Ejecutoria num. 2990/2011 de Suprema Corte de Justicia, Pleno, 01-01-2014 (AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN)

Visto Bueno

Sr. Ministro:

México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día once de junio de dos mil trece.

V I S T O S; y

R E S U L T A N D O:

Cotejó:

PRIMERO. Por escrito presentado el nueve de agosto de dos mil once, ante la Oficialía de Partes del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, J.B.R., por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y el acto que a continuación se indican:

AUTORIDADES RESPONSABLES:

1. Ordenadora: Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito.

2. Ejecutora: J. Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal.

ACTO RECLAMADO:

La sentencia definitiva de veintinueve de julio de dos mil once, dictada dentro del toca penal 263/2011, mediante la cual se modificó (únicamente en lo relativo a la multa impuesta) la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por el J. Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, en la causa penal 208/2010-II, incoada en contra del quejoso por los delitos de contra la salud y falsificación de documento.

Derechos fundamentales violados. En la demanda de amparo el quejoso estimó violados en su perjuicio los derechos fundamentales establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y expresó los conceptos de violación respectivos.

SEGUNDO. Mediante oficio número 1996, la Secretaria en Funciones de Magistrada del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, remitió al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, entre otras constancias, original y copia de la referida demanda de amparo; y por auto de doce de agosto de dos mil once, la Presidente del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, órgano al que correspondió conocer del asunto, admitió a trámite la demanda que registró con el número de amparo directo penal DP. 336/2011.

Posteriormente, dicho órgano colegiado dictó sentencia el veinticinco de noviembre de dos mil once, en la que resolvió negar el amparo a J.B.R..

TERCERO. Inconforme con la sentencia anterior, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, y en auto de ocho de diciembre de dos mil once, la M.P. del referido Tribunal ordenó remitir los autos y el escrito de expresión de agravios a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

CUARTO. Recibidos los autos en esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, su Presidente, en proveído de quince de diciembre de dos mil once, admitió dicho recurso, que se registró con el número 2990/2011; dio vista al Procurador General de la República para los efectos legales correspondientes y ordenó enviar el expediente a la Primera Sala de este Alto Tribunal a fin de que su Presidente dictara el trámite correspondiente.

Por acuerdo de diez de enero de dos mil doce, el Presidente de la Primera Sala de este Alto Tribunal tuvo por recibidos los autos que integran el presente recurso, acordó que esta Primera Sala se avocara al conocimiento del asunto y que se turnaran los autos a la ponencia de la Ministra O.S.C. de G.V., a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

Mediante escrito presentado el diecinueve de enero de dos mil doce, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación el agente del Ministerio Público de la Federación formuló el pedimento correspondiente solicitando sea desechado el recurso de revisión.

El veintiocho de marzo de dos mil doce, se sometió a consideración de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el proyecto de sentencia elaborado por la ponencia de la Ministra O.S.C. de G.V., sin que se lograra la mayoría, por lo que se determinó desechar el proyecto y devolver los autos a la Presidencia de la Primera Sala para que se returnara el presente asunto, para la elaboración de un proyecto nuevo.

En cumplimento a lo anterior, mediante auto de veintinueve de marzo de dos mil doce, el Ministro Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que se enviaran los autos a su Ponencia, a fin de elaborar el proyecto de resolución correspondiente.

Previa elaboración del dictamen suscrito por el Ministro Ponente, por auto de veintidós de noviembre de dos mil doce, el Presidente de la Primera Sala determinó enviar el presente asunto al Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es competente para conocer del presente recurso de revisión, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Federal; 84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; 10, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con lo previsto en el punto Tercero, del Acuerdo General Plenario 5/2001, del veintiuno de junio de dos mil uno, publicado el veintinueve de junio siguiente en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que el recurso fue interpuesto en contra de una sentencia pronunciada en un amparo directo en materia penal, por un Tribunal Colegiado de Circuito, subsistiendo en el presente recurso el problema de interpretación del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Federal, antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha dieciocho junio de dos mil ocho y la determinación que sobre el particular se adopte, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia para el orden jurídico nacional.

Cabe precisar que la aplicación de la Ley de Amparo en la presente ejecutoria, se justifica en relación con la vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en términos del transitorio Tercero del Decreto de la nueva Ley de Amparo publicada ese día en el Diario Oficial de la Federación, con entrada en vigor al siguiente; por lo que la tramitación del presente recurso de revisión, al derivar de un juicio de amparo directo iniciado, antes de la fijada fecha, debe ser a la luz de la que regía entonces.

SEGUNDO. Oportunidad. Previo a efectuar el análisis correspondiente, resulta necesario establecer si el recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.

En el presente asunto, la ejecutoria pronunciada por los Magistrados integrantes del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, se notificó por lista a la parte quejosa el viernes dos de diciembre de dos mil once (foja 103 del cuaderno de amparo), surtiendo sus efectos al día hábil siguiente (lunes cinco de diciembre del mismo año), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley de Amparo y, corriendo el término para su interposición del martes seis de diciembre de dos mil once al martes tres de enero de dos mil doce, excluyéndose los días tres, cuatro, diez y once de diciembre, así como el periodo que comprende del dieciséis de diciembre de dos mil once al uno de enero de dos mil doce, por ser días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23 de la Ley de Amparo, 162 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por tanto, si el recurso de mérito se interpuso el ocho de diciembre de dos mil once (según se aprecia del sello que consta en el escrito que aparece agregado a fojas de la tres a la veinticinco del cuaderno relativo al amparo directo en revisión) debe tenerse por presentado en tiempo.

TERCERO. Procedencia. Como cuestión previa, se impone destacar que el amparo directo del cual ha devenido el presente recurso de revisión, fue promovido el nueve de agosto de dos mil once; por ello, la tramitación del presente asunto se regula bajo los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 83, fracción V, 86 y 93 de la Ley de Amparo; 10, fracción III, y 21, fracción III, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 5/1999, punto Primero, fracción I, inciso a), y fracción II, inciso b), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en concreto, conforme a la regulación de la ley reglamentaria vigente hasta la nueva publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con entrada en vigor al día siguiente, siendo aquella la que se mantiene aplicable en términos del artículo tercero transitorio del Decreto de la última. Conforme a lo cual, se debe analizar si en el caso se reúnen los requisitos de procedencia del recurso, y en su caso, delimitar la materia de estudio constitucional de la revisión.

