El río Yaqui como "asunto de Estado"
| Autor | Ricardo Raphael |
El mandatario ofreció como argumento que este tema debía ser tratado por el Poder Judicial como asunto de Estado: "Puede salir un leguleyo a decir que se tiene que respetar el estado de derecho, pero siendo un asunto de Estado y de justicia del Estado... (estos amparos) no tienen cabida en situaciones como las que estamos tratando".
Estas declaraciones despiertan controversia por tres razones: primero, porque según el orden Constitucional mexicano el titular del Poder Ejecutivo rebasaría sus facultades si pide al presidente de la SCJN que intervenga en un juicio de amparo; segundo, porque el presidente de la SCJN no cuenta tampoco con autoridad para ordenarle a un juez el desechamiento solicitado y; tercero, porque el argumento del "asunto de Estado," según la Ley de Amparo, no se encuentra entre las razones por las que este recurso sea considerado improcedente.
Más importante que todo es suponer que hay otros caminos, distintos a la ley y la administración de justicia, para resolver la crisis social y política provocada por la disputa del río Yaqui.
Los antecedentes de esta discordia remontan varias generaciones, incluyen también momentos de paz gracias a diversos acuerdos entre el gobierno federal y las comunidades originarias de Sonora.
Entre ellos destaca el decreto de 1939 firmado por el presidente Lázaro Cárdenas del Río mediante el cual se otorgó al pueblo yaqui 50% de los almacenamientos de la presa de la Angostura, que es la primera alimentada por el río Yaqui y que se halla en la parte alta de ese afluente.
Durante más de 70 años privó la calma gracias a aquella decisión, la cual se vio vulnerada cuando el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa autorizó que parte de las aguas de esa cuenca fuesen desviadas, a través del Acueducto Independencia, hacia la ciudad de Hermosillo.
Sumó tensión un estudio realizado en 2006 por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), el cual concluyó que la sobreexplotación impuesta sobre el río Yaqui, sumada a otras causas naturales, provocaría un déficit de más de 250 millones de metros cúbicos en la siguiente década.
Estos dos argumentos llevaron a que diversos líderes yoreme se movilizaran contra el acueducto promovido por la administración calderonista. Entre ellos debe mencionarse a Tomás Rojo Valencia quien, muy probablemente por su activismo, fue asesinado el año pasado.
Las comunidades yaquis asumieron equivocadamente que, con la llegada a Palacio Nacional de Andrés Manuel López...
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