Ejecutoria num. 36/2014 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-07-2016 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 36/2014. 29 DE ABRIL DE 2015. UNANIMIDAD DE CUATRO VOTOS DE LOS MINISTROS J.N.S.M., J.F.F.G.S., M.B. LUNA RAMOS Y A.P.D.. AUSENTE: E.M.M.I. PONENTE: A.P.D.. SECRETARIA: MARÍA ESTELA FERRER MAC GREGOR POISOT.

México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veintinueve de abril de dos mil quince.

VISTOS, para resolver el expediente de la controversia constitucional identificada al rubro; y

RESULTANDO:

PRIMERO. Demanda. Por oficio recibido el catorce de abril de dos mil catorce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de Síndico Primero del Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, promovió controversia constitucional en representación de dicho Municipio, en la que demandó la invalidez de los actos que más adelante se precisan, emitidos por las autoridades que a continuación se señalan:

AUTORIDADES DEMANDADAS:

1. Poder Judicial del Estado de Oaxaca, específicamente, el Tribunal Estatal Electoral.

2. Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, específicamente, las Secretarías de Finanzas y General de Gobierno.

ACTOS CUYA INVALIDEZ SE DEMANDA:

1. La resolución dictada el catorce de marzo de dos mil catorce, por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano dentro del régimen de los sistemas normativos internos, radicado con el número de expediente ********** y su acumulado **********.

2. La orden verbal o escrita para que se retengan o dejen de realizar los pagos correspondientes a las participaciones y aportaciones federales del Municipio de S.M.A., Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, por conducto de **********, en su carácter de Tesorero Municipal, quien se encuentra legalmente facultado para ello, así como los efectos de la retención, el retraso o la obstaculización en la entrega de tales recursos.

3. La orden de revocar o dejar sin efecto las acreditaciones expedidas el veintinueve de enero de dos mil catorce, por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, a favor de **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, R. de Hacienda, R. de Cultura y Turismo, R. de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, del Estado mencionado.

4. La orden de acreditar como Síndico Municipal Único, R. de Hacienda, R. de Obras Públicas Municipales, R. de Cultura y Turismo y Secretaria Municipal, todos del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, a personas distintas a las mencionadas en el punto anterior, acreditadas en dichos cargos por la dependencia especificada.

5. La indebida acreditación de ********** como Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, expedida el veintiocho de febrero de dos mil catorce, por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado, no obstante haberse hecho del conocimiento de la referida dependencia la revocación de su nombramiento por parte del Ayuntamiento desde el siete de febrero anterior.

6. La negativa de expedir la acreditación a favor de ********** como Tesorero Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, pese a haber sido legalmente designado para ocupar tal cargo y haberse solicitado por escrito la acreditación correspondiente.

7. La falta de trámite y contestación al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce ante la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, mediante el cual se solicitó la cancelación de la indebida acreditación expedida a favor de ********** como Tesorera Municipal, al haberse revocado su nombramiento en sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce.

SEGUNDO. Antecedentes. Los antecedentes del caso narrados en la demanda son los siguientes:

1. El primero de enero de dos mil catorce, conforme a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, se llevó a cabo la sesión solemne de instalación del Ayuntamiento del Municipio de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, con la presencia total de los concejales, quienes rindieron la protesta de ley correspondiente.

2. En sesión ordinaria de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce, se asignaron las regidurías, en términos del artículo 43, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, quedando integrado el Ayuntamiento por **********, como P.M.; **********, como Síndico Primero; **********, como S.S.; **********, como R. de Hacienda; **********, como R. de Obras Públicas Municipales; **********, como R. de Cultura y Turismo; y **********, como R. de Educación; a quienes el Presidente Municipal tomó la protesta de ley correspondiente. De igual forma, se nombró a ********** y **********, como Secretaria y Tesorera Municipal, respectivamente.

3. El veintinueve de enero de dos mil catorce, la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, por conducto de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, expidió las acreditaciones de **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, R. de Hacienda, R. de Cultura y Turismo, R. de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente.

4. En sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce, por unanimidad de votos de los concejales, se removió del cargo de Tesorera Municipal a ********** y, en su lugar, se nombró a **********, quien rindió protesta de ley en ese mismo acto, expidiéndosele el nombramiento correspondiente.

5. Mediante escrito de siete de febrero de dos mil catorce, suscrito por la mayoría de los concejales del Municipio, se informó a la Dirección de Gobierno, dependiente de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, la revocación del nombramiento y la designación referidos en el numeral anterior, solicitando formalmente la acreditación del nuevo Tesorero Municipal y exhibiendo para tal efecto copia del acta de la sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce.

6. El veintiocho de febrero de dos mil catorce, no obstante haber tenido conocimiento de la revocación de su nombramiento, la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político, expidió la acreditación de ********** como Tesorera Municipal.

