Los Caracoles y la democracia
| Autor | Paulina Gutiérrez Jiménez |
| Cargo | Subdirectora de Servicios de Atención a los Particulares Instituto Federal de Acceso a la Información Pública |
| Páginas | 101-105 |
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La preocupación central que motiva ¿Qué es la democracia?, de Giovanni Sartori, es la de establecer una definición de democracia, frente a las voces que reivindican un sin fin de "democracias alternativas" que nada tienen que ver con ella. Para Sartori es de suma importancia establecer qué es y qué no es democracia y así sabremos qué podemos esperar de ella.
Sartori define el concepto de democracia desde una doble perspectiva: la de las definiciones prescriptivas y la de definiciones descriptivas. Y es en esta doble perspectiva en la que compara el deber ser de lo que es. Así, si el ideal coincide con lo real se puede afirmar que estamos frente a una democracia.
Para definir la democracia, Sartori reflexiona a partir de la historia de las ideas sobre los conceptos y valores como democracia, liberalismo, libertad, igualdad, libre mercado entre otros, y sus distintas aplicaciones a lo largo de la historia, hasta llegar a cómo los entendemos y comprendemos hoy en día.
Después de un amplio recorrido, Sartori concluye que la democracia liberal ha triunfado como principio de legitimidad: Un gobierno sólo es
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legítimo si es elegido por los gobernados y fundado en su consentimiento. Sartori se refiere a Democracia entendida no como ejercicio directo del poder, sino como un sistema de control y de limitación de poder. Un poder limitado por leyes iguales para todos; en donde exista un consenso sobre las reglas del juego para determinar la forma de la solución de conflictos entre intereses contrapuestos y en donde la libertad de cada individuo encuentre su límite en la reciprocidad, en el respeto a la libertad de otros.
La relevancia de la reflexión de Sartori es que permite evaluar a distintos fenómenos como democráticos o no. En este espacio me gustaría enfocarme a un acontecimiento reciente, el cual ha sido homenajeado por diversos sectores sociales y ovacionado por representar "la instauración real de la democracia": La apertura de las juntas de gobierno de las autonomías indígenas de los altos de Chiapas. Sus defensores argumentan que dichas juntas siguen el único principio de la democracia real: mandar obedeciendo.
En días recientes, el EZLN decretó la apertura de cinco sedes de las Juntas de Buen Gobierno que llevan el nombre de Caracoles, para regir a las comunidades indígenas bajo usos y costumbres de forma paralela a los ayuntamientos constitucionales. De lo que se trata es de darse sus propias leyes, su propio gobierno y su propia organización, bajo la premisa de "mandar obedeciendo" en una suerte de "juntas de buen gobierno". Estas juntas tendrán funciones muy relevantes de supervisión política y de redistribución de los ingresos de las comunidades y cabe destacar que por encima de las juntas actuará la autoridad militar, la del EZLN.
Dos de las principales demandas de los grupos minoritarios han sido: la autodeterminación de acuerdo a sus estructuras sociales tradicionales y el reconocimiento, por parte del Estado, de sus derechos de propiedad sobre un territorio al que consideran original. Estas demandas son entendibles por el grado de marginación y exclusión en que viven las minorías y generalmente son el punto de conflicto con el grupo mayoritario. No obstante, si acaso fueran reconocidas estas demandas para resolver el conflicto y lograr así la coexistencia pacífica, se estaría orillando al grupo minoritario del que se trate al aislamiento y, por ende, a quedar rezagado del desarrollo nacional. "De lo que se trata es de encontrar principios que, respetando la pluralidad, puedan ser
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compartidos por todos los agentes. Ello significa que no serán aceptados aquellos que destruyan la calidad de agentes de los individuos" (Garzón Valdés, 1993: 41).
A lo largo de la historia han prevalecido formas culturales (y de otro tipo) minoritarias que han logrado mantener de forma pacífica una relación con la cultura mayoritaria. Y es en esta relación que se enriquecen mutuamente tanto la cultura de la mayoría como de las minorías; no existe una sola cultura auténtica, cada una se ha enriquecido en el tiempo de otras muchas y así han ido modelando sus propios modos de vida. Entonces, el problema no radica en la interacción de diferentes modos de vida, sino que aparece cuando una minoría se siente excluida y explotada, cuando no tiene cabida dentro del marco institucional para poder satisfacer sus intereses, cuando existe una relación de dominación. "Es claro que el conflicto entre principios se origina por la relación de dominación. Es la dominación y no la comunicación entre culturas la que introduce un conflicto entre la fidelidad a la tradición y la exigencia del cambio" (Villoro, op. cit., 4).
