Las transformaciones del sistema electoral
| Autor | Juan Reyes del Campillo |
| Cargo | Departamento de Política y Cultura, UAM-Xochimilco |
| Páginas | 7-26 |
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Es comúnmente aceptado que en el México anterior a la crisis de los años ochenta se privilegió una democracia sustantiva que benefició a los sectores populares insertándolos en el desarrollo, en que hubo mayor interés por atender las demandas sociales que por ampliar los espacios de la participación y la competencia política. Los gobiernos de la Revolución Mexicana se legitimaron por su capacidad para otorgar y conceder, antes que por un estricto refrendo en las urnas, lo cual derivó, con el tiempo, en una extensa cultura política del fraude. Durante los últimos años, como expresión de la crisis del régimen observamos una creciente falta de credibi- Page 8 lidad ciudadana en el sistema electoral, por lo que ha sido necesario, en vías de modernizar la política, llevar a cabo varias reformas político-electorales identificadas como paso decisivo de la democracia sustancial a la democracia formal.1
En nuestro país los procesos electorales fueron siempre secundarios en el modelo de dominación política, pues nunca en ese terreno se tomaron decisiones fundamentales ni se dio la selección de las élites gobernantes. Las elecciones tampoco fueron el principal escenario para medir los alcances reales de las fuerzas políticas, sino mero ritual de la formalidad constitucional que exigía, ante los ojos de una dócil opinión pública, aparentar una competencia por los puestos de representación y autoridad política.
A pesar de ello, para el modelo fue siempre indispensable someter al subsistema electoral y reducir cualquier eventualidad que amenazara con impedir las decisiones previamente adoptadas sobre el reparto de los espacios de poder. La participación electoral de las fuerzas políticas hasta ahora estuvo enmarcada en una legislación restrictiva que otorgó demasiados beneficios al partido de Estado y limitó la actividad de la oposición;2pero si algo quedó claro, particularmente desde la conflictiva elección de 1988, fue que el "proteccionismo electoral"3en el que se ha sustentado el régimen mexicano, dejaría de mantenerse intacto, con lo cual habrían de echarse a andar un conjunto de reformas que darían paso a una mejor competencia electoral. Una legislación restrictiva, acompañada del control sobre los organismos encargados de ejercer la función electoral, han sido los mecanismos específicos para anular el desarrollo de un ágil y eficaz sistema de partidos. Así, la incorporación cada vez mayor de la oposición al sistema de partidos fue más en el sentido de aparentar una cierta apertura y pluralidad del régimen político, y menos de permitirle luchar en igualdad de condiciones. Durante años se impidió la participación electoral plena de las fuerzas políticas, quedando en manos del gobierno la decisión de otorgar a los partidos reconocimiento, espacios, derechos y prerrogativas. Los embates desde fines de los años sesenta por abrir los espacios a una mejor participación política, condujeron al gobierno a canalizar Page 9 el descontento a través de la reforma política electoral y parlamentaria; los partidos políticos se transformaron con ello en entidades de interés público y, con el paso del tiempo, en importantes interlocutores de las demandas de la sociedad.
La competitividad opositora obligó al gobierno a llevar adelante una serie de reformas electorales que mejoraron las condiciones de la competencia. Sin embargo, es posible advertir
- que la legislación electoral en México, de lo cual dan cuenta plena esas reformas, ha quedado siempre atrapada entre los límites de la legitimidad y la gobernabilidad.4La mayoría de los analistas electorales han señalado en cada una de las reformas lo que han dado en llamar, por un lado, los avances y, por el otro, los retrocesos. Como resultado de la confrontación política y del desarrollo de las fuerzas, las reformas han procurado efectivamente desenredar ciertos nudos que tendían a contaminar la elección; pero también han seguido la línea de otorgar al gobierno y al partido oficial mecanismos de control y espacios suficientes para tomar las principales decisiones. Sin vincular estos dos aspectos resulta imposible comprender el sentido y la intención que han encerrado las reformas. Lo anterior nos convoca el interés por analizar cuál ha sido la lógica y la racionalidad de las reformas al sistema electoral en el país, por qué se agotaron rápidamente y qué pasos parecen necesarios para encarar, definitivamente, los siguientes procesos electorales de manera democrática.
Cómo otorgarle reconocimiento y validez a los actos electorales ha sido una constante preocupación gubernamental, pero también el supeditar los resultados al mantenimiento en el poder de la clase política oficial. Qué tanto es posible sostener una gobernabilidad, sin tener que recurrir a la crisis de legitimidad, es tai vez la más importante de las apuestas del sistema político mexicano.
