Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. 24-09-2019 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016)
| Sentido del fallo | 24/09/2019 “PRIMERO. Es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente controversia constitucional. SEGUNDO. Se sobresee en la presente controversia constitucional respecto de la reforma de los artículos 46, 48, 49, 52, párrafo último, 55 y 60, y de la derogación de los artículos 1, fracción VI, y del 31 al 43 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, así como de la reforma de los artículos 99, numeral 1, fracción I, y 108, numeral 1, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, realizadas mediante Decreto Número 25861/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veinte de agosto de dos mil dieciséis, al igual que respecto de los actos cuestionados en la ampliación de la demanda, en atención a lo expuesto en los apartados III y VII de la presente ejecutoria. TERCERO. Se reconoce la validez del artículo 99, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, reformado mediante Decreto Número 25859/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veinte de agosto de dos mil dieciséis, por las razones expuestas en el subapartado VIII.1. de esta decisión. CUARTO. Se declara la invalidez de la reforma del artículo 91, fracción II, y de la derogación de los artículos 100, 102, 103, 104 y 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, realizadas mediante Decreto Número 25859/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veinte de agosto de dos mil dieciséis, así como de la derogación del artículo 9, numeral 1, fracción XIX, inciso b), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y de la reforma del artículo 196, en su porción normativa ‘y cuando se encuentren privados de la libertad con motivo de un proceso penal’, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, realizadas mediante Decreto Número 25861/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veinte de agosto de dos mil dieciséis, en términos de los subapartados VIII.2., VIII.3. y VIII.4. de este fallo; en la inteligencia de que la referida declaración de invalidez surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de esta sentencia al Congreso del Estado de Jalisco. QUINTO. Se determina la reviviscencia del contenido total de los artículos 91, fracción II, 100 —únicamente en el ámbito regulativo de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco— y 102 a 105 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, previo a su reforma y derogación mediante Decreto Número 25859/LXI/16, publicado en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ el veinte de agosto de dos mil dieciséis, en términos del apartado IX de esta sentencia. SEXTO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación, en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’ de dicha entidad federativa, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.” |
| Tipo de Asunto | CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL |
| Fecha | 24 Septiembre 2019 |
| Emisor | PLENO |
| Número de expediente | 99/2016 |
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016
ACTOR: PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE JALISCO
VISTO BUENO
SR. MINISTRO
PONENTE: ministro A.G.O.M.
COTEJÓ
SECRETARIO: M.A.N.V.
COLABORADOR: L.D. ESPINOSA
Ciudad de México. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, emite la siguiente:
S E N T E N C I A
Mediante la que se resuelve la controversia constitucional 99/2016, promovida por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco en contra de ciertos apartados de los Decretos números 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16, mediante los cuales se reformaron diversas disposiciones de la Constitución y de varias legislaciones secundarias de dicha entidad federativa.
-
ANTECEDENTES Y TRÁMITE DEL ASUNTO
-
Interposición de la demanda. El veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, por escrito presentado en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, L.C.V.P., quien se ostentó como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, promovió una demanda de controversia constitucional en representación del mencionado poder en la que impugnó de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Jalisco lo siguiente:
-
La expedición y promulgación de los Decretos 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16, publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” el veinte de agosto del año dos mil dieciséis, por virtud de los cuales se eliminó del orden jurídico estatal la figura de la declaración de procedencia1; en específico, se impugnaron ciertas reformas y derogaciones a la Constitución Local y a leyes secundarias realizadas a través de tales decretos.
