Un mercado político dispar: la ruta del fraude
| Autor | Juan Reyes del Campillo |
| Cargo | Profesor-investigador del Departamento de Política y Cultura de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco |
| Páginas | 177-192 |
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El proyecto neoliberal impulsado en México durante la última década, ha causado el cuestionamiento del viejo modelo de dominación circunscrito al aparato corporativo y al sistema presidendalista. De hecho, un nuevo modelo, más de acuerdo a la gobernabilidad de la democracia,1 que tenga que pasar por la prueba de las urnas, ha entrado en conflicto con las tradicionales formas de control autoritarias que privilegian al sistema de partido hegemónico prevaleciente en el país. Como consecuencia, las apretadas y ceñidas reglas de la competencia electoral entraron en crisis cada vez que se pusieron en marcha los procesos de renovación de los órganos de gobierno y, representación política.
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Y aunque mediante varias modificaciones a la legislación se pretendió modernizar al sistema electoral,2 las reformas, por sus limitaciones, se agotaron rápidamente y tuvieron que dar paso a nuevas enmiendas del marco jurídico. Con ellas el gobierno buscó alcanzar una mayor legitimidad mediante los procesos comiciales, aunque al mismo tiempo los encuadró en una lógica de gobemabilidad, al mantenerlos bajo un férreo control.
La medida de más largo alcance fue sin duda la reforma política de 1977 durante el gobierno de López Portillo, la cual permitió la incorporación de nuevas fuerzas a los procesos políticos electorales. Además, reconocer constitucionalmente a los partidos políticos como entidades de interés público, abrió el camino para su consolidación en la medida que aumentaban las prerrogativas y el financiamiento público. Esta reforma, al ampliar los espacios de participación, concedió al gobierno mexicano cierto margen de estabilidad sin la necesidad de establecer una verdadera competencia electoral3
Pero en el camino de privilegiar a los candidatos priistas, para hacerles entrega de su cuota de poder a grupos y camarillas, fue necesario recurrir, cada vez en mayor medida, a sutiles prácticas fraudulentas. Un buen número de procesos, algunos sin competitividad real de la oposición, recibieron cierta dosis de irregularidades para garantizar el arribo al poder de los candidatos seleccionados por la clase política. El tramo recorrido deja entrever el peso que éstas han adquirido en el sistema electoral, así como la dimensión que han tomado, al pasar en poco tiempo de una fase local, extraordinaria y elemental, a una nacional, sistemática y sofisticada. Ante la crisis de una manera tradicional de acceder al poder, por la vía del partido "prácticamente único", el fraude como regla es el último recurso al que puede apelar un régimen que se niega a morir.
La gran cantidad de irregularidades cuestionan la modernización política del país, al rechazar la puesta en práctica de la democracia como procedimientos, reglas o mecanismos quePage 179 permitan a cualquier fuerza política acceder al poder político mediante la participación en una competencia electoral en igualdad de condiciones. Las limitaciones de las justas electorales no permiten comparar, confrontar y finalmente escoger entre diferentes opciones. Las ventajas del partido oficial no sólo violentan la legalidad, sino que ponen en duda el consenso y la legitimidad para gobernar.
La democracia representativa4, electiva, nos conduce en el mundo moderno al "mercado político", esto es, a la teoría competitiva de la democracia, en donde el "método democrático es aquel mecanismo institucional para llegar a decisiones políticas en las que las personas adquieren el poder de decidir mediante una lucha competitiva por el voto popular".5 Él modelo pluralista parte del supuesto de que la sociedad a la que debe adaptarse un sistema político moderno es una sociedad plural, en donde los individuos pueden ser atraídos por diversos y distintos intereses. La democracia se convierte así, en un mecanismo de mercado, en el que los electores escogen un lote de mercancías políticas entre las diferentes ofertas de los partidos políticos. Pero para ello es condición que exista un mercado de libre competencia.6
Para participar en este mercado los partidos han ido dejando atrás los aspectos ideológicos radicales que los identificaban, han pretendido cancelar los debates internos para dar una imagen de unanimidad y han diversificado sus propuestas para lograr una creciente heterogeneidad entre quienes los apoyan. De esta manera es posible observar la compatibilidad entre el capitalismo y la democracia.7
Por lo anterior es que parece inverosímil la limitación de la competencia político electoral en México, ya que ninguno de los partidos con capacidad de competir plantean la anulación de la economía de mercado. Portante, es válido preguntarse ¿cuál es entonces la razón para no modernizar la política y dar a las elecciones el lugar que les corresponde en una sociedad plural? Las respuestas apuntan al patrimonialismo del poder y a los intereses del corporativismo, para quienes la democracia es la obligación de competir, más no la necesidad de reconocer y compartir.
