Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005: una visión de los empresarios sobre el ambiente de negocios en el país

AutorFelipe Zúñiga Anaya
CargoDirector de Estrategias de Vinculación con la Sociedad, Unidad de Vinculación para la Transparencia, Secretaría de la Función Pública
Páginas60-61

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La difusión que estas mediciones han tenido en los medios de comunicación, nos permite hoy convocar a los sectores de la sociedad a sumarse a la lucha contra la corrupción y participar en la construcción de una cultura de transparencia y legalidad.

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) realizó la Encuesta de Gobernabilidad y Desarrollo Empresarial 2005 (EGDE), la cual retoma la metodología de la encuesta realizada en 2002 por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

La EDGE señala que la mayoría de las empresas en México estaría dispuesta a destinar un porcentaje de sus ingresos para eliminar la corrupción en el sector público, lo que significa que de un total de 2,650 entidades, 56% de las grandes y 50% del resto de empresas instaladas en el país, pagaría una parte de sus ingresosPage 61para apoyar el combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno.

En promedio, las grandes empresas estarían dispuestas a aportar hasta 8% de sus ingresos al combate a la corrupción, mientras que el resto de las entidades destinarían hasta 7% de sus ingresos a este fin.

La encuesta capta la opinión de los empresarios mexicanos sobre los obstáculos para su desarrollo; la honestidad de las instituciones gubernamentales; la transparencia y calidad en la prestación de servicios públicos en los tres niveles de gobierno, y la incidencia de las prácticas de corrupción.

¿Dónde está la corrupción?

La EGDE indaga cuál es la percepción de los empresarios sobre la corrupción y sus implicaciones en el ambiente de negocios del país. Para ello, la corrupción se clasificó en dos tipos. El primero, denominado captura del estado, corresponde a los pagos que una persona, empresa o grupo realiza a legisladores o personajes del servicio público, para incidir en el diseño y aplicación de leyes, políticas y regulaciones, en su propio beneficio.

El otro es la corrupción burocrático-ad-ministrativa, que se realiza mediante pagos extraoficiales de personas o empresas a funcionarios públicos, con el fin de distorsionar la implantación prescrita de las leyes; adquirir beneficios, contratos, concesiones o decisiones judiciales; obtener preferencias de pago o reducciones, y acelerar trámites.

De acuerdo con la encuesta, 20% de las empresas realiza pagos extraoficiales para influir en el contenido de nuevas...

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