Justicia militar y derechos humanos
| Autor | Mtro. Jesús Armando Liogon Beltrán |
| Páginas | 56 |
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La defensa de los derechos humanos no debe estar supeditada a los intereses de la clase política ni a la defensa de una política pública que resulta ser por demás equivocada y que no ha resuelto la inseguridad que prevalece en algunas zonas del país. Resultan injustificables las acciones militares cuando se violentan los derechos de los individuos y cuando se priva de la vida a civiles, que sin ningún motivo son atacados y vejados, por quienes se justifican “trabajan en defensa de la nación”.
Son cada vez más frecuentes las recomendaciones a México por parte de la ONU, la Corte Interamericana de Justicia y diversas organizaciones internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, respecto a la aplicación del fuero militar en casos que involucran a civiles, lo que se considera una violación a las normas internacionales de protección de los derechos humanos, ya que la Constitución en su artículo 13 estipula que los militares que los violan –incluyendo la tortura y las agresiones sexuales– deben ser sometidos a una corte marcial, lo que hace que la Armada sea impermeable a la justicia civil.
En cualquier Estado de Derecho es fundamental el control civil de las instituciones gubernamentales y la igualdad de toda persona ante la ley, incluidos los elementos militares. Si bien, los crecientes niveles de abusos hacen patente la impunidad de los delitos cometidos por militares, el alcance del fuero militar se ha convertido en un indicador clave de la voluntad del gobierno para armonizar sus reglas internas y sus acciones con sus obligaciones de derechos humanos y su Constitución.
En un claro ejemplo, sobre el argumento que prevalece en Gobierno Federal por las acciones y la política contra la inseguridad implementada, se le cuestionó al Presidente acerca de la relación que tiene ésta y la violación a los derechos humanos, a lo que respondió: Los costos asociados a combatir la inseguridad con determinación son siempre menores, abismalmente menores, que los costos asociados a simplemente dejar pasar a la criminalidad y que esta se adueñe de los espacios y de las decisiones de los mexicanos. De manera que, el monopolio de la fuerza es un objetivo que subyace sobre la defensa de los derechos humanos y la consolidación de la democracia. Entre 2007 y 2009, la CNDH recibió 3,388 denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por militares, y según Human Rights Watch (organización internacional de defensa de derechos humanos), en al menos...
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