En ese orden, el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sigue delimitando la procedencia del recurso de revisión para el juicio de amparo directo, únicamente cuando se resuelva sobre constitucionalidad de normas generales, o bien, se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional o se omita decidir sobre tales planteamientos, además, si lo estima trascendente la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Así, del análisis del artículo 107, fracción IX, Constitucional, se advierte, que las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito no admiten recurso alguno. Mas también se advierte, como única excepción, que procederá la revisión de dichas sentencias si se decide sobre la inconstitucionalidad de una ley o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional.

Asimismo, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe dedicarse fundamentalmente a la interpretación definitiva de la Constitución, con base en las razones siguientes:

1) Impedir que con afectación de los derechos de los individuos, las autoridades federales o locales rebasen el marco constitucional de sus respectivas atribuciones, todo ello mediante la interpretación definitiva de la propia Constitución.

2) La Suprema Corte de Justicia de la Nación, como órgano superior del Poder Judicial de la Federación, debe ocupar su atención en la salvaguarda de la Ley Fundamental, por ser su función constitucional más destacada, en respeto al principio de división de poderes.

3) Es la trascendencia política que deriva de la atribución de fijar en definitiva el alcance de los textos constitucionales, lo que debe orientar el criterio para determinar la esfera de competencia de la Corte, pues la observancia y respeto a la Constitución atañen al interés superior de la Nación.

4) La custodia de la supremacía de la N.F. y de su estricto cumplimiento es función que sirve para limitar la actuación de los poderes activos y mantener la estabilidad del régimen político del país, por lo que fundamentalmente debe corresponder a la Suprema Corte de Justicia.

Bajo esa consideración fundamental, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe constreñirse a la interpretación definitiva de la Constitución, pues su observancia y respeto atañe al interés superior de la Nación, se propuso que este Alto Tribunal pueda conocer de la revisión de las resoluciones que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si deciden sobre la inconstitucionalidad de una ley o establecen la interpretación directa de un precepto constitucional. En principio, porque si bien a dichos tribunales les corresponde resolver temas de legalidad de manera terminal, amén que estas cuestiones son inatacables; también lo es que pueden pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas, o bien, sobre el alcance de un artículo de la Ley Fundamental.

En concordancia con lo anterior, se establece en el artículo 83, fracción V, de la Ley de Amparo, que la "materia del recurso de revisión se limitará, exclusivamente, a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras".

Luego, procede la revisión de las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito, si la resolución, a juicio de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a acuerdos generales, entraña la fijación de un criterio de importancia y trascendencia respecto de la constitucionalidad de una ley o la interpretación directa de un precepto constitucional.

Sobre el particular, este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el Acuerdo 5/1999 de veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve, relativo a las bases generales para la procedencia y tramitación de los recursos de revisión en amparo directo, en su punto primero:

"PRIMERO. Procedencia.

I. El recurso de revisión es procedente contra las sentencias que en materia de amparo directo pronuncien los Tribunales Colegiados de Circuito, si se reúnen los supuestos siguientes:

a) Si en ella se decide sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, tratado internacional o reglamento -federal o local-, o se establece la interpretación directa de un precepto constitucional; o bien, si en dichas sentencias se omite el estudio de las cuestiones acabadas de mencionar, cuando se hubieren planteado en la demanda de amparo.

b) Si el problema de constitucionalidad referido en el subinciso anterior, entraña la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia a juicio de la Sala respectiva. Se entenderá que un asunto es importante cuando de los conceptos de violación (o del planteamiento jurídico, si opera la suplencia de la queja deficiente), se vea que los argumentos (o derivaciones) son excepcionales o extraordinarios, esto es, de especial interés; y, será trascendente cuando se aprecie la probabilidad de que la resolución que se pronuncie establezca un criterio que tenga efectos sobresalientes en la materia de constitucionalidad.

II. Por regla general, se entenderá que no se surten los requisitos de importancia y trascendencia cuando:

a) Exista jurisprudencia sobre el tema de constitucionalidad planteado;

b) Cuando no se hayan expresado agravios o cuando, habiéndose expresado, sean ineficaces, inoperantes, inatendibles o insuficientes, siempre que no se advierta queja deficiente que suplir;

c) En los demás casos análogos a juicio de la Sala correspondiente.".

Conforme a lo relacionado, se concluye que, para la procedencia del recurso de revisión en amparo directo, se requiere que se reúnan los siguientes supuestos:

a) Que en la sentencia recurrida se decida sobre la constitucionalidad de una norma general o se establezca la interpretación directa de un precepto constitucional, o bien, que habiéndose planteado alguna de esas cuestiones en la demanda de amparo, se haya omitido su estudio.

b) Que el problema de constitucionalidad entrañe la fijación de un criterio jurídico de importancia y trascendencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y conforme a los acuerdos generales.

Conforme a lo anterior, en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo, pues el quejoso introdujo un relevante planteamiento de constitucionalidad en la demanda de amparo, en lo referente a su derecho fundamental de defensa adecuada desde la etapa averiguación previa, bajo su vertiente de asistencia técnica por un defensor (licenciado en derecho), lo que fue también materia de pronunciamiento por el tribunal de amparo y es combatido en la presente instancia; lo que revela claramente su ubicación en el tema constitucional conforme al artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente hasta la implementación del sistema penal acusatorio bajo los lineamientos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

CUARTO. Cuestiones necesarias para resolver el recurso.

I.A.: De la sentencia recurrida, se obtiene lo siguiente:

1. El dieciséis de junio dos mil once, dentro de la causa penal 208/2010-II, el J. Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó sentencia condenatoria en contra de J.B.R., al considerarlo penalmente responsable de los delitos de contra la salud (posesión simple de clorhidrato de cocaína), ilícito previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con los numerales 473, fracciones V y VI y 479 de la Ley General de Salud y Falsificación de Documentos Públicos, previsto y sancionado en los artículos 243, 244, fracción X, en concordancia con el arábigo 245, fracciones I, II, y III del Código Penal Federal.

Resolución a la que arribó el J. del conocimiento al estimar como hecho cierto que al practicarse el cateo en el domicilio del inculpado se localizó un utensilio en forma de salero y once envoltorios de papel blanco, ambos con sustancia blanca, con peso de 31.3 (treinta y uno punto tres) y 0.4 (cero punto cuatro) gramos, respectivamente, que resultó ser clorhidrato de cocaína; asimismo, se localizaron sellos de goma de diversas instituciones públicas, una computadora con información respecto a formatos o documentos de reproducción restringida, una máquina de escribir eléctrica, doscientos formatos de divorcio, matrimonio, cartillas del servicio militar nacional, certificado de estudios, y formatos de actas de nacimiento de otras entidades federativas; documentos que, de acuerdo a la investigación ministerial realizada eran vendidos a diversas personas en ese domicilio, así como diversas credenciales para votar.

