Legislación estratégica
| Autor | Carlos Armando Biebrich Torres/Alejandro Spíndola Yáñez |
| Páginas | 273-292 |
Oportunidades de inversión 273
27 3
OBJETIVOS
En los capítulos primero y segundo se analizó someramente la legislación
que configura la política de telecomunicaciones y que regula su mercado.
Sin embargo, de los 122 ordenamientos que establecen las reglas jurídicas
determinantes y los 57 que contienen las disposiciones complementarias,
algunos adquieren valor estratégico para el crecimiento sostenido de la acti-
vidad, fundado en la seguridad jurídica de sus agentes productivos y la
competitividad por la que propugna la política de gobierno.
Estos ordenamientos son la Ley Federal de Telecomunicaciones (LFT),
la de Vías Generales de Comunicación (LVGC), el Tratado de Libre Comercio
(TLC), la Ley General de Bienes Nacionales (LGBN), la Ley Federal de Com-
Cada uno de ellos abarca campos de las regulaciones que deben ser
considerados como el marco de referencia de cualquier proyecto de inver-
sión o programa de expansión sobre telecomunicaciones. Este capítulo
presen ta en f orma conjunta todas estas regulaciones y las detalla me-
diante índices temáticos, a fin de identificar los artículos de cada ley que
establecen las condicionantes y horizontes de este mercado, máxime si
consideramos que han sido emitidos en diferentes tiempos y bajo distintas
directrices.
La LFT, de 1995, es el eje central de la política vigente. A partir de ella
se debe organizar el marco jurídico que establece la orientación del sector
y su participación dentro de las políticas de gobierno en su conjunto.
La LVGC, de 1940, complementa en forma importante el estatus de atri-
buciones de la autoridad y de las sanciones. A ello debe agregarse un
conjunto de disposiciones sobre régimen patrimonial del Estado, conteni-
das en la LGBN, de 1982, que permiten apreciar la capacidad de gobierno
sobre las telecomunicaciones.
Capítulo 4
Legislación estratégica
Carlos Armando Biebrich Torres y Alejandro Spíndola Yáñez274
El TLC, de 1993, es otro importante ingrediente pese a que sus disposi-
ciones no abarcan la gran cantidad de instrumentos regulatorios de la LFT,
porque no se había dado todavía una amplia apertura pero se enmarca en
las nuevas reglas para la participación extranjera en el terreno de la inver-
sión, los servicios transfronterizos, las medidas de normalización y las
prácticas monopólicas.
El RT, de 1990, sobresale por dos razones fundamentales. Primero,
porque suplió muchas disposiciones reglamentarias que requirió la LF T
hasta 1997. Segundo, porque se emitió dentro de un contexto de apertura
y desregulación parecido al de la ley de 1995, por lo que muchas de sus
disposiciones seguramente serán tomadas en cuenta en las reglamentacio-
nes próximas a expedirse.
La Ley sobre Competencia Económica completa el marco que condi-
ciona el desarrollo del mercado. Se trata de un conjunto de regulaciones
que están presentes en los renglones de la política de telecomunicaciones
y aparecen señaladamente como instrumentos destinados a promover la
libre concurrencia, evitar prácticas indeseables y suprimir concentracio-
nes monopólicas.
Hoy los objetivos de la política de telecomunicaciones son muy claros.
Para identificarlos se recurrió a la exposición de motivos de la ley de 1995.
En ella se desdoblan los grandes propósitos de la reforma constitucional
que dio la pauta para expedir la ley. Si a esto agregamos los objetivos del
TLC, extraídos de su capítulo relativo a las telecomunicaciones, se comple-
ta el cuadro de la pretendida orientación del mercado, al menos para fin
del siglo.
La LFT precisa 1 3 objetivos. Apertu ra económica, competitividad,
desarrollo tecnológico, estímulos a la inversión productiva, generación de
empleo y libre concurrencia, son los de orden eminentemente económico, a
los que habría que agregar el propósito de la recuperación económica,
común denominador de las medidas actuales.
El resto de los objetivos son de orden social y político: cobertura social,
derecho a la información, preservaci ón de la soberanía nacional, reci-
procidad internacional, rectoría del Estado y elevación del nivel cultural de
la población. Su importancia radica en que influyeron en la conformación
de la estructura de la ley, particularmente en algunas de sus disposiciones
más importantes.
Por su parte, la apertura, la recuperación y los estímulos a la inversión
productiva, son los tres grandes propósitos de la ley. Se enfocan a procurar
un mercado que contribuya “a nuestro desarrollo económico y a superar
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