Ejecutoria num. 80/2022 de Suprema Corte de Justicia, Segunda Sala, 01-05-2023 (CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL)

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 80/2022. FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE MORELOS. 25 DE ENERO DE 2023. PONENTE: L.M.A.M.. SECRETARIA ADJUNTA: A.C.T..

ÍNDICE TEMÁTICO

Acto impugnado: El acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós dictado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos en el expediente ***** formado con motivo de una queja, mediante el cual se tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación de once de febrero de dos mil veintidós realizada a la Fiscalía General del Estado.

Ver ínice temático

Ciudad de México. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al veinticinco de enero de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve la controversia constitucional 80/2022, promovida por la Fiscalía General del Estado de Morelos, en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE DE LA DEMANDA

1. Presentación de la demanda por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Por escrito enviado el veintisiete de abril de dos mil veintidós a través del Sistema Electrónico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, U.C.G., quien se ostentó como titular y representante legal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, promovió controversia constitucional en contra de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, por la emisión de los actos impugnados siguientes:

• Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós emitido por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, dentro del expediente *****, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de once de febrero de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos.

• Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo se deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

2. Antecedentes de la controversia constitucional. De la lectura de la demanda y sus anexos, se advierte que el presente medio de control constitucional tiene como antecedentes los siguientes:

A. Mediante oficio *****, le fue notificado a la Fiscalía General del Estado de Morelos, el acuerdo de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, por el que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos admitió la queja formulada por una ciudadana y la formó con el número de expediente *****. Asimismo, solicitó a la Fiscalía un informe con relación a los hechos objeto de la queja.

B. El diecisiete de febrero de dos mil veintidós le fue notificada a la Fiscalía la Recomendación emitida el once de febrero de dicho año, mediante la cual se le hicieron las siguientes recomendaciones:

"(...)

VIII. RECOMENDACIÓN

AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO

PRIMERA. Realice las acciones necesarias para garantizar que la persona servidora pública que actualmente conoce de la carpeta de investigación número *****, de manera pronta y expedita, lleve a cabo todas las diligencias necesarias para integrarla y resolverla conforme a derecho; debiendo para tal efecto informar a este Organismo de manera mensual los avances hasta su total conclusión.

SEGUNDA. Como medida de satisfacción solicite al área pertinente que inicie la investigación administrativa que corresponda, en contra de los Agentes del Ministerio Público que estuvieron a cargo de la carpeta de investigación *****, cuyos nombres obran dentro de la misma; debiendo informar a este Organismo su inicio y desarrollo de manera periódica, hasta su total conclusión.

TERCERA. Se establezca comunicación directa con la C. *****, a efecto de que, si es su deseo, reciba la atención psicológica y tanatológica que requiera tanto ella como sus familiares, canalizándoles a la institución o establecimiento particular en donde se les brindará tan importante tratamiento. Debiendo informar sobre el particular a este organismo en un plazo no mayor a 30 días naturales.

CUARTA. Se sostenga comunicación con la C. *****, a efecto de saber si es su deseo residir en el Estado de Morelos, y en caso afirmativo, la autoridad deberá implementar las medidas y acciones necesarias para garantizarle a ella y a su familia un regreso digno y seguro. Otorgándole un plazo no mayor a 30 días naturales para que se pronuncie sobre el particular.

Ahora bien, en caso de actualizarse este supuesto, la autoridad deberá informar la atención y seguimiento a dichas medidas de forma mensual durante el periodo de un año.

QUINTA. En un plazo no mayor a 30 días naturales, coadyuve con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas, para efectuar la inscripción de la quejosa en el Registro Estatal de Víctimas, con el objeto de iniciar los trámites correspondientes para que acceda a la reparación integral.

SEXTA. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos, realice las acciones y trámites necesarios para efectuar la reparación integral del daño a favor de la C. *****, en términos de la presente resolución y de la Ley de Víctimas del Estado de Morelos; debiendo remitir a este organismo evidencias del inicio del procedimiento hasta su conclusión de manera mensual.

SÉPTIMA. En un plazo no mayor a 30 días naturales, realice las acciones necesarias para que los Agentes del Ministerio Público, que estuvieron a cargo de la carpeta de investigación *****, reciban cursos de capacitación en materia de derechos humanos y derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial, debiendo remitir las constancias respectivas, las cuales deberán ser con fecha posterior a la presente resolución.

(...)

(...) No omitiendo mencionar que la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá la aceptación o rechazo parcial de la misma.

(...)".

D. Mediante oficio ***** de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Derechos Humanos, contestó la Recomendación, en los términos siguientes:

"a) Respecto a la primera recomendación, solicito se tenga por ACEPTADA, por las siguientes razones:

Esta Dirección de Derechos Humanos giró atento oficio al Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitar que realizara lo que en derecho correspondiera, al ser dicho servidor público, superior jerárquico inmediato del agente del Ministerio Público que conoce de la carpeta de investigación *****, relacionada con la *****.

Derivado de lo anterior, el 25 de febrero de 2022, se recibió el oficio número *****, signado por el Director General de Investigaciones y Procesos Penales de la Fiscalía Regional Metropolitana, a través del cual acepta dichos puntos y refiere que se ha instruido a la licenciada M.G.R.G., agente del Ministerio Público encargada de la Fiscalía de Homicidios, para efecto de dar cumplimiento a los presentes puntos; de manera que, con posterioridad, se informarán mensualmente los avances que vayan surgiendo en la integración de la carpeta de investigación materia de la presente queja; adjuntando copia simple del oficio en comento, para mejor proveer.

Es importante resaltar que, conforme a los artículos 21, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación en el procedimiento penal acusatorio oral, es exclusivamente competencia de la institución del Ministerio Público, y tiene por objeto que dicha autoridad reúna los indicios necesarios para el esclarecimiento de los hechos constitutivos de un acto delictivo y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, es decir, será el agente a cargo de la investigación quien, respetando los principios rectores del proceso penal acusatorio previstos en el citado Código Nacional y la Constitución Federal, resolverá la multicitada indagatoria, conforme a derecho proceda, en ejercicio de su autonomía.

b) Respecto a la segunda recomendación, la misma se debe de tener por ACEPTADO en los términos formulados por esa Comisión, debido a los motivos jurídicos que a continuación se exponen:

Esta Dirección tuvo a bien girar atento oficio a la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos, con el objetivo de solicitar que informara si era procedente iniciar una investigación administrativa en contra de los agentes del Ministerio Público que integraron la indagatoria que nos ocupa, toda vez que es dicha autoridad la competente para iniciar el procedimiento de mérito.