2. Inconforme con la referida sentencia, el ahora recurrente, interpuso recurso de apelación, cuyo conocimiento correspondió al Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, en el toca penal 263/2011-VI, cuyo titular, el veintinueve de julio de dos mil once, modificó la sentencia de primera instancia que ha quedado especificada anteriormente (únicamente en lo relativo a la multa impuesta).

3. Contra esta última determinación, J.B.R. promovió demanda de amparo directo, que como se ha reseñado, le fue negado el amparo y protección de la Justicia Federal por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, determinación que ahora es recurrida mediante la presente vía.

I.C. de violación. En su demanda de amparo el quejoso adujo, por lo que al presente asunto interesa, que:

No se cumplió con la garantía de defensa adecuada, ya que al rendir su declaración ministerial únicamente estuvo asistido por persona de confianza, misma que no estaba capacitada para asesorarlo jurídicamente. Lo anterior se demuestra si se toma en consideración que el nivel de instrucción escolar de ésta es bachillerato.

II. Consideraciones del Tribunal Colegiado. Los argumentos expresados por el Tribunal Colegiado de Circuito que conoció del asunto, en lo conducente, son los siguientes:

"Cabe precisar que la designación que hizo el quejoso de persona de confianza, no recayó en perito o profesional del ramo, de acuerdo a los datos personales que precisó su esposa D.M.C.B., sin embargo, contrariamente a lo que el quejoso sostiene en los conceptos de violación, está situación no invalida su declaración ministerial, ni tampoco se traduce en una defensa inadecuada, pues de la interpretación gramatical del artículo 20, apartado "A", fracción IX, de la Constitución Federal (vigente al momento de su declaración y hasta la entrada en vigor del sistema acusatorio a nivel federal), se prevé que el enjuiciado no necesariamente debe ser asistido por profesional del derecho, y esa garantía es válida para la etapa de averiguación previa, por así estar previsto en el último párrafo del referido apartado "A", que dice: "Las garantías previstas en las fracciones I, V, VII y IX, también serán observadas durante la averiguación previa, en los términos y con los requisitos y límites que las Leyes establezcan", por ende, es inconcuso que el inculpado se encuentre autorizado para ejercer su garantía de defensa por sí, por un abogado, o por persona de su confianza y, en el caso, la designación que hizo el quejoso fue en términos de este último supuesto.

Es aplicable la Jurisprudencia II.2o.P. J/19, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dice:

"DEFENSOR DEL INDICIADO EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO SE REQUIERE QUE SE TRATE DE UN PROFESIONAL DEL DERECHO O QUE TENGA RELACIÓN ESTRECHA O DE AFINIDAD CON AQUÉL. Es evidente que cuando en la fracción II del apartado A del artículo 20 constitucional se hace alusión al concepto de "defensor", no puede pretenderse asignarle a éste una connotación única y exclusivamente como de profesional del derecho, pues además de que no se exige así, ello sería descontextualizar el contenido de los diversos preceptos constitucionales que hacen alusión a las formas en que el inculpado puede ser asistido, esto es, por sí, por abogado o por persona de su confianza, como refieren las fracciones IX y X, párrafo cuarto, del propio artículo 20 constitucional, sin que pueda soslayarse que tratándose de la averiguación previa, es precisamente en los términos que refieren estas fracciones que el indiciado tiene el derecho de verse asistido. Lo anterior significa, por un lado, que durante la etapa de averiguación previa el indiciado puede ser asistido, para efectos de su declaración, por abogado o por persona de su confianza, y que incluso puede hacerlo "por sí", y no obstante, en cualquier caso, se cumple con el derecho de una defensa adecuada; por otra parte, por "persona de confianza", ni la Constitución ni la ley exigen una relación previa de amistad, parentesco o afinidad tal que genere un motivo posible de "confianza" en el sentido personal, sino que con tal expresión se designa a quien, fuera de los supuestos relativos a una defensa por abogado, o por sí mismo, el indiciado opta por designar a una persona distinta, es decir, se trata del otorgamiento de diversas opciones para el indiciado, a fin de no restringir la facultad de designación respecto de quienes no contasen con determinados atributos."

Así como la Jurisprudencia 1a./J. 91/2001, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:

"DEFENSOR PÚBLICO EN MATERIA PENAL FEDERAL. DEBE CONTAR CON TÍTULO DE LICENCIADO EN DERECHO. La fracción IX del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé tres formas a través de las cuales el inculpado puede ejercer su defensa, a saber: a) por sí mismo, b) por abogado, y c) por persona de su confianza; y, además, dispone que en caso de que el inculpado no elija una de estas posibilidades, después de que haya sido requerido para ello, el J. deberá nombrarle un defensor. En concordancia con esa disposición, el numeral 128, fracción III, del Código Federal de Procedimientos Penales, en lo conducente señala que cuando el inculpado fuese detenido o se presentare voluntariamente ante el Ministerio Público Federal, deberán hacérsele saber los derechos que le otorga la Constitución Federal, entre otros, el de: "... Tener una defensa adecuada por sí, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designará desde luego un defensor de oficio...". Ahora bien, esa designación de defensor en materia penal efectuada por el Estado (órgano jurisdiccional o Ministerio Público), debe recaer en un defensor público, el cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5o., fracción II, de la Ley Federal de Defensoría Pública, debe contar con título de licenciado en derecho. Lo anterior es así, porque el espíritu del legislador no fue otro que el de otorgar a los gobernados acceso a la justicia, y tal prerrogativa se colma, entre otros muchos aspectos, cuando se da la posibilidad a las personas de escasos recursos económicos, de que durante el desarrollo del proceso al que se encuentran sujetos, estén asesorados por profesionales del derecho, por personas con capacidad en la materia que puedan defender con conocimiento jurídico y suficiente sus intereses, a fin de que su garantía de seguridad jurídica en los procedimientos penales se vea respetada. En contraposición con esa disposición, es claro que la designación que haga el propio inculpado de su defensa puede no satisfacer ese requisito; por tanto, el nombramiento de defensor podrá ejercerlo cualquier persona."

