El papel de la Corte Suprema Argentina en el reconocimiento y efectivización de los derechos de los pueblos originarios
| Autor | Esteban Nader |
| Cargo del Autor | Abogado, Master en Protección Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Alcalá de Henares, España |
| Páginas | 77-111 |
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"En Argentina el 56% de la población posee sangre aborigen en las venas, a pesar de ello la mayoría piensa que pertenece al 44% restante" 1
A lo largo de este artículo procuraremos describir y analizar la realidad de los pueblos originarios en Argentina, y la incidencia que actualmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) tiene en el reconocimiento y la efectivización de algunos de sus derechos, ante la endeble promoción de políticas públicas dirigidas a hacerlos efectivos por parte de los demás poderes provinciales y nacionales, que conlleva en muchos casos a una grave vulneración de sus derechos vitales.
En un primer lugar, daremos un esbozo general sobre la existencia de una rica pluriculturalidad que precedió a la conformación del Estado Nación argentino compuesta por una gran diversidad de pueblos originarios y, explicaremos cómo las
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políticas de etnocidio y asimilación fueron diezmando esa pluriculturalidad hasta nuestros días. Aunque dejaremos en claro que, aún hoy, Argentina posee un elevado porcentaje de población indígena, comprobado con los últimos datos censales. De esta manera destronaremos el mito de que es un país de ascendencia europea, donde no existen pueblos indígenas. Por el contrario, estos pueblos existen y su cultura es de vital trascendencia, especialmente al norte y sur del país.
En segundo lugar, realizaremos una descripción histórica de las normas referidas a los pueblos originarios con la conformación del Estado Nación argentino. Podremos ver, cómo la situación normativa fue variando a lo largo de la historia, pasando de una legislación que buscaba la asimilación de los indígenas en la constitución histórica de 1853-60, al reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en la reforma constitucional de 1994. Esta constituyó un punto de inflexión en materia de reconocimiento de derechos indígenas en el país, junto con la incorporación al derecho interno del Convenio 169 de la OIT2 (Organización Internacional del Trabajo) y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, donde Argentina voto de manera afirmativa3.
En el tercer lugar, para entender un poco la intervención de la Corte Suprema en materia indígena, en un primer momento describiremos cómo fue la nueva conformación de esta a partir de la crisis de 20014, que permitió un cambio en el papel que esta nueva Corte pretende desarrollar en la sociedad argentina. Esta fue construyendo paulatinamente su relegitimación a través de la utilización de herramientas dialógicas y mudando los ejes centrales sobre los cuales pretende incidir, qué tienen que ver entre otros, con la incidencia en la efectivización de derechos de los grupos más vulnerables, entre ellos los pueblos originarios.
En un segundo momento, nos detendremos en el análisis de tres casos concretos que llegaron al tribunal en el último decenio y se plantean como casos paradigmáticos en la materia. Describiremos los casos y la situación de los pueblos involucrados en estos, para luego analizar las decisiones de la Corte intentando también observar a grandes rasgos qué efectos tuvieron en el diseño de políticas públicas para superar estas situaciones de vulneración de derechos.