Es así que, a través del oficio *****, la Directora de Asuntos Internos de la Visitaduría General y de Asuntos Internos informó que en atención a la Recomendación que nos ocupa, se dio inicio a la investigación administrativa correspondiente, quedando radicada desde el 18 de febrero de 2022, bajo el número *****; por lo que se informará periódicamente los avances del procedimiento en comento, hasta su conclusión.

c) En atención al tercer punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO DE MANERA PARCIAL, bajo los siguientes términos:

Tomando en consideración que la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables de esta Fiscalía General del Estado de Morelos, cuenta con la infraestructura y capacidad necesaria de servicio, respecto de la atención psicológica, se giró atento oficio a dicha Fiscalía Especializada, con la finalidad de hacer de su conocimiento la presente Recomendación, y solicitarle que realizara las gestiones pertinentes para que, de considerarlo procedente, brinde la atención psicológica a la ahora impetrante, así como a los familiares que lo requieran, con la intención de ayudarlos a superar las condiciones de necesidad que tengan con relación al hecho denunciado.

Como resultado, se recibió el oficio número *****, firmado por la Fiscal Especializada en Representación para Grupos Vulnerables y Asistencia Social, a través del cual emite pronunciamiento en sentido favorable, y señala las 13:00 horas del 17 de marzo de 2022, para que *****sea atendida por la psicóloga *****, debiendo acudir la ahora impetrante a las oficinas ubicadas en *****.

Por lo anterior, se solicita de la manera más atenta que, por su conducto, notifique a la quejosa sobre la cita otorgada; asimismo, una vez que la mencionada quejosa haya quedado debidamente notificada, lo haga del conocimiento a esta Dirección, o en su defecto, informe lo conducente.

En otro orden de ideas, respecto a la atención tanatológica, se hace de su conocimiento que esta institución de procuración de justicia, no cuenta con dicho servicio, tal y como fuera informado por la Fiscalía Especializada en Grupos Vulnerables, en su oficio *****de 25 de febrero de 2022; sin embargo, la Ley de Víctimas, en su numeral 10, párrafos penúltimo y último, prevé esta situación y establece que en caso de que las instituciones de carácter público no cuenten con la capacidad de brindar la atención que requiere, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas (en adelante Comisión Ejecutiva Estatal) podrá autorizar que la víctima acuda a una institución de carácter privado con cargo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Inclusive, precisa que en caso de que esa Comisión Ejecutiva Estatal no cuente con el fondo correspondiente, podrá solicitar por escrito a la Comisión Ejecutiva Federal, para que esta última pueda cubrir la erogación necesaria para otorgar la atención requerida.

Es por esto que, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente para llevar a cabo la atención tanatológica de la multicitada quejosa, por ser procedente conforme a derecho.

d) Con relación al cuarto punto recomendatorio, solicito se tenga por ACEPTADO, considerando únicamente el ámbito de competencia de esta autoridad, en los términos siguientes:

Al respecto, se solicita a ese organismo protector de derechos humanos que se tenga por aceptado el punto con relación a aquellas acciones que sí se encuentran exclusivamente dentro de la competencia de esta autoridad recomendada y que para el caso específico, guardan relación con la facultad ministerial de dictar medidas de protección en favor de la víctima y su familia, para así garantizarles un regreso seguro.

En ese orden, se precisa que en caso de que la impetrante manifieste su deseo de residir en el estado de Morelos, la representación social, dentro del ámbito de su competencia, estará en condiciones de implementar las medidas de protección que estime convenientes para garantizarle a ella y su familia, un regreso seguro, las cuales podrán tener una duración máxima de sesenta días naturales, prorrogables hasta por treinta días. Lo anterior, con fundamento en los artículos 137 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Finalmente, con relación al punto de que se atiende, esta autoridad considera que el mismo deberá ser aclarado o reformulado por este organismo protector, con la finalidad de hacer partícipes a autoridades diversas que debieran tener intervención para el cumplimiento del mismo, considerando los ámbitos de competencia de otras autoridades, conforme a lo establecido en la normativa, específicamente considerando que podría ser necesario implementar acciones distintas a la ya señalada –otorgamiento de medidas de protección– en términos de lo que establece el artículo 23 de la Ley de Víctimas.

e) Con relación al quinto punto recomendatorio, solicito se tenga por RECHAZADO, por el siguiente motivo:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de Víctimas, el reconocimiento de la calidad de víctima se realiza por la determinación de cualquiera de las siguientes autoridades:

I. El juzgador penal, mediante sentencia ejecutoriada;

II. El juzgador penal o de paz que tiene conocimiento de la causa;

III. El juzgador en materia de amparo, civil o familiar que tenga los elementos para acreditar que el sujeto es víctima;

IV. Los organismos públicos de protección de los derechos humanos;

V. Los organismos internacionales de protección de derechos humanos a los que México les reconozca competencia;

VI. La autoridad responsable de la violación a los derechos humanos que le reconozca tal carácter;

VII. La Comisión Ejecutiva Estatal, y

VIII. El Ministerio Público.

En ese sentido, tal como se desprende del numeral 36 de la presente Recomendación, esa Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ya le otorgó la calidad de víctima a *****, aquí quejosa. Por consiguiente, dicho reconocimiento tiene como efecto que la víctima pueda acceder a los recursos del Fondo y a la reparación integral de conformidad con lo previsto en la Ley de la materia.

Ahora bien, por lo que respecta a la Inscripción en el Registro Estatal de Víctimas, resulta imperante mencionar que, de conformidad con el artículo 108 de la Ley de Víctimas, corresponde a la Comisión Ejecutiva Estatal garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial los derechos de asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral y debida diligencia; asimismo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 124 de dicho ordenamiento, el Registro Estatal de Víctimas es el mecanismo administrativo y técnico a cargo de la unidad administrativa de la Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, y constituye un soporte fundamental para garantizar que las víctimas tengan un acceso oportuno y efectivo a las medidas de ayuda, asistencia, atención, acceso a la justicia y reparación integral; en consecuencia, atendiendo al principio de legalidad, es a dicha Comisión, a quien le compete llevar a cabo la inscripción correspondiente, y no así a esta Fiscalía General.

