La defensa de los derechos del contribuyente, ¿para cuándo?
| Autor | Alfonso I. López-Bello Moreno |
| Páginas | 34-36 |
Alfonso I. López-Bello Moreno: Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en Derecho corporativo por la misma institución.
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Son muchos los argumentos en los que se cimienta una modificación en las contribuciones como la que fue aprobada, unos valiéndose de los puntos estructurales de captación tributaria y otros tantos de un régimen que ha permanecido sin cambios de raíz sobresaturando el andamiaje en el cual está instalada la parte activa de la economía de este país.
Detalles más, descripciones menos, son estos gravámenes los que exponen fallas en el sistema —las cuales no son recientes, sino que expresan errores que muestran el anquilosamiento de la estructura administrativa—, que inexorablemente se ven reflejadas en la pesadez con la que se tiene que trabajar en el tema fiscal en México.
Y aunque podemos reprochar y debatir todos y cada uno de los pilares sobre los que se circunscribe la reforma fiscal reciente, discutiendo la falta de argumentos, sobre todo jurídicos, para exponer mayores tasas al ISR, IVA y IEPS entre otros —que si bien son temporales, tendrán impacto en la habilidad y sustentabilidad de las operaciones del día a día del sector empresarial y sobre todo en la percepción monetaria de los que dependen de ellos—, la recaudación exitosa deberá ser el resultado de una aprobación unánime de todos los que colaboramos en la construcción de un México desarrollable y formamos parte de la sociedad: gobierno, sectores productivos y trabajadores.
Por parte de la autoridad existen todos los organismos suficientes y necesarios para el sustento de las políticas fiscales y tributarias con las que se ordenen los ingresos y los egresos de este país, todos ellos encabezados por el Poder Ejecutivo a través de su Secretaría de Hacienda y Crédito Público. No obstante, no existen mecanismos ni órganos reales e instanciales para la consecución, salvaguarda y tutela de los derechos de los contribuyentes a nivel de una defensoría independiente, objetiva y, sobre todo, gratuita para todos los que pagamos impuestos.
Existe una figura investida de fuero gubernamental en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que tiene el nombre y las funciones de un defensor; es el denominado procurador fiscal de la Federación, el cual, dentro de sus características como honorario federal, es el máximo consejero jurídico de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y es a quien se le atribuyen en mucho los...
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