Lo que se pretende a continuación es demostrar cómo, a pesar de las declaracionesPage 180 oficiales en torno a la voluntad democrática del régimen, los procesos electorales en el país se han visto envueltos en una serie de irregularidades que ponen en duda la legitimidad de los comicios. Pero no sólo eso, también cómo ha ido aumentando el grado de complejidad al ir quedando atrás las épocas de las maniobras burdas y los ilícitos evidentes, hasta arribar a la etapa de la desproporción cibernética.
En julio de 1983, al llevarse a cabo elecciones en varios estados del país, el PRI admitió haber sido derrotado en los municipios más importantes de Chihuahua y en la capital de Durango. Como anteriormente el priismo sólo había aceptado derrotas aisladas, el reconocimiento generalizado constituyó una decisión novedosa en el sistema mexicano. Si se vincula esta política de apertura con la reforma del artículo 115 constitucional8 podía pensarse que estaba en marcha un cambio, lento pero seguro, hacia una ampliación de los espacios políticos en el país. Lamentablemente los procesos de julio marcaron la frontera democrática entre las contiendas electorales del sexenio de Miguel de la Madrid, al toparse las siguientes con un sinnúmero de cortapisas. El régimen paró de tajo la senda de respeto iniciada Utilizando viejas y nuevas triquiñuelas para modificar los resultados, se frenaron una tras otra las posibilidades opositoras. El gobierno prefería pagar un alto costo político antes que permitir a los adversarios la conquista de los municipios.
En Aguascalientes, Mexicali, Mazatlán, Puebla, Juchitán y Zamora añejas y novedosas prácticas se pusieron en uso para asegurar la permanencia del PRI; la alquimia reapareció combinando métodos tradicionales con los modernos y electrónicos.9 Algunos mecanismos empleados para evitar que la oposición siguiera llegando a los ayuntamientos fueron los siguientes: modificaciones reglamentarías de última hora para impedir la vigilancia en las urnas,Page 181 manejo amañado del padrón, carruseles, robo y cambio de urnas, inflación de votos para el PRI, hasta la alteración de los paquetes en el interior de los comités electorales.
Lo relevante de las irregularidades además de su magnitud, fue su multiplicación, pues se presentaron en casi todos los procesos y ante los ojos, no sólo de los militantes de los partidos opositores, sino también de un número cada vez mayor de ciudadanos. La dimensión de los conflictos después de las elecciones, permite afirmar que la falta de credibilidad de los resultados oficiales y la consecuente falta de legitimidad de las autoridades a las que se les otorgaba la constancia de mayoría, irritaron a la ciudadanía y motivaron las movilizaciones. Lo burdo de los fraudes, casi siempre de "primer piso", o sea, en las casillas y en la calle, había llevado en 1984 a las primeras confrontaciones violentas, tanto en Juchitán, Oaxaca, como en Piedras Negras, en la frontera con Estados Unidos.
Las elecciones federales de 1985 se celebraron conjuntamente con varios procesos locales, entre los que destacaron los de gobernadores en los estados fronterizos de Sonora y Nuevo León. Fue tal la expectativa que despertaron ante posibles fraudes, triunfos panistas, o acciones violentas, que fueron presenciados por una buena cantidad de corresponsales extranjeros, en especial de los medios norteamericanos.10
No es posible pormenorizar aquí las vicisitudes de las irregularidades en el proceso federal,11 pero por la cantidad de impugnaciones presentadas en las diferentes instancias, en particular en el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, es posible afirmar que en 1985 hubo un aumento significativo de irregularidades y que el número de entidades en que éstas se presentaron se incrementó respecto a las elecciones de 1979 y 1982.12 Vale añadir que al reconocerse el triunfo opositor en 11 distritos atemperaron las denuncias de fraude.
Los procesos en el norte confirmaron las expectativas de competitividad, fraude y violencia. Mediante un operativo similar se aseguró el triunfo del PRI en las dos entidades: padrones adulterados, hostigamiento y "ninguneo" a la oposición, desconocimiento de representantes, roboPage 182 y relleno de urnas y proclamación apresurada de "carro completo". Desde luego, se llamó a la movilización para repudiar el fraude, pero la respuesta ciudadana rebasó a los partidos, en particular a Acción Nacional que no pudo contener el coraje popular por el cúmulo de irregularidades, impunidades y provocaciones. La ciudadanía enfrentó a las fuerzas públicas y arremetió contra las oficinas gubernamentales. 1985 finalizaba con el desmantelamiento de los residuos de competencia y democracia en los municipios, pero con un costo de violencia política muy alto.13
¿Cómo enfrentar la competitividad electoral y al mismo tiempo evitar los enfrentamientos
y brotes de violencia?. El recurso fue reducir...
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