Sin embargo, la homogeneidad social no puede constituirse, en primer lugar, sin la universalidad de los derechos individuales y la existencia de un marco institucional general, lo que implica forzosamente el principio de igualdad ante la ley de todos los individuos, con los mismos derechos y obligaciones.
El derecho a la diversidad debe ser garantizado siempre y cuando exista una relación de reciprocidad entre el estado y los grupos minoritarios, es decir, que el Estado garantice los derechos de las personas del grupo en cuestión y las personas de las minorías cumplan con sus obligaciones para con el Estado. "La tolerancia constituye un acto de igual respeto entre las personas: lo que debemos a otras culturas no es diferencia sino simplemente libertad" (Aguilar Rivera, 1996: 16).
El respeto a la pluralidad cultural, de las normas y procedimientos que cada grupo considera como legítimos, exigiría asumir una posición relativista. Hoy en día es factible, sin ser etnocéntricos, otorgar mayor valor a unas culturas que a otras, bajo la óptica de los valores universales como son la igualdad, la libertad, la justicia, la dignidad, etc., que precisamente son universales porque aspiran a una misma idea de condición humana para todos los hombres y mujeres. No es moralmente
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válido pretender, ni siquiera por el respeto a la diversidad cultural, que una mujer indígena, por ejemplo, no goce de los mismos derechos y libertades a los que cualquier mujer mexicana tiene acceso sólo porque la ley tradicional de su comunidad así lo dicte, aunque vaya en detrimento de la cohesión social de su comunidad o de la propia coexistencia pacífica.
Para que un régimen estructure la diversidad y logre una coexistencia pacífica, al tiempo que sea moralmente justificable, debe tener como base, obligatoriamente, la universalidad de los derechos y libertades para todos los miembros de los diferentes grupos que lo componen. Los derechos individuales, es cierto, no bastan por sí solos para lograr una efectiva homogeneización de la sociedad, en términos económicos y sociales. Sin embargo, los derechos individuales son los que obligan tanto a tolerar y respetar otras ideas, costumbres y libertades, como a castigar y reprimir las violaciones de los mismos derechos.
El problema no radica en cambiar los derechos individuales por colectivos, sino, más bien, que los primeros se hagan universales, es decir, efectivos para todos.
Una sociedad democrática no tiene nada que ver con la virtud. Una sociedad es democrática porque existen instituciones moral y umversalmente justificables y defendibles, que incentivan a los actores en tanto son aceptadas por todos, pues se sienten parte del juego del que obtienen beneficios en la distribución de los recursos y en la medida en que el poder es Ümitado.
Con base en lo anterior, podríamos decir que el conflicto surge cuando no existen instituciones democráticas que incluyan de igual manera a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su cultura, raza o etnia, para poder llevar a cabo sus propios intereses cuando los derechos individuales no están garantizados para todos.
Si aceptamos que, como Sartori, elegir a los gobernantes, tener opciones electorales, expresar disenso, constituyen la denotación mínima de la palabra democracia y que el conflicto entre mayorías y minorías de cualquier índole surge a partir de una distribución inequitativa de los recursos sociales (económicos, políticos y culturales), tendríamos que estar de acuerdo en que la mejor forma para solucionar tales conflictos debe ser forzosamente el diseño de instituciones generales e incluyentes, cuya base sea la expansión de los derechos individuales a todos los
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miembros de la sociedad, independientemente de su cultura, etnia, religión, etc.
Para concluir, podemos afirmar que cualquier forma que estructure la diversidad y no se base en los siguientes requisitos, no puede considerarse válida bajo ninguna circunstancia, aunque implemente la coexistencia pacífica de la sociedad.
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Rechazo del relativismo cultural como fuente de derechos y deberes que exigen aceptación universal;
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Establecimiento de reglas de convivencia entre diferentes grupos minoritarios, sin que exista subordinación de unos respecto a otros;
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Hacer concretos y efectivos los derechos de los individuos, sobre todo, si estos pertenecen a grupos minoritarios.
Garzón Valdés, Ernesto (1993), "El problema ético de las minorías étnicas", en León Olivé (comp.), Etica y Diversidad Cultural, México: UNAM/FCE.
Villoro, Luis (1993), "Aproximaciones a una ética de la cultura", en León Olivé (comp.), 'Eticay Diversidad Cultural, México: UNAM/FCE.
Aguilar Rivera, José Antonio (1996), La casa de muchas puertas: Diversidad y tolerancia, México: Premio Francisco I. Madero 1996/IFE.
Sartori, Giovanni (2003), ¿Qué es la democracia?, México: Taurus.
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[1] Las opiniones expresadas son del autor y no necesariamente reflejan la postura institucional del IFAI.
