, la legislación expedida por el Congreso de la Unión no puede ser supletoria en materia de medidas cautelares de la ley jalisciense, en tanto que la norma las prevé en su libro primero, título VI, capítulos IV y V.

"Aunado a lo anterior, la ley impugnada regula cuestiones relacionadas con los aspectos procedimentales en materia penal relativas a las medidas cautelares y a la suspensión condicional del proceso, generando así una duplicidad de regulación en la materia indicada, pues ello ya se encuentra regulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue expedido por el Congreso de la Unión en uso de su facultad exclusiva para tal efecto.

"Esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos considera que los vicios referidos representan una vulneración al derecho humano de seguridad jurídica y al principio de legalidad, en virtud de que las normas impugnadas generan un espectro de incertidumbre, aunado a que ello generaría una vulneración a la esfera jurídica de las personas a quienes le sean aplicables dichas disposiciones, toda vez que las mencionadas normas no fueron emitidas por autoridades constitucionalmente habilitadas para tal efecto.

"X. Conceptos de invalidez

"Único. Los artículos 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco constituyen una doble regulación en materia procedimental penal, que ya se encuentran normadas en el Código Nacional de Procedimientos Penales; por su parte, el diverso 1o., último párrafo, al establecer indebidamente como normas supletorias de la ley local el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código de Comercio, vulneran el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

"La premisa fundamental sobre la que descansa el presente argumento de invalidez consiste en que, por una parte como este Alto Tribunal ha determinado las normas en materia de procedimientos penales no pueden formar parte de las leyes estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en razón de que esas disposiciones se encuentran reguladas en el Código Nacional respectivo, el cual es de observancia general en toda la República para todos los delitos, sean de competencia de los órganos jurisdiccionales federales o locales.

"En el caso que nos ocupa la ley impugnada genera una doble regulación en materia procedimental penal, específicamente tratándose de medidas cautelares, lo que se traduce en una transgresión al derecho fundamental de seguridad jurídica y al principio de legalidad.

"En un segundo punto, también se retoma el diverso criterio de ese Alto Tribunal, en el sentido de que no puede preverse la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo no previsto por la ley local en materia de evaluación y supervisión de medidas cautelares, al ser el propio Código Nacional el que define el contenido de la ley estatal, siendo aplicable, a nivel local, en primer lugar, el referido código y, posteriormente, las normas emitidas por el Congreso Local.

"En consecuencia, esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos advierte que dicho vicio de inconstitucionalidad distorsiona el sistema procedimental penal, lo que invariablemente representa una afectación al derecho humano a la seguridad jurídica y una transgresión del principio de legalidad.

"Para sustentar lo anterior, a continuación se desarrollan los alcances del derecho fundamental a la seguridad jurídica y su necesario correlativo principio de legalidad, para posteriormente realizar el análisis de las normas a la luz de las referidas máximas constitucionales.

"A. Derecho a la seguridad jurídica y principio de legalidad.

"El derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad previstos en el artículo 14, con relación al 16 de la N.F., constituyen prerrogativas fundamentales por virtud de las cuales toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal.

"En este sentido, estos mandatos constitucionales constituyen prerrogativas fundamentales cuyo contenido esencial radica en ‘saber a qué atenerse’, por lo que garantizan que toda persona se encuentra protegida frente al arbitrio de la autoridad estatal, es decir, su ratio essendi es la proscripción de la discrecionalidad y arbitrariedad en todos los casos en que el Estado realice las actuaciones que le corresponden en aras de salvaguardar el interés y el orden público.

"Así, de una interpretación armónica y congruente del contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, que salvaguardan los principios de legalidad y seguridad jurídica de las personas, se colige que el actuar de todas las autoridades debe estar perfectamente acotada de manera expresa en la ley, y debe tener como guía en todo momento, en el ámbito de sus competencias, la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

"En esa línea, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se ven vulnerados cuando las autoridades conducen su actuar de manera contraria al mandato del texto constitucional, en virtud de que realizan funciones para las cuales no se encuentran habilitadas de conformidad con la Constitución General de la República, en detrimento de la certidumbre jurídica con la que deben contar todas las personas.

"Apuntado lo anterior, es posible puntualizar los supuestos en los cuales se ven vulnerados el principio de legalidad y el derecho de seguridad jurídica en los términos siguientes:

"1) Cuando la actuación por parte de cualquier autoridad del Estado no se encuentra debidamente acotada o encauzada conforme a la Constitución o las leyes secundarias que resultan acordes a la N.F..

"2) Cuando la autoridad estatal actúa con base en disposiciones legales que contradicen el Texto Constitucional.

"3) Cuando la autoridad afecta la esfera jurídica de los gobernados sin un sustento legal que respalde su actuación.

"No debe perderse de vista que el respeto a la seguridad jurídica y a la legalidad constituyen dos pilares fundamentales para el desarrollo del Estado Constitucional Democrático de derecho. La inobservancia de estas premisas fundamentales, hace imposible la permanencia y el desarrollo adecuado del Estado Mexicano, precisamente cuando el actuar de la autoridad no se rige por estos mandatos de regularidad, el Estado de derecho desaparece y es sustituido por la arbitrariedad.

"Lo anterior, toda vez que en un Estado Constitucional Democrático, como el nuestro, no es permisible la afectación a la esfera jurídica de una persona a través de actos de autoridades que no cuenten con un marco normativo que los habilite expresamente para realizarlos, ya que, es principio general de derecho que, en salvaguarda de la legalidad, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley le autoriza; por tanto, la actuación de las autoridades debe estar consignada en el texto de la norma puesto que, de otro modo, se les dotaría de un poder arbitrario, incompatible con el régimen de legalidad.

"Ahora bien, el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, constituyen un límite al actuar de todas las autoridades del Estado Mexicano. Es decir, el espectro de protección que otorgan dichas prerrogativas, no se acota exclusivamente a la aplicación de las normas y a las autoridades encargadas de llevar a cabo dicho empleo normativo.

"Es así que el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad se hacen extensivos al legislador, como creador de las normas, quien se encuentra obligado a establecer normas claras y precisas que no den pauta a una aplicación de la ley arbitraria, siempre guiadas bajo los cauces determinados en la norma fundante.

"Asimismo, los órganos emisores de las normas deben observar que las personas tengan plena certeza sobre a quién se dirige la disposición, su contenido y la consecuencia de su incumplimiento, sino también a que en todo su actuar se conduzcan de conformidad con los mandatos, límites y facultades que prescribe la norma fundante.

