Desarrollo e igualdad social. Legislación en materia de jóvenes
| Autor | María Amelia Olguín Vargas |
| Páginas | 81-176 |
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n México y en el mundo, históricamente los jóvenes
han sido protagonistas de las grandes transformacio-
nes sociales. Hoy, su importante presencia en todos los
órdenes de la vida nacional y su potencial de cambio,
innovación y realización es una fuerza fundamental
para acelerar el desarrollo económico, político, social
y cultural de México. Sin embargo, ese gran activo, esa
gran fuerza de renovación con que cuenta el país, no
está siendo aprovechada plenamente.
Al margen de los derechos consagrados en la Cons-
titución General, existen condiciones y factores que
limitan el acceso a las oportunidades de desarrollo
personal y colectivo y que, en muchos sentidos, im-
piden llevar los derechos del papel a la práctica. En
E
María Amelia Olguín Vargas
Desarrollo e igualdad social.
Legislación en materia de jóvenes
Introducción
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el caso de los jóvenes, así ocurre en el ámbito educativo, laboral, de seguridad
social, la salud, la cultura, el deporte y la recreación, entre otros. Esa realidad de
desigualdad, exclusión y discriminación resulta socialmente injusta, económica-
mente ineciente y moralmente inaceptable. En ese contexto, la pobreza es una
de las principales barreras que impiden el desarrollo de la población juvenil; el
47.1% del grupo de 12 a 29 años de edad enfrenta algún tipo de pobreza.1 Es-
tamos hablando de 17.9 millones de mexicanos jóvenes en pobreza. De éstos,
se estima que 3.6 millones de jóvenes viven en condición de pobreza extrema.
Asimismo, la situación de rezago educativo a la que se enfrentan las y los jóve-
nes representa un reto importante para el país. Si bien, la mayoría de las per-
sonas jóvenes han cursado o cursan la educación básica, sólo 51% de las y los
jóvenes mexicanos reciben educación media superior. Entre los jóvenes de 15 y
17 años de edad que deberían asistir al bachillerato o escuela tecnológica, sólo
uno de cada dos lo hace.2
Entre los jóvenes de 15 a 19 años de edad cerca del 10% tienen un nivel de es-
colaridad inferior a la secundaría y el 37.3% no asiste a la escuela. Si se analiza la
situación de los jóvenes de entre 20 a 24 años de edad, menos del 30% cuenta
con estudios de nivel superior. Si bien, los jóvenes mexicanos poseen mayor
grado de escolaridad con respecto a la generación de sus padres, sin embargo,
este avance educativo no se ha visto reejado en una movilidad ascendente
de estatus socioeconómico. En el ámbito laboral la situación es compleja, pues
53.46% de la población desocupada en México tienen entre 15 y 29 años.3
Además, siete de cada 10 jóvenes consiguen su primer empleo mediante redes
informales, es decir, por amigos, conocidos o familiares.4 Una tasa de desocu-
pación mayor entre jóvenes, respecto al resto de la población, da cuenta de
la disparidad de oportunidades para los jóvenes que buscan incorporarse a la
Población Económicamente Activa. Según cifras del primer trimestre de 2016,
la tasa de desocupación para la población abierta fue de 4.04%, mientras que
para la población de entre 15 y 29 años, dicha tasa fue de 7.23%.5
1 Datos del Informe de Pobreza en México (2014) del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social Base de datos consultada desde: http://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Pagi-
nas/AE_pobreza _2014.aspx
2 SEP. Sistema Nacional de Indicadores Educativos,Consultadoenhttp://www.snie.sep.gob.mx/indica-
dores_y_pronost icos.html
3 INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Datos históricos (1erTrimestre 2016).
4 Véase Programa Nacional de Juventud 2014-2018, Op. Cit., p. 66.
5 Ibídem, INEGI, ENOE, primer trimestre de 2014.
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La población juvenil también enfrenta carencias por acceso a seguridad social,
de entre los mexicanos de 12 a 29 años de edad, siete de cada 10 jóvenes ca-
recen de este derecho; dos de cada 10, carecen de servicios de salud. Además,
uno de cada cinco jóvenes reside en hogares con ingreso per cápita inferior al
valor de la línea de bienestar mínimo, es decir, hogares en los que el ingreso
resulta insuciente para adquirir la canasta básica alimentaria.6 Por otra parte,
la desvinculación de la población juvenil con su entorno funge como una ba-
rrera para su integración al desarrollo nacional, por ello, el acercamiento entre
ciudadanía y jóvenes es hoy fundamental.
Los jóvenes han manifestado formas y vínculos novedosos de participación, en
los que se reivindica la diversidad cultural como impulso para la equidad. Así, el
conjunto de procesos de participación, organización y reconocimiento social
no se agota con la pertenencia a un territorio o institución política, o ejercien-
do el derecho al voto, ahora es necesario reconocer mecanismos nuevos que
fomenten la integración comunitaria y la cohesión social.7
A partir de la reforma constitucional de 2011 en pro de los derechos humanos,
nuestra ley fundamental reconoce los derechos humanos a todas las personas,
sin importar su origen, sexo, edad, pertenencia a algún grupo étnico, religión,
condición social, económica o cultural. La importancia de este reconocimiento
a las prerrogativas inherentes a la dignidad humana y al desarrollo integral de
la persona, ha signicado un profundo cambio legal e institucional a n de
garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El Estado mexicano a través de sus tres poderes de la Unión, ha impulsado una
ambiciosa agenda en pro de los derechos humanos, rearmando su compro-
miso para que estos derechos se vean reejados en la vida diaria de todos los
mexicanos. Es así como desde el ámbito legislativo se han aprobado diversas
reformas a la Constitución y a las leyes secundarias, con el objetivo de asegurar
y potenciar el desarrollo integral de las personas y de garantizar igualdad de
oportunidades para los grupos vulnerables.
Un claro ejemplo de ello lo constituye la Ley General de los Derechos de la
Niñas, Niños y Adolescentes, legislación que también homologa los principios
y criterios de la política nacional en la materia, así como las facultades, compe-
tencias y bases de coordinación. En este sentido, la responsabilidad del Estado,
6 Ibídem, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Informe de Pobreza en
México (2014).
7 Programa Nacional de Juventud 2014-2018, Op. Cit., p. 79.
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