En ese tenor, por resultar aplicable al presente caso, se estima conveniente citar la siguiente tesis aislada de la Décima Época, con número registro 2005766, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, página 2239, que a la letra establece:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD. CARACTERÍSTICAS DE SU DOBLE FUNCIONALIDAD TRATÁNDOSE DEL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU RELACIÓN CON EL DIVERSO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD Y EL CONTROL JURISDICCIONAL.

(...)

Aunado a lo anterior, de los preceptos que integran la Ley de Víctimas, no se desprende que sea requisito indispensable, el relativo a que las autoridades responsables de la violación de derechos humanos deban realizar un acompañamiento para que las víctimas puedan acudir a la inscripción, sino que, basta la solicitud que estas presenten para que la Comisión Ejecutiva Estatal otorgue el trámite correspondiente.

f) Por lo que respecta al sexto punto recomendatorio, solicito se tenga por RECHAZADO, en razón de lo siguiente:

La Ley de Víctimas establece en sus numerales 71 y 72, que las víctimas tienen derecho a ser reparadas de manera oportuna, plena, diferenciada, transformadora, integral y efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito o hecho victimizante o de las violaciones de derechos humanos que han sufrido, comprendiendo para ello medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

Por ende, con la finalidad de no seguir violentando los derechos de los quejosos, esa Comisión de Derechos Humanos, no debe pasar por alto el principio de complementariedad, el cual, debe prevalecer frente a una reparación integral del daño por violaciones a los derechos humanos, ya que es la Comisión Ejecutiva Estatal quien debe determinar, quién, cómo, cuándo y dónde es responsable dicha violación, por ende, de la restitución de los derechos, bienes y libertades de las víctimas; de la rehabilitación física, psicológica o social de las víctimas; de garantizar medidas de satisfacción, esto mediante la realización de actos en beneficio de las víctimas; de otorgar garantías de no repetición de la violación; y de entregar una indemnización compensatoria por daño material e inmaterial.

Lo anterior es así, pues es necesario que se cumpla con la satisfacción efectiva y eficiente de cada una de las medidas adoptadas cuando, dada la naturaleza de las violaciones, se haya determinado su procedencia. De tal modo que la reparación integral deja de ser tal, si tan solo una de las medidas se incumple, o es insuficiente y/o inefectiva.

Por lo expuesto, y con la finalidad de contribuir en el ejercicio de una efectiva y acertada reparación integral, tal y como se pretende hacer valer por ese organismo garante de derechos humanos, es que esta Dirección, justificadamente rechaza el punto que nos ocupa.

No obstante, es menester precisar que el primer, segundo, tercero, cuarto y séptimo puntos recomendatorios, debidamente aceptados por esta Fiscalía General, se encuentran encaminados a una simbólica reparación integral, puesto que dichos puntos van enfocados al cumplimiento de una medida de restitución, garantía de no repetición, rehabilitación, compensación y satisfacción, las cuales, de acuerdo a la Ley de la materia, pudiesen comprender parte de la reparación integral, sin embargo, esto es competencia de la Comisión Ejecutiva Estatal; por consiguiente, con fundamento en el ya citado artículo 48 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, se solicita, de igual forma, reformule el presente punto recomendatorio y lo dirija únicamente a la autoridad competente. Destacándose que ese organismo protector de los derechos humanos, en el apartado denominado "SOLICITUD" de la Recomendación que se atiende, ha requerido a la Comisión Ejecutiva Estatal, inicie la inscripción y reparación integral del daño de la ahora impetrante. Autoridad encomendada a velar por los intereses de las víctimas y que sí cuenta con competencia para actuar en el sentido solicitado.

g) Por lo que respecta al séptimo punto, solicito se tenga por ACEPTADO, por las siguientes razones:

Esta institución se encuentra comprometida en establecer y coordinar un sistema de capacitación integral constante, con la finalidad de que los servidores públicos se desempeñen de una manera ejemplar ante la sociedad, al ser ellos el modelo del deber ser; precisando que los cursos que se imparten son con la plena intención de crear una conciencia social y progresiva, que permite el actuar de los servidores públicos de esta institución de procuración de justicia.

En ese sentido, esta Dirección giró atento oficio a la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia, a efecto de hacer de su conocimiento la Recomendación que nos ocupa, y solicitarle que informara lo conducente.

Fue así, que en respuesta se recibió el oficio *****, firmado por la Directora General del Instituto de Procuración de Justicia, quien refiere que es procedente aceptar el punto que nos ocupa; por ende, los agentes del Ministerio que realizaron actuaciones dentro de la carpeta de investigación ***** relacionada con la *****, son contemplados para el evento académico denominado "Curso de Derechos Humanos y Garantías Individuales en el Sistema Penal Acusatorio", el cual se encuentra programado para efectuarse tentativamente del 11 al 22 de abril del 2022.

Ahora bien, con relación a la impartición de un curso relacionado con el tema "Derecho a una administración de justicia pronta, expedita e imparcial", la unidad administrativa correspondiente, hace del conocimiento que si bien en el Programa de Inversión del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP 2022), no se encuentra programado alguna capacitación que se asemeje al tema solicitado, se está en la más amplia disponibilidad de requerir la adaptación al mismo, o en su defecto, se realizarán las gestiones pertinente para implementarlo.

E. El diez de marzo de dos mil veintidós, mediante oficio *****, se notificó a la Fiscalía del Estado el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, por el cual, entre otras cosas, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por "RECHAZADA" en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, toda vez que la aceptación parcial de la recomendación "no garantiza la restitución del derecho humano violentado". Además, se le concedió un plazo de diez días naturales para que fundara, motivara e hiciera pública la negativa de aceptar la recomendación.

F. Mediante oficio ***** de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, la Fiscalía General del Estado reiteró que no se rechazó la totalidad de la Recomendación, toda vez que aceptó los puntos recomendatorios que a su juicio sí resultan ser de su competencia.

3. Conceptos de invalidez. En su demanda, la Fiscalía General del Estado de Morelos hizo valer un único concepto de invalidez, en el que después de exponer ciertas consideraciones en relación con los órganos constitucionales autónomos, así como con el principio de división de poderes, señala que los acuerdos impugnados vulneran en su perjuicio el orden competencial regulado en la Constitución Federal, por lo siguiente:

• Del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal se desprende, por un lado, la atribución de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias y, por otra parte, la obligación de todo servidor público de responder a tales recomendaciones, así como el deber de fundar, motivar y hacer pública su negativa, en caso de que no se encuentre en posibilidad de atenderlas.