-
Conceptos de invalidez. Al respecto, se sostuvieron los siguientes razonamientos en dos conceptos de invalidez:
Primer concepto de invalidez
-
Se inicia la demanda transcribiendo el texto de los preceptos de la Constitución Local y de la legislación secundaria que regulaban la declaración de procedencia para los miembros del Poder Judicial (previos a su reforma de veinte de agosto de dos mil dieciséis2), así como parte del contenido de los citados Decretos 25859/LXI/16 y 25861/LXI/16 (respecto a este último decreto, sólo se transcribieron secciones de los artículos primero, segundo, tercero y séptimo3, en donde se contienen las modificaciones a las leyes de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, Orgánica del Poder Legislativo del Estado, Orgánica del Poder Judicial del Estado, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública). A partir de ello, se afirma que las reformas y derogaciones normativas hechas mediante tales decretos (que modificaron el sistema que regulaba la declaración de procedencia en la entidad) transgreden los artículos 17 y 116 de la Constitución Federal al incidir en la independencia del Poder Judicial del Estado y, por ende, en la división de poderes.
-
En ese sentido, se comienza relatando que la figura de la declaración de procedencia resguarda en el sistema constitucional la independencia de los Poderes y de ciertos organismos de que se compone el Estado, en tanto garantiza, a través de la inmunidad relativa con que dota a los servidores públicos depositarios de aquéllos, que se lleve a cabo la función libres de las presiones derivadas de los vaivenes políticos. La declaración de procedencia, comúnmente conocida como fuero, obedece pues a la necesidad de proteger a la función pública que se desempeña, no a la persona que en determinado momento la ejerce, y de este modo, en razón de la protección relativa institucional con que cuenta el encargo, se logra mantener el equilibro entre los poderes, indispensable para el funcionamiento regular y correcto del Estado. Así, se precisa, el requisito de la declaración de procedencia no confiere al servidor público un privilegio especial ni una inmunidad absoluta en virtud de los cuales quede fuera de la ley o gozando de impunidad en su actuar, sino que aquella figura jurídica instituye una garantía de permanencia y estabilidad de la función pública y del Estado mismo.
-
Por ejemplo, en el caso específico de los Magistrados integrantes de los Poderes Judiciales estatales, en el artículo 116, fracción III, párrafo tercero, de la Constitución Federal se determina que dichos juzgadores habrán de reunir los mismos requisitos para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esas condiciones, atento a los requisitos normativos de ingreso al encargo jurisdiccional de mérito, se asegura que el solo ejercicio de la acción penal tendría el efecto de producir la inhabilitación del servidor público, lo que viene a constatar lo aducido en que la figura de la declaración de procedencia constituye una garantía de estabilidad de los Poderes estatales.
-
Por resultar ilustrativa en cuanto a la figura de la declaración de procedencia, se citaron las tesis de rubro: “FUERO CONSTITUCIONAL”, “DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). EL ARTÍCULO 94, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, NO ES INCONSTITUCIONAL POR NO PREVERLA RESPECTO DE LOS JUECES LOCALES”, “CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FUERO, CONCEPTO DE” y “DECLARACIÓN DE PROCEDENCIA (DESAFUERO). OBJETO Y EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EN EL PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SEÑALADOS EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 111 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL”. Asimismo, se citan varios apartados de la sentencia del amparo en revisión 341/2008; en particular, un párrafo donde se señala que si bien los jueces locales no se les ha reconocido un fuero en la Constitución Federal, ello se debe a que no están en igualdad de condiciones respecto a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, pues éstos últimos son órganos terminales en la jurisdicción local y, en ellos, según el artículo 116, fracción III, de la Carta Fundamental, se deposita el Poder Judicial de una entidad federativa, por lo que debe cuidarse que no reciban presiones o interferencias al realizar su tarea como depositarios de un poder. A su vez, se señala que el contenido de tales criterios jurisprudenciales se encuentra respaldado por el procedimiento legislativo de la reforma a la Constitución Federal de veintiocho de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, en donde entre otras cuestiones se modificó el artículo 111 constitucional.