7. No fue sino hasta la segunda quincena de marzo de dos mil catorce que la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca entregó las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio por conducto de **********.

8. El primero de abril de dos mil catorce, el Síndico Primero y el Tesorero acudieron al Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas del Estado de Oaxaca para que se les entregaran las participaciones federales, informándoseles que era el último pago que se realizaría a través de **********, ya que se había recibido la orden de realizar los pagos tanto de las participaciones como de las aportaciones federales a través de persona distinta.

Así también, se presentaron ante la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca, con la finalidad de preguntar sobre el trámite que se había dado a la solicitud de acreditación del nuevo Tesorero Municipal, informándoseles que se había recibido la orden de revocar y/o dejar sin efectos las acreditaciones expedidas a **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, R. de Hacienda, R. de Cultura y Turismo, R. de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente y, además, que no se expediría la acreditación de ********** como Tesorero Municipal.

9. Los concejales ********** y ********** impugnaron ante el Tribunal Estatal Electoral, a través del juicio para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, el acta de sesión ordinaria de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce, en la que fueron designados como S.S. y R. de Educación, respectivamente.

10. El catorce de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Estatal Electoral emitió sentencia en el expediente número ********** y su acumulado **********, en la cual conminó al Presidente Municipal y al Ayuntamiento de Santa María Atzompa, Distrito del Centro, Estado de Oaxaca, a convocar y llevar a cabo la sesión de Cabildo ordenada por la asamblea general de ciudadanos celebrada el veinte de enero de dos mil catorce en dicha comunidad, a fin de llevar a cabo la asignación de los concejales en la forma y términos ahí estipulados.

TERCERO. Preceptos constitucionales señalados como violados y conceptos de invalidez. El Municipio actor señaló como transgredidos en su perjuicio los artículos 14, 16, 115, fracciones I, II y IV, 124 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y planteó, en síntesis, los siguientes conceptos de invalidez:

Primer concepto de invalidez.

En relación con la procedencia de la controversia constitucional en contra de la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce:

Dicha sentencia no debe considerarse un acto de naturaleza electoral, pues si bien fue emitida por un órgano jurisdiccional especializado en dicha materia, no tiene relación con algún proceso electoral, ni incide sobre cuestiones electorales, ni se alega violación de algún derecho político electoral. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 125/2007, de rubro: "MATERIA ELECTORAL. DEFINICIÓN DE ÉSTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL."

Además, no existe recurso ordinario que pueda hacer valer el Municipio actor en contra de la referida sentencia, pues si bien es cierto que el Ayuntamiento fue parte en el juicio del que ésta derivó, también lo es que las autoridades que tuvieron el carácter de responsables en la instancia local, no están legitimadas para promover algún medio de impugnación. Al efecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 04/2003, sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "LEGITIMACIÓN ACTIVA. LAS AUTORIDADES QUE ACTUARON COMO RESPONSABLES ANTE LA INSTANCIA JURISDICCIONAL LOCAL CARECEN DE ELLA PARA PROMOVER JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL."

Por último, se resalta que aun cuando se impugna una resolución jurisdiccional en sentido estricto, se combate la invasión a la esfera competencial de un órgano originario del Estado, actualizándose, en este sentido, una excepción a la regla general de improcedencia de la controversia constitucional en contra de este tipo de resoluciones, de conformidad con la tesis P./J. 16/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN ESTRICTO SENTIDO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIAL DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO."

En cuanto a la inconstitucionalidad de la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce:

La sentencia mencionada, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, resulta violatoria de los artículos 14, 16, 115, párrafo primero, fracciones I y II, y 116, fracciones III y IV, de la Constitución Federal, al obligar al Ayuntamiento a convocar a sesión de Cabildo e indicarle cómo debe quedar integrado.

De conformidad con los artículos 43, fracción XXXIV, y 47 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, es facultad exclusiva del Ayuntamiento asignar en la primera sesión ordinaria de Cabildo las regidurías por materia que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y la prestación de los servicios públicos a su cargo; siendo necesario el voto de la mayoría calificada de sus miembros para el cambio de titular de éstas.

Tanto la asignación como el cambio de titular de las regidurías se enmarcan dentro de las facultades de organización, funcionamiento y división del trabajo interno del Ayuntamiento, tendientes al adecuado ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, por lo que no pueden considerarse de naturaleza electoral e incidir en aspectos relacionados con la elección, proclamación o acceso al cargo de algún ciudadano.

En el considerando primero de la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce, el Tribunal Estatal Electoral funda su competencia en los artículos 116, fracción IV, inciso c), de la Constitución Federal, 25, apartado D, y 111, apartado A, fracción I, de la Constitución Local y 153, fracción I, y 98 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, ninguno de los cuales le otorga facultades para interferir en asuntos propios del Municipio, mucho menos, en lo relativo a la integración y conformación del Ayuntamiento.

