Veinte meses de inacción
| Autor | Patricia Dávila |
Durante los 20 meses que Arely Gómez González estuvo al frente de la Procuraduría General de la República (PGR), apenas tocó los grandes temas que desde hace tiempo marcan la agenda nacional: Tlatlaya, Ayotzinapa, Ecuandureo y Nochixtlan.
Poco hizo la funcionaría ante los airados reclamos sobre la violación a los derechos humanos; tampoco atendió las recomendaciones del ombudsman nacional sobre los desaparecidos ni actuó para detener a los exgobernadores acusados de ilícitos y de tener presuntos vínculos con el narcotráfico.
Tal fue su negligencia que el miércoles 26, una vez que dejó la PGR para irse a la Secretaría de la Función Pública, su sucesor, Raúl Cervantes Andrade, tuvo que enfrentar una cascada de quejas por la cauda de problemas que le heredó Gómez González.
Cuando ella tomó protesta como procuradora, en marzo de 2015, enfrentó las acusaciones por el "conflicto de intereses" que representaba su nombramiento al ser hermana de Leopoldo Gómez, ejecutivo de Televisa.
Sin embargo, Gómez reiteró que su único objetivo era servir a los mexicanos y garantizar, mediante el cumplimiento de las atribuciones de los servidores públicos de la procuraduría, el derecho de acceso a la justicia como pieza fundamental de los derechos humanos.
Insistió en que se dedicaría a atender las visitas, propuestas de conciliación, recomendaciones, procedimientos de investigación por violaciones a los derechos humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como las atribuciones que correspondan a los organismos nacionales e internacionales y establecer un diálogo directo con organizaciones de la sociedad civil que promueven el respeto a esos derechos.
En su lista de buenos propósitos incluyó el combate a la impunidad y habló de abatir los delitos del orden federal, capacitar al personal ministerial, policial y pericial para hacer más eficaces y eficientes las técnicas de investigación, así como para fortalecer el desarrollo de las investigaciones ministeriales y el diseño de protocolos de investigación, en particular los relativos a tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial.
Con respecto al nuevo sistema de justicia penal, reiteró, su objetivo sería agilizar el proceso de capacitación del personal de la institución para la operación del proceso penal de corte acusatorio.
Sin embargo, todo quedó en buenas intenciones. Y el presidente Enrique Peña Nieto le toleró todo durante 20 meses.
Los pendientes
En una reunión con los...
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