"En ese sentido, las disposiciones jurídicas generales que se determinen en un ordenamiento legal, deben provenir de aquel poder que, conforme a la Constitución Federal, esta´ habilitado para llevar a cabo tal función legislativa.

"Asi´, cuando una autoridad –incluso legislativa– carece de sustento constitucional para afectar la esfera jurídica de las personas, se instituye como una autoridad que se conduce arbitrariamente.

"En atención a los lineamientos indicados con anterioridad, una forma de garantizar el derecho humano de seguridad jurídica, así como el principio de legalidad, consiste en que los actos estatales no queden al arbitrio del poder público, sino que, cuando existe la posibilidad de afectar los atributos inviolables de las personas, sus actuaciones se acoten a las limitaciones establecidas por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de acuerdo con lo establecido por la Constitución.

"Como la Corte Interamericana ha señalado, en un Estado de derecho, el principio de legalidad preside la actuación de todos los órganos estatales, en sus respectivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio del poder punitivo en el que se manifiesta, con máxima fuerza, una de las más graves e intensas funciones del Estado frente a los seres humanos: la represión.

"B. Análisis de las normas a la luz del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

"• Artículos 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco.

"Es necesario recordar que el artículo 73, fracciones X y XXI, inciso c), de la Constitución Federal establece que el Congreso de la Unión tiene competencia para normar lo relativo al comercio, intermediación y servicios financieros, así como para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, que regirá en la República en el orden federal y en el fuero común; esto es, las leyes en estas materias deben ser aplicadas tanto por las autoridades de la Federación como por aquellas de los Estados y la Ciudad de México.

"Puntualizado lo anterior, resulta necesario precisar que tanto el Código Nacional de Procedimientos Penales –respecto del proceso penal acusatorio general– así como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes –en cuanto a los procesos sancionatorios para menores de edad pero mayores de 12 años– contienen capítulos que detallan las reglas que deben seguir las autoridades para la imposición, revisión, evaluación y supervisión de medidas cautelares, así como para la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, temas que pretende regular para su implementación la ley que se impugna.

"Las Legislaturas Locales únicamente tienen capacidad, desde el punto de vista constitucional, para ejecutar las disposiciones de la legislación emitida por los ordenamientos emanados del Congreso de la Unión para las condiciones de la implementación de aquélla o para regular temas orgánicos que le estén relacionados.

"De esta forma, resulta indisponible para los órganos legislativos locales, e incluso innecesario, que establezcan las normas aplicables para aspectos relacionados con las medidas cautelares y de suspensión condicional de los procesos, pues las normas nacionales emitidas por el Congreso General son las que cuentan con sustento constitucional para dotar de contenido a la regulación en esa materia.

"En una clara contravención a lo anterior, esta Comisión Nacional estima que los artículos 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del referido Estado vulneran el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que regulan aspectos en materia procedimental penal, que ya se encuentran establecidos y determinados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, cuerpo legal que fue emitido por el Congreso de la Unión en ejercicio de su potestad legislativa conferida de manera exclusiva para normar dicha materia, de conformidad con la pauta expresa en la Constitución Federal.

"Conforme a lo anterior, tal como se esbozó previamente, es pertinente resaltar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableció la facultad de creación normativa única en materia procedimental penal para el Poder Legislativo de la Federación, no obstante que su aplicación corresponde a los órganos correspondientes tanto de la Federación como de las entidades federativas, cada una dentro del ámbito de sus respectivas competencias.

"De ahí que se afirme que, en contravención al mandato constitucional aludido, las disposiciones impugnadas de la ley en comento, al regular de manera sustantiva materias de índole procedimental penal, resultan contrarias a lo establecido en la N.F. del orden jurídico mexicano, toda vez que acorde a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), es el Congreso de la Unión el órgano competente para expedir la legislación única en esa materia.

"Esta situación excluye toda posibilidad de que exista una facultad concurrente que permita regular estos aspectos a las Legislaturas de las entidades federativas, por lo que esa actividad estatal debe entenderse indisponible para éstas.

"En este entendido, la ley expedida por el Congreso del Estado de Jalisco no sólo altera el orden normativo que establece la Constitución Federal, sino que las autoridades encargadas de aplicar las disposiciones combatidas carecerían de sustento legal para desenvolver sus actuaciones, en virtud de que el Poder Legislativo Local no se encuentra habilitado constitucionalmente para emitirlas, con lo que se permitiría la aplicación de preceptos emanados de un órgano diverso al indicado por la N.F., en franca contravención al derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

"Por lo anterior, y de acuerdo con lo que ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las normas en materia de procedimientos penales no pueden formar parte de las leyes estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en razón de que esos aspectos ya se encuentran regulados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, expedido por el Congreso de la Unión, el cual es de observancia general en todo el territorio nacional para todos los delitos, independientemente de que se atribuyan al orden federal o local.

"En este sentido, se advierte que lo dispuesto en los diversos 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, transcritos en el apartado III del presente ocurso, no es posible considerarlos como normas complementarias que resulten indispensables para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales, tal como lo señala el octavo transitorio de este ordenamiento, ya que están regulando propiamente cuestiones sustantivas del Código Nacional de Procedimientos Penales, como las funciones y facultades de las autoridades, así como el procedimiento en materia de medidas cautelares, dado que no se limitan a establecer condiciones instrumentales para su implementación.

"Por tanto, como se adujo con anterioridad, la expedición de la normativa señalada en el párrafo que antecede, no resultaba necesaria o indispensable para el correcto desarrollo de las diferentes fases que integran el procedimiento de medidas cautelares en el Estado de Jalisco, toda vez que la normativa conducente ya se encuentra establecida en la multicitada codificación nacional.

"En consecuencia, derivado de la implementación del aludido ordenamiento nacional, se evidencia que las entidades federativas han dejado de tener competencia para legislar, entre otros aspectos, sobre la materia procedimental penal; dejando una facultad que se reduce o acota para legislar en su ordenamiento local, disposiciones complementarias y que resulten necesarias para la implementación de la referida codificación nacional adjetiva penal.

"Sin embargo, contrario a lo anterior, la Legislatura jalisciense emitió diversos preceptos en los que regula diversas atribuciones, obligaciones, funciones y facultades propias de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, así como cuestiones procedimentales que modifican o inciden en las reglas previstas en el Código Nacional de la materia.

"En consecuencia, si bien es cierto, el legislador de Jalisco emitió la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso para su entidad, ello no implica necesariamente que los artículos controvertidos sean de naturaleza orgánica ni complementaria, pues de su sola lectura es posible advertir que éstos son de naturaleza procedimental, pues no están determinando procesos o asignaciones internas que van a seguirse ante la autoridad encargada de evaluar y dar seguimiento a las medidas cautelares impuestas por el órgano jurisdiccional, sino cuestiones que ya se encuentran conferidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

"Por estas razones, los numerales 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, resultan transgresores del derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad.

