Terapias de reconversión sexual: crueles, inhumanas, degradantes
| Autor | Diana Lastiri |
En México, más de medio millón de personas han sido víctimas de las prácticas de conversión, también conocidas como Esfuerzos para Corregir la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), y ahora se les disfraza como tratamientos contra las adicciones. El 80% de los sobrevivientes de esta práctica, que se ha considerado como tortura contra miembros de la comunidad LGBT+, refiere que fueron sometidos a estos "tratamientos" por motivaciones religiosas. Aunque 14 estados de la República han legislado para sancionar y prevenir estas prácticas, la iniciativa de ley que busca llevar estas sanciones a escala federal se mantiene pendiente desde hace cuatro años en el Congreso de la Unión. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (Endiseg) 2021 publicada por el INEGI, en México hay 4.6 millones de personas que tienen preferencias sexuales distintas a la heterosexual; de éstas, 9.8% (450 mil 800, aproximadamente) afirmó que fue obligada a asistir con psicólogos, médicos, autoridades religiosas o alguna otra persona para "corregirlas", mientras que la incidencia de esta reacción negativa a la llamada "salida del clóset" fue mayor en la población transgénero, que se contabilizó en 908 mil personas, de las cuales 13.9% (126 mil 212, aproximadamente) fue sometida a estas prácticas.
La ONU ha documentado testimonios en los que las "terapias" más comunes van tratamientos psicológicos o psiquiátricos, privaciones de la libertad, incomunicación, golpes, electrochoques, violaciones correctivas, penitencias religiosas y exorcismos, entre otras. Pese a ello, actualmente no existe una medición sobre la incidencia de suicidio de quienes son sometidos a estas acciones.
El 10 de abril último la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisó la legislación de Baja California Sur e invalidó la inhabilitación permanente para servidores públicos que reincidan en realizar estas prácticas. Aunque los ministros no emitieron postura alguna sobre el fenómeno, en su demanda de acción de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que esas medidas deben ser erradicadas por "constituir un atentado grave contra los derechos humanos, pues no hacen más que perjudicar la integridad de las personas al causarles tormentos que pueden culminar en daños físicos y psicológicos.
"Preocupa a este organismo protector de los derechos humanos que tales intervenciones continúen existiendo, y se pronuncia en favor de que se prohíban por tratar de curar algo que no es una enfermedad".
Daño físico y mental
El 1 de mayo de 2020 Víctor Madrigal-Borloz, entonces Experto Independiente de la ONU sobre protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, emitió el "Informe sobre terapias de conversión", en el que las calificó como prácticas crueles, inhumanas y degradantes.
En entrevista con Proceso, Alberto de Bealunde, asesor del programa de Incidencia Mundial de Outright International, destacó que esos métodos afectan la autoestima al tratar de implantar la idea de que la persona está mal y debe cambiar. "Es una de las manifestaciones más violentas que existen, junto con los crímenes de odio, de la homofobia y la transfobia", apunta. En consecuencia, añade, "pueden generar estrés postraumático, ansiedad, repercusiones físicas, psicológicas; puede incluir electrochoques; que un psiquiatra le dé pastillas a una persona bisexual porque dice que tiene un líbido muy alto y se le deben controlar las hormonas... y tenemos personas que viven como zombis; exorcismos; campamentos donde desgastan mucho psicológicamente a las personas para que se ablanden y puedan cambiar; pueden ser coaches motivacionales, pero el común denominador es que buscan suprimir o cambiar la orientación sexual de las personas LGBT". En 2019, Outright International documentó en su informe "Tratamiento Dañino. El alcance global de la llamada terapia de conversión", que estas prácticas están presentes en los cinco continentes, muchas veces porque son negocios muy lucrativos.
Hay intereses económicos en muchas personas. Hay clínicas, casas de retiro y muchos intereses comerciales porque hay familias que lamentablemente les preocupa mucho la posibilidad de tener una persona LGBT en su familia y están dispuestos a pagar lo que sea. Por ejemplo, en Perú encontramos que algunos servicios costaban 250 dólares (cuatro mil 507.5 pesos), que al tipo de cambio de Perú es más de un sueldo mínimo. Entonces es un negocio muy lucrativo y en general le dan mucho poder social a las personas que hacen este tipo de prácticas", comenta. De Bealunde detalló en su informe que en Estados Unidos una sesión de estas prácticas puede ser gratuita o llegar a los 26 mil dólares; en Ecuador...
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