Acceso a la información y seguridad nacional en los Estados Unidos
| Autor | Luz del Carmen Martí de Gidi |
| Cargo | Investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana |
En este trabajo se pretende ofrecer un panorama de la situación que guarda en los Estados Unidos de América el derecho de acceso a la información pública a partir de la entrada en vigor de la Freedom of Information Act en 1966, en la cual se incluyen las diversas excepciones que afectan a esa libertad.
En especial, se pone el énfasis en el tema de la seguridad nacional como excepción que ha invocado el Ejecutivo y sus agencias para sustraer información o para proporcionarla en forma incompleta, al amparo de las diferentes órdenes ejecutivas que la mayoría de los presidentes de ese país han emitido, y que les ha caracterizado como relativamente dispuestos a proporcionar información, según su estilo personal de gobernar.
Se explica también el papel desempeñado por el Congreso y la Suprema Corte ante el protagonismo del Ejecutivo en temas relacionados con la seguridad nacional.
Los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 han propiciado que el Presidente Bush añadiera nuevas hipótesis para evitar que sean conocidos determinados archivos, al incluir el terrorismo transnacional y los asuntos relacionados con las armas de destrucción masiva entre los temas reservados por razones de seguridad nacional.
La búsqueda de un derecho "a saber" del público (right to know) en este país, remonta sus orígenes a los siglos XVII y XVIII en Inglaterra, donde tenía lugar una desalentadora lucha de la prensa por eliminar la prohibición existente de dar a conocer las acciones que tenían lugar en las Cámaras de los Lores y los Comunes, a causa de lo cual los periodistas británicos que se atrevían a violentarla eran objeto de severas sanciones que iban de las pecuniarias hasta el encarcelamiento, del cual solamente eran liberados si previamente juraban no cometer ese tipo de actividades que eran calificadas como radicales.
A las colonias americanas se trasladó el mismo problema; por una parte, principalmente encabezadas por la prensa, tenían lugar campañas para obtener el derecho a conocer las actividades gubernamentales y lograr una mayor participación política; por la otra, la resistencia de los gobiernos coloniales que mostraban a ese respecto la misma hostilidad que caracterizaba la actitud del Parlamento Inglés. En todo caso, el corolario de estas luchas fue tiempo más tarde, el reconocimiento de las libertades de expresión y prensa.
Paulatinamente, el reclamo por lograr que la prensa americana pudiera informar con libertad fue abriéndose camino en el gobierno de las colonias bajo diferentes formas y para el año de 1774 era formulada la llamada Declaración de Québec en la que se consideraba que la libertad de prensa era esencial para la difusión de los sentimientos liberales sobre la administración gubernamental y además un derecho natural, fundamento de la confianza sobre la libertad civil. Años más tarde, se consagró la libertad de expresión y de imprenta no en la versión original de la Constitución Americana de 1787, sino al serle incorporadas las primeras diez enmiendas, que quedaron definitivamente ratificadas el 15 de diciembre del año 1791.
Es precisamente la primera enmienda la que alude al tema, así, le prohíbe al Congreso expedir leyes en virtud de las cuales se adopte una religión con el carácter de oficial en el Estado, se prohíba practicar alguna religión libremente, se limite la libertad de palabra o de imprenta, o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y pedir al gobierno la reparación de injusticias.
La libertad de expresión formuló su significado desde la libertad de la prensa, y esta libertad fue comúnmente entendida en las colonias en términos de la libertad alcanzada en Inglaterra con la abolición de la restricción previa, bajo la cual la Corona había otorgado licencia, a las imprentas e impresores, para publicar sin tener que solicitar autorización previa. Tan significativa como esta medida de libertad de prensa fue en su tiempo, ahora desde nuestra retrospectiva resultaba bastante limitada.
No restricción previa significó que un editor podía publicar libremente, pero que lo que publicaba podía aún ser castigable, punible, delictivo. Esta distinción entre libertad y libertinaje (definida como el abuso de libertad) fue hecho claro por William Blackstone, el famoso compilador de Derecho inglés quien tuvo una gran influencia en la América del siglo XVIII. Blackstone escribió que la libertad de prensa:
Consiste en no poner limitaciones previas sobre las publicaciones ni en la libertad de prensa por medio de la censura por asuntos criminales cuando éstos son publicados. Cada hombre libre tiene su indubitable derecho de colocar los sentimientos que él quiera o guste ante el público; prohibir esto es destruir la libertad de la prensa, pero si lo que publica es indecente, impropio, nocivo, malévolo o ilegal, debe tomar las consecuencias de su propia temeridad.1
La jurisprudencia blakstoniana de libertad frente a libertinaje sirvió de base a las políticas y práctica gubernamentales hacia la libertad de expresión y de prensa durante el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX.