En efecto, el artículo 153, fracción I, ni siquiera existe, pues la ley sólo consta de ciento treinta y seis artículos; en tanto que los demás preceptos otorgan competencia al Tribunal Estatal Electoral, como máxima autoridad jurisdiccional electoral a nivel local, para conocer de la impugnación de las elecciones de concejales de los Ayuntamientos bajo los regímenes de partidos políticos y de usos y costumbres, así como de presuntas violaciones a los derechos de votar y ser votado en las elecciones de los municipios y comunidades que se rigen bajo sistemas normativos internos.

No obstante, el proceso electoral en el Municipio actor concluyó con el agotamiento de los medios de impugnación que en su momento fueron interpuestos en contra de los actos derivados de la elección de los concejales del Ayuntamiento; sin que la integración de este órgano pueda considerarse un acto de naturaleza electoral, pues forma parte del derecho administrativo municipal, cuyo conocimiento y resolución no es competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial Estatal.

La naturaleza del referido acto no sólo obedece a la especialidad del órgano que lo emite, sino que es necesario que implique en sí mismo una determinación en materia electoral, lo que no acontece en la especie, pues en todo caso, ante la existencia de conflictos reiterados entre la mayoría o la totalidad de los integrantes de un Ayuntamiento, es la Legislatura Local la que, por acuerdo de las dos terceras partes de los diputados, podrá suspenderlo, declarar que ha desaparecido y suspender o revocar el mandato de alguno de sus miembros, de conformidad con los artículos 115, fracción I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, 58, fracción IV, y 59 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.

De esta forma, la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial Local invade la esfera de competencia constitucional y legalmente establecida a favor del Municipio actor, pues éste cuenta con facultades reservadas respecto de la designación y el cambio de titular de las regidurías del Ayuntamiento.

Segundo concepto de invalidez.

La orden verbal o escrita para retener las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor, o bien, para dejar de realizar los pagos por conducto de **********, en su carácter de Tesorero Municipal, quien se encuentra legalmente facultado para ello, así como los efectos de la retención, el retraso o la obstaculización en la entrega de tales recursos, resultan violatorios de los artículos 14, 16, 115, 124 y 134, párrafos primero y quinto, de la Constitución Federal, pues vulneran los principios de libre administración hacendaria e integridad de los recursos municipales, así como el sistema nacional de coordinación fiscal.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 95, fracción II, de la Ley Orgánica Municipal del Estado, el Tesorero es el funcionario legalmente facultado para recibir los recursos correspondientes a las participaciones y aportaciones federales.

El treinta y uno de enero de dos mil catorce, en términos del artículo 43, fracción XIX, de la citada Ley Orgánica, por unanimidad de votos de los concejales que integran el Ayuntamiento del Municipio actor, se removió del cargo de Tesorera a ********** y, en su lugar, se designó a **********. Hasta la segunda quincena del mes de marzo de dos mil catorce, las participaciones y aportaciones federales del Municipio se enteraron por conducto de **********; sin embargo, el primero de abril de dos mil catorce, el Departamento de Participaciones Municipales de la Secretaría de Finanzas del Estado informó que, en lo subsecuente, los pagos serían retenidos o, en su caso, se entregarían a una persona distinta.

Lo anterior resulta inconstitucional, ya que no existe norma de orden federal o local que faculte a los Poderes del Estado para retener provisionalmente o pagar a través de persona distinta al Tesorero Municipal las cantidades que corresponden a la hacienda pública del Municipio actor. Conforme al sistema nacional de coordinación fiscal, la intervención del Estado respecto de las participaciones federales que corresponden a los Municipios es de mediación administrativa y respecto de las aportaciones federales, además de mediación, de control y supervisión de su manejo, pero nunca de disposición, suspensión o retención.

Tercer concepto de invalidez.

La orden de revocar o dejar sin efecto las acreditaciones expedidas por la Subsecretaría de Gobierno y Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca el veintinueve de enero de dos mil catorce, a favor de **********, **********, **********, ********** y **********, como Síndico Primero, R. de Hacienda, R. de Cultura y Turismo, R. de Obras Públicas Municipales y Secretaria Municipal, respectivamente, del Ayuntamiento del Municipio actor, así como la orden de acreditar en tales cargos a personas distintas de las mencionadas, resultan violatorias de los artículos 14, 16, 115 y 124 de la Constitución Federal, pues no derivan de un procedimiento en el que se hayan observado las formalidades esenciales que permitiesen a dichas personas aportar pruebas y formular alegatos, además de que no se encuentran debidamente fundadas y motivadas.

La sesión ordinaria de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce no ha sido declarada nula por alguna autoridad, por lo que las asignaciones de regidurías y nombramientos en ella aprobados, con excepción del de ********** como Tesorera Municipal, que fue revocado en sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero siguiente, siguen siendo válidos para todos los efectos legales.