• Acorde con lo anterior, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se regula al organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial, que violen derechos humanos. Asimismo, prevé su facultad de emitir recomendaciones públicas no vinculatorias, así como la obligación de todo servidor público de fundar, motivar y hacer pública su negativa de atender tales recomendaciones.

• No obstante ello, ni de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos o de la Ley de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se desprende la facultad de la Comisión demandada para sostener que la aprobación o rechazo de una recomendación sólo procede sobre su contenido íntegro, así como tampoco para inadmitir su aceptación parcial. De la misma manera, no existe atribución alguna conferida a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que pudiera resultar análoga a la ejercida y orientadora para la Comisión estatal.

• Por lo anterior y al no existir ninguna facultad que le permita pronunciarse en los términos realizados, resulta evidente que la autoridad demandada excede sus facultades y realiza una interpretación equívoca de los artículos en los que pretende fundar su actuar.

• Incluso deja de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que se restituyan los derechos que estima violados, lo que de suyo se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía; particularmente, al principio de no subordinación contenido en el artículo 116 constitucional.

• Además, pese a que las recomendaciones emitidas no son vinculantes, lo cierto es que en términos del artículo 23-B de la Constitución local, cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, el órgano legislativo está facultado para llamar a comparecer a las autoridades responsables, lo que cobra relevancia en el caso, pues la determinación de la Comisión demandada de tener por rechazada en su totalidad sus recomendaciones y, por tanto, su solicitud de hacer pública tal negativa, pondría en tela de juicio el compromiso de la Fiscalía con los derechos humanos y comprometería su función pública, pues su titular podría ser llamado y cuestionado respecto del acatamiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión por parte del Congreso del Estado, quien en última instancia está facultado para removerlo.

• En el caso, si bien la Comisión demandada está facultada para emitir recomendaciones a las autoridades que a su consideración vulneraron derechos humanos, lo cierto es que tales recomendaciones, en caso de ser aceptadas, deben atenderse en forma que armonicen con las leyes a las que está sujeta su actuación y sin apartarse de los principios supremos establecidos en la Constitución Federal.

• En el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, la Comisión demandada, pese a que no tiene atribución constitucional para ello, tuvo por rechazada en su totalidad la recomendación de once de febrero de dos mil veintidós, lo cual vulnera la competencia de la Fiscalía General del Estado al pretender que se realice un pronunciamiento público en esos términos, pues quedaría de manifiesto que tal institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, cuando en realidad ello no es así, máxime que las razones que fundan y motivan el rechazo parcial de los puntos recomendatorios atienden a cuestiones competenciales.

• Asimismo, en el acuerdo impugnado, la Comisión realiza un estudio inexacto y equívoco de sus facultades y atribuciones, haciendo interpretaciones directas a los textos normativos que fundamentan su actuar, sin contar con atribuciones para ello y lo cual evidencia una violación al principio de no subordinación, ya que no sólo implica que la Fiscalía no pueda tomar autónomamente decisiones, sino que además debe someterse a la voluntad del poder subordinante.

• Ello, pues acotar que la aceptación o rechazo sólo procede sobre el contenido íntegro de las recomendaciones, obliga a la Fiscalía a pronunciarse en uno u otro sentido sin que sea tomado en cuenta su ámbito de competencia, vulnerando con ello su autonomía para poder pronunciarse libre y particularmente respecto de cada punto recomendado.

• Resulta relevante la incongruencia derivada del hecho de que se exija un pronunciamiento íntegro respecto de una determinación que se construye y emite de forma fragmentada a través de puntos recomendatorios, lo que si bien pueden solicitarse a fin de obtener una reparación integral del derecho que se estimó vulnerado, lo cierto es que tales puntos tratan de acciones de naturaleza distinta cuyo núcleo o esencia no necesariamente se vincula entre sí y los cuales, antes de ser cumplidos, deben ser analizados por la autoridad destinataria a fin de corroborar si se cuenta con la competencia o no de actuar en el sentido recomendado.

• Además, respecto de la indebida interpretación sistemática que realiza la Comisión demandada de diversos ordenamientos legales para atribuirle "sentido" a su determinación de considerar a la Recomendación como un todo indivisible y que para la reparación integral del daño deben cumplirse todos los puntos recomendatorios, debe tomarse en cuenta que en términos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las víctimas tienen derecho a una reparación integral del daño sufrido, la cual debe concretarse mediante medidas individuales tendentes a restituir, indemnizar y rehabilitarlas.

• En el caso, al emitir el acuerdo impugnado, la Comisión demandada parte de una premisa equivocada e inexacta, pues ninguno de los preceptos con los cuales pretende fundamentar su actuar le confieren la facultad para apercibir o limitar a la Fiscalía General del Estado en el sentido de que si acepta parcialmente la recomendación ésta se tendría rechazada en su totalidad y, por otra parte, para transformar o variar la aceptación o rechazo que se realice.

• Por otro lado, el acuerdo impugnado puede ser válidamente considerado como actos de molestia o privativos, por lo que es necesario, para cumplir con la garantía de fundamentación, que la autoridad precise exhaustivamente su competencia por razón de materia, grado o territorio así como los ordenamientos que le otorguen la atribución ejercida.

• Por último, si bien la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la controversia constitucional no es la vía idónea para combatir resoluciones jurisdiccionales, lo cierto es que dicho medio sí procede contra dichas resoluciones siempre que se examinen cuestiones competenciales.

4. Trámite. Mediante proveído de doce de mayo de dos mil veintidós, el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el expediente relativo bajo el número 80/2022 y lo turnó por conexidad al M.L.M.A.M..(1)

5. Admisión. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, el Ministro instructor, en atención al criterio sostenido por la Primera Sala en el recurso de reclamación 14/2022-CA, derivado de la diversa controversia constitucional 197/2021, admitió a trámite la demanda de controversia constitucional, tuvo como autoridad demandada a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ordenó su emplazamiento y la requirió para que remitiera copias certificadas de todas las documentales relacionadas con el acto impugnado. Por otro lado, ordenó dar vista a la Fiscalía General de la República y a la Consejería Jurídica del Gobierno Federal.