Y así, sólo cuando el inculpado designa defensor público, éste deberá contar con título de licenciado en Derecho, pero si designa a persona de confianza, ese cargo podrá desempeñarlo cualquier persona, aunque no sea un profesional del ramo jurídico; por tanto, es infundado el concepto de violación hecho valer en relación a este aspecto, pues la designación de persona de confianza, no dejó en estado de indefensión al quejoso, tan es así que es de resaltar que al rendir declaración ministerial, negó los hechos que se le imputan, impugnó el contenido del acta de cateo que firmó, y ofreció el medio de prueba que consideró necesario para su defensa".

III. Agravios. El quejoso manifestó, en síntesis, los siguientes agravios:

1. No existe prueba alguna que demuestre que el quejoso conocía los elementos objetivos de los tipos penales que se le atribuyeron, por tanto, al recaer la carga de la prueba de tal circunstancia en el Ministerio Público, lo procedente es excluir al dolo y determinar que en el caso se actualizó la figura error de tipo prevista en la fracción VIII, del artículo 15 del Código Federal de Procedimientos Penales.

2. No quedó debidamente acreditada la responsabilidad penal del quejoso en los ilícitos que se le reprocharon, toda vez que el agente del Ministerio Público y el juez penal no razonaron, ni motivaron todos los elementos de la coautoría.

3. No están demostrados todos los elementos del delito de falsificación de documentos, ni la participación del quejoso en la comisión del mismo.

4. En el caso no se cumplió con la garantía constitucional de defensa adecuada toda vez que el quejoso, ahora recurrente, fue asistido únicamente por una persona de su confianza que no está capacitada para asistir a una persona en una declaración.

5. El ministerio público jamás demostró la relación del domicilio afecto a la causa con el quejoso, pues éste manifestó que no vivía en tal inmueble y refirió desconocer a las demás personas que fueron aseguradas.

QUINTO. Es fundado el cuarto agravio propuesto por el recurrente, amén que procede la suplencia de la queja a su favor, en torno a la vulneración de su derecho fundamental de defensa adecuada en la averiguación previa, en su vertiente de asistencia técnica por un defensor (licenciado en derecho) en su declaración ministerial, conforme al artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente antes de la implementación del sistema penal acusatorio bajo los lineamientos de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho.

Es importante destacar que los hechos acontecieron el tres de noviembre de dos mil diez y que el quejoso rindió su declaración ministerial el día cinco del mismo mes y año, por tanto, resulta indudable que el proceso penal se inició al tenor del citado marco constitucional.

Por ello, el estudio de constitucionalidad en este caso, implica revisar la interpretación hecha por el Tribunal Colegiado de Circuito del artículo 20 constitucional, vigente en la fecha en que ocurrieron los hechos, pero a la luz de las disposiciones constitucionales y convencionales pertinentes, de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto, este Tribunal Pleno observa que en el momento de los hechos, se encontraba vigente la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, pues sendos instrumentos internacionales fueron ratificados por el Estado Mexicano el dos de marzo de mil novecientos ochenta y uno, y el veintitrés de ese mismo mes y año, respectivamente.

El primero de estos instrumentos, prevé en el artículo 8.2, incisos d) y e), lo siguiente:

"Artículo 8. Garantías Judiciales

...

2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

...

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor;

e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;...".

Por su parte, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos precisa en su artículo 14.3, inciso d), lo siguiente:

"Artículo 14.

...

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

...

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo;...".

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido ya oportunidad de pronunciarse en relación con los alcances y el contenido de una defensa efectiva en el marco del artículo 8.2.d) y e) de la Convención Americana. Así, en el caso B.L.V.V., ante el hecho de que el Estado no permitió al señor B.L. la posibilidad de contar con un abogado defensor, señaló:

"61. La acusación puede ser enfrentada y refutada por el inculpado a través de sus propios actos, entre ellos la declaración que rinda sobre los hechos que se le atribuyen, y por medio de la defensa técnica, ejercida por un profesional del Derecho, quien asesora al investigado sobre sus deberes y derechos y ejecuta, inter alia, un control crítico y de legalidad en la producción de pruebas.

62. Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona ..., el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo...".

De lo anterior se desprende que de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la defensa efectiva prevista en el artículo 8.2.e) implica el hecho de que la misma debe ser técnica, esto es, inter alia, proporcionada por un "profesional del derecho".

De igual modo, en el caso C.G. y M.F. Vs. México, el citado Tribunal Interamericano interpretó que la defensa adecuada que debe garantizar el Estado, en términos del artículo 8.2. de la Convención, debe ser una defensa efectiva, lo que no se traduce en una mera formalidad procesal -lo cual equivaldría a no contar con una defensa técnica- sino que el defensor debe actuar de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados:

"155. En especial, la Corte resalta que la defensa suministrada por el Estado debe ser efectiva, para lo cual el Estado debe adoptar todas las medidas adecuadas .... Si el derecho a la defensa surge desde el momento en que se ordena investigar a una persona, el investigado debe tener acceso a la defensa técnica desde ese mismo momento, sobre todo en la diligencia en la que se recibe su declaración. Impedir a éste contar con la asistencia de su abogado defensor es limitar severamente el derecho a la defensa, lo que ocasiona desequilibrio procesal y deja al individuo sin tutela frente al ejercicio del poder punitivo .... Sin embargo, el nombrar un defensor de oficio con el sólo objeto de cumplir con una formalidad procesal, equivaldría a no contar con defensa técnica, por lo que es imperante que dicho defensor actúe de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evite así que sus derechos se vean lesionados."

Criterio este último que conforme al criterio del Pleno de este Alto Tribunal en el expediente Varios 912/2010, resulta obligatorio para todos los jueces mexicanos.

Por su parte, el Comité de Derechos Humanos, organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional, en su Comentario General Número 13, sobre la Administración de Justicia (Artículo 14), en relación con el derecho de defensa expuso:

"9. El apartado b) del párrafo 3 dispone que el acusado debe disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y poder comunicarse con un defensor de su elección. Lo que constituye un "tiempo adecuado" depende de las circunstancias de cada caso, pero los medios deben incluir el acceso a los documentos y demás testimonios que el acusado necesite para preparar su defensa, así como la oportunidad de contratar a un abogado y de comunicarse con éste. Cuando el acusado no desee defenderse personalmente ni solicite una persona o una asociación de su elección, debe poder recurrir a un abogado. Además, este apartado exige que el defensor se comunique con el acusado en condiciones que garanticen plenamente el carácter confidencial de sus comunicaciones. Los abogados deben poder asesorar y representar a sus clientes de conformidad con su criterio y normas profesionales establecidas, sin ninguna restricción, influencia, presión o injerencia indebida de ninguna parte.

...

