AMLO vs. la Corte
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Editorial
En medio de las constantes
críticas al Poder Judicial
de la Federación (PJF),
sobre todo a los ministros
y ministras de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), particularmente a su
presidenta, lo primero que
hizo AMLO tras los recientes
fallos que han desfavorecido
“el proyecto de la 4T”, fue
materializar sus amenazas
en una iniciativa que plantea
elegir a ministros, magistrados
y jueces vía voto popular para
“democratizarlos”.
En su discurso, el Ejecutivo
Federal y los legisladores de
Morena fundamentan su actuar,
aunque sea inconstitucional, en
la idea de que su legitimidad
proviene de la del voto
ciudadano que, por amplia
mayoría, los eligió como
representantes del pueblo, no
así las y los ministros que no
son electos por el pueblo y, por
lo tanto, no representan su
voluntad.
La narrativa claramente busca
desprestigiar y deslegitimizar
los fallos del Pleno de la SCJN
y se ha convertido en un
ataque frontal a la división de
poderes, ataque sistémico que
ha alcanzado a derramarse
en los fieles creyentes del
Presidente que continúan el
discurso de odio y se deriva en
manifestaciones cada vez más
violentas.
Ante este panorama y como
ha sucedido antes, una idea
del mandatario lanzada en
su conferencia matutina se
convierte en una petición y
sus operadores políticos, que
se encargan de materializarla.
En esta ocasión el Diputado
Alejandro Robles presentó ante
la permanente del Congreso
una iniciativa de reforma para
“obradorizar al poder judicial
porque tiene que vivir en la
justa medianía”.
A pesar de que expertos en
derecho constitucional ya
han afirmado que la elección
popular de ministros sería
negativa, porque abre la
posibilidad de que políticos,
sindicatos, grupos religiosos
y empresariales, y el mismo
gobierno apoyen a los
“candidatos”, tal como ocurrió
en Bolivia que es el único país
en el que ese sistema está
vigente.
Por lo tanto, no sólo la
legitimación de los electos
sería dudosa, también sus
resoluciones porque estarían
sujetas a criterios políticos,
inclinados a los intereses de los
que apoyaron las candidaturas.
Tampoco se aseguraría que
lleguen al cargo los juristas
con las mejores credenciales
y experiencia; “esta narrativa
populista está peleada con el
mérito, privilegia la lealtad”, ha
explicado el Doctor en Derecho
Constitucional, César Astudillo
Reyes.
Días antes de esta iniciativa
morenista, el ministro Alberto
Pérez Dayan, quien hiciera el
proyecto que invalidó el Plan
B, mencionó que “el juez se
convierte, a pesar de que su
origen no es electoral, en un juez
demócrata, porque aquello que
se exige se tiene que cumplir a
través de sus sentencias”.
Aunque no descartó que se
pueda elegir a los ministros
por voto, consideró
“verdaderamente difícil
alcanzar los ideales, objetivos
y funciones de la judicatura a
través de un sistema electoral”.
La iniciativa de Morena no
prevé cual sería la forma de
financiamiento, lo que se
debería considerar es si será el
INE el encargado. Para evitar
que haya intereses económicos o
políticos, tendría que asignarse
una partida presupuestaria
y parte de lo que pelea el
Ejecutivo es no tener más
gastos, esta iniciativa resulta de
una u otra forma contradictoria.
El mandatario y la cúpula
morenista insisten en reformar
al PJF cuando no se ha
terminado de implementar la
reforma de 2021 impulsada por
el ministro Arturo Zaldívar.
La cuestión es si los fallos
a favor de los proyectos
de la autollamada 4T no
fueran contrarios, la postura
beligerante sería la misma
o es la confirmación de que
esta administración está en
contra de toda forma de control
constitucional.
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