"• Artículo 1o., último párrafo, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del referido Estado.

"El artículo 1o., último párrafo, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del referido Estado, vulnera el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, toda vez que estableció una indebida supletoriedad normativa al prever como ordenamientos con tal carácter al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código de Comercio y a la codificación civil local, así como la demás normatividad aplicable, respecto de todo aquello que no establezca la ley local.

"Resulta inválido que la norma local prevea que el código procedimental penal, de observancia general en toda la República Mexicana tanto para las autoridades federales como para las entidades federativas, sea aplicable solamente en lo no previsto por la primera, sujetando la operación del sistema normativo establecido por la legislación nacional a una ley de rango inferior.

"La legislación nacional de la materia no puede ser supletoria de las leyes locales encargadas de implementar las normas procesales en materia penal y de justicia para adolescentes, al ser precisamente el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia de Adolescentes, en sus respectivos ámbitos personales de aplicación, los que definen su contenido, por lo cual los operadores jurídicos deben aplicarla de manera directa respecto de las cuestiones que le son propias, sin que sean materias disponibles para las autoridades de las entidades federativas.

"A efecto de robustecer lo anterior, resulta ilustrativo y aplicable de manera analógica el criterio sostenido por esa Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015, del cual se desprende que el Código Nacional de Procedimientos Penales no puede preverse como supletorio de una ley local, pues para ésta no es dable regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos, que ya se encuentran regulados en la legislación nacional de la materia.

"Aunado a lo anterior, a manera de ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales prevé en diversas disposiciones las remisiones conducentes a la legislación diversa a la materia de procesos penales para las cuestiones relativas a la regulación de medidas cautelares, como ocurre en su numeral 173 que prevé las garantías económicas, en el cual señala que las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o de las entidades federativas, según corresponda y demás legislaciones aplicables.

"Una situación similar ocurre en materia mercantil, pues es el Congreso de la Unión el único facultado para expedir las leyes correspondientes que regulen cuestiones de comercio, así como de intermediación y servicios financieros, de forma que no puede establecerse un régimen de supletoriedad en el que prevalezca la jerarquía normativa de la ley local, condicionando la aplicación de las leyes expedidas por el Poder Legislativo Federal en uso de sus atribuciones constitucionales siempre y cuando las normas de la Legislatura Estatal no establezcan regulación alguna, pues en caso de existir ésta devendría incompatible con el sistema de distribución competencial previsto en la Norma Suprema.

"Por tanto, el último párrafo del precepto impugnado de la legislación local transgrede el derecho humano a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, por no tener habilitación constitucional para tal efecto, es decir, por regular situaciones fuera de los límites que la Constitución Federal confiere a las Legislaturas Locales.

"Por lo anterior, el párrafo impugnado del artículo 1o., de la ley que nos ocupa, transgrede la N.F. al vulnerar el derecho a la seguridad jurídica de las personas, toda vez que transgrede la esfera competencial que la Constitución otorga para legislar, al establecer un régimen indebido de supletoriedad respecto de normas que son de observancia general y aplicación espacial en todo el territorio de los Estados Unidos Mexicanos.

"XI. Cuestiones relativas a los efectos.

"Se hace especial hincapié en que los argumentos vertidos por esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sustentan la inconstitucionalidad de los artículos 1, último párrafo, 34, 39, párrafos segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto Número 27255/LXII/19 publicado el 25 de marzo de 2019 en el Periódico Oficial de la referida entidad federativa.

"En esa virtud, se solicita atentamente que, de ser tildadas de inconstitucionales las normas contenidas en el decreto impugnado, también se invaliden todas aquellas normas que estén relacionadas, por cuestión de efectos, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, fracción IV, y 45, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ..."

QUINTO.—Admisión. Mediante proveído de presidencia de veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se ordenó formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad presentada, y turnarlo a la M.Y.E.M. para su trámite y la elaboración del proyecto correspondiente.

Por acuerdo de veintiséis de abril de dos mil diecinueve se admitió a trámite el asunto, se ordenó requerir a los Poderes Legislativo y Ejecutivo estatales para que rindieran sus informes de ley, y se acordó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal a fin de que formularan el pedimento y manifestaciones, respectivamente (fojas 45 a 47 vuelta del expediente).

SEXTO.—Informe rendido por el Poder Legislativo del Estado de Jalisco. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, J.H.C.B., I.V.G.O. y P.F.B.; el primero, en su carácter de presidente y las dos últimas como secretarias, todos de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Jalisco, y en representación del Poder Legislativo de dicha entidad federativa, rindieron el informe correspondiente (fojas 95 a 111 del expediente), en el que en esencia exponen lo siguiente:

"Primero. Resultan ser infundados los argumentos que sostiene el accionante en cuanto a que el legislador estatal se encuentra inhabilitado para haber emitido las normas impugnadas. Cierto es que el Código Nacional de Procedimientos Penales, fue emitido por el Congreso de la Unión, de acuerdo a la facultad que le otorga el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que tiene facultades para expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes. Sobre esta base, la normatividad adjetiva penal regula la procedencia, resolución e imposición de las medidas cautelares y de la suspensión condicional, con el objetivo de que el imputado no evada la justicia, que además asista a sus audiencias, que no obstaculice los procedimientos y las pruebas; y que no ponga en riesgo a la víctima, entre otras cuestiones. Por lo que para lograr dicho objetivo, también dispuso que corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional, su ejecución. Como se observa del contenido del siguiente numeral:

"‘Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares.

"‘La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

"‘La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal.

"‘Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional.

"‘Para tal efecto, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público, y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

"‘Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar.

"‘La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de la materia.’

"Que la actuación de la autoridad encargada de ejecutar dichas medidas resulta sustancial para el buen desahogo del proceso penal y para la verificación de los derechos humanos tanto del imputado, como de la víctima; y que a la postre, impacta en preservar un Estado de derecho.

"Sin embargo, esa actuación de la autoridad y quién llevará a cabo dichas acciones, no lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Mas resulta de suma importancia que las funciones, conductas, acciones e intervención de dichas autoridades, se encuentran plasmadas en leyes locales, orgánicas e incluso, si es necesario en reglamentos del orden administrativo, en ese sentido el Congreso de la Unión, dispuso en el artículo 8o. transitorio del decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo siguiente:

"‘Artículo octavo.’ (se transcribe)

"Por lo tanto, es que, en cumplimiento a esa norma transitoria, el legislador ordinario de esta entidad federativa, se encuentra habilitado para expedir la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del proceso del Estado de Jalisco.

