A Calderón lo aguardan un juicio penal y la condena política
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
• Calderón puede y debe ser enjuiciado penalmente por violación a la Ley Electoral en 2009.
• Él y su gabinete de seguridad tienen la responsabilidad política de una guerra con resultados nefastos.
• Quiso para él todos los lauros de la victoria; tendrá todo el acíbar de la derrota.
• El Congreso debe crear una gran comisión nacional de investigación de la violencia.
• En una democracia consolidada, García Luna hace tiempo que estaría fuera del gobierno.
• Hoy, el eje del problema es que tenemos un gobierno de incompetentes.
• “No queremos ser gobernados por delincuentes ni tener expresidentes en la cárcel, pero…”
A Felipe Calderón lo aguarda un proceso judicial para cuando abandone la Presidencia de la República: a su responsabilidad política por los 40 mil muertos que son el saldo, hasta ahora, de su estrategia de “guerra contra las drogas” se agrega una sentencia firme en su contra por violar la Constitución en materia electoral.
A partir del 2 de diciembre de 2012, ya sin la inmunidad presidencial, podrá ser sometido a juicio penal debido a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) lo responsabilizó de violar ,“sin equívocos”, la Constitución política durante el proceso electoral del año pasado.
La decisión de actuar contra el ciudadano Felipe Calderón está en manos de la actual legislatura en la Cámara de Diputados, explica el constitucionalista Diego Valadés Ríos, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.
Añade que el gabinete de seguridad nacional y el presidente de la República tienen responsabilidad política por la violencia que padece el país “en cuanto a que su función ha sido con resultados adversos a los objetos perseguidos”.
Sin embargo, aclara, ni los secretarios de Seguridad Pública, de la Defensa Nacional o de la Marina, ni el presidente podrán ser juzgados penalmente por la violencia del sexenio, “pues no se puede decir que algún delito en particular se haya cometido por orden expresa de los secretarios y menos aún del presidente. La responsabilidad es política, no penal”.
Incluso la declaratoria de guerra que Calderón le hizo al narcotráfico, comenta, fue una expresión coloquial que no tiene implicaciones jurídicas. “Pero lo que no podrá hacerse es que todo lo ocurrido quede sin investigarse y sin dictamen oficial, independientemente de que sea la verdad histórica”. Por ello, Valadés propone que desde el Congreso se cree “una gran comisión nacional de investigación de la violencia”.
Esta instancia, dice, realizaría el diagnóstico “de las formas de ejercicio de la violencia por parte de los delincuentes y de las fuerzas del Estado, para que sobre éstas no caiga la sombra de la duda de que pudieron haber delinquido. Y para que si alguien como miembro de las mismas delinquió, que no ensombrezca la imagen del Estado en general, sino que responda quien deba hacerlo por los delitos que pudiera haber cometido”.
Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, exdiputado federal y extitular de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Valadés señala que “la democracia a medio construir” de México impide la censura y consecuente salida de un secretario de Estado, como la del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
En el “sistema semidemocrático” que prevalece en México la responsabilidad política no se puede traducir en sanciones, dice en entrevista con Proceso, efectuada en medio de la discusión pública desatada a raíz de la demanda de que renuncie García Luna, planteada por el poeta Javier Sicilia al final de la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad.
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