Villarreal y nieto preparan acusaciones. El tiempo corre contra García Cabeza de Vaca
| Autor | Diana Lastiri |
La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un breve respiro al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, al reconocer la validez de su fuero constitucional e invalidar la orden de aprehensión emitida en su contra por delincuencia organizada y lavado de dinero.
En tanto, Ismael García Cabeza de Vaca, hermano del mandatario tamaulipeco, consiguió un amparo para que sus cuentas bancarias sean liberadas, pues la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) no acreditó que lo incluyó en la lista de personas bloqueadas a petición de alguna autoridad extranjera.
El miércoles 17, por unanimidad de votos, los integrantes de la Primera Sala de la Corte avalaron dos proyectos de resolución presentados por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con los que quedaron resueltas definitivamente las dos controversias constitucionales tramitadas por el Congreso de Tamaulipas para evitar el desafuero y la aprehensión de García Cabeza de Vaca.
En uno de los proyectos, los ministros declararon que una resolución de desafuero emitida por la Cámara de Diputados no invalida por sí misma la inmunidad constitucional del gobernador de una entidad, pues el procedimiento indica que para ello el Congreso local debe adoptar la resolución.
"Se reconoce la validez del dictamen de declaración de procedencia a que este expediente se refiere en la inteligencia de que este pronunciamiento no elimina por sí mismo la inmunidad procesal de la que goza el titular del Poder Ejecutivo del estado de Tamaulipas", indica el resolutivo.
La controversia constitucional fue presentada por el Congreso de Tamaulipas en mayo de 2021 contra la resolución del juicio de procedencia dictada el 30 de abril de ese año por la Cámara de Diputados, en la que el Congreso estatal afirmó que la federación invadió sus competencias.
Este juicio de procedencia, conocido como desafuero, fue iniciado el 23 de febrero de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) que buscaba, según su petición a los diputados federales, imputar al gobernador de asociación delictuosa, lavado de dinero y defraudación fiscal. De esos tres delitos ninguno merece prisión preventiva de oficio.
En la resolución del 30 de abril de 2021, los diputados federales ordenaron notificar al Congreso de Tamaulipas para que decidieran si adoptaban o no la determinación.
Los legisladores locales decidieron no adoptar la determinación de la Cámara de Diputados y presentaron la controversia el 9 de mayo...
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