"El artículo transitorio transcrito, facultó al legislador ordinario a emitir las normas que complementan dicha ley adjetiva penal; entre las que destacan, la que es materia de evaluación y supervisión de medidas cautelares, porque precisamente tiende a implementar la actuación de la autoridad encargada de supervisarlas. Resulta que la normatividad materia de la presente acción de inconstitucionalidad, no se trata propiamente del proceso penal, debido a que la misma no trata sobre la procedencia, resolución e imposición de medidas cautelares o suspensión condicional; pues ello forma parte del proceso penal, sino que categóricamente trata temas relativos a su ejecución, esto es cómo se evaluarán y supervisarán las medidas cautelares y la suspensión condicional, lo que sí es viable de reglamentar, pues para ello fue habilitado en el artículo 8o. transitorio del decreto que expide el código adjetivo penal.

"‘Artículo 153.’ (se transcribe)

"De lo subrayado, se reitera que fue previsto en dicha ley adjetiva, la necesidad de contar con autoridades ejecutoras para evaluar y supervisar las medidas cautelares y suspensión condicional decretada por la autoridad judicial, por ende, al otorgar a las entidades federativas dicha encomienda, resulta indispensable reglamentar el cómo ejecutar esas providencias, debido a que el Código Nacional establece, a través de disposiciones generales las reglas para su fijación e imposición. Empero el funcionamiento de las mismas, corresponde al legislador ordinario, o sea establecer cierta normatividad que implemente el cómo y quién realizará la evaluación y supervisión de las medidas cautelares y suspensión condicional.

"Aunado a ello, se corrobora con la tesis: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD.’ (se transcribe)

"Además, sustenta el Alto Tribunal del país, que los Poderes Legislativos no tienen la obligación de explicitar sus actos de motivación, como se aprecia de lo siguiente: ‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS LEGISLATIVOS. LOS PODERES QUE INTERVIENEN EN SU FORMACIÓN NO ESTÁN OBLIGADOS A EXPLICARLOS.’ (se transcribe)

"Así pues, del contenido de la tesis de jurisprudencia sustentada por nuestro Máximo Tribunal, se observa que para que los actos legislativos satisfagan el principio de legalidad, requieren estar fundados y motivados, colmándose la primera con la actuación de la autoridad legislativa dentro de los límites que la ley le autorice, mientras que el segundo aspecto se colma con la orientación del contenido del cuerpo normativo a relaciones sociales que reclamen ser jurídicamente reguladas, sin que para colmar este último aspecto se requiera motivación específica de la totalidad del ordenamiento.

"Esas leyes generales determinan las bases y los términos en los que los distintos niveles de gobierno tendrán participación, lo que significa que el legislador estatal, tiene la facultad para emitir leyes locales, pero poniendo mayor énfasis en determinados aspectos. Así entonces es válido que los Congresos Locales, emitan leyes que atendiendo a los requerimientos y necesidades de la entidad desarrollen ciertos temas.

"Se reitera que el objeto de la ley impugnada es emitir disposiciones complementarias que requieren la implementación en cuanto a la evaluación y supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional. Y es ése el sentido de los artículos señalados de invalidez de cuyo contenido de las iniciativas respectivas se desprende que tienen el objeto de proponer la creación de unidades que coadyuven en la vigilancia y ejecución de medidas cautelares y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la suspensión condicional del proceso.

"En ese sentido, es que las normas impugnadas no se contraponen al contenido del artículo 73, fracción XXI, inciso c), que señala que es facultad del Congreso de la Unión expedir la legislación única en materia procedimental penal, de mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecución de penas y de justicia penal para adolescentes, debido a que se tratan de disposiciones tendientes a complementar la ejecución de las medidas cautelares y de la suspensión condicional en cumplimiento a los artículos 8o. transitorio del decreto que expide el Código Nacional de Procedimientos Penales, en correlación con el 153 de la misma ley adjetiva penal; debido a que esta atribución otorgada a los Congresos de las entidades federativas, y en concordancia con el artículo 35, fracción I, de la Constitución Federal. Por lo tanto, válidamente se puede concluir que este órgano legislativo se encuentra habilitado para emitir dichas normas.

"Segundo. El mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, otorga la posibilidad de trato de reglamentar las acciones de las autoridades encargadas de la evaluación y supervisión de las medidas cautelares y acudir a disposiciones diversas en la aplicación de algunas hipótesis.

"En primer lugar cabe señalar que en lo relativo a la supletoriedad señalada en el artículo 1o., de la ley local impugnada, argumentando el accionante que ésta no debe existir, cabe señalar que la supletoriedad de la ley tiene como finalidad trasladar la solución legalmente prevista para un caso, a otro distinto, no regulado por el ordenamiento jurídico. Y en ese sentido, se considera no se provoca una vulneración a los derechos humanos de seguridad jurídica, debido a que es claro que en tratándose de ciertos tópicos que no se contengan en dicha ley, se acudirá a la reglamentación correspondiente, sin que ello signifique la vulneración alguna a los derechos humanos.

"Por otra parte, la accionante asegura que el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, contienen capítulos que detallan las reglas que deben seguir las autoridades para la imposición, revisión y evaluación y supervisión de las medidas cautelares y suspensión condicional; lo que no resulta del todo verdadero. Pues, aun y cuando para garantizar el buen desahogo del proceso penal, es imprescindible dictar medidas precautorias, efectivamente corresponderá al Juez solamente el estudio de su procedencia y en consecuencia, su imposición. Sin embargo, en lo relativo a la revisión, supervisión y evaluación, dicha ley adjetiva solo establece las facultades para las autoridades encargadas de hacerlo, pero el cómo va a realizar esas obligaciones, no se desarrolla en capítulo alguno. Incluso el mismo artículo 177 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las obligaciones de las autoridades de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, ciertamente señala una serie de funciones. Sin embargo, éstas son meramente enunciativas, debido a que la última fracción de dicho numeral, dispone: –las demás que establezca la legislación aplicable– como a continuación se observa:

"‘Artículo 177.’ (se transcribe)

"Idéntica redacción es la que contiene el artículo 72, fracción I, inciso e), de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Entonces se cuestiona a qué se refiere el legislador federal cuando señala ‘las demás que establezca la legislación aplicable’. Sin duda alguna se refiere a que además de las obligaciones que enunció para las autoridades encargadas de evaluar y supervisar las medidas cautelares y suspensión condicional, en las leyes emitidas por el legislador local, se dispondrán diversas funciones y facultades, creadas precisamente con el objeto de implementar las establecidas en las leyes generales.