6. No contestación de demanda. Por acuerdo de dieciséis de agosto de dos mil veintidós dictado por el Ministro instructor, se hizo constar que la autoridad demandada no dio contestación a la demanda en el plazo otorgado para ello.

7. Alegatos. Mediante escrito presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, a través del sistema electrónico, el Fiscal General del Estado de Morelos formuló alegatos.

8. Cierre de instrucción. Por acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintidós, una vez celebrada la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos, el Ministro instructor dictó el cierre de instrucción a efecto de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

9. Radicación en la Segunda Sala. Previa solicitud del Ministro ponente, el Presidente de este Alto Tribunal mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, ordenó enviar el presente asunto a la Segunda Sala para su resolución. En consecuencia, por acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, su Presidenta determinó que ésta se avocaría a su conocimiento, por lo que ordenó la remisión de los autos al Ministro ponente para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

I. COMPETENCIA

10. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para resolver la presente controversia constitucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 105, fracción I, inciso k) de la Constitución Federal(2) y 10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,(3) en relación con los Puntos Segundo, fracción I,(4) y Tercero,(5) del Acuerdo General del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 5/2013, toda vez que se plantea un conflicto entre dos órganos constitucionales autónomos del Estado de Morelos, sin que se haya impugnado una norma general.

11. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D..

II. PRECISIÓN DE LAS NORMAS, ACTOS U OMISIONES RECLAMADAS

12. De conformidad con el artículo 41, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,(6) deben fijarse las normas generales y actos que serán objeto de estudio en la presente controversia constitucional.

13. De la lectura integral de la demanda presentada por la Fiscalía General del Estado de Morelos, se advierte que impugna los siguientes actos atribuidos a la Comisión de Derechos Humanos de dicho Estado:

a. Acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se tiene por rechazada en su totalidad la recomendación de once de febrero de dos mil veintidós, realizada al Fiscal General del Estado de Morelos, y;

b. Los efectos y consecuencias que de dicho acuerdo deriven en agravio de la Fiscalía General del Estado.

15. Por lo anterior, la litis en el presente asunto se conforma por el acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, emitidos por la Jefa de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos dentro del expediente *****.

16. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por mayoría de cuatro votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A. y P.A.P.D.. El Ministro J.L.P. se separó del presente considerando.

III. EXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO

17. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias deben contener la apreciación de las pruebas que acrediten la existencia de las normas generales o actos materia de la controversia.

18. En el caso, se tiene por acreditada la existencia del acuerdo impugnado al haber sido acompañado por la Fiscalía General del Estado en su escrito de demanda.

19. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D..

IV. OPORTUNIDAD

20. Conforme al artículo 21, fracción I, en relación con el diverso numeral 3, ambos de la Ley Reglamentaria de la materia, el plazo para promover controversia constitucional, tratándose de actos, es de treinta días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de éstos.(11)

21. En este caso la demanda fue presentada de forma oportuna.

22. El acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós le fue notificado a la Fiscalía General del Estado el diez de marzo de dos mil veintidós, por lo que el cómputo del plazo de treinta días para presentar la controversia constitucional transcurrió del once de marzo al veintisiete de abril de dos mil veintidós.(12)

23. En esas condiciones, si la demanda fue presentada el veintisiete de abril de dos mil veintidós, es evidente que la controversia constitucional fue promovida oportunamente.

24. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D..

V. LEGITIMACIÓN ACTIVA

26. Por su parte, la Ley Reglamentaria de la materia prevé que tendrá el carácter de actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia constitucional, quien deberá comparecer al juicio por conducto del funcionario que los representen, en términos de las normas que resulten aplicables.(14)

28. Además, de los artículos 79-A, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos(15) y 22, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos,(16) se desprende que la Fiscalía General del Estado de Morelos es un órgano constitucional autónomo, cuya representación le corresponde a su titular. 29. Por lo anterior, se le reconoce legitimación activa a la Fiscalía General del Estado de Morelos.

30. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D..

VI. LEGITIMACIÓN PASIVA

31. En el caso, como se mencionó, la Constitución Federal reconoce la posibilidad de que un órgano constitucional autónomo promueva una controversia en contra de un órgano de la misma naturaleza y de la misma entidad federativa.

32. En ese sentido, y toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, órgano constitucional autónomo de la entidad en términos del artículo 23-B de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos,(17) fue quien emitió el acuerdo que por este medio de control constitucional se combate, esta Segunda Sala considera que sí tiene legitimación pasiva en la presente controversia constitucional.

33. Sin que sea obstáculo a lo anterior el hecho de que la citada Comisión demandada no haya dado contestación a la demanda, pues la única consecuencia que se prevé en la Ley Reglamentaria de la materia ante la falta de cumplimiento de dicha carga procesal, es que deberán presumirse como ciertos los hechos que se le imputan, salvo prueba en contrario.(18)

34. Estas consideraciones son obligatorias al haberse aprobado por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D..

VII. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

35. Esta Segunda Sala considera que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional con fundamento en el artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia,(19) en relación con los artículos 19, fracción IX, de dicho ordenamiento,(20) y 105, fracción I, de la Constitución Federal.(21)

36. A efecto de realizar el examen que corresponde, debe exponerse que el acuerdo impugnado tiene como antecedente la Recomendación que emitió la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos el once de febrero de dos mil veintidós, con motivo de un escrito de queja presentado por una persona.

37. Del contenido de dicha Recomendación, se advierte, para lo que interesa destacar, que ésta se encuentra estructurada de la siguiente manera. Por un lado, se encuentra la Recomendación dirigida al Fiscal General del Estado, a quien se le dirigieron siete puntos recomendatorios y, por otra parte, una Solicitud formulada al Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado y otra a la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos. Además, en dicho documento se expuso que "(...) la aceptación o rechazo procede sobre el contenido íntegro de la presente resolución, por lo que no se admitirá aceptación parcial de la misma".

38. En respuesta a lo anterior, la Fiscalía General del Estado de Morelos aceptó los puntos primero, segundo, tercero (de manera parcial) cuarto y séptimo y, por otro lado, rechazó los puntos quinto y sexto.