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A fines del siglo XIV, existían en el territorio que hoy conforma el Estado Nación argentino una enorme variedad de pueblos originarios que poseían sus propias lenguas y rasgos culturales5, algunos de los cuales aún existen en el territorio argentino.6El intento de homogeneización cultural propuesto por los fundadores del Estado Argentino, con la idea de generar una imagen de país blanco y homogéneo culturalmente7, se vio reflejado hasta hace poco tiempo en la realidad de que no se conocía la cantidad de población aborigen que habitaba y actualmente habita en Argentina.8
En 1869 se realizó el primer intento censal, en un momento en el que las fronteras del Estado Nacional aún eran inestables por existir focos de conflictos con los pueblos originarios por las campañas militares de conquistas del Desierto y del Chaco. Estas tuvieron como finalidad someter a estas poblaciones, expropián-dole sus tierras para ser convertidos en masa como mano de obra para los obrajes y exportaciones agroindustriales, modelo económico bajo el que se conformó el Estado Nacional.9
En el caso específico de los pueblos indígenas, que mayoritaria pero no exclusivamente habitaban territorios no controlados por el Estado hacia la década de 1860, su número fue calculado con el fin explícito de estimar la población militarmente activa. A diferencia de la del resto de la población, la información relativa a los pueblos indígenas fue relevada por los comandantes y jefes militares de la frontera, sin distinguir características demográficas básicas como composición por sexo y edad.10 En este primer censo nacional la población indígena11 se estimó en 93.168 personas.12
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Según Amadasi y Massé13, "el Segundo Censo Nacional llevado a cabo en 1895 incluyó la medición de la temática en sus cuestionarios censales, pero la información relevada fue de muy baja calidad, lo cual fue el resultado combinado de la autoexclusión y evasión al relevamiento a tan sólo diez años del proceso de conquista de los territorios de Pampa/Patagonia y del Chaco por parte del Estado Nacional". Sin embargo, se estimó un número aproximado de 30.000 indígenas.14A lo largo de la historia argentina, ni el cuarto Censo Nacional de Población en 1947, ni los censos nacionales de población realizados con posterioridad (1960, 1970, 1980 y 1991) incluyeron la medición de la temática aborigen en su diseño conceptual y metodológico.15El único intento de realizar un Censo Indígena Nacional, tuvo lugar en el año 1965. Entre los objetivos planteados durante la implementación figuraban: "ubicar geográficamente las diferentes agrupaciones indígenas que pueblan nuestra república, determinando en cada una de ellas sus características demográficas y los niveles de vida alcanzados por dicha población". Aunque las tareas de relevamiento comenzaron hacia fines de 1965, este censo no pudo concluirse de acuerdo con los objetivos previstos, debido a los avatares políticos y económicos ocasionados por el advenimiento de la denominada Revolución Argentina (1966-1973) que puso fin a su financiación.16Finalmente, la variable censal sobre la existencia de población originaria fue incorporada en el Censo 200117, aunque no de manera totalmente satisfactoria, por haberse incluido una sola pregunta referida al tema que decía: "¿Existe en este hogar alguna persona que se reconozca descendiente o perteneciente a un pueblo indígena?" Si la respuesta era afirmativa se preguntaba: "¿A qué pueblo?". Las categorías de respuesta previstas eran diecinueve, diecisiete referidas a distintos pueblos18, otra a "otro pueblo indígena" y una para "ignorado".
Con el objetivo de profundizar los datos obtenidos en el Censo 2001 con respecto a la población perteneciente a pueblos originarios, se diseñó un segundo paso, la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas (ECPI), 2004-200519. Esta tenía como objeto: estimar y caracterizar a la población que reside en hogares en los que al menos una persona se reconoció como descendiente o perteneciente a un pueblo indígena en el Censo 2001. Esto promovería la generación de datos relevantes y utilizables para al menos comenzar a pensar en diseñar políticas públicas direccionadas a garantizar la efectivización de los derechos indígenas consagrados en la reforma
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constitucional de 1994. Según la ECPI, en Argentina 600.329 personas se reconocían pertenecientes y/o descendientes en primera generación de pueblos indígenas.
Según el último Censo Nacional llevado a cabo en el año 201020, "la cantidad de personas descendientes de pueblos originarios en el país es de 955.032 personas y conforman 368.893 hogares. Es decir, el 2,38 por ciento del total de la población argentina y el 3,03 por ciento del total de hogares".
En el 63,34 por ciento de estos casos, la persona es propietaria de la vivienda en que vive; este porcentaje es cercano a la media nacional, del 67,7 por ciento. Aunque se debe recalcar que las categorías conceptuales utilizadas por el censo no reflejan la cosmovisión indígena en su relación con la tierra, que prioriza la propiedad comunitaria.
El 96,3 por ciento de la población indígena se encuentra alfabetizada, algo por debajo de la media nacional, que llega al 98,1 por ciento. De los mayores de 65 años, el 90 por ciento percibe jubilación o pensión, lo cual se aproxima al 93 por ciento de la media nacional.
Según Rubén Nigita, ex-director nacional de Estadísticas Sociales y de Población del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos), "el ítem sobre población indígena inquiere sobre si la persona se reconoce como perteneciente o descendiente de un pueblo indígena. En 2004, en la Encuesta Complementaria de Pueblos Indígenas, la cantidad de argentinos que se reconocían como indígenas era de unos 650.000, lo cual muestra cómo ha venido aumentando la proporción de quienes se...
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