El "show punitivo" del gobierno de Macri
| Autor | Francisco Olaso |
BUENOS AIRES.- Con el pelo re vuelto, ropa de dormir, descalzo, a primera hora de la mañana en su departamento en esta capital, Amado Boudou escuchó, el pasado viernes 3, la orden de detención que le leyó un oficial.
Boudou, vicepresidente del gobierno de Cristina Kirchner hasta diciembre de 2015, fue fotografiado esposado y rodeado de agentes de la Prefectura Naval Argentina, la fuerza de seguridad que fue por él. Y más tarde, ya vestido y con el chaleco antibalas propio del protocolo de estos operativos, fue escoltado hasta el vehículo policial que lo llevó al Juzgado Federal número 4, a cargo de Ariel Lijo.
Las escenas pudieron verse en los canales de noticias. Las fotos y los videos también se difundieron desde chats del Ministerio de Seguridad, del que depende la Prefectura.
El espectáculo ofrecido por la justicia federal, el gobierno y los grandes medios, multiplicado hasta el infinito por las redes sociales, tuvo impacto. El escarnio a Boudou en la plaza virtual del pueblo cosechó una espontánea aprobación de los sectores que se adhieren a la premisa sintetizada el 7 de julio por el presidente Mauricio Macri: "En Argentina se acabó la etapa de la impunidad, la discrecionalidad y la corrupción".
El exvicepresidente Boudou fue conducido esa misma noche al penal de Ezeiza. Horas antes, la diputada Elisa Carrió, portavoz oficiosa del gobierno, había tuiteado a modo de brindis: "Viva la república".
Boudou enfrenta varias causas ante la justicia, en su mayor parte vinculadas con su desempeño como ministro de Economía (2009-2011).
Lo juzgan por su presunta participación en la compra irregular de una empresa productora de papel moneda y se le investiga por irregularidades en la reestructuración de la deuda de la provincia de Formosa y en la compra de vehículos para el Ministerio de Economía.
Que la orden de arresto haya llegado por otra causa, iniciada en 2012, sin que mediara juicio, sentencia, procesamiento, llamado a prestar declaración indagatoria ni tampoco pedido alguno de parte del fiscal, generó la sensación de estar una vez más de cara a un fallo judicial en consonancia con los intereses del poder de turno.
La medida ordenada por el juez Lijo se dio sobre el final de una semana en la que tres organizaciones judiciales vinculadas con el gobierno lo habían denunciado, frente al Consejo de la Magistratura, por las presuntas demoras de su juzgado en el tratamiento de causas de corrupción.
Ya en el Juzgado Federal, Lijo acusó a Boudou de...
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