39. Con motivo de lo anterior, por acuerdo de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en lo que interesa resaltar, la Comisión de Derechos Humanos del Estado tuvo por rechazada en su totalidad la Recomendación realizada al Fiscal General, toda vez que, a su juicio, la aceptación parcial de la recomendación no garantiza la restitución del derecho humano violentado. En consecuencia, se le solicitó que hiciera del conocimiento de la ciudadanía en general la no aceptación de la Recomendación, atendiendo al principio de máxima publicidad y en razón de lo establecido en los artículos 102, apartado B, de la Constitución Federal y 23-B de la Constitución del Estado de Morelos.

40. Tomando en cuenta lo anterior, mediante escrito presentado ante la Comisión, la Fiscalía manifestó que no rechazó la Recomendación en su totalidad pues sólo aceptó los puntos recomendatorios que a su juicio resultan ser de su competencia.

41. Ahora bien, en su demanda, la Fiscalía General señala, en esencia, que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos carece de facultades para inadmitir la aceptación parcial de la recomendación. Además, sostiene que dicha Comisión dejó de realizar un estudio exhaustivo respecto de la competencia con la que cuentan las autoridades recomendadas para que efectivamente se restituyan los derechos que estima violados, lo cual se traduce en una violación al principio de división de poderes y al ámbito competencial de la Fiscalía.

42. Por lo anterior, alega que se vulneró en su perjuicio el principio de no subordinación contenido en el artículo 116 de la Constitución Federal pues, bajo su dicho, al pretender que se realice un pronunciamiento público en los términos solicitados, reflejaría que la institución no se encuentra comprometida con la promoción y respeto a los derechos humanos, cuando en realidad no es así y podría comprometer su función pública.

43. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la causa de pedir de la Fiscalía actora es que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre si resultó correcto que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos tuviera por rechazada en su integridad la Recomendación emitida, aun cuando la Fiscalía sólo rechazó algunos de sus puntos, atendiendo a cuestiones competenciales.

44. Sin embargo, esta Segunda Sala considera que admitir la procedencia de una controversia constitucional en casos como el presente, convertiría al presente medio de control constitucional en un recurso o ulterior medio de defensa para someter a revisión la misma cuestión analizada en el procedimiento de origen. Lo anterior, a la luz de lo siguiente.

47. Sin embargo, a pesar de la amplia concepción del principio de afectación, debe precisarse que dicha amplitud siempre se ha entendido en el contexto de afectaciones a los ámbitos competenciales de los órganos primarios del Estado.

49. Este criterio se ha construido analógicamente a partir de las similitudes que las resoluciones de estos órganos independientes guardan con las resoluciones jurisdiccionales del poder judicial, respecto de las cuales se ha mencionado no procede la controversia constitucional.

52. Para ello, debe partirse del artículo 102, apartado B, de la Constitución Federal, el cual establece lo siguiente:

"Artículo 102.

(...)

B. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos.

Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa.

Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

(...)

Las Constituciones de las entidades federativas establecerán y garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos.

(...)".

53. En la interpretación de dicho precepto, al resolver el amparo en revisión 1066/2015,(25) esta Segunda Sala expuso que las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus homólogas en las entidades federativas constituyen garantías no jurisdiccionales para la defensa de la Constitución, las cuales si bien atienden a una lógica específica, forman parte del cúmulo de garantías constitucionales que se encuentran inmersas en el principio de complementariedad.

54. En el caso, el procedimiento de queja del que podrán conocer tales órganos constitucionales autónomos y el cual puede culminar con la emisión de una recomendación, si bien no tiene como finalidad la emisión de una resolución vinculante para las partes, capaz de crear, modificar o extinguir situaciones concretas, lo cierto es que sí responde a una lógica procedimental, pues ante la presentación de una queja, el órgano ante quien se presentó, en caso de ser competente atendiendo a la materia del asunto, deberá desplegar diversas acciones de investigación, de razonamiento y de argumentación, a fin de determinar si, a su juicio, la autoridad señalada como responsable vulneró algún derecho humano con motivo de una actuación u omisión.

55. En caso de que así se considere, el organismo de protección deberá recomendar la implementación de diversas acciones a fin de restituir de manera integral el derecho humano vulnerado. Así, tales recomendaciones pueden integrarse por una amplia gama de reparaciones integrales que pueden incluir indemnización, actos de disculpa pública, investigación a servidores públicos involucrados en las violaciones a derechos humanos, así como garantías de no repetición;(26) aspectos que, todos ellos, forman parte del mismo procedimiento que se inicie con motivo de una queja.

56. Tomando en cuenta todos los aspectos resaltados y dada la naturaleza de la recomendación de la cual derivó el acuerdo combatido, esto es, como una garantía no jurisdiccional para la defensa de la Constitución, esta Segunda Sala considera que dicha recomendación no podrá ser combatida en sus méritos a través un medio de control constitucional como el presente.

57. Dicho criterio de improcedencia, a juicio de esta Segunda Sala, debe hacerse extensivo a todos aquellos actos que derivado de tal recomendación se emitan, ya sea que estén relacionados con la aceptación o no de la recomendación, o bien, con su cumplimiento, pues, de analizarse tales aspectos a través del presente medio de control constitucional, este Tribunal Constitucional ejercería facultades que, en un asunto como en el presente, no le corresponde ejercer.

58. Ello es así, pues si no se cuestiona la competencia misma del órgano emisor del acto impugnado, atendiendo a las materias que se excluyen del conocimiento de estos órganos de protección de derechos humanos,(27) sino aspectos relacionados con su contenido, en el estudio que debería realizar este Tribunal Constitucional, a fin de que fuera completo, se incluiría el alcance de las acciones recomendadas, la respuesta ofrecida por la autoridad y, además, la suficiencia de tal respuesta para tener por restituido el derecho humano que se estimó vulnerado, para lo cual no sería necesario realizar una interpretación de la esfera de atribuciones diseñada en la Constitución Federal, sino el contenido de diversas legislaciones que regulan el procedimiento en comento, así como aquellas que regulen la materia de la cual éste trate.

59. En el caso en concreto, como se expuso, la Fiscalía General del Estado de Morelos no cuestiona la competencia del órgano emisor mismo de las resoluciones impugnadas, sino cuestiones relacionadas a su contenido. Particularmente, lo que combate y lo que pretende que sea revertido por esta Segunda Sala es la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de dicha entidad federativa de tener por rechazada en su totalidad la Recomendación que le fue efectuada.

60. En este momento es preciso recordar que la razón preponderante que ofreció la Comisión demandada de no tener por aceptada parcialmente la Recomendación efectuada, fue porque, a su parecer, la aceptación parcial no garantiza la restitución del derecho humano vulnerado.

