En Michoacán, gobierno de impostores
| Autor | Ernesto Villanueva |
Primero. Los cuatro rubros que mayor inquietud generan en Michoacán son: a) la seguridad y la gobernabili-dad; b) la educación; c) las finanzas públicas, y d) la adopción de políticas públicas que brinden certeza jurídica, idoneidad en los perfiles de puestos, combate a la corrupción y rendición de cuentas... A poco más de cuatro meses de gobierno, Fausto Vallejo ha entregado la plaza. Al fin y al cabo, recurre en su gobierno a los peores usos y expresiones de la política priista. La oficina del gobernador constituye un atentado al sentido común. De humor involuntario resulta el equipo de "asesores" de Fausto Vallejo. Se trata de ocho personas que, en el mejor de los casos, tienen licenciatura. Una parte de ellas se ostenta como profesionista sin contar con su cédula profesional. No hay una lógica temática, con doctores con amplias prendas profesionales en las más distintas áreas, que sería lo razonable y deseable. No es el caso. Si esos son los que asesoran, ¿se imaginan como están los asesorados? Exactamente, mal.
Segundo. En el primer rubro, relativo a gobernabilidad, el jefe del Ejecutivo se ha allegado de personas sin credenciales. El subsecretario Fernando Cano Ochoa se ha ostentado como "ingeniero", pero en la Dirección General de Profesionales de la SEP no hay registro alguno al respecto. En la misma situación se encuentra el subsecretario Rubén Pérez Gallardo Ojeda, quien se presenta como "licenciado", aunque tampoco se encuentra nada que lo acredite como tal. Su caso es peor: tiene una notaría pública que, al margen de la ley, le fue otorgada (es imprescindible contar con la cédula profesional de licenciado en derecho para ser titular de una notaría), y fuera de la norma opera con toda impunidad violando lo previsto en el artículo 116, inciso III, de la Ley del Notariado local. Y así se pueden citar muchos ejemplos más en la Secretaría General de Gobierno. ¿Usted confiaría en un grupo que viola la ley para proteger la ley?
En materia de seguridad, el procurador general de Justicia, Plácido Torres Pineda, carece de cédula profesional de abogado pero se ostenta como tal. Esto constituye un delito gravísimo que reclama su retiro del cargo y ser procesado, en los términos del artículo 101, fracción III de la Constitución de Michoacán. ¿Cómo puede perseguir el delito quien incurre en la violación de la ley? En la Secretaría de Seguridad Pública, la secretaria técnica, Adriana Ávila Romero, es licenciada en mercadotecnia. No se tiene...
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