Contra exoneración al gobernador de Jalisco por su apoyo a cristeros
| Autor | La Redacción |
Señor director:
Por este conducto solicito la publicación de la presente carta en la sección Palabra de Lector del semanario a su digno cargo.
El 2 de abril de 2008 presenté una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ, oficio 814/08-V), en contra del gobernador Emilio González Márquez, por el donativo de 30 millones de pesos que entregó a la Arquidiócesis de Guadalajara, a través de sus testaferros, para la construcción de un santuario dedicado a los santos cristeros.
Reconozco que no soy católica y, por tal razón, me sentí profundamente lastimada al saber que el dinero de los impuestos sería utilizado para financiar la construcción de un recinto religioso dedicado a honrar a quienes a principios del siglo pasado se opusieron con las armas a las instituciones del Estado mexicano laico: quemaron escuelas, asaltaron trenes, mutilaron maestras y maestros y realizaron acciones –algunas de ellas ilegales– para implantar en nuestro país un gobierno confesional.
A tres años de distancia, y luego de la manifestación ciudadana en contra del donativo, recibí la resolución de la CEDHJ, firmada por la Quinta Visitadora, Norma Robledo Terrazas (oficio 712/2008-V), en donde se me notifica que la queja en comento carece de sustento, bajo el supuesto de que el gobernador de Jalisco no violó el Estado laico, ni quebrantó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público (LARCP), ni incurrió en discriminación religiosa en perjuicio de otras Iglesias y ciudadanos al utilizar de manera facciosa el dinero público. Idéntica respuesta obtuvieron las 7 mil quejas interpuestas en 2008.
De acuerdo con el resolutivo, González Márquez –quien ofendió a los jaliscienses que protestaron por el uso discrecional del erario con los fines señalados– no incurrió “en ejercicio indebido de la función pública” y, en este tenor, “no se advierten elementos de prueba que presuman violaciones de derechos humanos que derivan del contenido de las quejas presentadas y acumuladas a la presente”.
Con los argumentos que presenta la CEDHJ, se está validando la violación al Estado laico y, en lugar de la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos, reivindica la opacidad y la arbitrariedad con las que el gobernador otorgó el mencionado donativo; asimismo, sienta un peligroso y vergonzoso precedente para el manejo de los recursos públicos en beneficio de la Iglesia católica.
Uno de los puntos del documento oficial señala: “Esta...
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