"Por lo tanto, no existe transgresión al derecho humano de seguridad jurídica, sino por el contrario con las disposiciones emitidas por este órgano legislativo se regula la actuación de las autoridades ejecutoras de las medidas cautelares ordenadas por la autoridad jurídica, dotando de legalidad esa actuación precisamente.

"En ese mismo sentido, lo dispone el diverso numeral 173 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que ‘las garantías económicas se regirán por las reglas generales previstas en el Código Civil Federal o de las entidades federativas, según corresponda y demás legislaciones aplicables’.

"Luego entonces los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley de Suspensión de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, sólo implementa la forma en que se ejecutarán las medias cautelares impuestas por el Juez; en las que se señala la actuación y la intervención de autoridades administrativas, como qué hacer en el caso de embargos sobre bienes muebles o inmuebles, para cuyo cada caso, se requiere de la Secretaría de Hacienda del Estado o bien del director del Registro Público de la Propiedad. Lo que viene a garantizar al inculpado, la legalidad de la intervención de la autoridad competente.

"En ese mismo sentido se pronuncia este órgano legislativo en cuanto a la expedición de los artículos 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de las Medidas Cautelares del Proceso del Estado de Jalisco, que fueron señalados de invalidez por el accionante, debido a que no se contravienen con las diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales contenidas en los numerales 164 a 171; puesto que éstas sólo establecen las causas en que procede la imposición de dicha medida cautelar, sus excepciones, el tipo de delito, entre otras situaciones, relativas a las normas para su determinación por parte del Juez. Sin embargo, en las disposiciones locales materia de esta acción de inconstitucionalidad, se establecieron el cómo se ejecuta la medida cautelar de la prisión preventiva, debido a que las normas ahí indicadas, simplemente implementan el contenido del diverso numeral 164, que dispone:

"‘Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares.

"‘La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad.

"‘La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal.

"‘Para decidir sobre la necesidad de la imposición o revisión de las medidas cautelares, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional.

"‘Para tal efecto, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público, y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva.

"‘Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previo a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar.

"‘La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de la materia.’

"Aunado a ello, la ley de la materia, establece en su artículo 14, que la autoridad penitenciaria, organizará la administración y operación del sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la reinserción de la persona sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir y supervisará las instalaciones de los centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad de las personas privadas de la libertad, del personal y de los visitantes, ejerciendo las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas. Y que corresponde al Poder Ejecutivo Federal o Local, según su competencia, a través de las autoridades penitenciarias señaladas en las disposiciones legales, la ejecución materia de la prisión preventiva, así como de las sanciones y medidas de seguridad previstas en las leyes penales, así como la administración y operación del sistema penitenciario.

"En ese contexto, los numerales impugnados sólo disponen una serie de disposiciones relativas a la ejecución de dicha medida cautelar, sin que ello duplique las disposiciones del Código Penal de Procedimientos Penales ni mucho menos, regula la materia procedimental penal."

SÉPTIMO.—Informe rendido por el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco. Por escrito presentado el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, A.T.L., en su carácter de consejero jurídico y en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, rindió el informe correspondiente (fojas 288 a 290 del expediente), en el que en esencia adujo lo siguiente:

"Constitucionalidad de las leyes reclamadas al titular del Poder Ejecutivo. El acto que se reclama, cuya intervención del Gobernador Constitucional del Estado fue la de participar en el proceso legislativo, encuentra su fundamento en lo dispuesto en los artículos 31, 32 y 50, fracción I, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, que establecen que las iniciativas adquirirán el carácter de ley cuando sean aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Ejecutivo, así como entre las facultades y obligaciones del gobernador, se encuentra dicha obligatoriedad, el titular del Poder Ejecutivo dio autenticidad al decreto de reforma que impugna la parte actora y se publicó por conducto de la Secretaría General de Gobierno, como lo dispone el artículo 17, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

"Para abundar en lo anterior, cabe señalar que los actos que integran el procedimiento legislativo y que culminan en la creación de un ordenamiento legal, su reforma, adición, derogación o abrogación deben emanar de órganos constituidos que ajustan su actuar a las formas o esencias consagradas en los ordenamientos correspondientes, requisitos que ha cumplido a cabalidad esta autoridad, respecto al acto reclamado que se le atribuye de conformidad con las atribuciones y facultades otorgadas por la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ambas del Estado de Jalisco."

OCTAVO.—Intervención de la Fiscalía General de la República. Por escrito presentado ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, el cuatro de julio de dos mil diecinueve, el fiscal general de la República formuló pedimento en el que adujo esencialmente lo siguiente (fojas 320 a 331 del expediente):

"El argumento relativo a la inconstitucionalidad del artículo 1o., último párrafo, de la Ley de Medidas Cautelares de Jalisco, por vulnerar el derecho humano de legalidad y seguridad jurídica ya que estableció una indebida supletoriedad normativa, al prever como ordenamiento secundario al Código Nacional de Procedimientos Penales, se estima en esencia, fundado, porque ya es un tema resuelto por la Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 22/2015 y su acumulada 23/2015 promovidas, respectivamente, por la entonces Procuraduría General de la República, y por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se determinó que no puede preverse la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo no previsto por la ley local en materia de trata, pues ésta no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos que el Congreso de la Unión reservó a la ley general, la cual prevé, en el artículo 9o., la supletoriedad del referido código respecto de sus disposiciones.

"Criterio que, si bien se refiere a la materia de trata de personas, también lo es que, al igual que dicho caso, el Congreso de la Unión se reservó la materia de supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso al Código Nacional de Procedimientos Penales, que regula en sus artículos 176 a 182, lo relativo a la supervisión de medidas cautelares.

"Por lo que lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte es plenamente aplicable al caso concreto, puesto que a partir de la reforma constitucional que entró en vigor el 9 de octubre de 2013, los aspectos en materia procedimental penal no pueden ser regulados por las Legislaturas Estatales, ni siquiera en forma de reiteración, en tanto que el Código Nacional es de observancia general en toda la República Mexicana.

"En otro aspecto, considera que los argumentos relativos a la inconstitucionalidad de los artículos 34, 39, párrafo segundo y tercero, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Jalisco, se consideran fundados ya que el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la facultad del Congreso de la Unión para expedir, entre otras, la legislación única en materia procedimental penal.

"Una vez contrastados los artículos cuya invalidez se solicita, contrastándolos [sic] con los relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, resulta evidente que se encuentran relacionados con cuestiones relativas a la implementación de las medidas cautelares que se impondrán en el proceso penal local.