En la democracia liberal los procesos electorales han jugado un papel fundamental en la legitimación de los gobiernos surgidos de comicios libres. Las elecciones resultan la fuente de legitimidad del poder, a partir del hecho de que la investidura emana de la voluntad popular.5
Por tanto, no basta acceder al poder, sino haberlo adquirido observando ciertas reglas y Page 10 principios que "confieren el derecho, universalmente reconocido de gobernar". La inobservancia de las normas constituyen, para quien detenta el poder, una de las razones principales de la pérdida de legitimidad. Tampoco la legalidad, el puro apego a una norma establecida, es de por sí un título suficiente de legitimación del poder político.6
Para emitir normas provistas de sanciones coactivas, la legitimidad de este poder no puede
ser resuelta en la legalidad, en cuanto después es necesario buscar un ulterior fundamento de esta norma. La legitimidad de una forma moderna de poder político no se puede fundar de otra manera sino con base en el acuerdo de los asociados. En México hay un recurrente cuestionamiento del marco legal con el que se realizan los procesos electorales, lo cual tiende a poner en duda la legitimidad de los gobiernos que resultan de ellos. Siendo el consenso gubernamental más de tipo sustantivo que de procedimientos, la legitimidad democrática termina por quedar en un segundo plano.
Pero en la línea de la modernización política se ha buscado otorgar a la legalidad electoral, así como a la transparencia en los procedimientos, cada vez mayor importancia. Con ello se ha seguido una línea constante en la búsqueda de un nuevo tipo de legitimidad. Han sido dos los aspectos en los cuales se ha alimentado esta vía hacia la credibilidad y la transparencia electoral. Tienen que ver con las reglas y su puesta en práctica, además de los vicios del sistema electoral y la carencia de espacios para impugnarlos. Una línea ha sido la de buscar eliminar todos los elementos que permitan cierto nivel de discrecionalidad de los operadores electorales. La otra, la de generar cierta confianza de las oposiciones, mediante el desarrollo de instancias y procedimientos que permitan cuestionar legal y formalmente las irregularidades. Mientras se busca clarificar la actuación electoral al mismo tiempo se instrumentan mecanismos para objetar y rebatir en caso de dudas. Estas dos tendencias que pretenden generar mayor limpieza e integridad a las elecciones y con ello aumentar su legitimidad, están presentes en las reformas a la legislación electoral de 19867,19908y 19939. Se pueden resumir de la manera siguiente:
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Una constante clarificación y actualización de las reglas del juego, particularmente las de la jomada electoral,
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Creación y desarrollo de un órgano jurisdiccional con capacidad de revisar los actos y resultados del proceso. Page 11
Ante la crisis de credibilidad del régimen político y la imperiosa necesidad de abrir espacios para canalizar el descontento político, se han concretado diversas propuestas para consultar a las tuerzas políticas, a intelectuales y académicos, respecto al marco electoral federal. Las últimas tres reformas han sido precedidas por sus respectivas consultas ante el máximo órgano electoral federal, de tal suerte que con posterioridad, las fuerzas políticas en el seno del Congreso de la Unión se han dado a la tarea de revisar la legislación federal electoral.10Como resultado lógico de las consultas se ha tratado de ir poniendo al día las formas jurídico-políticas para desarrollar los procesos electorales. Las modificaciones han intentado un mayor juego entre las alternativas políticas y, sobre todo, hacer más transparentes algunos de los actos electorales. Se ha pretendido generar en los procesos mayor competencia, buscando como consecuencia avanzar en la modernización política que tanta falta le hace al país.
Con la promulgación del Código Federal Electoral de 1986, varias de las nuevas regulaciones de los actos electorales tuvieron la intención de imprimirle a la elección un sello de limpieza y credibilidad. Entre otras, las más importantes tenían que ver con un mínimo de requisitos respecto a los lugares donde se ubicarían las casillas, sobre el padrón y los listados nominales, el uso obligatorio de la tinta indeleble y la disminución tanto de los tiempos para la entrega de los paquetes electorales en los comités distritales, como de los tiempos para llevar a cabo el cómputo distrital. Años más tarde, en 1990. el Código se transformó en Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Después de la "caída del sistema" en 1988, las principales modificaciones tendrían que dirigirse hacia los organismos electorales, aunque varias de las reglas...
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