11. No en todos los informes se han abordado todos los aspectos del derecho de defensa según se define en el apartado d) del párrafo 3. El Comité no siempre ha recibido información suficiente sobre la protección del derecho del acusado a estar presente durante la sustanciación de cualquier acusación formulada contra él, ni cómo el sistema jurídico garantiza su derecho, ya sea de defenderse personalmente o de recibir la asistencia de un abogado de su elección, o qué arreglos se establecen si una persona carece de medios suficientes para pagar esta asistencia. El acusado o su abogado deben tener el derecho de actuar diligentemente y sin temor, valiéndose de todos los medios de defensa disponibles, así como el derecho a impugnar el desarrollo de las actuaciones si consideran que son injustas. Cuando excepcionalmente y por razones justificadas se celebren juicios in absentia, es tanto más necesaria la estricta observancia de los derechos de la defensa."(1)

Tomando en consideración lo anterior, este Tribunal observa que ni la Convención Americana ni el Pacto Internacional, prevén la posibilidad de que la defensa del inculpado en un proceso penal pueda ser efectuada por un tercero que no sea perito en derecho.

Por el contrario, como se infiere de los criterios interpretativos de la Corte Interamericana y del Comité de Derechos Humanos, la defensa que el Estado debe garantizar conforme al artículo 1.1. de la Convención Americana y 2.1. del Pacto Internacional, debe ser lo más adecuada y efectiva posible, lo cual, implica un elemento formal, que es que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, consistente en que, además, el defensor debe actuar de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean lesionados.

Ahora bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 20, materia de la interpretación del Tribunal Colegiado, prevé en su apartado A, fracción IX, lo siguiente:

"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías:

A. inculpado:

IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; ..."

Al respecto, la Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver los juicios de amparo directo 8/2008, 9/2008, 10/2008 y 33/2008, analizó el derecho fundamental de defensa adecuada en relación con la asistencia que debe otorgarse al inculpado, y concluyó que dicho derecho consiste en dar oportunidad a todo inculpado de que tenga defensor y éste, a su vez, tenga la oportunidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa.

En atención a estas características, la referida Primera Sala arribó al criterio de que la asistencia legal que debe proporcionar el defensor, a la cual se refiere la Constitución y que se encuentra estrechamente relacionada con el derecho fundamental de defensa adecuada, no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor, sino que debe interpretarse en el sentido de que exista una efectiva ayuda del asesor legal.

De esta manera, el derecho fundamental de defensa adecuada implica que el defensor debe contar con tiempo y con los medios suficientes y necesarios para la preparación de la defensa; también debe contar con la posibilidad de alegar en la audiencia y ofrecer pruebas, por lo que la participación efectiva del defensor, es un elemento imprescindible para considerar satisfecho el derecho en cuestión.

Ahora bien, a partir de la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, se estableció en el párrafo segundo del artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que:

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia."

De este modo, aun cuando los tratados internacionales son Ley Suprema de la Unión, de acuerdo con el artículo 133 constitucional, incluyendo por tanto, el principio pro personae previsto, inter alia, por el artículo 29 de la Convención Americana, esta disposición -el artículo 1° constitucional- obliga a partir de su publicación, de forma expresa, a todos las autoridades y, en especial, a los jueces mexicanos, a preferir aquellas interpretaciones que sean más favorables a los derechos fundamentales de las personas, así como aquellas que optimicen el respeto y garantía de estos derechos.

De ello, se desprende entonces un mandato constitucional de armonización entre las diferentes normas de rango constitucional sobre derechos humanos con base en el principio pro personae.

Una vertiente de este principio, es el de "preferencia interpretativa". Esto implica que, frente a la posibilidad de interpretar una disposición, inclusive constitucional, se deriven dos o más interpretaciones posibles, el juzgador deberá optar por aquella que resulte más protectora de los derechos fundamentales en cuestión. En segundo lugar, el principio pro personae implica una "preferencia de normas", esto es, que frente a una aparente antinomia entre dos diferentes disposiciones de rango constitucional, el intérprete debe preferir aquella disposición que resulte más favorable a la persona, como lo señala la tesis 1a./J. 107/2012, de la Primera Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, página 799, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE".

De este modo, este Alto Tribunal estima que de la interpretación armónica del Artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho- con base en el principio de interpretación pro personae previsto en el artículo 1° constitucional, a la luz del artículo 8.2. d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 14.3. d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es posible concluir que la defensa adecuada dentro de un proceso penal, es una defensa efectiva, la cual se garantiza cuando es proporcionada por una tercera persona que posea los conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar de manera diligente con el fin de proteger los derechos procesales del acusado y evitar así que se vean lesionados. Ello, en consecuencia, significa que, inclusive, la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones, a fin de garantizar que el procesado tenga la posibilidad de defenderse adecuadamente.

Ahora bien, debe aclararse que la facultad del juzgador para analizar los casos en los que se invoque la vulneración a la garantía de defensa adecuada, se limita a asegurar que las condiciones que posibilitan la defensa adecuada sean satisfechas durante el proceso.

Esto es así, pues tal como lo sostuvo la Primera Sala en los asuntos referidos anteriormente, si bien el juzgador se encuentra constreñido a velar por el respeto a las condiciones que permitan la defensa adecuada, no cuenta con facultades para calificar el grado de diligencia con que se conduce un defensor al momento de realizar su labor, pues revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, excede de las facultades conferidas para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada.

En efecto, si bien se reconoce la posibilidad de que a lo largo de cualquier proceso penal, de hecho, puedan existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de oficio, tal posibilidad no conlleva a afirmar que el juzgador está obligado a subsanar tales deficiencias. Exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual resultaría contrario a uno de los principios básicos que deben caracterizar la actuación de todo juez; a saber, el de la imparcialidad.

Por lo anterior, debe señalarse que tampoco puede imponerse al juzgador la evaluación de los métodos que los defensores emplean para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si el defensor efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses de los inculpados.

Como corolario de lo anterior, podemos señalar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza a todo gobernado el derecho de acceder a una defensa adecuada. Este derecho, al estar consagrado como derecho humano, entraña, en primer lugar, una prohibición al Estado, que consiste en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y, por otro, un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar a un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir o boicotear el ejercicio de las cargas procesales que corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público.

