Da Tlaxcala prisión a ex Edil por desvíos

AutorAna Laura Vásquez

Corresponsal

TLAXCALA.- Por haber desviado más de un millón de pesos del erario público, el ex Alcalde y el ex tesorero de Altazyanca en el periodo 2002-2005, Salvador Martínez Hernández y Vicente Salas Sánchez, respectivamente, terminaron en la cárcel.

El subprocurador de Tlaxcala, Humberto Espino Roldán, informó que ambos ex funcionarios fueron detenidos luego de encontrar elementos que los señalan como presuntos culpables del delito de peculado.

Los dos fueron recluidos en el Centro de Readaptación Social de Apizaco (Cereso), y no podrán salir hasta que demuestren su inocencia o paguen una fianza de más de un millón de pesos para continuar su proceso legal en libertad.

Y es que el juez les fijó una fianza de un millón 146 mil 110 pesos para cada uno, que corresponde a un millón 121 mil 110 pesos por concepto de reparación del daño, 20 mil pesos por la caución y cinco mil pesos más por otras posibles sanciones.

Los ex servidores públicos fueron señalados por el delito de peculado luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectó en los reportes financieros de 2004 que no utilizaron para fines institucionales un millón 121 mil 110 mil pesos.

Los recursos corresponden a los programas de gasto corriente, Fondo de Fortalecimiento Municipal (Fortamun), el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FIMS), así como recursos del ajuste trimestral de ese año.

Presuntamente Martínez Hernández y Salas Sánchez reportaron como perdidos 11 cheques por los conceptos antes mencionados, pero dichos documentos fueron cobrados en enero de 2005.

De acuerdo con las investigaciones, por el cobro de los cheques aparece como beneficiario Martínez Hernández.

Espino Roldán refirió que el OFS, en ese entonces representado por Florentino Flores Xelhuantzi, presentó la denuncia correspondiente radicada en la averiguación previa 1470/2005, por el delito de peculado.

Sin embargo, el proceso legal fue cancelado por la administración pasada de la Procuraduría local, por razones desconocidas.

Fue hasta este 2011 cuando se ordenó reabrir el caso en el proceso 20/2011, y ello redundó en la aprehensión y reclusión de los dos ex funcionarios municipales.

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