Litigios lentos... hasta para los jueces
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
En medio de escándalos mediáticos y presiones políticas por la presunta implicación de jueces y magistrados en sobornos por parte de abogados, empresarios o la delincuencia organizada, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF, organismo cúpula del Poder Judicial) mantiene suspendidos a varios de ellos y sólo en muy contados casos ha concluido los procedimientos administrativos abiertos en su contra. Y son menos aún aquellos a quienes ha puesto en manos de la Procuraduría General de la República (PGR) para consignarlos penalmente.
El CJF, encabezado por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, ha decidido la suspensión como medida cautelar y en consecuencia congelar sus ingresos, total o parcialmente, en espera de comprobar las acusaciones. Pero en la mayoría de los casos ni las propias investigaciones del Poder Judicial ni las de la PGR han dado lugar a cargos formales.
En los tres años que lleva la gestión de Silva Meza -la cual acabará en enero de 2015- se han realizado 32 investigaciones contra jueces de distrito y magistrados de circuito. De acuerdo con el propio CJF hay abiertas ocho averiguaciones previas de la PGR contra jueces o magistrados y cinco juzgadores más ya están bajo proceso penal. En el caso de los secretarios de acuerdos hay dos averiguaciones previas y cuatro procesales penales en su contra.
El CJF mantiene abiertos la mayoría de los expedientes debido a la falta de avance en las investigaciones de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, a cargo de Fernando Altamirano Jiménez, quien hasta agosto del año pasado ocupó el mismo cargo en la Suprema Corte.
La Contraloría ha tardado años para hacerse de la información sobre las cuentas de los juzgadores investigados, la cual debe proporcionar la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. El CJF tiene además un acuerdo de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para hurgar en las declaraciones patrimoniales y cuentas personales de los más de mil jueces y magistrados del ámbito federal, pero ni así ha avanzado en sus investigaciones, más allá de los señalamientos públicos.
Las investigaciones de la Contraloría pasan luego a la Comisión de Disciplina del CJF, integrada por los magistrados Juan Carlos Cruz Razo, César Jáuregui Robles y Manuel Ernesto Saloma Vera, quienes deciden las sanciones y, en su caso, dar vista al Ministerio Público federal. La Comisión, a su vez, se demora en iniciar los procedimientos administrativos para determinar si procede o no la inhabilitación o la destitución.
Cada vez que un juez o un magistrado emiten un fallo contrario a la PGR, sobre todo en los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público federal pregunta al CJF si tiene abierta alguna investigación contra esos juzgadores. Sólo el año pasado hizo 40 de estas peticiones.
Casos...
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