México en el banquillo
| Autor | José DÃaz Briseño |
Corresponsal
WASHINGTON.- A 10 años de su incorporación como miembro integral del sistema interamericano, México enfrenta en el 2008 su más dura prueba ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En tan sólo el lapso de un año -marzo de 2007 a marzo de 2008- tres casos de presuntas violaciones a los derechos humanos -uno de los cuales ya fue resuelto- pasaron de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Acostumbrada a echar mano de todos los medios jurídicos para evitar que las quejas ante la CIDH se transformen en demandas ante la CorteIDH, la diplomacia mexicana ha hecho saber ya su molestia por los recientes acontecimientos, según defensores.
"México está reaccionando contra la Comisión", advierte Soraya Long, directora para Mesoamérica del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la principal organización litigante y pionera en el uso del sistema interamericano.
Constituida por siete comisionados y una Secretaría Ejecutiva, la CIDH únicamente había demandado a México en una ocasión ante la CorteIDH, en el caso por tortura de Alfonso Martín del Campo Dodd, que terminó siendo desechado en 2004.
De acuerdo con la sentencia de la CorteIDH, el caso Martín del Campo no pudo ser escuchado por el tribunal porque los hechos denunciados ocurrieron previamente a la fecha en que México aceptó su jurisdicción obligatoria, en diciembre de 1998.
Pero este año, la CIDH emplazó para que México responda ante la CorteIDH por los homicidios de tres mujeres en Ciudad Juárez; la impunidad en la desaparición del ciudadano guerrerense Rosendo Radilla, ocurrida en 1974 durante la llamada Guerra Sucia, y la violación de los derechos políticos de Jorge Castañeda.
El auge de la transición
Considerado como uno de los Estados que más contribuyen financiera y políticamente al funcionamiento de la CIDH, México culmina con el desahogo de estas tres demandas un lento proceso de apertura al escrutinio iniciado a fines de los años noventa.
Creada en 1959 como parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la CIDH ganó competencia formal para emitir recomendaciones sobre México en 1981, cuando el país ratificó la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Pero en el imaginario nacionalista del sistema autoritario del PRI, el régimen y algunos sectores de la sociedad veían con suspicacia la vigilancia en derechos humanos, pues consideraban que la CIDH era un brazo político de Estados Unidos.
Fue hasta fines de los ochenta cuando el PAN acudió ante la CIDH para denunciar irregularidades electorales en el norte del país y permitió que la Comisión emitiera sus primeras recomendaciones relevantes sobre México.
"Fue el inicio por parte de la sociedad civil mexicana de tratar de utilizar al sistema interamericano para producir cambios en México", explica el abogado argentino Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la CIDH desde el año 2001, "creo que fue importante para la Comisión Interamericana tener un rol en ese aspecto y fue importante para la sociedad civil a pesar de que el gobierno no cumplió con las recomendaciones de la Comisión".
Los gobiernos del PRI tardarían aún años en atender las denuncias ante la CIDH, que poco a poco irían en aumento a medida que la sociedad mexicana dejó de verla como un órgano de intervención estadounidense.
"Las organizaciones mexicanas que había todavía tenían recelo al sistema interamericano", dice Ariel Dulitzky, profesor de la escuela de leyes de la Universidad de Texas en Austin y un litigante pionero en los noventa.
Entonces abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) en Washington, Dulitzky llevó ante la CIDH el caso del general José Francisco Gallardo, en 1995, y también el caso de los desaparecidos del Ejido Morelia, Chiapas, en 1996, que cambió la liga de la sociedad con la CIDH.
"Yo creo que...
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