De este modo, debe declararse la invalidez de las referidas órdenes, así como de la indebida acreditación de ********** como Tesorera Municipal, la negativa de expedir la acreditación de ********** como Tesorero Municipal y la falta de trámite y contestación al escrito presentado el cinco de marzo de dos mil catorce ante la Dirección de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado, mediante el cual se solicitó la cancelación de la indebida acreditación de favor de ********** como Tesorera Municipal; por vulneración a la autonomía municipal y afectación al adecuado funcionamiento del Ayuntamiento y a la prestación de servicios públicos por parte del Municipio.

CUARTO. Admisión a trámite de la controversia constitucional. Por acuerdo de catorce de abril de dos mil catorce, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo a la presente controversia constitucional, a la que correspondió el número 36/2014 y, por razón de turno, se designó como instructor al M.S.A.V.H..

En auto de veintiuno de abril de dos mil catorce, el Ministro instructor desechó la demanda, por considerar que, en el caso, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia relacionado con la fracción II del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, al no poderse impugnar a través de la controversia constitucional una resolución en materia electoral, ni actos emitidos como consecuencia de dicho fallo, que adquieren la misma eficacia que deriva de la sentencia en que tienen su razón de ser y no podrían someterse a control constitucional en este medio sin atender a la cuestión de asignación de regidurías que fue decidida en la vía jurisdiccional electoral.

En contra del anterior proveído, el Municipio actor interpuso recurso de reclamación, al que correspondió el número **********. Del mismo conoció la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que, mediante resolución de trece de agosto de dos mil catorce, determinó que el recurso era procedente y fundado ya que la causa de improcedencia invocada por el Ministro instructor no se actualiza de manera manifiesta e indudable pues desde la demanda de controversia, el Municipio actor cuestionó la competencia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca para emitir la sentencia impugnada, por lo que subsiste un conflicto competencial que actualiza una excepción a la regla general de improcedencia en contra de resoluciones jurisdiccionales, y en relación al resto de los actos impugnados, la determinación de constituir o no actos consecuencia de la referida sentencia se debe determinar al resolver el fondo y después de decidirse si la autoridad jurisdiccional electoral local era competente o no.

En cumplimiento a la referida resolución del recurso de reclamación, el Ministro instructor, mediante acuerdo de dos de septiembre de dos mil catorce, admitió a trámite la demanda; tuvo como demandados a los Poderes Judicial -al que pertenece el Tribunal Electoral Estatal- y Ejecutivo del Estado de Oaxaca -no así a las Secretarías de Finanzas y General de Gobierno del Estado, por tratarse de autoridades subordinadas al segundo de los Poderes mencionados-, a los que ordenó emplazar para que formularan su contestación; y mandó dar vista al Procurador General de la República para que manifestara lo que a su representación correspondiera.

SEXTO. Contestación del Poder Judicial del Estado de Oaxaca. Este Poder contestó la demanda en los siguientes términos:

I. Causas de improcedencia.

1. Falta de legitimación procesal activa.

Se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal y 11 de la propia Ley Reglamentaria, pues ********** no tiene el carácter de Síndico Primero del Municipio actor.

El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, al resolver el catorce de marzo de dos mil catorce los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos identificados con los expedientes ********** y su acumulado **********, conminó al Presidente Municipal a convocar y llevar a cabo la sesión de Cabildo ordenada por la asamblea de ciudadanos celebrada el veinte de enero del año citado y realizar las asignaciones de los concejales ********** y ********** en la forma y términos ahí estipulados (Síndico Municipal Único y R. de Hacienda, respectivamente).

Lo anterior fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la sentencia dictada el cuatro de junio de dos mil catorce en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el expediente **********.

No pasa inadvertido que cuando ********** promovió la presente controversia constitucional (catorce de abril de dos mil catorce), la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aún no resolvía la impugnación en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado; sin embargo, de conformidad con el artículo 6, numeral 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los procedimientos no tienen efecto suspensivo, de ahí que el Tribunal Estatal Electoral, mediante acuerdo de catorce de abril de dos mil catorce, haya declarado cumplida su sentencia, determinando con plenitud de jurisdicción que ********** es el Síndico Municipal Único y, por tanto, representante jurídico del Municipio actor.

2. Impugnación de un acto en materia electoral.

En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 19, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el artículo 105, fracción I, de la Constitución Federal, por impugnarse en la presente controversia constitucional un acto formal y materialmente electoral.

En atención a la autoridad que lo emite, la sentencia de catorce de marzo de dos mil catorce, que se combate, fue dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral a nivel estatal y órgano competente para resolver los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano en el régimen de sistemas normativos internos identificados con los expedientes ********** y su acumulado **********.

