Trabajo garantizado y política salarial para reducir la pobreza en México
| Autor | Bruno Sovilla - Elmar Morales Sánchez - Karina Guadalupe Gómez Méndez |
| Cargo | Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas - Universidad Autónoma Metropolitana - Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas |
| Páginas | 5-37 |
EL TRIMESTRE ECONÓMICO, vol. LXXXVIII (1), núm. 349, enero-marzo de 2021, pp. 5-37
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* Artículo recibido el 28 de febrero de 2020 y aceptado el 24 de agosto de 2020. Los errores u omi-
siones son responsabilidad de los autores.
** Bruno Sovilla, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas (correo electró-
nico: bruno.sovilla@unach.mx). Elmar Morales Sánchez, Universidad Autónoma Metropolitana (correo
electrónico: elmar.morales@hotmail.com). Karina Guadalupe Gómez Méndez, Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad Autónoma de Chiapas (correo electrónico: mikar574@gmail.com).
doi: 10.20430/ete.v88i349.1064
Trabajo garantizado y política salarial
para reducir la pobreza en México*
Job guarantee and wage policy to reduce
poverty in Mexico
Bruno Sovilla, Elmar Morales Sánchez
y Karina Guadalupe Gómez Méndez**
AbstrAct
Because the labor market in southwest Mexico is very different from that in the north,
a given wage policy may affect the two markets quite differently. It is shown that
the southwest’s high level of labor informality will not only prevent a minimum-wage
increase from addressing that region’s high level of poverty effectively, but will actu-
ally worsen Mexico’s unequal territorial distribution of income. Therefore, we main-
tain that, under the current conditions of the country’s labor market, saying that
the existing policy of increasing the minimum wage will reduce both poverty and
inequality amounts to a contradictio in adiecto. Such a policy will continue to be
self-contradictory until it considers implementing, as well, a job guarantee policy.
Keywords: Minimum wage; job guarantee; territorial inequality. jel codes: E24, J01,
J08.
resumen
Las características del mercado de trabajo de la región suroeste de México, donde
se concentra la pobreza, son muy distintas a las que prevalecen en la del norte, y
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una política salarial puede tener un efecto diferenciado para cada una de ellas. Se
muestra que las condiciones de informalidad laboral, más acentuadas en la primera
de las dos zonas, irrecusablemente harán inefectivo un incremento por decreto del
salario mínimo en ella, lo cual redundará en un empeoramiento de la desigualdad en
la distribución territorial del ingreso. Sostenemos que, en las condiciones actuales
del mercado de trabajo nacional, expresar que la actual política de recuperación del
salario mínimo es ecaz para reducir la pobreza y la desigualdad es una contradictio
in adiecto, y no dejará de serlo hasta que se adopte una política de trabajo garan-
tizado que la acompañe.
Palabras clave: salario mínimo; trabajo garantizado; desigualdad territorial. Clasi-
cación jel: E24, J01, J08.
IntroduccIón
En enero de 2020 el salario mínimo () general en México aumentó de 102
a 123 pesos diarios, siendo ahora equivalente a poco más de seis dólares
estadunidenses al día, con un incremento acumulado de 39% entre diciem-
bre de 2018 y enero de 2020. Sin embargo, el sigue siendo a todas luces
anticonstitucional, pues no garantiza la satisfacción de las necesidades “de un
jefe de familia, en el orden material, social y cultural […] y la educación obli-
gatoria de los hijos” (artículo 123 constitucional, fracción VI). No sorprende,
pues, que en periodos electorales todos los partidos políticos se expresen en
favor de un aumento del general. El mismo presidente actual de México,
A. M. López Obrador, ha prometido un sustancial incremento de éste, el cual
deberá llegar a 176 pesos en 2024, con el n de reducir la pobreza y la des-
igualdad en el país.
Nuestra hipótesis es que el aumento del será insuciente para reducir la
pobreza, porque beneciará a los asalariados pobres de los estados ricos,
mientras que en los estados del suroeste mexicano la población pobre seguirá
trabajando en la informalidad, donde el no se aplica.
Al analizar las características de los mercados de trabajo de las regiones
más ricas y pobres de México, se encuentra una relación directa entre los
índices de pobreza y el empleo informal. En estas condiciones el no se
aplica, porque, por denición, se requiere un contrato laboral formalmente
establecido para que así sea. Si el objetivo es que los benecios de un incre-
mento salarial efectivamente lleguen a los ocupados pobres, es necesario
Sovilla, MoraleS y GóMez, Trabajo garantizado y política salarial para reducir la pobreza 7
acompañarlo con una política de formalización del empleo que garantice su
aplicación (Minsky, 1986).
Consideramos que la coyuntura política del México actual, donde nal-
mente se reconoce el fracaso de los programas asistencialistas del periodo
neoliberal, es propicia para que la propuesta encuentre oídos. Ésta consiste
en ofrecer trabajo a todas las personas que lo soliciten, con un salario digno
que, por denición, se convertiría en el efectivo. Quien no encuentre
empleo en el sector público o el privado tendrá la opción y el derecho (no la
obligación) de acudir a una ocina pública de empleo y recibir una oferta de
trabajo en el marco de un programa de trabajo garantizado (, por sus siglas
en inglés). Los trabajadores más explotados en el sector privado tendrán la
opción del empleo y no se les presionará para que acepten condiciones
salariales y laborales adversas, como ahora.
Proponemos remplazar programas productivos como Sembrando Vida
por otro a escala nacional, permanente y generalizable a las zonas rurales y
urbanas donde más se concentra la pobreza, al cual deberá acompañar un
sustancial incremento del que pueda garantizar la adquisición de la canasta
alimenticia recomendable. Si Sembrando Vida busca la creación de empleos
dedicados a tareas agrícolas —como la plantación de árboles maderables y
frutales—, el programa en estas zonas se destinaría también a las tareas para
su modernización, lo cual implica la construcción y la renovación de vías de
comunicación; para la provisión de servicios básicos (agua potable, alcanta-
rillado, energía eléctrica, salud, educación, etc.), sorprendentemente inexis-
tentes en algunas zonas rurales del suroeste mexicano, y para la construcción
de toda la infraestructura y los servicios administrativos que esto conlleva.
En las zonas urbanas se crearían empleos en actividades de servicio con
alto valor social, por ejemplo, ayuda a personas con discapacidad perma-
nente y ancianas no totalmente autosucientes (en sus desplazamientos,
compras, preparación de alimentos, aseo personal, etc.); mejora de la seguri-
dad en las escuelas, calles y carreteras; realización de actividades culturales
(obras de teatro, actuaciones musicales) en escuelas, centros de rehabilita-
ción y comunidades; atención a personas marginadas, incluyendo apoyos
psicológicos, y distribución de ropa, comida y productos para el aseo a
hogares que viven en extrema pobreza y a personas no autosucientes, por
citar algunas de ellas.
A lo largo del trabajo se irán aclarando los aspectos especícos y las razo-
nes que justican la propuesta. En la sección I se resumen la forma en que ha
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