Esta serie de lineamientos y acotamientos a la actividad del Estado revisten una naturaleza meramente formal, que no tienen relación con el contenido de la defensa misma (la llamada "defensa técnica"), ni con la eficiencia o resultado exitoso de la actividad del defensor, ya sea este de oficio o un particular. El derecho de defensa adecuada no llega hasta ese punto. El Estado, frente al referido derecho subjetivo público, tiene la obligación de brindar al gobernado la oportunidad de defenderse, pero no puede velar por una correcta actitud procesal del defensor, esto es, al debido y responsable ejercicio de las cargas procesales que sólo corresponde ejercer al inculpado a través de él. El órgano jurisdiccional no puede constituirse en juez y parte para revisar la actividad (o inactividad) del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor.

Las consideraciones anteriores dieron lugar a la jurisprudencia 12/2012 (9a),(2) que en su rubro y texto señala:

"DEFENSA ADECUADA. FORMA EN QUE EL JUEZ DE LA CAUSA GARANTIZA SU VIGENCIA. La garantía individual de defensa adecuada contenida en el artículo 20, apartado A, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) entraña una prohibición para el Estado consistente en no entorpecer el ejercicio del derecho de defensa del gobernado y un deber de actuar, en el sentido de informarle el nombre de su acusador, los datos que obren en la causa, brindarle la oportunidad de nombrar un defensor, no impedirle que se entreviste de manera previa y en privado con él y, en general, no impedir u obstaculizar el ejercicio de las cargas procesales que le corresponden dentro del proceso penal para desvirtuar la acusación del Ministerio Público. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquélla no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe permitir una instrumentación real para tener oportunidades de descargo que, básicamente, permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Ahora bien, el juez de la causa garantiza la posibilidad de defensa al permitir que se den todas las condiciones necesarias para que el inculpado sea debidamente asistido, tanto formal como materialmente, de manera que si en los hechos no puede calificar su adecuada defensa -en razón de la forma en que se conduce el defensor respectivo-, ello no significa que el juez de la causa viole la garantía en cuestión, pues el control de la correcta o incorrecta actitud procesal del defensor, del debido ejercicio de las cargas procesales, así como de su pericia jurídica, sólo podrían ser materia de responsabilidad profesional, en términos de las leyes administrativas o penales, y según se trate de un defensor de oficio o particular. Esto es, el juez respeta la garantía de defensa adecuada: (i) al no obstruir en su materialización (como ocurre cuando niega el derecho a una entrevista previa y en privado o interfiere y obstaculiza la participación efectiva del asesor) y (ii) al tener que asegurarse, con todos los medios legales a su alcance, que se satisfacen las condiciones que posibilitan la defensa adecuada, sin que ello signifique que esté en condiciones de revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, pues ello excedería las facultades que tiene a su cargo para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada."

Precisado lo anterior, contrariamente a lo sostenido por el Tribunal Colegiado, este Tribunal Pleno estima que toda persona debe contar durante el desarrollo del proceso al que está sujeto, con la asesoría de un profesional del derecho. Esto es, por una persona con capacidad en la materia que pueda defender con conocimiento jurídico y suficiente sus intereses, a fin de que su garantía de seguridad jurídica en el procedimiento penal se vea respetada. Lo anterior es así, porque tanto el Ministerio Público Investigador, como el juzgador deben procurar que el defensor designado por el indiciado o procesado, acredite ser licenciado en derecho con el título profesional correspondiente, a fin de garantizar la protección del derecho a la defensa adecuada, pues, de no hacerlo así, éste se violaría irremediablemente, con la consecuente obligación de los órganos de control constitucional de ordenar a la autoridad responsable reparar dicha violación.

La conclusión adoptada, denota no sólo la especial preocupación de este Alto Tribunal por el resguardo de un derecho fundamental -pues al hacerlo, las exigencias de actuación del defensor penal deberán partir de estándares elevados de intervención- sino que también destaca la actuación del abogado como un requisito que permite una mejor consecución y orden de todo el proceso penal, incluyendo la etapa averiguación previa. En este último caso, más que un "derecho" del imputado, la intervención de un abogado debe verse también como una necesidad de la administración de justicia.

Estas justificaciones -esgrimidas para fundar la necesidad de la obligada intervención de un asistente técnico- responden al hecho sustancial de que para confrontar al poder de la institución acusatoria, se precisa de una persona formada en derecho y en la práctica penal.

En el proceso mexicano, la defensa constituye un requisito formal. Es decir, debe existir una contradicción dialéctica entre el Ministerio Público que monopoliza la acción penal y la defensa para que exista un equilibrio procesal; sin embargo, corresponde al inculpado el impulso del proceso mediante su defensor, tal y como si se tratara de una carga procesal.

En atención al principio de libertad de defensa, el inculpado tiene derecho a defenderse por sí mismo o por persona de su confianza. Sin embargo, resulta que cuando esa persona de confianza no es letrada en derecho, no se está ejerciendo verdaderamente el derecho de defensa. Luego entonces, la defensa adecuada no significa conformarse con la autodefensa o la defensa de confianza, sino que una correcta interpretación del concepto "defensa adecuada", requiere la necesaria intervención de un abogado que puede ser privado o público.

A la defensa adecuada también se tiene derecho desde la averiguación previa a través de la presencia del defensor en las declaraciones ministeriales en calidad de testigo o de inculpado y no necesariamente en el desahogo de todas las pruebas indagatorias de la averiguación.(3)

Resulta preponderante reiterar que el concepto de defensa adecuada no debe confundirse con defensa exitosa sino que basta con que se realicen todas las gestiones jurídicas en estricto apego a derecho y bajo los principios que establece la ley reglamentaria.

En el sistema penal mexicano, el derecho de defensa no se refiere a cualquier tipo de defensa; se trata de una defensa "adecuada", prevista como un derecho de seguridad jurídica a la que está obligado el Estado y que se encuentra prevista en la fracción IX, del Apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una defensa formal que, no obstante, pretende que se realice razonablemente, agotando los recursos jurídicos y éticos.

El defensor cuando interviene desde la etapa de la averiguación previa, tiene una función primordial: la de estar presente en todo interrogatorio que se le haga al indiciado, a fin de cerciorarse de que se respete su derecho a guardar silencio, o bien, que sus declaraciones son libremente emitidas. Así, el respeto al derecho de defensa sirve de protección al diverso derecho de no autoincriminación. En caso contrario, si no se protege la libertad del indiciado desde el momento de rendir declaración durante la averiguación previa, el proceso judicial puede iniciarse sobre la base de una confesión coaccionada, lo cual no es aceptable en un estado democrático de derecho.

