En el terror, una brasa de esperanza
| Autor | Marcela Turati |
Ciudad Juárez, CHIH.- Esta ciudad, considerada “el rostro más visible de la destrucción nacional” será sede de la firma del pacto nacional desde el cual se buscará refundar el país. El 4 de junio, una caravana ciudadana saldrá de Cuernavaca y durante seis días recorrerá la Ruta del Terror (Cuernavaca-DF-Toluca-Morelia-Guadalajara-León-San Luis Potosí-Zacatecas-Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Torreón-Camargo-Chihuahua) hasta llegar a Juárez, donde removerá las cenizas de la destrucción para reavivar las brasas de la esperanza.
Los anfitriones del pacto ciudadano, quienes se han vuelto expertos en resistencia ciudadana y férreos opositores a los tratos con el gobierno, serán los sobrevivientes de esta frontera azotada por tres años de guerra y convertida en la capital mundial de los asesinatos, así como en laboratorio del fracasado experimento de la militarización.
“Con la autoridad no tenemos que pactar sino exigirle que dé resultados, porque Juárez es el ejemplo de su fracaso en cuestión de seguridad. Aquí ya probaron todas sus estrategias, hasta la militar; ya abrieron mesas de diálogo, ya hicieron el (programa) Todos Somos Juárez para la supuesta recuperación del tejido social, y no funcionaron. No hay manera de que nos sentemos de nuevo con el gobierno, porque no va a funcionar. Tenemos que exigirle que cumpla y que escuche nuestra exigencia”, explica la doctora Leticia Chavarría, del Comité Médico Ciudadano.
Ella forma parte del conjunto de líderes que surgieron de la tragedia, que se han reconocido en otros y se han esforzado por articular sus coincidencias para contener la hemorragia social. En esta ciudad fronteriza no es raro ver en una misma mesa, esbozando planes de reconstrucción, a jóvenes radicales de ultraizquierda al lado de empresarios conservadores, igual que a médicos, campesinos, defensores de los derechos humanos, monjas, feministas, universitarios, cirqueros, colectivos de artistas y familiares de víctimas.
Ellos, que trabajan a contracorriente para evitar la destrucción social, fijaron las condiciones del pacto, establecieron un consenso de rechazo absoluto al diálogo con el gobierno y coincidieron en la exigencia de poner fin a la militarización y de renovar el sistema de procuración de justicia para esclarecer los crímenes hasta ahora cometidos.
La postura juarense del nada-nunca con el gobierno provocó tensión en el equipo organizador de la marcha ciudadana que el 8 de mayo llegó al Zócalo capitalino y que ahora prepara la ruta de la caravana y la firma del pacto. Se llegó a considerar que, si los juarenses no admitían a funcionarios, el pacto podría suscribirse en otra ciudad. Al final prevaleció la visión norteña.
“La propuesta de Juárez es vigilar a las autoridades para que hagan su trabajo, pero no pactar con ellas, porque no sirve. Pedimos también la desmilitarización, no queremos decir que se vayan inmediatamente de todo el país, pero vemos que hay un proyecto implícito de militarizar paulatinamente con la Ley de Seguridad Nacional, como ya ocurrió en Juárez y que no dio resultados”, expuso a Proceso el sacerdote Óscar Enríquez, director del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte.
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