61. Por tanto, aun cuando la Fiscalía pretenda impugnar la "incompetencia" por parte de la Comisión demandada para inadmitir la aceptación parcial de la Recomendación, en el caso, es claro que lo que cuestiona realmente es el sentido del acuerdo, por su propio contenido, en razón de sus efectos y alcances ya señalados. Esto es, porque a su juicio, debió admitirse la aceptación parcial de la Recomendación, pues la Comisión demandada omitió advertir que las acciones recomendadas en los puntos que fueron rechazados no son de su competencia.

62. Tomando en cuenta tal aspecto, a fin de analizar lo efectivamente planteado por la Fiscalía actora, esta Segunda Sala tendría que emprender un estudio ajeno a las esferas de competencia de las partes contendientes y más bien uno dirigido a desvirtuar que, en el caso en concreto, sí resultaba procedente admitir una aceptación parcial de la Recomendación en los términos que lo hizo la Fiscalía y con lo cual se convertiría a este Tribunal en una especie de segunda instancia en el procedimiento de queja presentado ante la Comisión.

63. Con independencia de lo anterior, suponiendo que el acuerdo impugnado se considerara como un acto en principio sí impugnable en una controversia constitucional, esta Segunda Sala observa que, bajo esa perspectiva, tampoco se colman los presupuestos para que la actora cuente con interés legítimo.

66. Sin embargo, tomando en cuenta que fue decisión del Constituyente Permanente el sujetar la negativa de las recomendaciones a una simple rendición de cuentas, sin que tal negativa pueda tener el efecto de crear, modificar, o extinguir situaciones jurídicas determinadas, esta Segunda Sala no advierte que, en el presente caso, la Fiscalía actora cuente con interés legítimo para promover la controversia constitucional, puesto que no se desprende cómo el acto reclamado, esto es, el tener por rechazada en su totalidad la recomendación efectuada, le cause alguna afectación a su esfera competencial delineada en la Constitución Federal.

67. Lo anterior, pues al derivar de una recomendación que no es vinculante, el que ésta se tenga por rechazada en su totalidad, lo único que genera es la obligación de la Fiscalía de fundar, motivar y hacer pública su negativa, y lo cual, no podría ser alegado como una vulneración a la esfera competencial de la Fiscalía pues tal obligación se encuentra prevista desde el propio texto constitucional.

69. Ello, pues la controversia constitucional, al ser un medio de control constitucional, tiene efectos meramente reparatorios y no preventivos. Es decir, a través de un medio constitucional como el presente, no podrían analizarse conflictos hipotéticos o potenciales, sino sólo aquellos que sean susceptibles de producir una lesión real, actual y efectiva en el ámbito de competencias de otro órgano. De lo contrario, la decisión que, en su caso, emitiera esta Suprema Corte, carecería de cualquier eficacia en la realidad y se traduciría en un pronunciamiento meramente consultivo o político.(29)

70. Tampoco pasa inadvertido que en diversas partes de su demanda, la Fiscalía actora señala que las acciones recomendadas en los puntos que fueron rechazados implican la vulneración a las esferas competenciales de diversas autoridades. Sin embargo, para estar en aptitud de examinar tales argumentos sería necesario analizar el contenido de la Recomendación de once de febrero de dos mil veintidós, la cual no forma parte de la litis en el presente asunto.

71. Por lo anterior, esta Segunda Sala considera que debe sobreseerse en la presente controversia constitucional, en términos del artículo 20, fracción II, de la Ley Reglamentaria de la materia, en relación con los artículos 19, fracción VIII, de dicho ordenamiento y 105, fracción I, de la Constitución Federal.

72. Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D.. El Ministro L.M.A.M. manifestó que formulará voto concurrente. El Ministro J.L.P. se separa de una consideración y manifestó que formulará voto concurrente.

73. Precedentes citados en este apartado: controversias constitucionales 117/2014, 57/2015, 5/2015, 280/2017 y 197/2021, así como los amparos en revisión 1066/2015 y 448/2015.

VIII. DECISIÓN

74. Por lo antes expuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve:

ÚNICO. Se sobresee en la controversia constitucional.

N.; mediante oficio a las partes, devuélvase el expediente a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad para los efectos legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por unanimidad de cinco votos de los Ministros Y.E.M., L.M.A.M. (ponente), L.O.A., J.L.P. y P.A.P.D.. El Ministro L.M.A.M. manifestó que formulará voto concurrente. El Ministro J.L.P. se separa de una consideración y manifestó que formulará voto concurrente.

PRESIDENTE

MINISTRO ALBERTO PÉREZ DAYÁN

PONENTE

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

SECRETARIA DE ACUERDOS

C.M.P.

Esta hoja corresponde a la controversia constitucional 80/2022 fallada en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintitrés. CONSTE.

En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como en el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

1. Se estimó que existe conexidad entre la presente controversia y las diversas 197/2021, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 39/2022, 41/2022 y 67/2022, promovidas por la Fiscalía General de Morelos, dado que en los referidos asuntos se impugnan actos de contenido similar.

2. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...)

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

(...)." (énfasis añadido).

3. "Artículo 10. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá funcionando en Pleno:

I. De las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

(...).".

4. "Segundo. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conservará para su resolución:

I. Las controversias constitucionales, salvo en las que deba sobreseerse y aquéllas en las que no se impugnen normas de carácter general, así como los recursos interpuestos en éstas en los que sea necesaria su intervención.

(...)." (énfasis añadido).

5. "Tercero. Las S. resolverán los asuntos de su competencia originaria y los de la competencia del Pleno que no se ubiquen en los supuestos señalados en el Punto precedente, siempre y cuando unos y otros no deban ser remitiros a los Tribunales Colegiados de Circuito."

6. "Artículo 41. Las sentencias deberán contener:

I. La fijación breve y precisa de las normas generales o actos objeto de la controversia y, en su caso, la apreciación de las pruebas conducentes a tenerlos o no por demostrados;

(...).".

7. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

(...).".

8. "Artículo 22. El escrito de demanda deberá señalar:

(...)

IV. La norma general, acto u omisión cuya invalidez se demande, así como, en su caso, el medio oficial en que se hubieran publicado;

(...)

VII. Los conceptos de invalidez."

9. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

(...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

(...).".