-
Con fundamento en lo anterior y tras hacer una descripción de cómo estaba regulado el sistema constitucional y legal del Estado de Jalisco en relación con la existencia de la inmunidad procesal penal y el procedimiento para la respectiva declaratoria de procedencia, con énfasis en los Magistrados y Jueces del Poder Judicial (se hizo una relatoría del contenido de los artículos 91, 100, 102, 103 y 104 de la Constitución Local; 1, fracción VI, 31, 32, 33, 34 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 52, 55 y 60 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 99, numeral 1, fracción I, y 108, numeral 1, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; 9º, numeral 1, fracción XIX, inciso b), de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, y 196 de la Ley Orgánica del Poder Judicial), el poder actor sostiene que la reforma y derogación de los dispositivos constitucionales y legales afecta gravemente la independencia judicial, eliminado del sistema jalisciense la necesidad de llevar a cabo el pronunciamiento previo de la declaración de procedencia para actuar penalmente en contra de los Magistrados y Jueces del Poder Judicial del Estado de Jalisco, entre otros servidores públicos locales.
-
Previo a la reforma, para proceder contra los magistrados debía realizarse una declaración de procedencia por parte del Congreso Local. Por su parte, referente a los jueces locales, sólo podía procederse penalmente previa declaración del Consejo de la Judicatura. Con la reforma y derogaciones impugnadas se eliminan dichas protecciones orgánicas.
-
Desde su punto de vista, la declaración de procedencia es indispensable para mantener la estabilidad de las instituciones estatales y la independencia de los Poderes; siendo que esa declaración sólo se trata de un paso previo, el cual no exime al servidor público de su responsabilidad. Por ello, se dice, aunque la declaración de procedencia es una inmunidad relativa, no debe confundirse con impunidad, puesto que el requisito de esa declaración de procedencia no torna a los Magistrados y Jueces estatales en irresponsables penalmente hablando; es decir, dicha figura no crea un privilegio de impunidad, sino que establece simplemente un prerrequisito procedimental que de ninguna manera tendrá el efecto de exentar al servidor público de la responsabilidad penal que en uno u otro momento, pero de manera fatal, se dicte. De igual forma, la figura de la declaración de procedencia no separa a los ciudadanos de la...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba
-
Voto concurrente num. 166/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 03-06-2022 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
...no debe eliminarse el fuero local. Al respecto, refiere las consideraciones sostenidas por el Tribunal Pleno en la controversia constitucional 99/2016,(15) entre las que destaca que, de lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 111, de la Constitución General,(16) no se desprende la e......
-
Voto num. 165/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
...Poder Judicial Local. Se precisó que esta delimitación de los efectos se determinó acorde con lo determinado al resolverse la controversia constitucional 99/2016. En este sentido, el Tribunal Pleno determinó la reviviscencia del contenido total de los artículos 44, fracción XXVI, párrafo pr......
-
Ejecutoria num. 165/2018 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 18-06-2021 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)
...110 de la Constitución del Estado de Michoacán. 54. Como precedente directamente aplicable, debe atenderse a lo fallado en la controversia constitucional 99/2016,(21) en la que este Tribunal Pleno declaró la invalidez de las reformas y derogaciones realizadas por el Poder Constituyente de J......
-
Ejecutoria num. 79/2016-CA, DERIVADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-01-2018 (RECURSO DE RECLAMACIÓN)
...DEL ACUERDO DEL MINISTRO INSTRUCTOR DE VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE NEGÓ LA SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016).II. SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. CUANDO SE NIEGA AQUÉLLA POR SOLICITARSE RESPECTO DE NORMAS GENERALES, ES INNECESARIO ......
-
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios
...EN LOS SUBAPARTADOS VIII.2., VIII.3. Y VIII.4., ASÍ COMO EN EL RESOLUTIVO CUARTO DE LA SENTENCIA DICTADA AL RESOLVER LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 99/2016, DECLARÓ LA INVALIDEZ DE LA DEROGACIÓN DEL INCISO B), DE LA FRACCIÓN XIX, DEL NUMERAL 1 DE ESTE ARTÍCULO, LA CUAL SURTIÓ EFECTOS EL 25 ......