El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa: 75 años de justicia contencioso-administrativa que se renueva
| Autor | Magistrado Juan Manuel Jiménez Illescas |
| Cargo | Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa |
| Páginas | 15-19 |
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No cabe duda que a finales de la década de 1930 nuestro país era un México muy diferente. Fue una época de grandes transformaciones y cambios estructurales, porque el Estado, después de vivir fuertes convulsiones sociales, afianzó su búsqueda del progreso a través de las instituciones.
En esa época, bajo la presidencia del general Lázaro Cárdenas, se consolidaron los movimientos obrero y campesino; se puso en marcha la reforma agraria a través de los repartos masivos de tierras; se nacionalizaron los ferrocarriles y se expropiaron las compañías petroleras extranjeras.
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El año de 1936 fue especialmente significativo porque se crearon múltiples instituciones que darían un impulso decidido al progreso nacional, como el Instituto Politécnico Nacional, la Confederación de Trabajadores de México y en especial, el entonces Tribunal Fiscal de la Federación -antecesor de nuestro actual Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa-, creado mediante la Ley de Justicia Fiscal publicada en el DOF el 26 de agosto de ese año.
La Ley de Justicia Fiscal tuvo por objeto crear un órgano de impartición de justicia fiscal, dentro del marco del Poder Ejecutivo, pero dotado de autonomía orgánica y que fungiera como un tribunal de justicia delegada.
Aquel Tribunal, que inició integrado con 15 magistrados, designados por el Presidente de la República, actuando en pleno o en cinco Salas y con jurisdicción territorial en toda la República, significó que, por prime-ra vez, en México se contara con un tribunal autónomo especializado, encargado de la legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública, en principio principalmente en la materia fiscal.
El Tribunal se fue afianzando. En el año de 1978, con la expedición de una nueva Ley Orgánica, comenzó el proceso de regionalización, dividiendo al país en regiones y creando Salas en cada una de ellas; además, se creó la Sala Superior como un órgano de dirección, lo cual fortaleció el autogobierno del Tribunal.
Fue hasta 1987 que al Tribunal se le dotó de una base constitucional, consagrada en el artículo 73, fracción XXIX-H, de nuestra Constitución, como la facultad del Congreso de la Unión para instituir tribunales de lo contencioso-administrativo que dirimieran las controversias entre la administración pública federal y los particulares.
Dos acontecimientos en el año de 1994 marcaron decididamente al Tribunal:
El primero, fue la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, por lo que en ese año se amplió la competencia del Tribunal para conocer asuntos en materia de comercio exterior, así como respecto a la interpretación de tratados internacionales suscritos por nuestro país en la materia y para evitar la doble tributación.
El segundo, fue la expedición de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la cual dio uniformidad y congruencia a los requisitos, formalidades y medios de impugnación de los actos administrativos y que hasta esa fecha, se encontraban dispersos en diversos ordenamientos. Consecuencia de la confianza depositada en la imparcialidad y calidad de las sentencias del Tribunal, es que se le adjudicó la competencia para conocer sobre resoluciones emitidas conforme a la citada ley; competencia que años después se incluyó mediante la reforma a su Ley Orgánica (2000).
A partir de ese momento la competencia material del Tribunal se fue ampliando considerablemente hasta llegar a nuestros días. Al día de hoy, este órgano de impartición de justicia conoce de prácticamente todo el universo de resoluciones administrativas emitidas por la administración pública. Consecuencia de esa situación fue la razón del cambio de su denominación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, erigiéndose actualmente como titular del control jurisdiccional de la administración pública a nivel federal, dotado de plena jurisdicción y con autonomía, tanto en su gobierno como para ejercer su...
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