Proyecto de decreto que adiciona un Capítulo Quinto al Título Noveno, denominado “De la Participación Ciudadana”, del Reglamento del Senado de la República.
| Fecha de registro | 24 Julio 2019 |
| Estatus | Pendiente |
| Autor de la iniciativa | María Guadalupe Murguía Gutiérrez (PAN) |
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO, A CARGO DE LA SENADORA MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ, POR EL QUE SE REFORMA EL REGLAMENTO DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
La suscrita, Senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción II, y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por el artículo 55, fracción II y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a la consideración de esa Honorable Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un Capítulo Quinto al Título Noveno, denominado “De la Participación Ciudadana”, del Reglamento del Senado de la República, al tenor de la siguiente:
Exposición de Motivos
“El Gobierno Abierto surge como un nuevo paradigma y modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad: transparente, multidireccional, colaborativo y orientado a la participación de los ciudadanos tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas, a partir de cuya plataforma o espacio de acción es posible catalizar, articular y crear valor público desde y más allá de las fronteras de las burocracias estatales.” [*]
Según Álvaro Ramírez Alujas, el Gobierno Abierto hace referencia a principios que se manifiestan en: mejorar los niveles de transparencia y acceso a la información mediante la apertura de datos públicos, lo que se conoce como open data (para ejercer control social sobre los gobiernos y demandar rendición de cuentas), y la reutilización de la información del sector público (para promover la innovación y el desarrollo económico); facilitar la participación de la ciudadanía en el diseño e implementación de las políticas públicas (para incidir en la toma de decisiones); y favorecer la generación de espacios de colaboración e innovación entre los diversos actores, particularmente entre las administraciones públicas, la sociedad civil y el sector privado, para co-diseñar y/o producir valor público, social y cívico.
El concepto de Gobierno Abierto se traslada al quehacer legislativo en la figura de Parlamento Abierto. Para Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., un Parlamento Abierto es una institución legislativa que explica y justifica sus acciones y decisiones -es decir que rinde cuentas-, que garantiza el acceso a la información pública de manera proactiva -es decir que es transparente-, que involucra en sus procesos la pluralidad de grupos políticos y sociales -es decir que cuenta con mecanismos de participación ciudadana – y que, para todo ello, utiliza estratégicamente las tecnologías de información y comunicación. [*]
La noción de Parlamento Abierto ha surgido como un aspecto clave para la profundización y avance de las democracias actuales. Sus principios han supuesto una ventana de aire fresco en un sistema que ha ido sufriendo un proceso continuo de desgaste durante las últimas décadas; un deterioro más relacionado con la mala praxis del funcionamiento parlamentario que con la erosión de la idea, como tal, del Parlamento como institución esencial para el funcionamiento democrático. [*]
Es de notarse, que el Parlamento Abierto es un esquema complejo y de diversos compuestos, como la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información, el uso de las tecnologías de la comunicación, la ética y la participación ciudadana, una evidente voluntad política, entre otros que, en conjunto, fortalecen la democracia y se reflejan en la consecución del bien común.
El análisis crítico del Parlamento Abierto, indica que los congresos a nivel nacional y local, no suelen ser espacios donde la ciudadanía y sus representantes coexistan en un ámbito de deliberación y debate horizontal para la toma de decisiones, ni en la corresponsabilidad democrática de co-creación en el ejercicio de gobierno. Esta anomia sustantiva de la actividad legislativa, al operar al margen de la ciudadanía, hace de la representación parlamentaria un escenario proclive a la opacidad, contrario a los genuinos intereses del pueblo y la Nación. [*]
La garantía de oír al interesado antes de dictar una decisión que pueda afectar sus derechos o intereses, es un principio clásico del derecho constitucional y administrativo. Si bien dicha garantía tiene antecedentes remotos, encuentra su expresión moderna en la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano, promulgada por la Asamblea Nacional francesa el 26 de agosto de 1789, y en la enmienda V (aprobada en diciembre de 1791) de la Constitución estadounidense de 1878. [*]
Los ciudadanos pueden participar en la toma de decisiones públicas, en cualquiera de los poderes públicos, y ser parte de la administración deliberativa. Para que ello sea efectivo, necesita estar informado y generar canales idóneos para dirigir sus aportaciones, pues "los nobles ideales de la teoría democrática clásica suponen un proceso de toma de decisiones racional por un electorado con pleno conocimiento” [*] .
Para que los ciudadanos que tienen especialidad en ciertos temas, o mero interés, puedan acceder de forma efectiva a la información legislativa que genera la proposición, discusión y aprobación de una reforma legislativa, o de la expedición o abrogación de un cuerpo normativo, es necesario que obtenga la información suficiente para entender su contenido, su motivación y las consecuencias que pretende o puede generar.
Es imperativo partir de un presupuesto de transparencia, lo cual podemos tomar del artículo 72 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual dispone que los sujetos obligados de los Poderes Legislativos, incluido el federal, deberán poner a disposición del público y actualizar la siguiente información:
I. Agenda legislativa;
II. Gaceta Parlamentaria;
III. Orden del Día;
IV. El Diario de Debates;
V. Las versiones estenográficas;
VI. La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las Comisiones y Comités;
VII. Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictámenes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;
VIII. Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legislativo;
IX. Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y votación de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, identificando el sentido del voto, en votación económica, y por cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la votación por cédula, así como votos particulares y reservas de los dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;
X. Las resoluciones definitivas sobre juicios políticos y declaratorias de procedencia;
XI. Las versiones públicas de la información entregada en las audiencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;
XII. Las contrataciones de servicios personales señalando el nombre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;
XIII. El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y destino de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de investigación;
XIV. Los resultados de los estudios o investigaciones de naturaleza económica, política y social que realicen los centros de estudio o investigación legislativa, y
XV. El padrón de...
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