¿Dónde los tiraron?
| Autor | Verónica Espinosa |
ZACATECAS, ZAC- El 7 de agosto, en la localidad de Villa González Ortega, todo el pueblo se dio cuenta de que los agentes de la Policía Federal que realizaban en la región uno de esos operativos espectaculares, con decenas de patrullas y helicóptero oficial, se llevaron a cinco trabajadores de los campos del ajo.
Desde entonces, los padres de esos trabajadores salieron de Estancia de Ánimas para recorrer agencias del Ministerio Público, hospitales, salas forenses, comisiones de derechos humanos, y preguntar, incluso en el Distrito Federal, dónde están sus hijos, o bien, "dónde los tiraron, dónde los dejaron".
A su vez, la esposa de Eduardo Hipólito Hernández, Ana Karen, también de Villa González Ortega, anda en busca de justicia porque ella sí vio cuando mataron a su marido después de que a ambos los sacaron violentamente de su domicilio la madrugada del 21 de julio.
En denuncias por separado, Ana Karen y los padres de los jornaleros Ismael Rodríguez, José Castillo Aguayo y Juan Carlos, Amado y Nectalí Delgado Rodríguez responsabilizan al gobernador Miguel Alonso Reyes de la ola de abusos en que han incurrido los agentes de la Policía Federal enviados a esta entidad a petición del mandatario, con el argumento de que la violencia desatada aquí obedece a la pugna entre los grupos delictivos, particularmente Los Zetas y los llamados Cárteles Unidos.
Al gobernador le achacan parte de la responsabilidad, pues no obstante que existen "un sinnúmero de denuncias por homicidio, violación, robo, desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y otros ilícitos" cometidos por elementos federales, éstos siguen impunes, como consigna la denuncia de Ana Karen, la cual fue presentada a los diputados de la entidad el 26 de julio.
Algunas de las denuncias ni siquiera han sido recibidas por las instancias oficiales, con el argumento de que "aquí no se puede hacer nada", y aunque la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) se ha visto obligada a consignar las quejas recibidas de la ciudadanía por la actuación de los federales, las ha turnado de inmediato a la CNDH.
Inclusive cifras de la CEDH confirman la percepción de que los agentes federales han tenido una actuación arbitraria o abusiva en la entidad: De enero a diciembre de 2011, la comisión recibió 23 quejas por violaciones diversas de la PF, mientras que de enero a agosto de este año el número se había elevado a 41, casi el doble en menos tiempo, según la información proporcionada por el...
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