Del mismo modo, en atención a la naturaleza intrínseca de la controversia resuelta en la sentencia impugnada, ésta es electoral, pues versa sobre la posible vulneración del derecho a ser votado de los ciudadanos ********** y **********, en la modalidad de acceso y permanencia en el cargo de concejales propietarios (segundo y tercero, respectivamente) del Ayuntamiento del Municipio actor.

3. Impugnación de una resolución jurisdiccional.

En el caso, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la tesis número P./J. 117/2000, de rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO SON LA VÍA IDÓNEA PARA COMBATIR RESOLUCIONES JURISDICCIONALES AUN CUANDO SE ALEGUEN CUESTIONES CONSTITUCIONALES", pues el promovente pretende controvertir por este medio de control constitucional los fundamentos y motivos de la sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil catorce por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca, sin que se actualice, en este sentido, el supuesto previsto en el artículo 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Federal, al no invadir el Estado la competencia del Municipio actor.

La sentencia que se combate en la presente controversia ya fue impugnada ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, de conformidad con el artículo 99, fracciones IV y V, de la Constitución Federal; habiéndose reconocido la competencia del Tribunal Estatal Electoral para conocer y resolver respecto de la posible vulneración del derecho de acceso y permanencia en el cargo de los concejales del Ayuntamiento, dado que la designación, en particular, del S. y el Regidor de Hacienda estuvo determinada por las normas de derecho indígena bajo las que se llevó a cabo la asamblea electiva de primero de diciembre de dos mil trece.

De esta forma, al haberse resuelto en definitiva la controversia ante las instancias electorales correspondientes, debe sobreseerse en este juicio, que no puede convertirse en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión litigiosa debatida en aquéllas.

II. Contestación a los conceptos de invalidez.

Son infundados los conceptos de invalidez planteados por el actor, toda vez que la sentencia impugnada no viola lo dispuesto por los artículos 14, 16, 115, fracciones I y II, y 116, fracciones III y IV, de la Constitución Federal.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Oaxaca no invade la competencia del Municipio actor, ya que de conformidad con los artículos 4, numeral 3, inciso d), 5, numeral 5, y 98 de la Ley Estatal del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana, es la máxima autoridad jurisdiccional en la materia a nivel local y se encuentra facultado para analizar la posible vulneración de los derechos a votar y ser votado en las elecciones que se celebren en los municipios que se rigen bajo sistemas normativos internos -tal como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificado con el expediente **********-.

De las constancias que obran en los expedientes identificados con los números ********** y su acumulado **********, se advirtió la existencia de un contexto determinado por la conflictividad y caracterizado no sólo por un Cabildo dividido, sino también por dos asignaciones de concejales electos respecto de las regidurías con que debe funcionar el Municipio actor: una, mediante sesión de Cabildo de dieciocho de enero de dos mil catorce, cuyo sustento fue una minuta de conciliación ante un representante del Gobierno Estatal y otra, por medio de asamblea de ciudadanos de veinte de enero siguiente.

La sentencia dictada el catorce de marzo de dos mil catorce por el Tribunal Estatal Electoral, impugnada en la presente controversia, declaró no vinculante la asignación referida en primer término, por violar derechos fundamentales de los ciudadanos, de acuerdo con la tesis sostenida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de rubro: "CONVENIOS. LOS REALIZADOS EN CONTRAVENCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES, ASÍ COMO A LOS PROCEDIMIENTOS Y REGLAS PREVISTOS PARA LA INTEGRACIÓN E INSTALACIÓN DE LOS AYUNTAMIENTOS, DEBEN DECLARARSE NULOS"; así también, por ser la asamblea comunitaria el máximo órgano de decisión en un municipio regido por un sistema de usos y costumbres.

Lo anterior, como se ha señalado, fue confirmado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, específicamente, respecto del concepto de invalidez que hace valer el promovente en esta controversia, señaló: "no se advierte que, dentro de las atribuciones del Ayuntamiento establecidas en el artículo 43 (de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca), se faculte al mismo a realizar designaciones del cargo de S.M. al momento de la integración del órgano y, si bien en la fracción XXXVI de dicho numeral se establece, entre tales atribuciones, la de 'asignar en la primera sesión las regidurías por materia que sean necesarias para el cumplimiento de sus fines y la prestación de los servicios públicos a su cargo', ello no es una limitante para negar la posibilidad de que una norma interna de una comunidad establezca previamente una prelación específica respecto de alguna regiduría, en particular, la regiduría de hacienda que, conforme a la ley municipal en cita, de acuerdo con su artículo 124, le corresponde a quien ocupe dicho cargo, conjuntamente con el P. y el Síndico o Síndicos, la inspección de la hacienda pública municipal. De igual forma, el artículo 56, en su último párrafo, establece que la Comisión de Hacienda estará integrada por el Presidente, el Síndico o los Síndicos y el Regidor de Hacienda. De ahí que, dadas sus funciones, resulte razonable suponer que, previamente a su elección, son conocidas las personas que ocuparán los cargos de Síndico y Regidor de Hacienda y no, como lo pretenden los actores, que tal definición sea una atribución del Cabildo".

