Desafíos y recomendaciones
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V. DESAFÍOS Y RECOMENDACIONES
A partir de estas consideraciones pueden esbozarse un conjunto de desafíos
que enfrenta la estrategia que subyace a la política para el Desarrollo Rural
Sustentable. Para ello se consideran las principales dimensiones de acuerdo
con los siguientes aspectos: ordenamiento territorial y descentralización,
ordenamiento normativo, concurrencia, participación y aspectos reglamentarios
y operativos.
A. DESCENTRALIZACIÓN, PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y REGIONALIZACIÓN
Para dar respuesta integral a los rezagos que enfrenta la población con mayor
atraso económico y social es necesario encauzar los esfuerzos de los tres
órdenes de gobierno y de los diferentes actores sociales de manera coordinada
bajo un enfoque que aborde integralmente los elementos determinantes de la
problemática y desarrollo de cada región. Este enfoque integral requiere definir
regiones con características económicas, sociales y culturales comunes, de tal
manera que el efecto de las inversiones gubernamentales potencie el capital
social, económico y financiero existente en las regiones. Concretamente se
proponen ocho acciones estratégicas, que se presentan a continuación.
1. Marco normativo global para la planeación y el ordenamiento
El marco constitucional ha de ser reformado para dar congruencia a los
artículos 25 y 27, sustento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable en lo que
concerniente al desarrollo sustentable e integral, vinculando a todos los demás
artículos que están previstos, los criterios de equidad, los criterios económicos,
como nos dice la Constitución y que conforman la base para integrar un
sistema de planeación, desde la Constitución. Con ello se lograría tener el
marco para una ley globalizadora.
CEDRSSA
Esta ley globalizadora iría ligada, a la ley que implementa la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, que también tendría que tener una
reestructuración para que sea capaz de implementar esta ley globalizadora. Esta
Ley debería contener el sistema de planeación, programación, presupuestación,
evaluación, rendición de cuentas y el ordenamiento territorial. Hay experiencias
en el mundo sobre ordenamiento territorial, y en México hay diferentes
sistemas de ordenamiento territorial. Hay ordenamientos territoriales en otras
leyes sectoriales, cada una con sus propias unidades de gestión.
Esta Ley debería cubrir el sistema de planeación de inicio a fin, desde
la planeación hasta el seguimiento, evaluación y mejoras de todas las
actuaciones. Hay muchos sistemas de información, pero ninguno lleva a la
gestión integrada. Los gabinetes y comisiones intersecretariales, deben tener
un sentido globalizador. Articular las comisiones o gabinetes económicos, de
sustentabilidad, social en un gabinete para la planeación que sea integrado
justamente por Hacienda, y otras dependencias que deben integrar finalmente
los instrumentos de planeación globalizadora.
La descentralización, corresponsabilidad, concurrencia, transversalidad,
territorialidad y sustentabilidad no son palabras, sino nuevos paradigmas y
esto es complejo para desarrollar, porque esas nuevas instituciones necesitan
también nuevos instrumentos y los instrumentos que tenemos son viejos, por
lo que se requiere de un marco orgánico de alto nivel jurídico.
2. Ordenamiento territorial
Un marco adecuado para la profundización de los procesos de reorganización
institucional para el Desarrollo Rural Sustentable pasa por reconocer que el
marco que orienta la política pública en este campo, la Ley de Desarrollo
Rural Sustentable, es una norma de carácter orgánico, a pesar de su naturaleza
general. La en la práctica es una norma que busca el ordenamiento
territorial de la gestión de los territorios rurales. Esto se advierte en el hecho
de establecer un conjunto de normas que redefine las responsabilidades de
las entidades territoriales y de las entidades federales centrales, secretarías,
y descentralizadas. Esto le imprime un carácter superior que se enfrenta al
hecho de gozar de un reconocimiento sectorial, limitándole enormemente su
posibilidad real de impacto.
Se requiere de un mandato legal que permita aclarar y ordenar
la participación de todo el conjunto institucional que interviene en el
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