El reconocimiento constitucional de los derechos fundamentales y la aplicación del principio de legalidad para la protección de los derechos humanos

AutorJorge Enrique Gómez Hernández
Páginas89-96
89
Mesa 1
EL RECONOCIMIENTO CONSTITUCIONAL
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES
Y LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE
LEGALIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS
Jorge Enrique Gómez Hernández16
RESUMEN EJECUTIVO
La presente ponencia tiene como intención proponer en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos el reconocimiento concreto de
los derechos fundamentales, identifi cando al juicio de amparo únicamente
como una garantía constitucional de carácter procesal, entendido como el
instrumento jurídico de protección de derechos fundamentales. Lo anterior
sería benéfi co para el derecho positivo mexicano ya que favorecería la
interpretación adecuada sobre el funcionamiento de las garantías y los
derechos fundamentales. La Constitución vigente enlista con el nombre de
garantías individuales a los derechos subjetivos públicos, sin embargo, técnica
y jurídicamente se torna confusa esa expresión, ya que en los sistemas jurídicos
modernos la percepción de garantía se identifi ca con el instrumento procesal
-establecido en la propia Constitución- que permite la restauración del
derecho fundamental violado. Por lo tanto, que mejor garantía de protección
y resguardo de los derechos fundamentales que el juicio de amparo, de ahí la
16 Licenciado en Derecho egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana y
abogado postulante; cuenta con estudios de Especialidad en Derecho Fiscal y actualmente cursa
la Maestría en Relaciones Internacionales en El Colegio de Veracruz. Profesor de Derecho Con-
stitucional y Administrativo en la Escuela Libre de Ciencia Política y Administración Pública de
Oriente. Primer Gobernado en obtener la “Protección de la Justicia del Estado de Veracruz” en
el Juicio de Protección de Derechos Humanos 1JP/2010 tramitado ante la Sala Constitucional del
H. Tribunal Superior de Justicia del Estado en contra del Organismo Público Descentralizado
denominado “El Colegio de Veracruz.

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