10. Con datos de localización siguientes: Registro 166990; Pleno; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXX, J. de 2009, Pág. 1461.

11. "Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:

I. Tratándose de actos u omisiones, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos;

(...)."

"Artículo 3. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas siguientes:

I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;

II. Se contarán sólo los días hábiles, y

III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."

12. De dicho plazo deben descontarse los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete de marzo, así como dos, tres, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de abril, todos de dos mil veintidós, al ser sábados y domingo, inhábiles, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la ley reglamentaria de la materia, y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. De igual manera, deben descontarse el veintiuno de marzo, así como trece, catorce y quince de abril, todos de dos mil veintidós, con fundamento en el incisos c) y n), del Acuerdo número 18/2013, de diecinueve de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los días hábiles e inhábiles respecto de los asuntos de su competencia, así como de los de descanso para su personal.

13. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I.- De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...)

k) Dos órganos constitucionales autónomos de una entidad federativa, y entre uno de éstos y el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de esa entidad federativa, y

(...)." (énfasis añadido).

14. "Artículo 10. Tendrán el carácter de parte en las controversias constitucionales:

I. Como actor, la entidad, poder u órgano que promueva la controversia;

(...)

Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo prueba en contrario.

(...).".

15. "Artículo 79-A. El ejercicio de las funciones del Ministerio Público se realizará por medio de la Fiscalía General del Estado de Morelos, como órgano constitucional autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Su Titular será el Fiscal General del Estado.

(...)."

16. "Artículo 22. El Fiscal General tendrá las siguientes atribuciones:

(...)

XXI. Representar legalmente a la Fiscalía General ante todo tipo de autoridades Federales, Estatales y Municipales;

(...)."

17. "Artículo 23-B. Se crea el organismo público autónomo denominado Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público estatal, con excepción de los del Poder Judicial del Estado, que violen estos derechos. Contará con personalidad jurídica, patrimonio propios (sic), autonomía de gestión y presupuestaria."

18. "Artículo 30. La falta de contestación de la demanda o, en su caso, de la reconvención dentro del plazo respectivo, hará presumir como ciertos los hechos que se hubieren señalado en ellas, salvo prueba en contrario, siempre que se trate de hechos directamente imputados a la parte actora o demandada, según corresponda."

19. "Artículo 20. El sobreseimiento procederá en los casos siguientes:

(...)

II. Cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el artículo anterior;

(...)."

20. "Artículo 19. Las controversias constitucionales son improcedentes:

(...)

IX. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de esta Ley.

En todo caso, las causales de improcedencia deberán examinarse de oficio."

21. "Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:

I. De las controversias constitucionales que, sobre la constitucionalidad de las normas generales, actos u omisiones, con excepción de las que se refieran a la materia electoral, se susciten entre:

(...)."

22. Resuelta en sesión del Tribunal Pleno de siete de mayo de dos mil quince por unanimidad de diez votos de las Ministras y M.G.O.M., C.D., L.R., F.G.S. (en contra de las consideraciones) Z.L. de L., P.R., S.M., S.C. de G.V., P.D. y P.A.M., en relación con la segunda causa de improcedencia planteada, en la que se expusieron las consideraciones que se retoman en la presente ejecutoria.

23. En términos de la tesis aislada 1a. CXVIII/2014 (10a.) de la Primera Sala, de rubro y con datos de localización siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL PRINCIPIO DE AGRAVIO PUEDE DERIVAR NO SÓLO DE LA INVASIÓN COMPETENCIAL A LOS ÓRGANOS LEGITIMADOS, SINO DE LA AFECTACIÓN A CUALQUIER ÁMBITO DE SU ESFERA REGULADA DIRECTAMENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL." Registro 2006022; Décima Época; Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Pág. 721.

24. En términos de la jurisprudencia P./J. 16/2008 del Tribunal Pleno, de rubro y con datos de localización siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL AUN CUANDO EL ACTO IMPUGNADO SEA UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL EN SENTIDO ESTRICTO, SI LA CUESTIÓN A EXAMINAR ATAÑE A LA PRESUNTA INVASIÓN DE LA ESFERA COMPETENCIA DE UN ÓRGANO ORIGINARIO DEL ESTADO"; Registro 170355; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXVII, Febrero de 2008, Pág. 1815.

25. Resuelta en sesión de seis de abril de dos mil dieciséis, por unanimidad de cinco votos de la Ministra y M.M.M.I., L.P., F.G.S., L.R. y P.P.D..

26. Similares consideraciones fueron expuestas por la Primera Sala al resolver el amparo en revisión 448/2015 en sesión de siete de octubre de dos mil quince, por mayoría de tres votos de los Ministros Zaldívar Lelo de L., P.R. y G.O.M.. Los M.S.C. y C.D. emitieron su voto en contra.

27. Ello tomando en cuenta que en términos del artículo 102, apartado B, párrafo tercero, de la Constitución Federal, dichos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales.

Derivado de dicha prohibición expresa, en las controversias constitucionales 57/2015 y 5/2015, resueltas por la Primera Sala en sesiones de veintiséis de junio y treinta de octubre de dos mil diecinueve, respectivamente, promovidas por el Poder Judicial del Estado de Sonora, se declaró la invalidez (en el segundo asunto una invalidez parcial) de recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de dicha entidad federativa, al estimarse que sobre materias jurisdiccionales, dicho órgano resulta incompetente. En ambos asuntos tal invalidez se declaró por mayoría de cuatro votos de la M.P.H. y de los Ministros A.M., P.R. y G.A.C., con el voto en contra del M.G.O.M..

28. En términos de la jurisprudencia P./J. 50/2004, de rubro y con datos de localización siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE INTERÉS LEGÍTIMO DEBE DECRETARSE SIN INVOLUCRAR EL ESTUDIO DE FONDO, CUANDO ES EVIDENTE LA INVIABILIDAD DE LA ACCIÓN."; Registro 181168; Pleno; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XX, J. de 2004, Pág. 920.

29. Similares consideraciones fueron expuestas por esta Segunda Sala al resolver la controversia constitucional 280/2017 en sesión de cuatro de julio de dos mil dieciocho, con base en la tesis 2a. LI/2007, de rubro y con datos de localización siguientes: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. NO PROCEDE CONTRA CONFLICTOS VIRTUALES O PREVENTIVOS."; Registro 172233; Segunda Sala; Novena Época; Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo XXV, Junio de 2007, Pág. 902.