En la construcción de la Primera Enmienda, Madison jugó un rol intelectual clave. Hay diferencias entre Inglaterra y los Estados Unidos dijo, que la definición dada por Blackstone de la libertad de prensa resulta inapropiada para el segundo.
En Inglaterra, la legislatura es vista como omnipotente, explicó, pero en América es el pueblo y no el gobierno, quien posee la soberanía absoluta, y esto es, por lo tanto, necesario para asegurar los grandes y esenciales derechos del pueblo tanto contra los legisladores como contra las ambiciones del Ejecutivo. Esto está establecido en las Constituciones escritas que son supremas respecto de las leyes ordinarias - continuó- y la libertad de expresión y de prensa disfrutan de la protección constitucional porque son cruciales para el ejercicio del derecho de autogobierno. Madison vio la libertad de expresión y de prensa nada menos que como una condición necesaria de los gobiernos republicanos, por lo que la crítica del gobierno nunca puede ser un crimen.2
Como puede advertirse no se está frente a un derecho de los gobernados de acceder a la información pública gubernamental, sino de las libertades clásicas de expresión y prensa. Es hasta mediados del siglo XX que nuevamente la prensa organizada, encabeza el reclamo al gobierno de los Estados Unidos para que fuera reconocido un derecho específico a la información pública, reformando la primera enmienda a que se ha hecho referencia, lo cual no llegó a obtenerse.
En lugar de una reforma constitucional, como respuesta a las demandas planteadas por la prensa organizada durante varias décadas,3 y en cuya aprobación jugó un papel determinante el congresista John Moss,4 se promulgó la Ley de Libertad de Información el 4 de julio de 1966, precisamente un día antes de que el proyecto de ley se perdiera a causa del veto presidencial por omisión o indirecto. El Presidente Johnson, aunque de manera renuente, promulgó la Ley de Libertad de Información Freedom of Information Act (FOIA por su siglas en inglés) que confiere a todos los ciudadanos derechos específicos de acceso a los documentos y archivos del gobierno.5
La Ley de 1966 en opinión de los expertos fue deficiente, sobre todo porque no estableció plazos de cumplimiento, no contempló sanciones por incumplimiento, ni previó la revisión judicial independiente en caso de que el Estado se negara a proporcionar alguna información por motivos de seguridad nacional.
Luego de ocho años de obstrucción burocrática, y debido a los acontecimientos históricos de la administración Nixon, como fueron los bombardeos secretos en Camboya y el caso Watergate, que promovieron el activismo del Congreso de los Estados Unidos hacia un mayor acceso a la información y de control del Ejecutivo, se aprobaron una serie de enmiendas a la FOIA en el año de 1974, que contribuyeron a robustecerla. Entre ellas, podemos mencionar que se establecieron plazos de cumplimiento, y se autorizó explícitamente la revisión judicial de cualquier decisión gubernamental de negar el acceso a documentos por motivos de seguridad nacional. Aún cuando el presidente Ford trató de ejercer su veto a este proyecto de ley, el Congreso lo anuló y las enmiendas se incorporaron a la ley de acceso a la información.6
Completan el panorama de leyes que a partir de los años setenta promovieron la transparencia y el libre acceso a la información, el derecho a saber de los norteamericanos, la Ley de Privacidad (Privacy Act) de 1974, que obliga al gobierno a publicar listas completas de todos los sistemas de datos que incluyen información sobre particulares y garantiza el derecho de las personas a tener acceso a dicha información y la Ley del Gobierno a la Luz del Día (Government in the Sunshine Act) de 1976, que permite al público tener acceso a las deliberaciones de los miembros de las agencias federales, entre las más importantes.
Al amparo de la Ley de Libertad de Información, cualquier persona, sin importar su nacionalidad, puede buscar acceso a los registros de las diferentes dependencias que forman parte de la rama ejecutiva del Gobierno Federal de los Estados Unidos, entre las cuales quedan incluidos los departamentos, las empresas de dicho Poder Ejecutivo, las oficinas del presupuesto y la del Presidente aunque en ésta no quedan comprendidos los documentos que pertenecen a éste o a sus consejeros.
Como puede advertirse, la Ley no comprende a los poderes legislativo y judicial; tampoco a las agencias estatales por el hecho de que sean subvencionadas con recursos de la Administración, o...
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