El derecho a la asistencia jurídica letrada o defensa adecuada, constituye una obligación de prestación, cuando no hay un abogado designado por el imputado y éste no se defiende personalmente, o no ha sido autorizado a ejercitar la autodefensa. "Y en tanto derechos subjetivos, todos los derechos a prestaciones son relaciones trivalentes entre un titular de derecho fundamental, el Estado, y una acción positiva del Estado".(4)

Así, para proteger el citado derecho es necesario que la labor de quien funja como defensor sea eficaz, pues aquel no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe entenderse en el sentido de permitir una implementación real para tener oportunidades de descargo, que básicamente permitan al imputado un efectiva participación en el proceso.

Las razones antes expuestas evidencian lo fundado del agravio propuesto por el quejoso en cuanto a la violación a su derecho a la defensa adecuada, en su vertiente de asistencia técnica por un defensor (licenciado en derecho), en tanto que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estima que para garantizar la defensa adecuada de un inculpado, a que se refiere la fracción IX del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -en su texto anterior a la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho- resulta necesario que esa defensa esté representada por un licenciado en derecho, ya que es la persona que cuenta con la capacidad técnica para asesorar y apreciar lo que jurídicamente le es conveniente al inculpado, aptitudes con las que no cuenta la persona de confianza, por lo que el inculpado durante la etapa de averiguación previa y en el proceso ante el J., debe indefectiblemente estar asistido de un licenciado en derecho, (abogado particular o defensor de oficio), con independencia de que haya designado persona de su confianza, pues en este caso el Estado se encuentra obligado a tener defensores profesionistas, con lo que se otorga al inculpado una real y efectiva asistencia legal.

SEXTO. Consecuencias jurídicas. Habiendo quedado establecida la interpretación del derecho fundamental a una defensa adecuada, corresponde a este Tribunal Pleno determinar las consecuencias y efectos de la vulneración a tal derecho fundamental, al haberse actualizado en la fase de averiguación previa.

En principio, debe reiterarse que este Alto Tribunal considera que el derecho a la defensa adecuada, tutelado por el artículo 20, apartado A), fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, anterior a la reforma publicada el dieciocho de junio de dos mil ocho, debe interpretarse bajo una perspectiva de tutela más amplia y protectora de los derechos humanos, atento al principio pro personae, lo que lleva a establecer que al justiciable se le garantiza el citado derecho fundamental sólo con la designación de un defensor que sea un profesional del derecho, quien deberá ocuparse de la defensa tanto en la fase de averiguación previa, como en el proceso mismo.

Esta interpretación resulta acorde con lo dispuesto por el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno, que prevé como un aspecto de la adecuada defensa el hecho de que el inculpado esté asesorado formal y materialmente por un defensor, es decir, por un conocedor del derecho con autorización legal para poder intervenir en los procedimientos judiciales abogando por otra persona.

Ahora bien, de la revisión de los autos se advierte que a la una horas del cinco de noviembre de dos mil diez, D.M.C.B. aceptó y protestó el cargo de "persona de confianza", que le fue conferido por el ahora recurrente, sin que obre constancia que la acreditara como licenciado en derecho y no obstante ello, enseguida el ahora recurrente J.B.R. rindió su declaración ministerial asistido de dicha "persona de confianza", lo que constituye una vulneración al derecho fundamental a una defensa adecuada, que implica que la referida declaración sea nula.

En consecuencia, a efecto de reparar la transgresión al derecho fundamental antes referido, lo procedente es que la declaración del indiciado, ahora recurrente, rendida ante la autoridad ministerial sin la asistencia de un abogado defensor, sino únicamente asistido de persona de confianza, no debe tener eficacia y, por lo tanto, no puede ser considerada al momento de dictarse la sentencia definitiva, tal como lo ha sostenido en casos similares la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 1a./J. 139/2011 y 1a./J. 140/2011,(5) del tenor siguiente:

"PRUEBA ILÍCITA. EL DERECHO A UN DEBIDO PROCESO COMPRENDE EL DERECHO A NO SER JUZGADO A PARTIR DE PRUEBAS OBTENIDAS AL MARGEN DE LAS EXIGENCIAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES. Exigir la nulidad de la prueba ilícita es una garantía que le asiste al inculpado durante todo el proceso y cuya protección puede hacer valer frente a los tribunales alegando como fundamento: (i) el artículo 14 constitucional, al establecer como condición de validez de una sentencia penal, el respeto a las formalidades esenciales del procedimiento, (ii) el derecho de que los jueces se conduzcan con imparcialidad, en términos del artículo 17 constitucional y (iii) el derecho a una defensa adecuada que asiste a todo inculpado de acuerdo con el artículo 20, fracción IX de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En este sentido, si se pretende el respeto al derecho de ser juzgado por tribunales imparciales y el derecho a una defensa adecuada, es claro que una prueba cuya obtención ha sido irregular (ya sea por contravenir el orden constitucional o el legal), no puede sino ser considerada inválida. De otra forma, es claro que el inculpado estaría en condición de desventaja para hacer valer su defensa. Por ello, la regla de exclusión de la prueba ilícita se encuentra implícitamente prevista en nuestro orden constitucional. Asimismo, el artículo 206 del Código Federal de Procedimientos Penales establece, a contrario sensu, que ninguna prueba que vaya contra el derecho debe ser admitida. Esto deriva de la posición preferente de los derechos fundamentales en el ordenamiento y de su afirmada condición de inviolables." (énfasis añadido).

"PRUEBAS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SUPUESTOS EN QUE DEBE NULIFICARSE SU EFICACIA. La eficacia de las pruebas en el procedimiento penal debe nulificarse en los casos en que la norma transgredida establezca: (i) garantías procesales, (ii) la forma en que se practica la diligencia, o bien, (iii) derechos sustantivos en favor de la persona. Por su parte, las pruebas derivadas (aunque lícitas en sí mismas) deben anularse cuando aquellas de las que son fruto resultan inconstitucionales. Así, los medios de prueba que deriven de la vulneración de derechos fundamentales no deben tener eficacia probatoria, pues de lo contrario se trastocaría la garantía de presunción de inocencia, la cual implica que nadie puede ser condenado si no se comprueba plenamente el delito que se le imputa y la responsabilidad penal en su comisión, circunstancia que necesariamente implica que las pruebas con las cuales se acreditan tales extremos, deben haber sido obtenidas lícitamente." (énfasis añadido).

En consecuencia, se revoca la resolución recurrida y a fin de restituir al quejoso en el goce de sus derechos constitucionales -en términos del artículo 80 de la Ley de Amparo- procede que este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación conceda al quejoso J.B.R. el amparo solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y emita una nueva en la que se abstenga de tomar en consideración la declaración que emitió el quejoso ante el Ministerio Público investigador, sin la asistencia de un licenciado en derecho.

