La invasión de los espías
| Autor | J. Jesús Esquivel |
WASHINGTON.- La facilidad con la que se instalaron en México dos centros estadunidenses de espionaje hace evidente la dependencia del presidente Felipe Calderón respecto del gobierno de Estados Unidos en su estrategia para combatir a los cárteles de la droga.
Dentro de la corresponsabilidad en el combate al trasiego de drogas y al crimen organizado en México, Estados Unidos logró en lo que va del sexenio calderonista lo que no consiguió ni durante la Guerra Fría: tener centros de espionaje en territorio mexicano con autorización de Los Pinos.
Ambos centros de espionaje están en sitios estratégicos: uno en Paseo de la Reforma 265, en la Ciudad de México (Proceso 1776), y otro dentro de una zona militar en la región norte del país, según lo publicado por The New York Times en su edición del domingo 7, y que, de acuerdo con expertos consultados, se encuentra en Escobedo, Nuevo León. Desde esas instalaciones Washington realiza trabajos de inteligencia con toda libertad en territorio mexicano.
Cuando llegó a Los Pinos el 1 de diciembre de 2006 tras una controvertida elección, Calderón instrumentó una estrategia militarizada contra el narcotráfico que en los meses posteriores comenzó a recibir el apoyo económico y militar estadunidense.
Entre enero y julio de 2007, él y su par estadunidense George W. Bush se reunieron en Washington siete veces para delinear un acuerdo de cooperación bilateral antidrogas al que bautizaron Iniciativa Mérida (Proceso 1606).
Bajo la batuta del Departamento de Estado y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, desde el principio el gobierno de Calderón pidió a Bush, entre otras cosas, equipo militar, tecnología y asesoría especializada en tácticas de combate antiterrorista (Proceso 1631). La Casa Blanca aceptó con la condición de que se le permitiera incrementar la presencia de agentes federales estadunidenses en territorio mexicano.
Meses más tarde, entre el 29 de enero y el 1 de febrero de 2008, el secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, solicitó formalmente al gobierno de Estados Unidos que sus agentes del Servicio Secreto impartieran cursos de adiestramiento a efectivos del Estado Mayor Presidencial. El objetivo: fortalecer la seguridad de Calderón y de los integrantes del gabinete de Seguridad Nacional (Proceso 1638).
Con un paquete de poco más de mil 357 millones de dólares para financiar la aplicación de la Iniciativa Mérida en México, Estados Unidos logró un éxito singular en...
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