"De igual forma, se aprecia que aquéllos numerales impugnados que no tienen un correlativo en el referido Código Nacional, regulan cuestiones procedimentales en materia penal, relacionadas con las medidas cautelares, puesto que establecen la forma y términos en que deberá actuar la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del procedimiento local, cuestión que es competencia exclusiva del Congreso de la Unión, en términos del numeral 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal.

"Lo anterior se corrobora si tomamos en cuenta que, de conformidad con lo que establece el artículo 153, último párrafo, del Código Nacional, las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para evaluar y supervisar las medidas cautelares y la suspensión condicional del procedimiento, cuentan con la facultad para vigilar que el mandato de la autoridad judicial mediante el cual impone una medida cautelar distinta a la prisión preventiva, sea debidamente cumplido; cuestión ésta que se debe interpretar conjuntamente con lo que dispone el capítulo V ‘De la supervisión de las medidas cautelares, sección I De la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso’ que es el que establece la regulación específica de la forma y términos en que las autoridades respectivas, ya sea federales o locales, deben observar al supervisar las medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso, es decir, la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso, ya sea federal o local, llevará a cabo sus funciones, de conformidad con lo que disponen dichos numerales, lo que no le confiere al Congreso Local facultades para normar la forma y términos en que se debe llevar a cabo dicha actividad –supervisión de medidas cautelares y de la suspensión de procedimiento–.

"Asimismo, se estima que lo previsto en las normas impugnadas no puede considerarse como normas complementarias que resulten necesarias para la implementación del Código Nacional, en lo que respecta a la supervisión de medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, en términos del artículo octavo transitorio, puesto que de la simple lectura que se haga de los mismos, se aprecia que regulan cuestiones fundamentales de la supervisión de medidas cautelares y la suspensión condicional del proceso penal; por ejemplo: entrevistar al imputado una vez impuesta la medida cautelar o las condiciones de la suspensión condicional del proceso; recabar del imputado o de cualquier institución auxiliar de supervisión de medidas cautelares, la información necesaria para la elaboración de los reportes sobre el cumplimiento de las medidas cautelares o de las condiciones de la suspensión condicional del proceso; proporcionar información al Ministerio Público y al Juez que dictó la medida sobre el cambio de las circunstancias que originaron la imposición de la medida cautelar a efecto de que, en su caso, solicite su modificación al órgano jurisdiccional; e, informar al Ministerio Público y al Juez que dictó la medida, de manera inmediata, los incumplimientos de las medidas cautelares y condiciones impuestas que estén debidamente [sic] y puedan implicar la modificación o revocación de la medida o suspensión condicional del proceso y sugerir las modificaciones que estime pertinentes.

"Como se aprecia, las normas impugnadas regulan propiamente la forma y términos en que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso llevará a cabo su función de supervisión; por ello, a pesar de que no se encuentren en un ordenamiento que tenga por denominación código procesal o de procedimientos, claramente se refieren a dichos aspectos, los cuales se encuentran reservados al Código Nacional, por lo que invaden la competencia del Congreso de la Unión."

NOVENO.—Cierre de instrucción. Mediante proveído de once de julio de dos mil diecinueve se decretó el cierre de la instrucción (foja 340 del expediente).

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción II, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. de su ley reglamentaria; 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto segundo, fracción II, del Acuerdo Número 5/2013 del Tribunal Pleno, de trece de mayo de dos mil trece; toda vez que en ella la Comisión Nacional de los Derechos Humanos plantea la posible contravención a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por parte de una norma de carácter general de una entidad federativa.

SEGUNDO.—Oportunidad. La acción de inconstitucionalidad se presentó de forma oportuna, es decir, dentro del plazo de treinta días naturales que establece el artículo 60 de la ley reglamentaria.(1)

Así es, el cómputo inició el martes veintiséis de marzo de dos mil diecinueve y venció el miércoles veinticuatro de abril siguiente, ya que la norma reclamada fue publicada en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Si la demanda se presentó ante la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, se debe concluir que la acción es oportuna; tal y como se muestra en el siguiente calendario:

Ver calendario

CUARTO.—Causas de improcedencia. En este asunto no se hacen valer causas de improcedencia o motivo de sobreseimiento, ni este Alto Tribunal advierte que se actualice alguno.

SEXTO.—Invalidez del último párrafo del artículo 1o., de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, por establecer la supletoriedad de leyes, en los siguientes términos:

"Artículo 1. ...

"...

"En todo lo no previsto en esta Ley, se aplicará supletoriamente según corresponda, el Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Civil del Estado de Jalisco, Código de Comercio y demás normatividad aplicable."

Ahora bien, este Tribunal Pleno al resolver en su sesión pública correspondiente al cuatro de junio de dos mil dieciocho, las acciones de inconstitucionalidad acumuladas 22/2015 y 23/2015 declaró, por unanimidad de diez votos (ausente M.A.G.O.M.) la invalidez de una disposición del Estado de Zacatecas que adoptaba como supletorio también el Código Nacional de Procedimientos Penales, decisión que adquiere por esa votación el rango de jurisprudencia en términos de lo dispuesto en los artículos 43,(3) en relación con el 73,(4) ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes términos:

"73. Es fundado el concepto de invalidez que plantea la Procuradora General de la República y parcialmente fundado el que hace valer el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

"74. La Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los D. en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos D. no puede ser supletoria de la ley local en esta materia, al ser la que define el contenido de ésta; siendo ambas obligatorias para las autoridades de las entidades federativas respecto de aquellas cuestiones propias y diferenciadas que cada una regula.

"75. En efecto, el Congreso de la Unión es el facultado para distribuir competencias y establecer en qué términos participará cada uno de los órdenes de gobierno en la materia; siendo aplicable, a nivel local, en primer lugar, la ley general y, posteriormente, las normas emitidas por los Congresos Locales, en ejercicio de la competencia que aquélla les haya conferido.

"76. Tampoco puede preverse la supletoriedad del Código Nacional de Procedimientos Penales en lo no previsto por la ley local en materia de trata, pues ésta no puede regular cuestiones relacionadas con la investigación, procedimiento y sanción de delitos, que el Congreso de la Unión reservó a la ley general, la cual prevé, en el artículo 9o., la supletoriedad del referido código respecto de sus disposiciones.

"77. En este sentido, debe declararse la invalidez del párrafo segundo del artículo 2 de la Ley para Prevenir, Atender, Combatir y Erradicar la Trata de Personas en el Estado de Zacatecas.

