Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California

El Estado de Baja California es parte integrante e inseparable de la Federación constituida por los Estados Unidos Mexicanos.

La porción de territorio nacional que corresponde al Estado, es la que le ha sido reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado, es el Municipio Libre.

El Estado es Libre y Soberano en todo lo concerniente a su régimen interior, sin más limitaciones que las que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste.

La renovación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas.

Cuando las campañas tengan como finalidad elegir gubernatura, diputaciones y ayuntamientos en forma simultánea, la duración será de sesenta días para el caso de la gubernatura y cuarenta y cinco días para diputaciones y ayuntamientos; cuando solo se elija diputaciones y ayuntamientos, las campañas tendrán una duración (sic) cuarenta y cinco días; las precampañas no podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales.

La duración de las campañas para los cargos de magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, y de Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado será de treinta días y en ningún caso habrá etapa de precampaña.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de los poderes del estado, como de los municipios, entidades paraestatales, organismos constitucionales autónomos y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en casos de emergencia.

El proceso electoral dará inicio el primer domingo de diciembre del año anterior a la elección. El procedimiento de elección de Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, de Magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, y de Juezas y Jueces del Poder Judicial del Estado, iniciará con la convocatoria que emita el Congreso del Estado dentro de los treinta días naturales siguientes al inicio de su primer periodo ordinario de sesiones del año anterior, al de la elección que corresponda.

La jornada electoral para elecciones ordinarias deberá celebrarse el primer domingo de junio del año que corresponda.

La ley establecerá los supuestos, condiciones y reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación.

La ley electoral establecerá las faltas y sanciones administrativas, que se deriven de su incumplimiento o inobservancia.

APARTADO A.- Los partidos políticos.

Los partidos políticos son entidades de interés público. La Ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.

Los Partidos Políticos Nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales en los términos que establezca la Ley.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

En los términos de las leyes electorales, los partidos políticos tienen el derecho para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección popular, con excepción de las candidaturas relativas al Poder Judicial y podrán hacerlo de manera unipartidista o mediante las figuras de coaliciones totales, parciales o flexibles.

Los partidos políticos deberán garantizar las reglas para cumplir con la paridad entre los géneros en candidaturas a diputados y en planillas de candidatos a munícipes en cada Ayuntamiento, tanto propietarios como suplentes.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán registrar por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, sus compromisos de campaña ante el Instituto Estatal Electoral, el cual tendrá la obligación de registrarlos para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado. El Instituto, en año no electoral, dará seguimiento de los compromisos de campaña mediante la emisión de informes anuales, debiendo remitirlos al Congreso del Estado.

Los candidatos a ocupar un cargo de elección popular, deberán presentar ante el Instituto Estatal Electoral, por lo menos con quince días de anticipación a la celebración de la jornada electoral, los resultados del examen para la detección de drogas de abuso, que deberán practicarse dentro de los treinta días anteriores a su presentación; para efectos de su posterior consulta por cualquier interesado.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

El acceso de los partidos políticos y de los candidatos independientes a los tiempos en radio y televisión se estará a lo previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes aplicables.

Los partidos políticos de acuerdo a las disponibilidades presupuestales, recibirán en forma equitativa, financiamiento público para la realización de sus fines.

La ley garantizará que los partidos políticos, cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que el financiamiento público prevalezca sobre el de origen privado.

El financiamiento para los partidos políticos, que conserven su registro después de cada...