La Constitución de 1917: proceso de creación

AutorJosé Gamas Torruco
CargoMuseo de las Constituciones, UNAM
Páginas58-99
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La Constitución de 1917: proceso de creación
josé gamas torruco
museo de las constituciones · unam
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La Constitución de 1917 está en vísperas de cumplir un siglo de vigen-
cia. Sintetiza los propósitos de los movimientos político-sociales de
1810, de 1857 y de 1910. Recoge así la independencia, la soberanía nacio-
nal, el estado de derecho, la libertad y la igualdad, los derechos humanos
y políticos fundamentales, la estructura nacional con reconocimiento a la
identidad regional, el gobierno participativo, la justicia y la equidad so-
ciales; todos ellos valores a los que se agregaron, por el Congreso Cons-
tituyente reunido en Querétaro que inscribió en ella la propiedad nacio-
nal de tierras y aguas, la recuperación del subsuelo por la nación, el
Estado como rector de la economía y de los procesos sociales y la eleva-
ción de los derechos de las clases desvalidas a rango de Ley Suprema. Se
forma así el acervo de normas básicas completado por el reconocimiento,
a través del proceso de adiciones y reformas por ella previsto, de las ne-
cesidades surgidas de los inevitables cambios sociales. Al reconocimiento
de demandas indeclinables y de las nuevas que han surgido debe nuestra
Constitución su legitimidad y longevidad.
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quórum legislativo 115 la constitución de 1917: revolución y nuevo orden jurídico
i. la revolución constitucionalista
El movimiento armado de 1910 tiene dos claras etapas. Se inició por
Francisco I. Madero con propósitos visiblemente políticos; triunfó
sobre la dictadura, estableció la elección directa y la no reelección pre-
sidenciales, siguió fielmente la práctica democrática, pero sucumbió ante
la reacción de las clases favorecidas por el régimen anterior a las que
invitó a participar en el nuevo proyecto democrático; su respuesta fue el
apoyo a la sangrienta dictadura de Victoriano Huerta.
La mayor parte de los poderes públicos y los gobiernos estatales se
sometieron al régimen usurpador. Coahuila se opuso: el gobernador del
estado, Venustiano Carranza, hizo saber a los habitantes de la entidad un
decreto de la legislatura fechado el 19 de febrero de 1913, desconociendo
al general Victoriano Huerta en su carácter de jefe del Poder Ejecutivo
de la República y concediendo facultades al gobernador del estado para
proceder a armar fuerzas para coadyuvar al sostenimiento del orden
constitucional.
El 4 de marzo, el gobernador interino de Sonora, Ignacio L. Pesquei-
ra promulgó una ley del congreso local desconociendo al general Huerta
y expidiendo nombramientos de jefaturas militares.
En la hacienda de Guadalupe, el 26 de marzo de 1913 se firmó el
plan que llevó tal nombre, elaborado por el propio Carranza. Se inicia
así la Revolución constitucionalista cuyos propósitos se concretan en
dicho plan suscrito por “jefes oficiales con mando de fuerzas constitu-
cionalistas”. Se desconoce al general Huerta como Presidente de la Re-
pública; se desconocen los poderes Legislativo y Judicial de la nación
y a los gobiernos de los estados que aún reconozcan a los poderes fe-
derales; se nombra como Primer Jefe del Ejército, que se denominará
“Constitucionalista”, al señor Venustiano Carranza, gobernador del es-
tado de Coahuila, quien se encargará de asumir interinamente al Poder
Ejecutivo Federal al triunfo de la revolución y quien convocará a elec-
ciones generales tan luego como se haya consolidado la paz, entregan-
do el poder al ciudadano que hubiera sido electo.
El Plan de Guadalupe fue bandera y estatuto del movimiento. Los pro-
pósitos sociales fueron anunciados con claridad por Carranza en Hermosi-
llo el 23 de septiembre y que fue ampliamente difundido. La Revolución
constitucionalista tuvo ya, a diferencia del movimiento maderista, un con-
tenido social. La revuelta atrajo muchos miembros de las clases populares,
campesinos y trabajadores urbanos así como de la clase media.
Militarmente organizado en tres divisiones, el Ejército Constituciona-
lista avanzó hacia la capital de la República: la del Occidente al mando de
Álvaro Obregón, la del Norte al de Francisco Villa y la de Oriente al de
Pablo González.
El apoyo de la alta burguesía y del clero católico a Victoriano Huerta
dio al conflicto un claro carácter de lucha de clases y agudizó el senti-
miento anticlerical a medida que se revelaban abusos cometidos aprove-
chando la pasada tolerancia al incumplimiento de las Leyes de Reforma.
En toda la República, en diversas formas, se manifestó la inquietud agra-
ria y en los territorios ocupados por las compañías petroleras, propieta-
rias de los combustibles del subsuelo conforme a la legislación porfiriana,
surgieron los primeros conflictos por el aprovechamiento del subsuelo.
Los revolucionarios entendían que el petróleo pertenecía a la nación en-
tera, como había sido desde la independencia que heredó un derecho
que siempre mantuvo como suyo la Corona española y que adquirió Mé-
xico al independizarse. Pero fueron las demandas agrarias las que cobra-
ron mayor fuerza.
Las campañas militares exitosas de los constitucionalistas obligaron
al general Victoriano Huerta a renunciar. Un grupo de miembros del
gobierno huertista formalizó su fin por los llamados Tratados de Teolo-
yucan; se pactó la disolución del Ejército federal y la entrada ordenada
del Ejército constitucionalista a la Ciudad de México. Nacía así el pre-
sente Ejército Mexicano.
El triunfo militar no zanjó las desavenencias ocurridas durante la
contienda, entre las razones de Carranza, firme en sus propósitos pero
cauteloso en sus acciones, las intemperancias e indisciplina de Villa y la
posición irreductible de Zapata con respecto a los planteamientos hechos

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