Termina una batalla de siete años
| Autor | Jorge Carrasco Araizaga |
Durante siete años recorrimos todas las instancias jurídicas nacionales hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia, y todas las internacionales hasta llegar a la máxima y última opción: el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Después de meses de estudio este organismo emitió un fallo que en el fondo coincide con los que lo antecedieron: Las boletas electorales de 2006 no pueden ser consultadas y por ende, pueden ser destruidas. Proceso ya no tiene otro recurso. Sin embargo podemos decir con orgullo que esta batalla contra la impunidad político-electoral valió la pena.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, avaló al sistema electoral mexicano y su negativa a dar acceso a la información que se utiliza para la elaboración de las actas electorales. El pasado 18 de julio, la ONU resolvió a favor del Estado mexicano la queja que presentó la revista Proceso como último recurso para conocer la manera en que se computó aquella elección, resuelta por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de Calderón con una diferencia de apenas 0.58% de los votos.
La posición del organismo internacional fue notificada el jueves 22 a Graciela Rodríguez Manzo, abogada del semanario y presidenta de Litiga, organización de defensa jurídica estratégica de derechos humanos.
Desde el 28 de julio de 2006, cuando el resultado de la jornada del día 2 aún era una incertidumbre, este semanario solicitó el acceso a las boletas, incluidas las de los votos nulos y las sobrantes e inutilizadas, al amparo del derecho a la información previsto en la Constitución mexicana y en el derecho internacional.
El Instituto Federal Electoral (IFE), el TEPJF y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) demoraron dos años para negar el acceso e insistir en que lo único accesible eran las actas que reflejan el conteo de los votos.
Su argumento común fue que no se trataba de un tema de acceso a la información, sino uno de índole estrictamente electoral, reservado a los partidos políticos, tal y como está previsto en el sistema mexicano, aunque desde un principio el IFE aludió a la seguridad del Estado.
Agotadas las instancias nacionales, en abril de 2008 la revista presentó una queja contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); alegó violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos respecto a las libertades de expresión y acceso a la información.
El gobierno de Calderón emprendió un...
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