"78. Dada la invalidez decretada respecto de la porción normativa referida, el párrafo tercero del citado artículo 2, impugnado, adquiere otro sentido, al ya no entendérsele en términos de supletoriedad, sino de sistema, es decir, como parte del marco jurídico conforme al cual debe interpretarse la ley local en materia de trata; de ahí que deba reconocerse su validez."

En consecuencia, al resultar fundado el concepto de invalidez formulado por la Comisión accionante en relación con la infracción a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal, procede declarar la invalidez del último párrafo del artículo 1o., de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco.

VIGÉSIMO.—Efectos.

De lo transcrito se observa que los artículos 4 y 5 establecen los derechos del imputado que deberán ser garantizados y respetados tratándose de medidas cautelares, así como la sujeción de éstas a la codificación nacional en materia procedimental penal.

Por su parte, los artículos 36, 37 y 38 prevén la periodicidad de la revisión de la observancia por parte del imputado de tales medidas, así como el lugar en el que habrá de comparecer para ello, y su obligación de acudir cuando se le requiera a través de un mandato judicial.

Finalmente, el artículo 47 determina la manera en la que operará la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, e inclusive, la obligación de las instituciones bancarias de acreditar que se han realizado los movimientos respectivos de forma inmediata.

En consecuencia, al regular aspectos de carácter procedimental penal, en contravención a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XXI, inciso c), de la Constitución Federal debe declararse la invalidez por extensión de los artículos 4, 5, 36, 37, 38 y 47 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco.

Finalmente, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y a los Tribunales Colegiados y Unitario del Tercer Circuito, a los Juzgados de Distrito que ejercen su jurisdicción en el referido circuito y a la Fiscalía General de Justicia de la misma entidad federativa.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Es procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

SEGUNDO.—Se desestima la presente acción de inconstitucionalidad respecto del artículo 34, fracciones II, IV, X –con la salvedad indicada en el resolutivo tercero de este fallo–, XIV, XVIII y XX, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

CUARTO.—Las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtirán sus efectos retroactivos al veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Jalisco, de conformidad con lo precisado en el considerando último de esta decisión.

QUINTO.—P. esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", así como en el Semanario Judicial de la Federación y en su Gaceta.

N.; haciéndolo por medio de oficio y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

En relación con el punto resolutivo primero:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los considerandos primero, segundo, tercero y cuarto relativos, respectivamente, a la competencia, a la oportunidad, a la legitimación y a las causas de improcedencia.

En relación con el punto resolutivo segundo:

Se expresó una mayoría de siete votos en contra de los Ministros G.A.C., F.G.S., A.M., P.H., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando noveno, relativo al estudio de fondo, en su parte cuarta, consistente en reconocer la validez del artículo 34, fracciones II, IV, X, en sus porciones normativas "Recabar" y "de cualquier institución auxiliar de la supervisión de la medida cautelar, la información necesaria para la elaboración de los reportes sobre el cumplimiento de las medidas cautelares o de las condiciones de la suspensión condicional del proceso", XIV, XVIII y XX, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los Ministros G.O.M., E.M., P.R. y R.F. votaron a favor.

Dados los resultados obtenidos, el Tribunal Pleno determinó desestimar el planteamiento consistente en declarar la invalidez del artículo referido, al no alcanzar una mayoría calificada, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 105, fracción II, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En relación con el punto resolutivo tercero:

Se aprobó por mayoría de seis votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., L.P. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando quinto, relativo al parámetro de regularidad constitucional de los preceptos impugnados. Los M.A.M., P.R., P.H., R.F. y P.D. votaron en contra de conservar este considerando. Los M.G.O.M., G.A.C. y presidente Z.L. de L. anunciaron sendos votos concurrentes. El M.F.G.S. reservó su derecho de formular voto concurrente.

Se aprobó por ocho votos de los Ministros G.O.M., E.M., F.G.S., P.R., P.H., R.F., L.P. y P.D., respecto del considerando décimo noveno, relativo al estudio de fondo, en su parte décima cuarta, consistente en declarar la invalidez del artículo 1o., párrafo primero, en su porción normativa "y de justicia para adolescentes", de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los M.G.A.C. y presidente Z.L. de L. votaron únicamente por la validez de su porción normativa "Las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y de observancia general en el Estado de Jalisco". El M.A.M. votó por la invalidez de la totalidad del artículo. La Ministra P.H. anunció voto aclaratorio.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los considerandos sexto y séptimo relativos al estudio de fondo, en sus partes primera y segunda, consistentes, respectivamente, en declarar la invalidez de los artículos 1, párrafo último, y 40 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. El Ministro G.A.C. anunció voto concurrente.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C. por la invalidez de la totalidad del artículo, E.M., F.G.S. por la invalidez de la totalidad del artículo, A.M. por la invalidez de la totalidad del artículo, P.R., P.H. por la invalidez de la totalidad del artículo, R.F., L.P. por la invalidez de la totalidad del artículo, P.D. por la invalidez de la totalidad del artículo y presidente Z.L. de L., respecto del considerando noveno, relativo al estudio de fondo, en su parte cuarta, consistente en declarar la invalidez del artículo 34, fracciones I, III, de la V a la IX, X, en su porción normativa "del imputado o", XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX y XXI, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando décimo, relativo al estudio de fondo, en su parte quinta, consistente en declarar la invalidez del artículo 39, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. El Ministro A.M. anunció voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los M.G.A.C., F.G.S., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando décimo sexto, relativo al estudio de fondo, en su parte décima primera, consistente en declarar la invalidez del artículo 41 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los Ministros G.O.M., E.M. y P.R. votaron en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de los considerandos octavo, décimo quinto y décimo octavo, relativos al estudio de fondo, en sus partes tercera, décima y décima tercera, consistentes, respectivamente, en declarar la invalidez de los artículos 42, 46, 63, 64 y 65 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando décimo segundo, relativo al estudio de fondo, en su parte séptima, consistente en declarar la invalidez del artículo 43 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. El M.A.M. reservó su derecho de formular voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los M.G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.H., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando décimo tercero, relativo al estudio de fondo, en su parte octava, consistente en declarar la invalidez del artículo 44 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los Ministros G.O.M., P.R. y R.F. votaron en contra y por la invalidez únicamente de sus porciones normativas "en lo conducente, serán aplicables las reglas establecidas por el Código Civil del Estado de Jalisco" y "siendo beneficiaria de ella la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado".