SEXTO. Contestación del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca. Este Poder señaló lo siguiente:

I. Causas de improcedencia.

1. Inexistencia de actos.

Debe sobreseerse en la controversia constitucional, con fundamento en el artículo 20, fracción III, de la Ley Reglamentaria de la Materia, por inexistencia de los actos atribuidos al Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría de Finanzas Estatal, ya que las participaciones y aportaciones federales correspondientes al Municipio actor han sido entregadas en tiempo y forma, por conducto de la persona autorizada para recibirlas, tal como se demuestra con los comprobantes respectivos, firmados por **********, Tesorero Municipal designado en la sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce y ratificado en la sesión extraordinaria de Cabildo de veintiocho de marzo siguiente, celebradas por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento, así como con las transferencias de tales recursos a las cuentas bancarias autorizadas en la sesión de Cabildo de doce de febrero de dos mil catorce.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de haber confirmado la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral el catorce de marzo de dos mil catorce, en acuerdo de once de junio siguiente, declaró improcedente la solicitud formulada por ********** y **********, en el sentido de vincular a la Secretaría de Finanzas Estatal a entregar por su conducto las participaciones y aportaciones federales que corresponden al Municipio actor, al no haberse obligado a la referida dependencia, en la resolución de cuatro de junio de dicho año, a llevar a cabo alguna conducta.

2. Falta de interés legítimo.

El Municipio actor carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, toda vez que no existe afectación a su esfera jurídica, de acuerdo con la tesis número 2a. XVI/2008, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EXISTE INTERÉS LEGÍTIMO PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CUANDO SE ACTUALIZA UNA AFECTACIÓN A LA ESFERA DE ATRIBUCIONES DE LAS ENTIDADES, PODERES U ÓRGANOS LEGITIMADOS, A SU ESFERA JURÍDICA, O SOLAMENTE UN PRINCIPIO DE AFECTACIÓN."

Como el propio actor reconoce, a la fecha de presentación de la demanda, no existía el acto que impugna del Poder Ejecutivo Estatal, a través de la Secretaría de Finanzas, dado que ésta entregó las participaciones y aportaciones federales del Municipio, por conducto de la persona autorizada por éste; resultando improcedente que la sentencia que llegue a dictarse en la controversia se ocupe de actos posteriores y distintos a los que le dieron origen.

En este sentido, no es posible analizar la conducta omisiva que se atribuye al Poder Ejecutivo del Estado, pues el Municipio actor no acredita su existencia y, mucho menos, la transgresión de un precepto legal en su perjuicio, por tratarse de un acto incierto que, además, como se acredita con las documentales respectivas, nunca se llevó a cabo.

Por el contrario, el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Finanzas, ha ministrado correctamente los recursos que corresponden al Municipio actor, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Federal y en términos de los acuerdos adoptados por la mayoría de los concejales que integran el Ayuntamiento -como se desprende de la constancia de mayoría y validez expedida por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado y de las actas de sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero y veintiocho de marzo de dos mil catorce-, quienes no han perdido ese carácter derivado de la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral el catorce de marzo de dos mil catorce.

II. Contestación a los conceptos de invalidez.

En el caso, es inexistente el cambio de situación jurídica a que alude la sentencia dictada en el recurso de reclamación **********, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional **********, pues aun cuando se modificó el orden de los cargos que habrían de ocupar los concejales del Ayuntamiento, ello no incidió en la designación de la persona facultada para recibir los recursos que corresponden al Municipio actor, ya que los acuerdos relativos fueron adoptados por el quórum requerido para tal efecto, de conformidad con la Ley Orgánica Municipal; sin que el Poder Ejecutivo del Estado pueda alterar la decisión tomada por la mayoría de los integrantes del Ayuntamiento en sesiones extraordinarias de Cabildo de treinta y uno de enero, veintiocho de marzo, doce de abril, ocho de junio, dieciséis de agosto y diecinueve de octubre de dos mil catorce.

Al respecto, debe señalarse que el acta de sesión extraordinaria de Cabildo de treinta y uno de enero de dos mil catorce, en la que se designó a ********** como Tesorero Municipal, no contraría lo resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente **********, pues sin entrar a un estudio de fondo en materia electoral, puede claramente advertirse que quienes suscribieron el acta únicamente actuaron como concejales propietarios facultados para intervenir en el desarrollo de tal sesión.

Así también, en el supuesto no concedido de que la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral y confirmada posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiese creado una nueva situación jurídica, debe tenerse en cuenta que en sesión extraordinaria de Cabildo de veintiocho de marzo de dos mil catorce, el Ayuntamiento ratificó los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias de Cabido de treinta y uno de enero y seis de marzo de dicho año.