En el entendido, de que el amparo concedido no implica que se deje en libertad al quejoso, pues su otorgamiento se constriñe únicamente a que la autoridad responsable al emitir nueva sentencia se abstenga de tomar en consideración la declaración ministerial del quejoso, empero con plenitud de jurisdicción deberá pronunciarse sobre el acreditamiento de los delitos atribuidos al quejoso y en su caso, de su plena responsabilidad penal, así como de las penas correspondientes.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a J.B.R., en contra de los actos y por las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma.

N.; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría de seis votos de los señores M.G.O.M., C.D., Z.L. de L., V.H., S.C.G. de V. y P.S.M.. Los señores M.F.G.S., P.R., A.M. y P.D. votaron en contra.

El señor M.P.J.N.S.M. dejó a salvo el derecho de los señores Ministros para que formulen los votos que estimen pertinentes y declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

La señora M.M.B.L.R. no asistió a la sesión celebrada el martes once de junio de dos mil trece, previo aviso a la Presidencia. Doy fe

El señor M.P.J.N.S.M. declaró que el asunto se resolvió en los términos precisados.

Firman los señores Ministros presidente y el Ponente con el S. General de Acuerdos que da fe.

MINISTRO PRESIDENTE

JUAN SILVA MEZA

MINISTRO PONENTE

ARTURO ZALDÍVAR LELO DE LARREA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. R.C.C.

Esta hoja forma parte del amparo directo en revisión 2990/2011, promovido por J.B.R.. Fallado el once de junio de dos mil trece, en el sentido siguiente: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a J.B.R., en contra de los actos y por las autoridades que se precisan en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en la parte final del último considerando de la misma.". Conste.

______________

1 En el mismo sentido, en su Comentario General No. 32, sobre el Artículo 14, en cuanto a las garantías previstas por el artículo 14.3, el Comité de Derechos Humanos señaló:

"37. ..., el derecho de todos los acusados de un delito penal a defenderse personalmente o mediante un abogado de su propia elección y a ser informados de este derecho, conforme a lo dispuesto en el apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, se refiere a dos tipos de defensa que no se excluyen mutuamente. Las personas asistidas por un abogado tienen derecho a dar instrucciones al abogado sobre cómo llevar adelante el caso, dentro de los límites de la responsabilidad profesional, y a prestar testimonio en su propio nombre ....

38. .... Los abogados nombrados por las autoridades competentes sobre la base de esta disposición deberán representar efectivamente a los acusados. A diferencia de lo que ocurre con los abogados contratados a título privado ..., los casos flagrantes de mala conducta o incompetencia, como el retiro de una apelación sin consulta en un caso de pena de muerte ..., o la ausencia durante el interrogatorio de un testigo en esos casos ..., pueden entrañar la responsabilidad del Estado por violación del apartado d) del párrafo 3 del artículo 14, siempre que haya sido evidente para el juez que el comportamiento del letrado era incompatible con los intereses de la justicia .... También se viola esta disposición si el tribunal u otra autoridad competente impiden que los abogados nombrados cumplan debidamente sus funciones ...."

2. Jurisprudencia 1a./J. 12/2012 (9a), Décima Época, Primera Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 433.

3. "DEFENSA ADECUADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SU OBSERVANCIA NO ESTÁ SUBORDINADA A QUE EL MINISTERIO PÚBLICO TENGA QUE DESAHOGAR TODAS LAS DILIGENCIAS QUE PRACTIQUE CON LA PRESENCIA DEL INCULPADO O SU DEFENSOR (INTERPRETACIÓN DE LAS FRACCIONES IX Y X DEL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). Del análisis sistemático y teleológico del contenido de la exposición de motivos que dio origen a las reformas del artículo 20 de la Constitución Federal, publicadas en el Diario Oficial de la Federación de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, así como de los dictámenes de las comisiones del Congreso de la Unión y de sus debates, se advierte que con la finalidad de regir las necesidades sociales y económicas imperantes en nuestro país y erradicar viejas prácticas vejatorias e infamantes a que se encontraba sujeta una persona en la investigación de los delitos, el Poder Constituyente sentó las bases para que en la fase jurisdiccional el presunto responsable de un delito contara con una defensa adecuada consistente en dar oportunidad a todo inculpado de aportar pruebas, promover los medios de impugnación frente a los actos de autoridad que afecten los intereses legítimos de la defensa, exponer la argumentación sistemática del derecho aplicable al caso concreto y utilizar todos los beneficios que la legislación procesal establece para la defensa, pero además hizo extensiva las garantías del procesado en esa fase a la etapa de la averiguación previa, con la salvedad de que debe ser 'en lo que se adapta a la naturaleza administrativa de la misma', lo que significa que según lo permita la naturaleza de las actuaciones o diligencias que deban desahogarse en la averiguación previa, podrán observarse cabalmente las garantías que el inculpado tiene en la fase jurisdiccional. Ahora bien, si se toma en consideración, de acuerdo a lo anterior, que dentro de la averiguación previa la garantía de defensa adecuada deberá observarse en todas aquellas diligencias o actuaciones en las que directa y físicamente participe o deba participar la persona involucrada en la investigación, siempre y cuando así lo permita la naturaleza de las citadas diligencias, es inconcuso que el debido cumplimiento de tal garantía no está subordinado a que el Ministerio Público forzosamente y de manera ineludible tenga que desahogar todas las diligencias que practique en la mencionada etapa investigatoria con la presencia del inculpado o su defensor y menos aún que si no lo hace así sus actuaciones carecerán de valor probatorio. Lo anterior, porque de estimar lo contrario se llegaría al extremo de transgredir el artículo 16 de la Constitución Federal, en el que se considera al Ministerio Público en la averiguación previa como una autoridad con imperio a quien exclusivamente le corresponde resolver si ejercita o no la acción penal en la investigación que practique, así como consignar los hechos ante el juzgado competente de su adscripción, en el perentorio término de 48 horas, si encuentra que se reúnen los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado." (Jurisprudencia 1ª./J. 31/2004. Visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Mayo de 2004, página: 325.)

4. A., R.. Teoría de los derechos fundamentales. Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002; p. 431.

5. Décima Época, Registro: 160509, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 139/2011, Página: 2057.

Décima Época, Registro: 160500, Instancia: Primera Sala, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Penal, Tesis: 1a./J. 140/2011 (9a.), Página: 2058.