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C. por la invalidez de la totalidad del artículo, E.M., F.G.S. con consideraciones adicionales, A.M. por la invalidez de la totalidad del artículo, P.R., P.H. por la invalidez de la totalidad del artículo, R.F., L.P. por la invalidez de la totalidad del artículo, P.D. por la invalidez de la totalidad del artículo y presidente Z.L. de L. por la invalidez de la totalidad del artículo, respecto del considerando décimo cuarto, relativo al estudio de fondo, en su parte novena, consistente en declarar la invalidez del artículo 45, párrafo primero, en su porción normativa "de conformidad con las disposiciones de la hipoteca voluntaria, previstas por el Código Civil del Estado de Jalisco, adquiriendo el carácter de acreedor la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado", de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los M.G.A.C., F.G.S., A.M. y P.H. anunciaron sendos votos concurrentes.

Se aprobó por mayoría de nueve votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., F.G.S., A.M., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando décimo séptimo, relativo al estudio de fondo, en su parte décima segunda, consistente en declarar la invalidez del artículo 57 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los Ministros E.M. y P.R. votaron en contra.

Se aprobó por mayoría de ocho votos de los Ministros G.O.M. por la invalidez adicional del artículo 2, fracción VII, G.A.C., E.M., F.G.S., A.M. por la invalidez adicional del artículo 22, fracciones I y II, P.H., R.F. por la invalidez adicional del artículo 22, fracciones I y II, y presidente Z.L. de L., respecto del considerando vigésimo, relativo a los efectos, consistente en: 1) declarar la invalidez, por extensión, de los artículos 4, 5, 36, 37, 38 y 47 de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los Ministros P.R., L.P. y P.D. votaron en contra.

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando décimo primero, relativo al estudio de fondo, en su parte sexta, consistente en declarar la invalidez, por extensión, del artículo 39, párrafo primero, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. El M.A.M. reservó su derecho de formular voto concurrente.

En relación con el punto resolutivo cuarto:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando vigésimo, relativo a los efectos, consistente en: 2) determinar que las declaraciones de invalidez decretadas en este fallo surtan sus efectos retroactivos al veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, fecha en que entró en vigor la ley impugnada, y 4) determinar que la declaración de invalidez decretada en este fallo surta sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Jalisco. El Ministro G.A.C. anunció voto concurrente.

Se aprobó por mayoría de diez votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando vigésimo, relativo a los efectos, consistente en: 3) determinar que corresponderá a los operadores jurídicos competentes decidir y resolver, en cada caso concreto sujeto a su conocimiento, de acuerdo con los principios generales y las disposiciones legales aplicables en la materia penal, atendiendo especialmente al Código Nacional de Procedimientos Penales. La M.P.H. votó en contra. El Ministro G.A.C. anunció voto concurrente.

En relación con el punto resolutivo quinto:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L..

Votación que no se refleja en los puntos resolutivos:

Se expresó una mayoría de siete votos de los Ministros E.M., F.G.S., A.M., P.R., R.F., L.P. y P.D. en el sentido de que, para la validez del decreto impugnado, no se requería la consulta previa a las personas con discapacidad. Los M.G.O.M., G.A.C., P.H. y presidente Z.L. de L. votaron en el sentido de que, para su validez, el decreto impugnado requería de dicha consulta.

En relación con el pie de los puntos resolutivos:

Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C., E.M., F.G.S., A.M., P.R., P.H., R.F., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto del considerando vigésimo, relativo a los efectos, consistente en: 5) determinar que, para el eficaz cumplimiento de esta sentencia, también deberá notificarse al titular del Poder Ejecutivo de dicha entidad federativa, a la Fiscalía General y al Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, así como a los Tribunales Colegiados en Materia Penal y Unitarios del Tercer Circuito y al Centro de Justicia Penal Federal y a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Jalisco. El Ministro G.A.C. anunció voto concurrente.

El Ministro presidente Z.L. de L. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados, dejando a salvo el derecho de los Ministros de formular los votos que consideren pertinentes.

Nota: La presente sentencia también aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación de 12 de abril de 2021.

________________

1. "Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil, la demanda podrá presentarse el primer día hábil siguiente. En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días son hábiles."

2. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

"...

"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución.

"...

"g) La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal o de las entidades federativas, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea Parte. Asimismo, los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en las entidades federativas, en contra de leyes expedidas por las Legislaturas."

3. "Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales."

4. "Artículo 73. Las sentencias se regirán por lo dispuesto en los artículos 41, 43, 44 y 45 de esta ley."

5. El último párrafo del artículo 173 del Código Nacional dispone lo siguiente: "Artículo 173. ... El depósito en efectivo será equivalente a la cantidad señalada como garantía económica y se hará en la institución de crédito autorizada para ello; sin embargo, cuando por razones de la hora o por tratarse de día inhábil no pueda constituirse el depósito, el Juez de Control recibirá la cantidad en efectivo, asentará registro de ella y la ingresará el primer día hábil a la institución de crédito autorizada."

6. Se aprobó por unanimidad de once votos de los Ministros G.O.M., G.A.C. por la invalidez de la totalidad del artículo, E.M., F.G.S. por la invalidez de la totalidad del artículo, A.M. por la invalidez de la totalidad del artículo, P.R., P.H. por la invalidez de la totalidad del artículo, R.F., L.P. por la invalidez de la totalidad del artículo, P.D. por la invalidez de la totalidad del artículo y presidente Z.L. de L., respecto de declarar la invalidez del artículo 34, fracciones I, III, de la V a la IX, X, en su porción normativa "del imputado o", XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX y XXI, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve.

"Se expresó una mayoría de siete votos en contra de los Ministros G.A.C., F.G.S., A.M., P.H., L.P., P.D. y presidente Z.L. de L., respecto de reconocer la validez del artículo 34, fracciones II, IV, X, en sus porciones normativas "Recabar" y "de cualquier institución auxiliar de la supervisión de la medida cautelar, la información necesaria para la elaboración de los reportes sobre el cumplimiento de las medidas cautelares o de las condiciones de la suspensión condicional del proceso", XIV, XVIII y XX, de la Ley de Evaluación y Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso del Estado de Jalisco, expedida mediante el Decreto 27255/LXII/19, publicado en el Periódico Oficial de dicha entidad federativa el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve. Los Ministros G.O.M., E.M., P.R. y R.F. votaron a favor.

7. El artículo impugnado fue en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el once de abril de dos mil diecisiete; y entró en vigor al día siguiente conforme al transitorio Único que acompañó a tal decreto.

8. Conforme al artículo primero transitorio, cuyo texto es el siguiente: "Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’."

Esta sentencia se publicó el viernes 26 de noviembre de 2021 a las 10:37 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, las consideraciones que contiene, aprobadas por 8 votos o más, en términos de lo dispuesto en el artículo 43 de la respectiva Ley Reglamentaria, se consideran de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de noviembre de 2021, para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021.