En este orden de ideas, lo resuelto en el recurso de reclamación **********, derivado del incidente de suspensión de la controversia constitucional **********, genera incertidumbre al Poder Ejecutivo del Estado, pues se obliga a la Secretaría de Finanzas Estatal a entregar los recursos que corresponden al Municipio actor, por conducto de la persona a la que se designe como Tesorero Municipal en la sesión de Cabildo que se lleve a cabo en cumplimiento a la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral y confirmada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuando esto ya se hace de esta forma; máxime que la única determinación que el Ayuntamiento ha adoptado, con posterioridad a la sentencia emitida por la Sala Superior, es la de la sesión de Cabildo de dieciséis de agosto de dos mil catorce, en la que se reconoce a ********** como Tesorero Municipal y se autorizan diversas cuentas bancarias para efectos de la ministración de los recursos.

En tales condiciones, resulta lógico que, en sesión extraordinaria de Cabildo de diecinueve de octubre de dos mil catorce, con base en los acuerdos adoptados por la asamblea de ciudadanos celebrada el día anterior, se hayan ratificado en sus términos las designaciones de ********** y **********, como Tesorero y Secretaria Municipal, respectivamente, tal como se acordó en sesiones extraordinarias de Cabildo de treinta y uno de enero, seis de febrero, veintiocho de marzo y ocho de junio de dos mil catorce, dado que, como se ha señalado, en nada se contraponen con lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la diversa controversia constitucional **********.

SÉPTIMO. Opinión del Procurador General de la República. Este funcionario no formuló opinión en el presente asunto.

OCTAVO. Audiencia. Substanciado el procedimiento en la controversia constitucional, el once de diciembre de dos mil catorce se celebró la audiencia prevista en el artículo 29 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal, en la que, en términos del artículo 34 de la propia ley, se hizo relación de los autos, se tuvieron por exhibidas y admitidas las pruebas ofrecidas, por presentados los alegatos y se puso el expediente en estado de resolución.

NOVENO. Returno del expediente y avocamiento en la Segunda Sala. Por acuerdo de cinco de enero de dos mil quince y conforme a lo determinado por el Tribunal Pleno en sesión privada de la misma fecha, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación returnó el asunto al Ministro A.P.D. para la elaboración del proyecto de resolución respectivo.

En atención a la solicitud formulada por el Ministro Ponente al Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, se acordó remitir el expediente a esta Segunda Sala del Alto Tribunal para su radicación y resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer de la presente controversia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 10, fracción I, y 11, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción I, y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de mayo siguiente, ya que se trata de un conflicto entre el Estado de Oaxaca, a través de sus Poderes Judicial y Ejecutivo, y uno de sus Municipios, el de S.M.A., Distrito del Centro, sin que se requiera la intervención del Tribunal Pleno pues no se impugnan normas de carácter general, además de que, como se determinará con posterioridad, debe sobreseerse en el presente asunto.

TERCERO. Oportunidad. A continuación, procede analizar si la controversia constitucional fue promovida oportunamente respecto de los actos que se tuvieron por ciertos.

Al efecto, debe estarse a lo dispuesto por el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(2) del que se desprende que el plazo para la presentación de la demanda, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del acto, conforme a la ley que lo rige; al en que se haya tenido conocimiento de éste por el actor; o al en que este último se ostente sabedor del mismo.

En el caso, el Municipio actor fue notificado de la resolución de catorce de marzo de dos mil catorce, dictada por el Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial Local en el expediente ********** y su acumulado **********, el dieciocho de marzo siguiente, a través de quien se ostenta como Síndico Primero en la presente controversia -reconocido como tercero interesado en los expedientes aludidos- (fojas mil doscientos tres y mil doscientos cuatro, en relación con la foja mil ciento ochenta y seis vuelta del tomo II del cuaderno de pruebas presentadas por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca).

De acuerdo con el artículo 26, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca,(3) la notificación surtió efectos el mismo día en que fue practicada, esto es, el martes dieciocho de marzo de dos mil catorce; por lo tanto, el plazo para presentar la demanda transcurrió del miércoles diecinueve de marzo al miércoles siete de mayo de ese año, descontándose del cómputo respectivo los días veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, cinco, seis, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de abril, primero, tres, cuatro y cinco de mayo, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de la Materia,(4) en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación(5) y el punto primero, incisos a), b), f), g), h) y n), del Acuerdo General 18/2013,(6) dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de noviembre siguiente, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.

Por otro lado, en cuanto a la acreditación de ********** como Tesorera Municipal que, según señala el Municipio actor, por conducto de quien se ostenta como Síndico Primero en la presente controversia, tuvo lugar el veintiocho de febrero de dos mil catorce, debe tenerse como fecha en que se ostentó sabedor de dicho acto la del escrito de cinco de marzo siguiente, a través del cual manifestó su inconformidad con la referida acreditación, solicitando su inmediata cancelación al Director de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado.

