Violadores al poder

AutorRoberto del Cueto
CargoDirector del Centro de Estudios de Derecho Privado del ITAM
Páginas14

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¿Qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes si llegan al poder candidatos que impulsan conductas ilegales?¿Qué no se supone que en un país civilizado los gobernantes deben velar por el cumplimiento de la ley?

Son tantas las conductas ilegales toleradas por las autoridades que con el tiempo nos hemos acostumbrado a ellas, y a ver que el gobierno no haga nada por remediar efectivamente la situación. Para muestra, basta un botón.

Hace unos días, en estas páginas, se reportó lo siguiente: "Con machete en mano, lanzando agua hirviendo y gasolina, habitantes de cuatro municipios, de siete que adeudan el pago de luz desde hace 10 años, repelieron los cortes de energía de la CFE... los siete municipios, en su mayoría perredistas, decidieron en 1995 no pagar el servicio de energía como parte de la resistencia civil que emprendió Andrés Manuel López Obrador en protesta por el fraude electoral... ocho empleados fueron secuestrados por más de 200 perredistas para que reanudarán el servicio... con el operativo se buscaba "recuperar" alrededor de mil 300 millones de pesos acumulados que adeudan 140 mil usuarios... el líder perredista en la entidad aseguró que el movimiento de resistencia seguirá en tanto la paraestatal no responda con un borrón y cuenta nueva a los deudores". La crónica termina señalando que el gerente regional de la paraestatal "aceptó ceder en los cortes a cambio de la liberación de su apoderado en Comalcalco".

¿Recuerda los de machetes y secuestros de funcionarios a manos de manifestantes violentos? ¿Se acuerda de San Salvador Atenco, de los cañeros o de los maestros que nos visitan anualmente? lncidentes así, como todos podemos constatar, se repiten cada vez con más frecuencia y sus protagonistas siguen el mismo modus operando: machetes, violencia, plantones, bloqueos de vías públicas y, en ocasiones, hasta la destrucción de propiedades y el secuestro de funcionarios. Denominadores comunes: la defensa de privilegios injustos, moratorias de pagos o exigencia a las autoridades para que sigan tolerando conductas ilegales.

También vemos que el gobierno, salvo honrosas excepciones como los decomisos de contrabando, reacciona del mismo modo: cede a las pretensiones de los manifestantes violentos, levanta o se olvida de los cargos fincados por los delitos cometidos a la vista de todos nosotros y los rijosos siguen adelante, amparados no en la ley sino en la tolerancia. Hace poco, un muy alto funcionario público...

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