En este sentido, el plazo para promover la demanda transcurrió del jueves seis de marzo al miércoles veintitrés de abril de dos mil catorce, descontándose del cómputo los días ocho, nueve, quince, dieciséis, diecisiete, veintiuno, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de marzo, cinco, seis, doce, trece, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve y veinte de abril, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 2 y 3, fracciones II y III, de la Ley Reglamentaria de la Materia, en relación con el numeral 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el punto primero, incisos a), b), c)(7) -vinculado con la fracción III del artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo-(8), f) y n), del Acuerdo General 18/2013, dictado por el Pleno de esta Suprema Corte el diecinueve de noviembre de dos mil trece, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como los de descanso para su personal.

De esta forma, al haberse recibido la demanda de controversia constitucional en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal el lunes catorce de abril de dos mil catorce (foja diecisiete vuelta del cuaderno principal), debe concluirse que fue promovida oportunamente respecto de la resolución y la acreditación de mérito.

Finalmente, la impugnación de las omisiones relacionadas con la negativa de acreditación de ********** como Tesorero Municipal y la falta de trámite y contestación al escrito por medio del cual se solicitó la inmediata cancelación de la acreditación de ********** en dicho cargo, debe estimarse oportuna, en atención a la jurisprudencia número P./J. 43/2003, de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE TRATE DE OMISIONES, LA OPORTUNIDAD PARA SU IMPUGNACIÓN SE ACTUALIZA DÍA A DÍA, MIENTRAS AQUÉLLAS SUBSISTAN."(9)

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la presente controversia constitucional.

N.; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores M.J.N.S.M., J.F.F.G.S., M.B.L.R. y P.A.P.D. (ponente). El señor M.J.F.F.G.S., emitió su voto con reservas. Ausente el señor Ministro Eduardo Medina Mora I.

Firma el Ministro Presidente y en su calidad de Ponente, con el Secretario de Acuerdos de la Segunda Sala quien autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SEGUNDA SALA Y PONENTE

MINISTRO A.P.D.

SECRETARIO DE ACUERDOS

DE LA SEGUNDA SALA

LICENCIADO MARIO EDUARDO PLATA ÁLVAREZ

En términos de lo dispuesto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su sesión del veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el segundo párrafo del artículo 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. ARTÍCULO 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes: (...) III. Cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe la norma o acto materia de la controversia, o cuando no se probare la existencia de ese último; y (...).

2. ARTÍCULO 21. El plazo para la interposición de la demanda será:--- I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos; (...).

3. ARTÍCULO 26.--- 1. Las notificaciones a que se refiere el presente ordenamiento surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen. (...)

4. ARTÍCULO 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

ARTÍCULO 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:--- (...)--- II. Se contarán sólo los días hábiles, y--- III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

5. ARTÍCULO 163. En los órganos del Poder Judicial de la Federación, se considerarán como días inhábiles los sábados y domingos, el 1o. de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1o. de mayo, 16 de septiembre y 20 de noviembre, durante los cuales no se practicarán actuaciones judiciales, salvo en los casos expresamente consignados en la Ley.

6. PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles:--- a) Los sábados;--- b) Los domingos;--- (...)--- f) El veintiuno de marzo;---- g) El primero de mayo;--- h) El cinco de mayo;--- (...)--- n) Los demás que el Tribunal Pleno determine como inhábiles.--- (...)

7. PRIMERO. Para efectos del cómputo de los plazos procesales en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se considerarán como días inhábiles: --- (...) c) Los lunes en que por disposición de la Ley Federal del Trabajo deje de laborarse; --- (...)

8. Artículo 74. Son días de descanso obligatorio:--- (...) III. El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo;--- (...)

9. Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Pleno, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1296, registro 183581.

10. ARTÍCULO 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.--- (...)

11. ARTÍCULO 71. Los Síndicos serán representantes jurídicos del Municipio y responsables de vigilar la debida administración del erario público y patrimonio municipal, con las siguientes atribuciones:--- I.P., defender y promover los intereses municipales, presentar denuncias y querellas, representar jurídicamente al Municipio en los litigios en que éstos fueren parte, y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal;--- (...).

12. Foja dieciocho del cuaderno principal.

13. Fojas treinta y cuatro a cuarenta del cuaderno principal.

14. Foja cuarenta y dos del cuaderno principal.

15. Fojas cuarenta y cuatro a cuarenta y siete del cuaderno principal.

16. Fojas cincuenta y cinco a sesenta y ocho del cuaderno principal.

17. Fojas doscientos setenta y cinco a doscientos ochenta del cuaderno principal.

18. Fojas doscientos ochenta y uno a doscientos ochenta y nueve del cuaderno principal.

19. ARTÍCULO 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:--- (...)--- II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior; (...)

20. ARTÍCULO 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:--- (...)--- VIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta ley. (...)